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Tema: Artículos publicados en "Diario Extra"

  1. #181
    2011-08-09-ES LA ECONOMÍA ESTÚPIDO

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    ¡ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO!



    La Extra, 09 de Agosto del 2011.

    Es la famosa frase que el asesor político de Clinton, James Carville, le dijo a Clinton, cuando insistía, para derrotar a Bush padre, en criticar su política exterior. Clinton escuchó el consejo de Carville, cambió su estrategia y ganó las elecciones.

    Hoy, ante la crisis de los Estados Unidos, veo cómo ciertos políticos, aquí y allá, insisten, diciéndose Keynesianos, que la solución a los problemas económicos de ese país está en elevar el gasto estatal y aumentar los impuestos, principalmente a los ricos. Por ejemplo, señalan que “cuando más urgente, desde los años 30, es el keynesianismo, EUA está y estará dominado por las ideas de Hayek, Friedman…”, suponiendo que estas últimas, en la mente de ese comentarista, enfatizan la moderación fiscal y monetaria como salida a la crisis.

    Hace muchos años no veía un malabarismo intelectual tal como el que ahora ejecutan los adoradores del estatismo keynesiano, especialmente en nuestra versión criolla: lo que precisamente se ha practicado en los últimos años, con la llegada de Obama, es la expansión del gasto público, reflejado en un profundo crecimiento de la deuda pública, todo bajo el prurito del pensamiento “urgente” keynesiano que nos siguen proponiendo.

    Si uno lee la importante obra de Keynes, La Teoría General, o un texto elemental de Economía, como el de Samuelson, el consejo que se deriva en una situación de insuficiencia de demanda privada en la economía, es aumentar el gasto público o reducir los impuestos. Para Keynes el problema era que los impuestos (sobre la renta) ya eran suficientemente bajos en los años treinta, lo cual sólo dejaba como única posibilidad el aumento del gasto público. En el campo monetario arguyó que una expansión de la oferta de dinero no era capaz de reducir lo suficiente la tasa de interés para que aumentara la inversión privada.

    En Estados Unidos se ha provocado una enorme expansión monetaria ̶ de 8 a 23 trillones de dólares ̶ pero sobre todo un crecimiento del gasto público, el cual ha elevado los déficit gubernamentales, de $460 billones en el último año de Bush hijo, a $1.4 trillones en el 2009 y $1.29 trillones en el 2010 ̶ esto durante los dos primeros años de la administración de Obama ̶ y se espera que en el 2011 llegue a niveles sin precedentes. En cuanto al endeudamiento del gobierno, ya es casi un 60 por ciento del PIB y, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos, en el 2021 ascenderá a un 90 por ciento.

    Con Obama se ha seguido una política monetaria expansiva, un aumento de los déficit y del endeudamiento gubernamental para financiarlos: los problemas se han dado principalmente por un alza en el gasto, aunque en ocasiones redujo los impuestos y, sin embargo, la economía no termina por salir de la recesión. En mi opinión, estos resultado no reflejan sino que las medidas económicas, tomadas bajo el aliento Keynesiano para salir de la recesión, han fracasado.
    A lo Carville, me permito aconsejar al aún Keynesiano: ¡Es el gasto, estúpido!

  2. #182
    2011-08-16-EL MIEDO COMO ESTRATEGIA TRIBUTARIA

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    EL MIEDO COMO ESTRATEGIA TRIBUTARIA


    La Extra, 16 de agosto del 2011.

    Como método del gobierno para presionar a la Asamblea y a la ciudadanía para que le aprueben el nuevo paquetazo de impuestos, suele acudir a las más diversas tácticas espurias, siendo la última la posibilidad de que, si no se le entregan más tributos, no nos podremos proteger ante la crisis actual que sufre la economía mundial.

    El gobierno asume que esta nueva crisis se debe a la reducción reciente que de los Estados Unidos hizo la firma calificadora Standard & Poor’s, de criticada reputación por su conducta como ente calificador, al no detectar a tiempo los serios problemas del sector financiero en la anterior crisis de fines del 2008.

