1975-04-16-ANTE DECLARACIONES ERRÓNEAS DEL MINISTRO JORGE SÁNCHEZ
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ANTE DECLARACIONES ERRÓNEAS DEL MINISTRO JORGE SÁNCHEZ
La República, 16 de abril de 1975.
El Sr. Ministro de Economía, Lic. Jorge Sánchez Méndez, fue objeto de una entrevista por un redactor de El Industrial, la cual fue publicada en nuestro suplemento del pasado 26 de marzo. Considerando que dichas declaraciones revisten gran importancia, es indispensable realizar un análisis detallado de sus afirmaciones.
Ante la pregunta de si la proliferación de restricciones y cargas sociales no impide un trabajo con desenvoltura y tranquilidad en nuestra economía, el Lic. Sánchez señaló que algunas disposiciones ha sido necesario adoptarlas “precisamente porque van en beneficio del empresario; tienden a darle estabilidad monetaria al país; tienden a darle estabilidad económica”.
Es muy claro que el Sr. Ministro trató de efectuar un ejercicio dialéctico y prefirió la vaga generalización a una definición concreta de las cosas. El Lic. Sánchez en forma pasmosa dejó de lado las referencias directas acerca de las regulaciones y gravámenes que en el último año ha dispuesto el gobierno, agravados por otros impuestos que actualmente tiene ante el tapete la Asamblea Legislativa y que abiertamente se convierten en otras restricciones y cargas a los sectores productivos y al pueblo en general. Es inconcebible que el Sr. Ministro pretenda decirnos que ahora darnos de garrotazos es bueno y que, aparte de eso, como siervos medievales tengamos que estar agradecidos por las bondades de Papá Estado.
Puntualizando, la política del gobierno actual en el campo tributario ha sido, fundamentalmente, la de allegarse un mayor volumen de recursos financieros a costas del pueblo, sin que el gobierno haya convertido a la realidad su aparente deseo de reducir el gasto público, que es el canto de sirena de los gobernantes cuando buscan ensalzar a un país agobiado por impuestos. De hecho, los gravámenes promulgados recientemente por el Estado no han sido una fuente de ahorro nacional, sino que, al contrario, ya se tenía dispuesta la forma en que se iban a gastar esos dineros. Se los sacan de los bolsillos a los ahorrantes, para que los gaste a manos llenas una burocracia rampante. De aquí es donde surge el problema, señor Ministro.
Podría alegarse por parte del gobierno que su política impositiva no ha tenido como fin estabilizar la economía promoviendo el ahorro, sino más bien la redistribución del gasto de la comunidad, sustrayendo ingresos de ciertos grupos para dirigirlos hacia otros sectores de la nación. Sin embargo, no sólo por la índole de los impuestos utilizados, sino también por la forma en que se gastan esos fondos –principalmente gastos generales del Estado- se ha provocado una grave crisis en la economía nacional. ¿Acaso no se da cuenta el señor Ministro que el pueblo costarricense siente un empeoramiento en su bienestar? ¿Acaso no ha podido notar un malestar creciente en la ciudadanía? ¿No siente la intranquilidad abominable en los sectores productivos y consumidores del país? ¿No ha notado cómo la desconfianza en las palabras del político se ha convertido en la regla general de los costarricenses? Y todavía pretende convencernos, suponiendo una excesiva infantilidad de nuestro raciocinio, de que los impuestos, trabas, malestares e impedimentos que el Estado pone al empresario son para beneficio de nuestras empresas y por ende del país. ¿Cómo vamos a creer en sus palabras?
Ejemplo concreto de la política estatal es la ley de asignaciones familiares, que está basada en un costoso impuesto sobre las planillas, que no sólo ocasiona un aumento en el costo de la vida, un encarecimiento de la mano de obra que provoca desempleo, sino que también pone a nuestras empresas en una notoria desventaja frente a otras del Mercado Común Centroamericano, con la pérdida consiguiente de competitividad. Y esto el pueblo lo siente, lo sabe, y por ello no va a creer jamás que dicha ley haya sido puesta para su propio beneficio. Los mismos trabajadores, quienes son los que más sufren con esta ley, son los que más se le han opuesto y ahora, según el Sr. Ministro, ¡hay que agradecérselo al Estado!
Igualmente, en la Asamblea Legislativa se ha presentado un proyecto para aumentar los impuestos a los refrescos, que muy posiblemente ocasione un cierre de muchos negocios en esa rama de la industria, con el consiguiente aumento de la desocupación y pérdidas en el bienestar de la comunidad costarricense. Y también hay dos proyectos para gravar los licores, ¿Se imaginan ustedes lo que va a costar un trago de ron con coca? Va ser algo prohibido, y el pueblo tendrá que beber chirrite, si acaso. ¡Y a eso llama el Sr. Ministro impuestos para beneficiar al costarricense!
