Artículos publicados en "Diario Extra"

[Elisa]

2008-10-28-FUNDAMENTALISMO AMBIENTAL

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FUNDAMENTALISMO AMBIENTAL

La Extra, 28 de octubre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 91-92.

La discusión pública de estos días acerca del inicio de operaciones de una mina en Cutris de San Carlos, a partir de un decreto gubernamental que la declara de “interés público” y de “conveniencia nacional,” obliga a meditar acerca del alcance de algunas opiniones expuestas, tanto por individuos privados como por periodistas de algunos medios. Me da la impresión de que la exacerbación y el escándalo no son buenos aliados para que el ciudadano se forje un criterio adecuado.

Lo primero que hay que tener presente es dejar que sea la Sala Constitucional, que acogió un recurso interpuesto por un ciudadano opuesto a la apertura de esa mina, la que determine, desde el punto de vista legal, sin presiones mediáticas y de grupos interesados, si se han seguido los procedimientos requeridos para llegar a hacer tal declaratoria de interés público y de conveniencia nacional.

El segundo punto de importancia acerca del cual reflexionar, es si el alegado daño ecológico –el cual es factible que se dé y que puede dar lugar a lo que los economistas llaman deseconomías externas; esto es, daños a terceros que el propietario no toma en cuenta- es más que compensado por los beneficios de dicha operación, lo cual incluye no sólo la generación de divisas, medida a su valor adecuado y no al colón sobrevaluado, así como los impuestos y los salarios que se pagan, al igual que el gasto que se genera en el país gracias a dicha actividad. Incluso, en el caso del empleo, si hay un mayor grado de desocupación en esa zona, en comparación con el resto del país, es necesario tomarlo en consideración. Es adecuado tener presente lo que se suele llamar un costo-beneficio que tome en cuenta esos posibles costos a terceros, pero comparándolo con los beneficios netos que la operación brinda no sólo a sus dueños, sino más allá, a lo que se llama el beneficio social.

En tercer lugar, los costarricenses deben tomar en cuenta que a dicha empresa desde hace muchos años el estado le otorgó una concesión para tal actividad, que se supone exige una conducta de acuerdo con nuestras leyes de protección del medio ambiente. Si, ante esa concesión, la empresa adquirió derechos e incurrió en gastos, quitársela ahora sin que se origine en una violación del contrato por parte de dicha empresa, requiere que se le compense debidamente. Este es un principio básico que se debe respetar.

En cuarto lugar, toda actividad humana afecta el ambiente. No hay excepción. Por ejemplo, veía una pintura vieja del oeste de La Sabana, la cual estaba cubierta de árboles (si bien ya se notaba la actividad del hombre sobre la prístina tierra) y en donde, me contaron que “hasta el tigre habitaba,” y la comparaba con el enorme desarrollo de edificios, antenas, negocios, cableados, calles, etcétera. Me pregunto si los propietarios no deberían ser sancionados por haber afectado el medio ambiente al construir o, si lo compraron desarrollado, por no haber denunciado un presunto delito ecológico previo. Por supuesto, esto no tiene sentido, pero tampoco impedir que el ser humano desarrolle actividades porque de alguna manera afectan al medio ambiente. En el equilibrio, en el respeto a la normativa de daño ambiental, debidamente aplicada y vigilada por el estado, podría estar la clave para solucionar este problema, sin fundamentalismos.

[Elisa]

2008-11-04-POLÍTICA ABUSIVA

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POLÍTICA ABUSIVA

La Extra, 04 de noviembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 93-94.

Una decisión, aparentemente ya tomada por el Banco Central, constituye una muestra clara del abuso y prepotencia de esa entidad. Decidió que las asociaciones solidaristas y las cooperativas de ahorro y crédito depositen sus reservas en dicho Banco. Actualmente aquellas entidades están obligadas a mantener un 15% de las captaciones y aportes que hacen de sus asociados como una reserva de liquidez, pero pueden depositarlas libremente en bancos, entidades financieras o en el mercado de valores en general.