    Si esa fuera la explicación de la última crisis, en las bolsas se hubiera observado un alza significativa en los tipos de interés de los bonos estatales estadounidenses. Lo contrario es lo que, hasta el momento, ha sucedido. Parece que la causa de la caída de las bolsas se ha debido a una gran incertidumbre por lo que actualmente sucede con las economías europeas y asiáticas y, en segundo lugar, porque el último arreglo en el Congreso estadounidense para aumentar el límite de su deuda, no convenció a nadie. Esto porque no parece haber quedado firmemente resuelto su grave problema de un excesivo gasto estatal que ha catapultado sus déficit y que, a la vez, ha obligado al gobierno a endeudarse masivamente para financiar su gasto.

    Aquí las autoridades de gobierno han dicho que, como precaución interna ante esta crisis, aumentará el gasto público en inversión y no en gasto corriente, pero esto no parece tener mucho sentido a corto plazo: el problema es la enorme magnitud del gasto gubernamental, ya sea corriente o de inversión. Se tiene que reducir el gasto público y, del monto menor que se ejecutaría, ojalá que, en vez de ser en gastos corrientes, lo sea en inversión.

    Lo dicho queda evidenciado cuando las autoridades reunidas “señalaron las posibilidades de recortar más gasto público”. No parece haberse dado una reducción significativa de él, ni se conoce plan alguno para lograr tal fin y menos propusieron algún nuevo plan de recortes, sino lo mismo de siempre: más gasto, sólo que ahora piden que sea más en inversión y menos en gasto corriente.

    A la vez, el gobierno apela al miedo para que la Asamblea, con el fin de protegernos de esta nueva crisis, le apruebe el paquetazo tributario. Pero, como hasta ahora nos lo dice el Ministro de Hacienda, el gobierno de Arias aumentó el gasto y es hoy que le toca al actual “cargar con eso”. Me recordó la ocasión en que doña Laura, candidata en ese entonces, vice presidenta de ese gobierno, presente en el disparatado gasto, nos dijo que en su gobierno no se iban a aumentar los impuestos. La mentira ha quedado en evidencia, pero París bien valió una misa.

  3. #183
    2011-08-23-FIRMEZA DOÑA LAURA

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    FIRMEZA, DOÑA LAURA


    La Extra, 23 de agosto del 2011.

    No fue sino hasta hace poco que se logró conocer una propuesta de las autoridades de gobierno (directriz, la llaman) para reducir el gasto público. Ello me complació mucho, pues creo que es la principal y tal vez única solución que, en este momento, se puede encontrar para reducir un déficit que amenaza con llegar este año a más de un 5.5% del Producto Interno Bruto.

    Pero, y les ruego a los amigos lectores que disculpen mi franqueza, me parece que a la Presidenta de la República no le hacen caso en esta su administración. Doña Laura planteó la necesidad de rebajar en más de 100 mil millones de colones el gasto público –supuestamente una reducción del 20% en los presupuestos públicos de este año- si bien dejó por fuera de su planteamiento a entidades, muy bien dotadas algunas, como Recope, el ICE, la Caja, las universidades y los municipios, que francamente podrían aportar mucho para lograr esta crucial reducción del gasto gubernamental.

    Lo más sorprendentemente es que la directriz de doña Laura ha sido ignorada, a un grado tal que, al momento, si acaso se ha logrado el milagro de que acepten reducir menos del 30% de la disminución que se les “directrizó”. No sabe uno si lo que doña Laura formuló fue un simple ruego, una sugerencia o una orden firme y concreta. Aparentemente se acerca más a lo primero, pues la información señala que ya el Ministro de Hacienda está negociando con las entidades públicas involucradas para que, ¡gracias!, hagan una reducción cercana al 50% de lo que, creíamos o deseábamos, se les había ordenado.