La llamada Ley de protección al consumidor es otra de las “sabias” decisiones del gobierno. Lo que va a pasar con el control de precios va a ser corrupción, desaliento a la producción, más hambre, más pobreza, encarecimiento de los productos e ineficiencia al operar con un margen fijo sobre los costos, porque los costos más altos de las empresas ineficientes serán trasladados al consumidor con precios más elevados, perjudicando al pueblo costarricense.
¡No señor Ministro, esto no es todo! Las regulaciones de ventas a plazo han perjudicado al pueblo de bajos recursos. Los impuestos que promueve el INVU sobre la varilla y el cemento van a encarecer la construcción. También van a gravarse indirectamente los alquileres y el pobre es el que paga este impuesto. La política del Consejo Nacional de Producción arruinará a los empresarios costarricenses, operando con pérdidas que después tendrán que ser financiadas con el bolsillo de todos nosotros. Y Recope… Bastante rato podríamos dedicarle al análisis de una serie de medidas tomadas por el gobierno, pero estas muestras indicadas nos sirven para rechazar de plano la pretendida lavada de cerebro que ha querido darnos el señor Ministro, de que los impuestos han sido para beneficio del hombre de empresa. Al contrario, creemos que la proliferación de impuestos, algunos de ellos ausentes de condiciones técnicas elementales, ha perjudicado enormemente al pueblo costarricense.
De esta manera, aún cuando el Sr. Ministro señale en su entrevista que la división entre el gobierno y los empresarios “es aparente y no real”, podemos mostrar, y así lo ha notado él, que la verdad es lo opuesto. Hemos llegado al punto de “basta ya”. Es indispensable una reformulación total de las actuaciones del Estado en el campo económico, de manera que se pueda restaurar la confianza perdida en el sector privado nacional. La única alternativa es suspender la demagogia politiquera, parar esas alocuciones y expresiones de deseos y pasar al campo de los hechos y las realidades. Cada vez estamos más firmes en nuestra posición de defender a nuestro sistema de libre empresa frente a los embates socialistoides de la burocracia estatal. Bien conocidas son las afirmaciones hechas por algunos diputados de Liberación Nacional en las discusiones sobre la mal llamada Ley de protección al consumidor y lamentablemente el discurso del Presidente Oduber logró confundir más al pueblo costarricense, al referirse a la vía socialista que debiera de proseguir el país. Pues bien, nosotros no estamos dispuestos a que se conduzca a la nación al totalitarismo fascista-socialista, pues, como costarricenses, sabemos apreciar las virtudes de la democracia, del derecho a la propiedad y a nuestro patrimonio, que hemos logrado forjar con nuestro esfuerzo y, por tanto, el intervencionismo estatal rampante que hemos observado recientemente, va contra nuestros más caros principios, por los cuales habremos de luchar.
De lo anterior se justifica un despertar creciente del sector privado. Ese malestar del empresario es la consecuencia lógica del ejercicio de nuestra libertad constitucional a las ataduras que pretende imponer el gobierno. Los políticos son muchas veces los causantes de los problemas que afectan a nuestro país, pues creen que con sus decisiones demagógicas se puede sustituir la eficiencia de la empresa privada, con los decretos emanados de n burócrata, que sueña con lograr el control absoluto de las libertades, de nuestras empresas, de nuestro patrimonio.
¡Es increíble, tal como lo afirma el Lic. Sánchez Méndez en su entrevista, que viviendo situaciones “de escasez de productos, de escasez de materia prima, de escasez de alimentos” el Estado penalice a los que producen, ponga trabas e impedimentos al esfuerzo empresarial, castigue con palabrería demagógica al creador de riqueza y al generador de empleo y que, además, se diga que los impuestos que pone el gobierno son para beneficio del empresario!
Al contrario, en lugar de esa fanfarronería, lo urgente es dar incentivos y confianza para que se produzca más, ofrecer alicientes a quienes, a diferencia del Estado, arriesgan sus capitales y trabajo día tras día en un esfuerzo por producir. No insultar, vilipendiar, maniatar, arruinar a quienes trabajan según el mercado, por medio de impuestos a mansalva, que es como se alimenta la burocracia estatal.
Necesariamente se exige una mayor comunicación entre los sectores empresariales y el Estado. Pero no aquella en que el último habla y el primero escucha, no aquella en que se permite que el ciudadano eleve sus planteamientos, pero se enfrenta a un monolito estatal carente de sistema auditivo. Se hace impostergable una definición clara, correcta, sin demagogia, de la política gubernamental hacia la empresa privada. Si se quiere que se produzca, que haya mayor bienestar para todos, más bienes de consumo y de inversión para el pueblo costarricense, lo menos que podría hacer el Estado es dejar producir a quienes así lo desean y no poner estorbos en la buena marcha del país.
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