El fin que alega el Banco para obligar a que esas entidades adquieran únicamente títulos o documentos emitidos por el Banco Central es controlar la liquidez en la economía. Esta razón no tiene ni pies ni cabeza pues no es función del Banco controlar dicha liquidez sino los agregados monetarios: la oferta de dinero. El crédito total que hay en una economía va mucho más allá del crédito originado en bancos regulados del sistema financiero. Por ejemplo, muchas empresas dan crédito a quienes les venden sus productos. Según ese argumento, el próximo paso en el control de crédito en la economía será regular el plazo o los montos de crédito de dichas empresas. También, muchos proveedores de insumos a las empresas les brindan crédito a estas firmas. Bajo esa política, se debería aplicar una regulación similar. Y, si se quiere llevar el argumento al absurdo, en las pulperías se brinda crédito a sus clientes para que hagan sus compras, crédito que suele pagarse con el sueldo al fin de mes. Ese sistema, que algunos llaman de libretas, debería, en principio, ser objeto de la voracidad política del Banco Central.

Ese ente tiene instrumentos monetarios generales para “regular” el crédito en la economía. Eso lo hace aumentando o disminuyendo la cantidad de dinero en circulación, lo cual lo hace mediante variaciones en su tasa de reserva legal, o con colocaciones de documentos en el mercado financiero. Lo que pretende lograr es otra cosa: forzar que a sus arcas les lleguen recursos baratos o sin costo alguno sin que haya un impuesto debidamente aprobado.

Los lectores conocen lo que significa un monopolio: un único vendedor que impone un precio mayor de lo que vende. También los economistas hablamos del monopsonio, que es un único comprador, el cual, gracias a su poder, reduce el precio por debajo del que existiría en un mercado. Eso es lo que busca el Banco Central, convertirse en un monopsonista que ni siquiera le pagaría un cinco a las asociaciones solidaristas y a las cooperativas de ahorro y crédito por los montos que estarían obligadas a depositar en el Banco.

Además, al tener que liquidar sus actuales inversiones para cumplir con el abuso, esas entidades tendrían grandes pérdidas pues, en mucho por las políticas proseguidas por ese mismo Banco, sus documentos han perdido valor por el enorme incremento en las tasas de interés, después de que ese mismo banco las había reducido a valores casi ridículos un par de años atrás, con el pretexto de impedir la entrada de dólares al país.

La pretensión del Banco debe frenarse. Este es un impuesto que quiere poner sin que haya ley al respecto. Si el Banco, dado su autismo, se niega a retroceder, el asunto deberá impugnarse ante la Sala Constitucional, pues es un abuso de poder que podría fácilmente extender a toda la economía.

[Elisa]

2008-11-11-PRIVATIZACIÓN DESCARADA

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PRIVATIZACION DESCARADA

La Extra, 11 de noviembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 95-96.

Francamente, quienes hemos estado en favor de la privatización, como medio para mejorar la eficiencia con que se administran muchas actividades del sector público, no hemos estado en nada. La reciente decisión tomada por los trabajadores del Sindicato de JAPDEVA nos demuestra que no hay necesidad alguna de privatizar la actividad portuaria del Atlántico, puesto que ya la privatización se dio desde hace mucho tiempo. Resulta que no hay nada que privatizar: JAPDEVA ya lo está. No es cierto que esa entidad sea una actividad pública en donde, se supone, el estado representa a todos los costarricenses como sus dueños. Los verdaderos dueños ya aparecieron. No eran los costarricenses y ni siquiera los limonenses: eran los trabajadores sindicalizados de JAPDEVA.

Al votar la aceptación de una propuesta del gobierno para poder dar en concesión los muelles de esa región y lograr así que estos operen eficientemente, lo que significaría, tal como ha sucedido con Puerto Caldera, costos menores para los usuarios –Usted y yo, pues por allí entra y sale la mayor parte de nuestro comercio internacional- los trabajadores del sindicato rechazaron, por amplísima mayoría, la propuesta de indemnización por cerca de $80 millones, en donde cada trabajador recibiría ¢32 millones en promedio. Presentaron una contraoferta: como buenos dolarizados –casi al igual que el resto de la economía- propusieron que a cada uno de los 1.400 dueños de los muelles se le indemnizara con $500.000, esto es, algo más de ¢280 millones cada uno.