    Doña Laura podría tomar algunas de las medidas que economías enfermas europeas han debido hacer para poner orden en su desastre fiscal. Una es reducir los salarios (incluyendo en especie) que perciben los altos cargos políticos nombrados por el gobierno, algunos de los cuales ni siquiera le obedecen en su pedido de bajar el gasto de sus dependencias, pero que ante todo expresaría un sacrificio ante el pueblo costarricense, que es el que ha tenido que pagar esos déficit y que incluso se le amenaza con pasarle directamente las mayores facturas del dispendio, aumentándosele los impuestos actuales y creando unos nuevitos.

    También podría poner en venta entidades públicas como Recope, que como empresa privada podría ser regulada en tanto tenga un carácter monopólico, pero preferiblemente abriéndola a la competencia. Los ingresos de su venta se dedicarían sólo a reducir el déficit y no para gastarlos como ya están haciendo con los provenientes de la apertura telefónica.

    Hay medidas similares que se podrían tomar, pero se acaba el espacio de la columna: sólo le ruego a doña Laura que se amarre los pantalones. De no hacerlo, alienta a quienes ya andan sugiriendo públicamente que en estos momentos el país necesita un dictador benévolo por un par de años. (¿Acaso los hay? ¿No es cierto que muchos de los más nefastos empezaron así y que, una vez montados, costó mucha sangre para poder sacarlos?).

  4. #184
    2011-08-30-TRIUNFO DE LA RAZÓN Y LA DECENCIA

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    TRIUNFO DE LA RAZÓN Y LA DECENCIA



    La Extra, 30 de agosto del 2011.

    Así me permito calificar la reciente decisión de la Comisión para el Control del Ingresos y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, que rechazó la aprobación de la liquidación del presupuesto del Gobierno Central de Costa Rica del año recién terminado. Aparentemente, algo nunca visto en nuestra historia hacendaria.

    Digo que tal decisión es un triunfo de la razón porque la politiquería se había instaurado desde hace varios años, pues, si bien la Contraloría General de la República mandaba a la Asamblea Legislativa tales liquidaciones con claros sellos de “desaprobado”, el Parlamento se hacía el maje y las reprobaciones quedaban en el limbo y felices los gobernantes responsables de ello. Este año la Contraloría señaló diez problemas con dicha liquidación, por lo cual era hora de que los diputados cumplieran con su deber.

    ¿Por qué digo que es un triunfo de la decencia? Porque sólo así puedo calificarlo ante el desborde en el gasto público que se observa en la liquidación rechazada, pero en especial cuando se ciñe sobre las cabezas de la ciudadanía la imposición de un cúmulo de nuevos y mayores gravámenes para que el gobierno siga financiando su gastadera. Era necesario reclamar un poquito de decencia, pues se venía violando abiertamente el artículo sexto de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, que prohíbe financiar gastos corrientes con ingresos de capital y que, lamentablemente está en veremos por una ley de inconstitucionalidad que la Sala Cuarta aún no resuelve. El desorden fiscal resultante es una indecencia, por ende, cualquier cosa que tienda a poner orden, sólo puede considerarse como un acto de sanidad y decencia.

    Los Diputados Marielos Alfaro, Walter Céspedes, Adonay Enríquez y Víctor Emilio Granados merecen que se les destaque por la crucial decisión tomada, a fin de que las autoridades del gobierno central sepan que el nuestro es un sistema basado en límites, en frenos y contrapesos y que no tiene patente de corso para seguir gastando a tontas y locas los dineros de los ciudadanos. No es posible que se siga financiando al gasto corriente –sueldos, pensiones del gobierno y similares ̶ con fondos más allá de los provenientes de impuestos, pues se le ha hecho fácil hacerlo con recursos destinados a la formación de capital, lo que tarde o temprano conduce a una muy seria crisis fiscal.

    Igual de grave es que en dicha liquidación aparecen sin ejecutar más de ¢257 mil millones, lo cual alguien podría juzgar a priori como algo bueno, pues es un ahorro. No, simplemente se ha convertido en una fuente futura de ingresos para las dependencias proveniente de intereses que ellos devengan. La poca seriedad radica en que ni siquiera pueden gastar lo que presupuestan, pero ya tienen en marcha todo un plan para gravarnos con más impuestos, para que les sigamos dando más plata, para así seguir gastando, aunque ni siquiera eso pueden hacerlo bien.

  5. #185
    2011-09-06-LA DEUDA DEL ESTADO CON LA CAJA

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    LA DEUDA DEL ESTADO CON LA CAJA



    La Extra, 06 de setiembre del 2011.

    En reciente comparecencia de las contraloras de la República ante la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la situación económica de la Caja, la contralora, doña Rocío Aguilar, señaló que el Estado costarricense le adeudaba ¢421.000 millones al Seguro Social, entre otras cosas. A mí me ha llamado la atención esto de la deuda del gobierno con la Caja, porque ha sido el detonante para que algunos se rasguen sus vestiduras y nos digan que la solución al problema radica en “hacer que el Estado pague y
    ya está”.

    Dicho así suena todo muy fácil. Aunque estoy casi totalmente seguro de que el monto de la deuda indicado por la Contraloría es el correcto, los problemas de la Caja no radican que el Estado le pague y jalen, tal como lo hizo ver la señora Contralora en su presentación ante la Asamblea, en la cual, si bien continuará esta semana, además indicó diversas áreas de interés en donde se deben introducir mejores prácticas administrativas, que puedan brindar alguna esperanza a quienes deseamos un futuro positivo a tan apreciada entidad.

    Quienes simplonamente piden que el Estado pague lo que debe, podrían ser complacidos si el Ministro de Hacienda decide inundar al país con papeles cada vez más devaluados, si escoge que se corrompa el valor de las deudas del Estado emitiendo bonos por esos ¢421.000 millones y entregándoselos como pago a la Caja. Con esto, esa entidad podría, por un rato más, continuar con su desorden de gastos e ingresos que le ha caracterizado en los últimos tiempos. Es más, de hecho una parte de ese empapelamiento ya lo hizo el gobierno actual (al igual que otros anteriores) al darle como pago más bonos, a fin de que la Caja reciba parte del perro amarrado. Cualquier experto en finanzas de las empresas les dirá que en la situación en que están las del Estado y de la Caja en particular, pagar de esa forma las obligaciones gubernamentales no es el camino apropiado ni conveniente, pues no sólo significa que en el futuro esas obligaciones de los bonos deberán ser pagados, incluyendo intereses, por toda la ciudadanía, sino que tampoco incita a la Caja a ordenar sus propias finanzas. La otra opción es que el Banco Central emita adinero para pagar la deuda estatal, lo cual generará inflación que la pagaremos todos, pero estoy seguro de que don Rodrigo Bolaños se morirá antes que hacerlo. El único otro camino que le queda al Estado es poner nuevos y adicionales impuestos más elevados y aunados a lo que hoy ya pretende, lo cual no creo que cuente con el beneplácito ciudadano.

    Esto desnuda las cosas. Decir que El Estado pague su deuda con la Caja es decir que los costarricenses tendremos que pagarla. Y, eso, mirala, si la Caja ni siquiera ha puesto sus finanzas en orden: se ha convertido en un barril sin fondo.

    En cierta manera el Estado somos todos y lo que se ve es a unos cuantos sindicatos de la Caja y médicos burócratas sindicalizados, todos los cuales viven del presupuesto de esa entidad, clamando porque el Estado pague su deuda como solución financiera para la Caja. Ni un cinco más, en tanto no se ponga orden en el descalabro financiero denunciado, pues, incluso las pocas buenas y correctas medidas que se han venido tomando, si acaso son apenas una gota de agua en ese vasto océano de gastos.

  6. #186
    2011-09-13-TRONÓ JÚPITER TONANTE

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    TRONÓ JÚPITER TONANTE


    La Extra, 13 de setiembre del 2011.

    Júpiter Tonante bajó del cielo decidido a castigar a su pueblo por el delito de producir, generar empleo, arriesgar, consumir, ahorrar, intercambiar y actuar en libertad. Dijo que lo hacía pues creía “en el Estado para reducir la pobreza”, pero con su acto lo único que logrará es mayor pobreza, menores oportunidades, reducir el consumo y el ahorro de las personas y, ante todo, que caigan los ingresos en los hogares sobre los cuales pueden decidir libremente, sin que alguien se los quite.