Es decir, piden una indemnización total, incluso aunque tuvieran un solo día de trabajar en los muelles, de $700 millones (¢392.000 millones). Esta módica suma, según algunas estimaciones, es lo que aproximadamente tendría que invertir una empresa para construir un muelle nuevo con cinco puestos en Moín. No puedo menos que llamar caraduras a los sindicatos hoy dueños de nuestra privatizada JAPDEVA.

Eso sí, atrévase Usted a proponer hoy en día que se privatice algo del estado. Quiera Dios que se contenten con llamarle “privatizador”. Posiblemente le dirán vende patrias, choricero, explotador, vendido, anfista y toda la retahíla de términos que suelen proferir esos mismos sindicatos, que con frecuencia se oponen a todo lo que huela a progreso, a generación privada de riqueza, a eficiencia y a mayor bienestar para los que verdaderamente trabajan y consumen los bienes estatales que eventualmente se privatizarían. La aversión a la empresa privada es su norma y les incomoda profundamente que en las empresas privatizadas rijan los principios de que se paga según el rendimiento del trabajo y no por la influencia política del sindicato, que posiblemente desaparecería con la concesión.

Afortunadamente, los sindicatos de JAPDEVA se han quitado la máscara: al igual que a todos los humanos, lo que les interesa es la plata (nada de ¢80 millones, sino ¢320 millones para cada uno de los asociados), aunque cobran por lo que no es les pertenece, sino que es de todos los costarricenses. Se sienten dueños que al vender buscan hacer máximas las ganancias. Al final de la jornada muestran tener ese buen espíritu capitalista, aunque para todos los efectos es como si se estuvieran apropiando, en su propio beneficio, de lo que en verdad es de todos nosotros.

[Elisa]

2008-11-18-PEQUEÑOS IMPORTANTES TEMAS PETROLEROS- I
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PEQUEÑOS IMPORTANTES TEMAS PETROLEROS- I

La Extra, 14 de noviembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 197-98.

Ahora se da vuelta a la papa. La caída en el precio internacional del petróleo nos obliga a analizar una serie de asuntos en torno al petróleo y al interés del ciudadano costarricense. Me referiré brevemente a algunos de ellos, a pesar de ser temas muy importantes.

El primero se refiere a la obligación forzada a los vehículos para ingresar cierto día al centro de San José. El argumento estatal para limitar la libertad de las personas fue el alto precio del combustible que exigía ahorrar (supuestamente) divisas para su adquisición. Ahora que el precio baja, no hay razón (al menos en cuanto a lo que alegaron los impulsadores de la restricción) para no eliminar esa limitación onerosa y limitante de nuestra libertad de movimiento.

Segundo, parece que de ninguna manera se acaba la voracidad fiscal. Ya la ARESEP debería de reducir los impuestos que los ciudadanos vimos aumentar como consecuencia del alza en el precio internacional de los combustibles. Si bien entiendo a Newton, todo lo que sube, debe bajar, incluyendo los impuestos.

Tercero y de nuevo en el campo tributario. Se avecina una reducción en el precio de los combustibles –lamentablemente demorada por la mentalidad legalista y carente de sentido común que a veces se observa en Costa Rica- pero también nos anuncian con bombos y platillos un aumento de cerca de un 14% en el impuesto al ruedo. Por un lado respiramos (o respiraremos, pues habrá que verlo, como Santo Tomás) más tranquilos por la baja en el costo de los combustibles pero, por el otro, el Estado nos aprieta aumentando los tributos… absurdo en momentos de crisis económica en el hogar costarricense.

Cuarto. Es posible que el ICE tenga razón de hacer una enorme planta generadora de electricidad en Guanacaste con base en búnker, a fin de enfrentar “picos diarios” en la demanda y sustituir contratos “muy caros” que firmó en el pasado (¿qué se hicieron los responsables de esa mala adquisición?). Pero, como al ICE se le mira como la insignia en la producción hidroeléctrica del país, ¿por qué no insiste en abrir el mercado a productores privados de electricidad con base en agua y en oponerse a extremistas medio-ambientalistas que con cualquier pretexto se oponen a que haya nuevas plantas hidroeléctricas? Su silencio es harto sospechoso y, sobre todo, dolorosamente amargo.