    Todopoderoso, no habló por sí mismo, sino que dijo que sus huestes estaban ordenadas por él para votar lo que a él se le ocurriera, recordando viejos tiempos cuando los partidos políticos tenían un dueño.

    ¿Qué extraño?, ¿por qué siempre proponen impuestos para que todos los paguen en nombre de la bondad y la humanidad, pero, si así fuera, por qué no dan su propia plata libre y espontáneamente al Estado, sin exigir a los demás hacerlo? Tal vez porque Júpiter Tonante lo que en realidad sueña es con que todos los demás sean su imagen y semejanza: puros, limpios, impolutos y, sobre todo, en donde nadie se atreva disputarle lo que haga. Por ello ordena la aprobación de los gravámenes por la vía rápida. Para que no haya discusión ni disputa, sino simplemente que se obedezca la orden del Dios.

    Y todo en nombre de la justicia, de aquel principio de dar a cada cual lo suyo, sólo que en este caso, Júpiter hace como suyo lo que no es de él, sino el fruto del trabajo y esfuerzo de todas las demás personas. Lo que distingue a Júpiter es esa innata bondad para tomar lo de unos para dárselos a otros por medio del Estado y, como siempre sucede, aunque en ese mismo Estado, en esa misma burocracia, se queda una fuerte tajada del gasto público.

    Con esto Júpiter le hace un favor a doña Laura, la que nos había prometido no poner impuestos y le creyó el elector, muchos de ellos ricos que ahora los políticos de siempre nos dicen que les tocará que pagar. Pero, ¿será sí de fácil? ¿No irán a subir el precio de lo que venden para reponer lo que ahora supuestamente tendrían que pagar de más? ¿Estarán dispuestos a no reducir los gastos en trabajo porque ahora sus negocios bajan su rendimiento y lo primero que se da es que aumente el desempleo? En lenguaje bonito, tecnocrático, en finanzas públicas a esos fenómenos se les conoce como pro-traslación y retro-traslación. En tanto, nos quejaremos ante otros dioses de que la culpa es de Júpiter Tonante, quien con sus actos les había garantizado menores precios, más empleo y mayor crecimiento económico.

    Doña Laura agradeció a Júpiter por acelerar el trámite por vía rápida para la aprobación del paquete de impuestos, aunque ello sea inconstitucional. Le dijo que agradecía su “actitud responsable” para lograr que el “diálogo político dé resultados”. Pero quien más agradecido está con Júpiter es Rodrigo, quien sabe que, si por culpa de doña Laura se hubiera aprobado el paquete de impuestos, su posible victoria en las próximas elecciones estaba en alitas de cucaracha. Pero, ahora Júpiter es tanto si no más culpable de la aprobación que Laura No hay como regresar a los viejos terruños.

  7. #187
    2011-09-20-IMPUESTO A LAS SOCIEDADES Y SEGURIDAD CIUDADANA

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    IMPUESTO A LAS SOCIEDADES Y SEGURIDAD CIUDADANA


    Por Jorge Corrales Quesada

    No deja de exigirme pensar acerca de cuál es la posible relación que hay entre el financiamiento necesario para mejorar la seguridad ciudadana, la cual es una función indispensable que debe llevar a cabo todo Estado, con la propuesta y casi ley para que se cobre, por un monto específico y en moneda extranjera, un impuesto a las sociedades anónimas.