Quinto. Vea Usted al monopolio en acción. RECOPE, a setiembre, ya muestra utilidades por ¢33.000.000.000, resultado de precios mayores que los costos. Con razón ha arrastrado los pies para pedir a ARESEP que reduzca los precios monopólicos que todos pagamos. Por suerte que ARESEP lo ha estado socando, pero debería de tener presente que, de hecho, esas utilidades ya las pagamos todos los usuarios y por eso promover una rebaja mayor en el costo de los combustibles. (¿Por qué mejor no proponer que RECOPE tenga competencia?)

Como se me acabó el espacio asignado a esta columna y tengo otras cositas petroleras acerca de las cuales referirme, les propongo, para de hoy en ocho, un “Pequeños Importantes Temas Petroleros II”. Tal como con las películas de horror, todo esto de los combustibles y del petróleo ciertamente parece una película de miedo, sobre todo con actorzasos monstruosos como RECOPE, el ICE, ARESEP y…pronto… los chinitos. Nos leemos la próxima semana.

[Elisa]

2008-11-25-PEQUEÑOS IMPORTANTES TEMAS PETROLEROS- II

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PEQUEÑOS IMPORTANTES TEMAS PETROLEROS- II

La Extra, 25 de noviembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 99-100.

Continúa la saga. La baja en el precio internacional del petróleo, como vieron la semana pasada en “Pequeños Importantes Temas Petroleros”, tiene muchas aristas que es necesario exponer, además de las cinco allí analizadas.

Sexta. La reducción internacional del petróleo vista (a la fecha casi un 60 por ciento) bien puede ser temporal, pues en mucho está ligado al comportamiento futuro de la economía mundial. Si ésta no crece, posiblemente el precio ande en niveles cercanos a 60-80 dólares el barril, pero si a partir de mediados del 2009 empieza a crecer, se esperaría un nuevo aumento en el precio del petróleo. Ante esta posibilidad, tal vez los costarricenses deberíamos de someter al juicio crítico algunas políticas utilizadas en el campo energético. Una es la dependencia tan onerosa que el país siguió en estos últimos años al producir energía con base en combustibles fósiles. En apariencia el país tiene ventaja comparativa en producir electricidad con el agua, tal vez también a partir de energía geotérmica; otros me han dicho que con base en vientos y todo tipo de alternativas. Ello llama a abrir las puertas a la posibilidad de que muy diversos actores –el mayor número posible- participen en producir electricidad y que el mercado determine cuáles actividades y en qué forma son privada y socialmente rentables. La visión monopolista de la producción de electricidad debe ceder su paso a la competencia, por el bien del consumidor.

Sétima. Debido a la incapacidad administrativa de las municipalidades, nuestras calles (urbanas y rurales) están hechas un desastre. La palabra “mantenimiento” no existe en el diccionario de esos burócratas. Quienes circulamos por esas calles nos vemos obligados a hacer malabares para evitar los huecazos. Eso se traduce en un gasto mucho mayor en combustible que si circuláramos en línea más o menos recta y sin tener que acelerar para salir de los hoyos y recuperar la potencia del vehículo. ¿Tal vez la Contraloría que, con el pesar de los gobiernos municipales aún tiene mucho que decir en la elaboración de sus presupuestos, podría requerirles que intensifiquen sus programas de mantenimiento de calles, en vez de que hagan un “show” anual con la desgastada reparación total de los veranos?

Octava. Nicaragua continúa su exploración petrolera y de hallarlo posiblemente se “chuparía” el petróleo que está debajo de nuestro suelo. Cuba, con el apoyo de China y Brasil, prosigue su exploración en el estrecho que la separa de Florida. No hay razón para que los costarricenses no hagamos algo similar en nuestro territorio. ¿Sabía Usted que en la Ciudad de los Ángeles, California, en medio de ella, hay cientos de pozos petroleros que la gente ni siquiera nota? ¿Sabía Usted que en afueras de ciudades de Estados Unidos, como por ejemplo Tulsa, Oklahoma, hay una enorme cantidad de pozos de extracción de petróleo? Y en ambos casos no hay “preocupación por el medio ambiente”, porque tanto la tecnología como la regulación que tienen y que aplican permiten que no se afecte el bienestar del ciudadano. Debemos abrir, mediante una licitación totalmente abierta y no con exclusividad para nadie, la posibilidad de explorar nuestro territorio en busca de petróleo.
La energética historia de horror posiblemente continuará.

[Elisa]

2008-12-02-LA CAPITALIZACIÓN DE LOS BANCOS DEL ESTADO

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LA CAPITALIZACIÓN DE LOS BANCOS DEL ESTADO

La Extra, 02 de diciembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 101-102.

Estoy de acuerdo con la propuesta del gobierno de capitalizar los bancos estatales aumentando su patrimonio y, dado que tienen suficientes fondos para prestar, pero no pueden hacerlo pues violarían una regla de los entes supervisores que les obliga a mantener una proporción adecuada de préstamos en relación con su patrimonio, este aumento les facultaría económica y legalmente aumentar sus préstamos.

Desde hace tiempo el patrimonio de los bancos estatales ha declinado respecto al tamaño creciente de la economía, por eso debería de haberse aumentado desde hace buen rato, pero en Costa Rica las cosas se dejan para el último momento y no es sino hasta ahora, cuando el crédito se cierra, que el problema urge corregirlo, para salir de una situación crediticia difícil.

Los bancos comerciales del estado no deben ver este aumento patrimonial como una excusa para ser manirrotos e inescrupulosos en la concesión de crédito. Su ventana de préstamos se ha tenido que cerrar, pero ello se debe no sólo a dificultades internacionales, sino también a creaciones propias nuestras.

Los problemas crediticios mundiales han afectado al sector productivo nacional. El crédito es a la economía algo equivalente a la sangre del cuerpo humano: sin él difícilmente se pueden llevar a cabo actividades productivas, en especial aquellas caracterizadas por una producción a un nivel muy alejado del consumidor final. El crédito está presente en todas partes, desde la libreta en la pulpería al financiamiento bancario para producir un bien primario como minería o manufactura de bienes de capital o producción agrícola de materias primas e incluso estudios, diseño y construcción de instalaciones.

Muchas empresas nacionales obtenían su financiamiento en bancos en mercados internacionales, como Panamá o Nueva York, pero estos, al igual que muchos otros en la Tierra, se han visto obligados a limitar sus préstamos para aumentar sus reservas ante la crisis. Aquellas empresas han desviado sus demandas de crédito hacia el país, aunque les sea más caro, pero los intermediarios bancarios, por lo explicado al principio, se han visto limitados en su capacidad para satisfacerlas.

Este exceso de demanda crediticia también es culpa de políticas erradas proseguidas por nuestro Banco Central, que en enero del 2008 llevó la tasa de interés a un mínimo de un 4.25%, cuando un año antes era de casi un 12%. Ello estimuló violentamente la demanda de un crédito artificiosamente abaratado, que en un año creció casi un 40%. Ahora muchos proyectos se quedarían a medio camino, pues el mismo Banco se ha visto forzado a elevar fuertemente las tasas de interés.

Los bancos comerciales deberán tener cuidado a quiénes les prestarán, pues las posibilidades de recuperación de fondos se han limitado sustancialmente en las condiciones actuales. Esto exige un mejor análisis de riesgos en los bancos, que podrían verse muy afectados por aumentos en la mora. También los diputados deben evitar condicionamientos en la asignación del crédito, como razón para aprobar el proyecto de capitalización: no se trata de dañar aún más al sector financiero del país entorpeciendo sus criterios de eficiencia en la recuperación de fondos.

[Elisa]

2008-12-09-SECUESTRO DE UNA DEMOCRACIA

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SECUESTRO DE UNA DEMOCRACIA

La Extra, 09 de diciembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 103-104.

Las recientes acciones tomadas por Daniel Ortega en torno a las elecciones en su país, hacen ver a Hugo Chávez como un connotado demócrata. Mientras que el primero acude a todo tipo de argucias, a fin de darle vuelta a su favor a unas elecciones que, en el mejor de los casos, sólo parecen estar poco claras y, más bien, parecen han sido fraudulentas, Chávez, aunque con toda desfachatez usó al máximo el poder del estado para su beneficio electoral, al menos permitió que las últimas elecciones se realizaran con claridad y sin dejar de reconocer la derrota, cuando así lo determinaron los electores.