    Lo deseable es aproximar la base tributaria lo más cerca posible de los beneficiarios de la acción del Estado, que, si bien se que es muy difícil de obtener en todas las instancias, el legislador debería de tratar de lograrlo. Por ello, me extraña que, si el objetivo de la recaudación planeada es para destinarlo a mejorar la seguridad ciudadana, simplemente se acuda a poner un impuesto de $300 por sociedad anónima. En su momento sus proponentes, como el ex Ministro de Hacienda, señor Guillermo Zúñiga, aseveraron que había un abuso en el empleo de esas sociedades para realizar actividades económicas, diferentes de llevar a cabo la unión de personas para realizar actividades productivas. Que más bien se usaban para poner a su nombre viviendas o vehículos, entre otras cosas, como si eso no fuera parte de un mundo tan amplio como lo es el económico. Si tener estas sociedades para realizar esas actividades no se considera como algo importante para la economía de las familias, entonces, ¿por qué es que ellas acuden a hacerlo? ¿No será porque les permite minimizar los costos de mantener su propiedad? ¿Acaso no podría deberse a que es un mecanismo económico eficiente para conservar lo propio, evitando incurrir en alternativas más onerosas?

    Si se piensa que una función básica del Estado es garantizar la seguridad ciudadana, casi tan importante como asegurar la integridad física de las personas ̶ en mi opinión, la primordial ̶ también está la protección de los haberes, propiedades, riquezas, negocios, vehículos, bienes, mercancías y similares que tiene la gente. En parte ese gasto estatal en seguridad se dirige a proteger tales propiedades. De hecho, ante la ola de delincuencia que vivimos, es fácil observar cómo, quienes más bienes tienen, contratan más servicios privados de seguridad para que les cuiden sus cosas. Las sumas gastadas así son sumamente elevadas.

    Cabría esperar, por tanto, que esa mejora en la seguridad que se busca financiar, favorecerá proporcionalmente más a quienes más tienen y, por ende, la base tributaria debería de orientarse en tal rumbo. Por eso me parece un enorme sin sentido gravar con un monto uniforme a las sociedades anónimas, que son propiedad de gente de todo tipo de ingresos. En ese caso, podría ser mejor, tal vez ante otras alternativas más directas y obviamente mejores, que se piense en el patrimonio de las sociedades, el cual reflejaría mejor esa mayor propiedad.

    Si esta idea le parece buena, hágaselo saber a su diputado, pues ya están a punto, con excepción notable de don Walter Céspedes y de algunos libertarios, a que el impuesto único a las sociedades anónimas se convierta en ley. Por todo esto entiende uno como ciertos grupos “muy ricos” públicamente han apoyado este tipo de gravamen.

  8. #188
    2011-09-20-REFERENDO E IMPUESTOS

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    REFERENDO E IMPUESTOS


    La Extra, 20 de setiembre del 2011.

    En distintas ocasiones diferentes personas me han preguntado ¿por qué cuando el gobierno busca cargarnos de nuevos o mayores impuestos, no es posible que los ciudadanos que tenemos que pagarlos, votemos si estamos de acuerdo o no con ellos, por medio de un referendo? Me han comentado que así la gente seria consciente de que el gasto público que solicitan los más diversos grupos de interés, tendrá que ser pagado con impuestos. Se haría evidente la posibilidad de evitar uno de los problemas más serios que suele observarse en los sistemas políticos modernos, cual es la presencia de un gasto público excesivo por encima de los impuestos que se recaudan (eufemísticamente llamados déficit), sin llegar a las situaciones extremadamente graves de Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y casi que podemos incluir a Costa Rica, entre muchos otros países. Si la gente quiere más gasto público, pues que pague más impuestos.

    Lamentable es el juego que se da, en donde algunos siempre “ganan” con el gasto del Estado, mientras otros siempre pierden, pero lo más sorprendente es que últimamente muchos de los que antes siempre pagaban, son los que ahora más piden que el gobierno gaste en ellos; o sea, la culebra se empieza a devorar a sí misma.

    Pero, ¿por qué no someter la aprobación de impuestos al referendo del pueblo? Muy sencillo. No se puede porque los políticos lo prohibieron cuando aprobaron la institución del referendo. Que esa sea una decisión legal, no la convierte en algo correcto y apropiado, pero ese es el poder de los políticos, quienes hacen las leyes para impedirle al pueblo soberano y libre que pueda decidir cómo mantener al Estado, del cuál no son súbditos, sino dueños.