Es lamentable lo sucedido con las recientes elecciones municipales de Nicaragua y principalmente las de Managua. Para entender su importancia, en Nicaragua (al igual que en El Salvador o en Guatemala) el ganador de las elecciones capitalinas es la segunda persona políticamente más poderosa e influyente, después del Presidente de la República. Un triunfo de Eduardo Montealegre en las elecciones de Managua habría sido un duro golpe no sólo al poder de Ortega, sino también a su prestigio y el anticipo de una posible derrota en las próximas elecciones nacionales.

Ya Nicaragua venía dando tumbos desde el punto de vista democrático, pues “legalmente”, prohijado por serviles acólitos Orteguianos acunados en los intersticios del poder (Contraloría, Poder Judicial, Poder Electoral, etcétera), se había impedido participar libremente en las elecciones a todos excepto a los sandinistas. Incluso causó el enojo de muchos de los ilusos benefactores de la Comunidad Económica Europea, quienes por largo tiempo habían sido los más destacados proveedores de fondos del gobierno nicaragüense, con el bienintencionado propósito de fortalecer la democracia de ese país. Amenazaron con irse de Nicaragua asqueados con el sainete electoral que montó el gobierno y que en realidad no es sino un capítulo en el secuestro de la democracia.

Alegando fraude en las elecciones municipales, la oposición apeló los resultados, solicitando un recuento de los votos ante los organismos electorales -incluso ante jueces dudosamente imparciales- pero el gobierno resolvió el asunto de una manera muy simple e intolerante: Por decreto del propio gobernante, Ortega determinó su victoria en las elecciones.

Esto reviste una enorme importancia entre los costarricenses quienes debemos apreciar esta lección y, ante todo, preservar del mal a la solución electoral democrática libre y sin manipulación, pero también es un indicador de un posible deterioro a plazo de la situación de ese país, que probablemente concluirá con una nueva emigración masiva de su gente hacia lugares vecinos como Costa Rica. Sólo que en esta ocasión, en las actuales circunstancias económicas, dicho influjo difícilmente se asimilará con el éxito logrado desde principios de los años ochentas, cuando nuestra población se incrementó casi un 15% por la inmigración fundamentalmente nicaragüense, recibida durante un poco más de una década. Con toda y ella, el país logró durante ese período mantener los salarios reales de la población y sin que hubiera un incremento de su desempleo: algo creo que nunca visto en otros países que han experimentado circunstancias similares. ¡Que otra vez Dios nos ayude!

[Elisa]

2008-12-16-REGULACIÓN NO FAVORECE AL CONSUMIDOR

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LA REGULACIÓN NO FAVORECE AL CONSUMIDOR

La Extra, 16 de diciembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 105-106.

ARESEP pretende justificar sus políticas de precios de combustibles con un título totalmente distinto al de este artículo, pues, según ese ente, la regulación favorece al consumidor. Lo cierto es que, de ninguna manera, comprueba que la intervención burocrática en la fijación de precios de combustibles logra tal beneficio.

Puede ser que cuando este comentario aparezca, ya se habrá dado una reducción sustancial en los precios de los combustibles, pero ello se hace con un rezago sustancial respecto a lo sucedido con los mercados internacionales. Este es el meollo del asunto, porque el artículo de la ARESEP, en donde hace una simple comparación del precio del diésel en el mercado mundial con el del mercado doméstico, en un lapso que va de mediados de octubre del 2007 a mediados de noviembre del 2008, lo único que permite inferir es que, en ciertos momentos, el precio nacional fue inferior al internacional y lo contrario en otros. No muestra que, en términos de valor presente, el ahorro al consumidor (cuando supuestamente el precio doméstico es inferior al internacional) es mayor que el desahorro que sufre cuando el precio mundial es más bajo que el precio local. Así, no se puede deducir que los consumidores hemos sido “favorecidos” con la regulación.