    En sociedades civilizadas la aprobación de nuevos gravámenes no es algo que se hace rápidamente, me imagino que para refrenar el posible abuso de los políticos que detentan un poder momentáneo concedido por el soberano (esto es, usted, yo, nosotros), basados en lo que en ese instante hace una mayoría en una Asamblea Legislativa. En Costa Rica, la historia, la tradición y la Constitución recogen ese espíritu de moderación y de refreno que los gobernantes deben otorgar a los gobernados. Por ello los impuestos no están sujetos a una “vía rápida” que depende del antojo de una coalición momentánea, para extraerle al ciudadano tan pronto como quiera sus ingresos bien habidos.

    La mordaza al debate amplio que se debe dar en la Asamblea Legislativa a la hora de ponernos nuevos impuestos, es lo más importante del pacto Solís-Chinchilla, en donde el primero le aseguró los votos a la segunda, para que haya “vía rápida” en su aprobación. Es decir, para que se aprueben rápidamente con el mínimo debate.

    En síntesis, en “materia odiosa”, como es el caso de los impuestos, el ciudadano ni siquiera tiene el derecho a la discusión amplia, pues los principales beneficiados, los políticos que hoy tienen el poder y los políticos que creen que mañana lo tendrán, todos frente a los ciudadanos, ni siquiera dejan que usted pueda opinar directamente por medio de un referendo y ahora tampoco por medio de su representante en el Congreso, al tener que aprobar que usted pague los nuevos y mayores impuestos con toda rapidez.

  9. #189
    2011-09-27- IMPUESTO A LAS SOCIEDADES Y SEGURIDAD CIUDADANA

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    IMPUESTO A LAS SOCIEDADES Y SEGURIDAD CIUDADANA


    La Extra, 27 de setiembre del 2011.

    No deja de exigirme pensar acerca de cuál es la posible relación que hay entre el financiamiento necesario para mejorar la seguridad ciudadana, la cual es una función indispensable que debe llevar a cabo todo Estado, con la propuesta y casi ley para que se cobre, por un monto específico y en moneda extranjera, un impuesto a las sociedades anónimas.

    Lo deseable es aproximar la base tributaria lo más cerca posible de los beneficiarios de la acción del Estado, que, si bien se que es muy difícil de obtener en todas las instancias, el legislador debería de tratar de lograrlo. Por ello, me extraña que, si el objetivo de la recaudación planeada es para destinarlo a mejorar la seguridad ciudadana, simplemente se acuda a poner un impuesto de $300 por sociedad anónima. En su momento sus proponentes, como el ex Ministro de Hacienda, señor Guillermo Zúñiga, aseveraron que había un abuso en el empleo de esas sociedades para realizar actividades económicas, diferentes de llevar a cabo la unión de personas para realizar actividades productivas. Que más bien se usaban para poner a su nombre viviendas o vehículos, entre otras cosas, como si eso no fuera parte de un mundo tan amplio como lo es el económico. Si tener estas sociedades para realizar esas actividades no se considera como algo importante para la economía de las familias, entonces, ¿por qué es que ellas acuden a hacerlo? ¿No será porque les permite minimizar los costos de mantener su propiedad? ¿Acaso no podría deberse a que es un mecanismo económico eficiente para conservar lo propio, evitando incurrir en alternativas más onerosas?

    Si se piensa que una función básica del Estado es garantizar la seguridad ciudadana, casi tan importante como asegurar la integridad física de las personas ̶ en mi opinión, la primordial ̶ también está la protección de los haberes, propiedades, riquezas, negocios, vehículos, bienes, mercancías y similares que tiene la gente. En parte ese gasto estatal en seguridad se dirige a proteger tales propiedades. De hecho, ante la ola de delincuencia que vivimos, es fácil observar cómo, quienes más bienes tienen, contratan más servicios privados de seguridad para que les cuiden sus cosas. Las sumas gastadas así son sumamente elevadas.