Pero hay más: el artículo de marras es omiso en señalar lo que uno observa en mercados competidos con comparación con el nuestro monopolizado. Si bien mi argumento podría justificar la existencia de regulación (dado el monopolio, la regulación de su precio es necesaria), lo que pasa es que el monopolio no favorece, por definición, el interés del consumidor. Puede ser que, en un mercado en competencia, al subir el precio internacional del petróleo el precio de los derivados aumentó más rápidamente que en Costa Rica, pero también ahora observamos como, casi de manera inmediata, al bajar el precio del petróleo, se ha reducido el precio de los combustibles. Aquí ha pasado el tiempo y tal baja no se ha dado, sino algo hasta ahora, que incluso ha permitido que el monopolio de RECOPE logre pingües ganancias de las que a nadie ha dado cuentas. ARESEP debería de ver si en este ciclo de alza y baja del petróleo, RECOPE no haya esquilmado al consumidor, sin contentarse tan sólo con que, cuando sube aquí, lo hace menos que afuera o a la inversa. Eso es primordial.

ARESEP tiene economistas bien preparados que saben bien que el monopolio es dañino y muy posiblemente hacen esfuerzos para contener el poder que en contra del consumidor ejerce el monopolista. Esa, se supone, es su función esencial. Pero no se sabe si con sus actos puede sustituir o replicar los resultados que se daría en un mercado bajo competencia. Tengo serias dudas de que lo pueda hacer, empezando porque RECOPE ni siquiera produce en el país, sino que, en realidad, es un simple importador. Me parece que la eficiencia que da un mercado competitivo, en donde cada participante trata de vender lo más barato posible -lo cual sí beneficia al consumidor- no la replica la bienintencionada decisión de fijar precios del ente regulador. Creo que, más que regular, de lo que se trata, si en verdad se pretende favorecer al consumidor, es de abrir las puertas a la competencia.

[Elisa]

2008-12-23-REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO-I

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REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO- I

La Extra, 23 de diciembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 107-108.

Este es el primero de varios comentarios acerca de la nueva Ley de Tránsito recientemente aprobada y de próxima vigencia. El de hoy será seguido de otros pues el espacio de esta columna es limitado para expresar todas las inquietudes que la Ley suscita en quien esto escribe. Tal vez hubiera sido mejor formular estas ideas antes de que se aprobara esta Ley, pero no sólo podría denotar cierta arrogancia de mi parte, al pretender que quienes legislan se molestan en leer las inquietudes que suelo indicar en mis columnas, pero, sobre todo, porque su aprobación dio tantos tumbos y vueltas que se hizo difícil conocer qué era lo que en realidad se estaba aprobando. Incluso me permito expresar mi posición sobre ciertas cosas, acerca de las cuales bien podría estar errado, pero mi afán es más bien ofrecer una oportunidad para discutir razonadamente sobre impresiones que esta Ley origina, la cual, si bien ya fue aprobada, podría ocasionar algo que nadie quiere: más mal que bien.

El tema de dicha Ley que quiero tratar hoy es el que tiene que ver con la conducción de vehículos por choferes borrachos y, en particular, las penas o multas que se han definido. Empiezo por aquí, aunque podría yo no estar en lo correcto, por haber sido mal informado, porque a un diputado que conozco le escuché decir que, como parte de la negociación en el Congreso, a cambio de que se mantuvieran las (elevadas) multas que el Poder Ejecutivo propuso desde un inicio, se aceptó aumentar el grado de alcoholemia permisible al cual era posible conducir sin que fuera un delito que ameritara esas multas y penas tan altas. Empiezo por esa preocupación, porque en el fondo estoy de acuerdo con que la tolerancia para los choferes borrachos había sobrepasado límites razonables, dada la evidencia de graves accidentes de tránsito ocasionados por esos conductores.

Era necesario entrarle radicalmente al tema, pero no en la forma en que se puede haber negociado, según lo expresó el diputado conocido mío, que más bien daría a entender que lo que más interesaba era mantener las multas –ver cuánta plata se recogía- que ciertamente frenar en seco a los conductores borrachos.

Estoy de acuerdo con que, si estos ocasionan delitos a terceros inocentes, sean objeto de sanciones penales, además de que se les someta a un período de retención para que se les baje la borrachera, tal como, por ejemplo, se hace en muchas partes de Estados Unidos, pero me preocupan las multas tan elevadas que consigna la Ley, pues, quiera o no la Señora Ministra, constituyen un fuerte incentivo para qué las autoridades de tránsito se corrompan, por más que se pongan oficinas para quejas, programas educativos, rezos a los santos, lo que se les pueda ocurrir. Al igual que sucede con el mercado de la droga, si la rentabilidad de la corrupción es alta y la pena posible también lo es, lo esperable es que, en privado, el agente de tránsito y el chofer borracho se pongan de acuerdo sobre una mordida que les permita, a ambos, salir avante en sus propósitos compartidos. Incluso montos tan elevados podrían ser una bicoca para conductores borrachos ricos y una enorme carga para los relativamente pobres, para quienes podría significar el sueldo de un mes. El campo queda listo para la corruptela: la conducta humana reacciona a los incentivos.

[Elisa]

2008-12-30-REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO-II

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REFLEXIONES ACERCA DE LA NUEVA LEY DE TRÁNSITO- II

La Extra, 30 de diciembre del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 109-110.

Este es el segundo de varios comentarios acerca de la nueva Ley de Tránsito, que se aprobó hace poco y que entrará en vigencia plena de forma gradual durante los próximos meses. De nuevo reitero que mi objetivo no es oponerme a algunos de los buenos propósitos que ampararon la decisión del Congreso, sino señalar algunos aspectos que me parecen exagerados y hasta conducentes a daños que no se tomaron en consideración adecuadamente a la hora de legislar.
El tema de las sillas especiales para transportar niños sin duda que es objeto de discusión. Soy conciente del propósito loable de las autoridades gubernamentales proponentes de dicha medida. El problema consiste en que en la vida humana es imposible eliminar totalmente los riesgos. Como ejemplo pongo la historia de Esquilo, destacado dramaturgo griego quien murió (456 antes de Cristo) cuando un águila dejó caer una tortuga viva sobre su cabeza, pues era calvo y el águila la confundió con una piedra. Por supuesto que hay una probabilidad, pero muy baja, de que alguien muera porque sobre su cabeza cayó una tortuga, pero siempre hay alguna posibilidad de que eso suceda. ¿Debemos exigir por ello a la gente que ande con cascos en la calle, por si le cae encima una tortuga? Por supuesto que el sentido común nos dicta que no. Bueno, ¿qué tan elevado es el riesgo de que un niño muera en un accidente de tránsito por no ir en una silla en el asiento de atrás del automóvil? Posiblemente no sea tan alto y, aunque lo fuera, la medida propuesta para eliminar tal riesgo podría ser muy cara. (El costo de comprar un seguro para todo lo que uno hace y que le proteja de un eventual daño es enorme: por eso es que la gente no compra “tal seguro”… ni siquiera se ofrece en el mercado).
Hace poco observé a alguien explicar cómo funcionaría el asiento para niños que la nueva Ley exige: se colocaría en la mitad del asiento de atrás, en donde los carros tienen campo para colocar los cinturones que lo amarrarían. Eso significa que hay campo para un asiento, con lo cual surge la primera duda: ¿y cómo hacer cuando se viaja con más de un niño? Pero aún hay más. Según indicó un medio de prensa, en promedio cada asiento cuesta ¢75.000. Como la nueva Ley exige que el asiento sea para niños de hasta 12 años, durante el lapso que va del nacimiento hasta esa edad se debe adquirir 4 asientos (uno cada tres años). Esto daría un costo por niño en su vida de ¢300.000. Posiblemente sea muy poco para alguien muy rico, pero sí mucho para un pobre. He aquí un problema con esta Ley: tiene medidas que recaen más fuertemente sobre conductores relativamente más pobres (también son estos quienes tienen un mayor número de hijos). Me han dicho que a los taxis se les ha eximido, como era lógico, de esta regulación al transportar niños.

Si a alguna familia Dios la bendice, como le sucedió a un amigo funcionario publico, con 4 hijos de una sola vez (o gemelos, o trillizos para no usar aquel caso tan extremo), el gasto en asientos será enorme (y es hasta imposible de colocarlos). Para obedecer la Ley, el padre potencial, si es de bajos recursos, mejor piense en esterilizarse, porque obedecer la Ley le arruinará. Son estos extremos de la Ley, que parece copiada de algún país europeo “rico”, los que terminarán por hacerla inoperante.