    Cabría esperar, por tanto, que esa mejora en la seguridad que se busca financiar, favorecerá proporcionalmente más a quienes más tienen y, por ende, la base tributaria debería de orientarse en tal rumbo. Por eso me parece un enorme sin sentido gravar con un monto uniforme a las sociedades anónimas, que son propiedad de gente de todo tipo de ingresos. En ese caso, podría ser mejor, tal vez ante otras alternativas más directas y obviamente mejores, que se piense en el patrimonio de las sociedades, el cual reflejaría mejor esa mayor propiedad.

    Si esta idea le parece buena, hágaselo saber a su diputado, pues ya están a punto, con excepción notable de don Walter Céspedes y de algunos libertarios, a que el impuesto único a las sociedades anónimas se convierta en ley. Por todo esto entiende uno como ciertos grupos “muy ricos” públicamente han apoyado este tipo de gravamen.

  10. #190
    2011-10-04-EL PACto POR EL DES-AHORRO

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    EL PACto POR EL DES-AHORRO


    La Extra, 04 de octubre del 2011.

    De lo que hoy conocemos del PACto Solís-Chinchilla, el impuesto que a la fecha se aplica a los interesas de los ahorros bancarios de las personas, aumentará en casi un 100%, pues el gravamen aplicado a muchos de ellos, al menos a los intereses de los certificados de depósito, que es una de las formas más frecuentes de ahorro del ciudadano, hoy paga un 8% y pasarían a casi al doble, un 15%.

    Además, otras formas de ahorro que a la fecha están exentas también pagarían ese 15%, lo cual significa un enorme incremento en el impuesto. Esto incluye los intereses de las populares libretas de ahorros. Y sépanlo que ni siquiera hay un mínimo exento para el ahorrante, porque en la mente ardiente de los impulsores de los impuestos, el mismo porcentaje debe pagar el pequeño tanto como el gran ahorrante. ¡Iguales todos!: tan democráticos que nos resultaron los del PACto tributario. ¡Tan sensibles que son!, incluso ponen esos impuestos cuando los intereses por los ahorros han caído vertiginosamente en estos últimos años.

    La actitud de las sanguijuelas de nuestros ingresos es sorprendente: ¿Sabían ustedes que en Costa Rica en años recientes el ahorro nacional llegó a ser de, más o menos, un 13% del Producto Interno Bruto, en tanto que, por ejemplo, Honduras y Panamá se acercaron a un 17%, los países asiáticos en desarrollo a un 45%, el Hemisferio Occidental a un 20% y el mundo, como un todo, a un 23% en el 2010? Con los nuevos impuestos habrá una transferencia de recursos del sector privado, pues usted y yo y los ciudadanos comunes y corrientes ahorramos en un cierto porcentaje, los cuales se dirigirán hacia un Estado que no ahorra nada, por lo cual es de esperar que ese nefasto record del país se profundice hacia un menor porcentaje de ahorro con respeto al Producto Interno Bruto. ¡Qué desvergüenza!

    Parece ser cierta la preocupación manifestada por algunos de que el consumismo pulula en nuestro país y, lo peor del caso es que ese PACto tributario, en vez de estimular el que se ahorre más, por el contrario va a incentivar a la gente para que ahorre menos. Es claro que si ahora se van a poner impuestos sobre los intereses producto del ahorro de las personas, habrá un estímulo para que consuman más y ahorren menos. Así se premia la virtud de la frugalidad y el esfuerzo del ahorro.
    Cualquier persona con un poquito de seso sabe que los ahorros son la fuente de recursos para la inversión y que ésta, a su vez, es necesaria para que una nación pueda crecer aún más. Si no hay ahorro, no hay inversión y si no hay inversión, no hay crecimiento: así de sencillo.

    Por supuesto, a los promotores del desorden fiscal, desesperados por tener más plata para poder seguirla gastando, como lo refleja el déficit de gasto gubernamental que hoy tenemos, tampoco les importa crear ese des-estímulo al ahorro, la inversión y el crecimiento del PIB, aunque esto se vaya a traducir en menor empleo, menores ingresos para la familias y, por tanto, en un descenso de su bienestar económico.

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