2002-09-13-SOBRE LA LOTERÍA FISCAL

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SOBRE LA LOTERÍA FISCAL

La Nación, 13 de setiembre del 2002.

Cada vez que se habla de reforma tributaria, bien se trate de una reforma a la estructura tributaria o bien de un simple aumento en los impuestos, salta al tapete la famosa lotería fiscal, algo similar a la que el país puso en práctica hace algunos años.

Esa lotería se creó imitando un esquema que existía en Chile, que fue una forma muy popular para controlar que los gravámenes fueran efectivamente pagados, recaudados y enterados al fisco. Tengo entendido de que la experiencia fue muy exitosa en ese país, pero de la nuestra he tenido versiones contradictorias.

Tengo la impresión de que la lotería fiscal que Costa Rica tuvo hace algunos años poseía un problema de diseño que le impedía generar el potencial de control que se deseaba.

Esto porque los documentos que el ciudadano enviaba como prueba de que había pagado sus impuestos para participar en el concurso –la factura– deberían tener una serie de requisitos formales, tales que satisficieran los lineamientos burocráticos que debería reunir una factura perfecta. Por ejemplo, el papel que se enviaba para concursar –"la factura"– debería ser timbrado, con los nombres claros del vendedor, la descripción del producto, el desglose del monto del impuesto, entre otras cosas. En síntesis, que todo estuviera perfecto y claro. Supongo que la razón para exigir todos estos requisitos era que el ciudadano, al comprar y exigir su factura, también reclamara que la información consignada en dicho documento era veraz y no un engaño del vendedor. En otras palabras, se pretendía que el incentivo de ganar un premio en el concurso se tradujera en uno para que el ciudadano le exigiera corrección al vendedor en el documento que le entregaba como factura.

Pero empezó a observarse cómo, en muchas ocasiones, al momento de valorar un jurado, principalmente integrado por conocedores de estos asuntos, si una supuesta factura escogida al azar era aceptable como ganadora, se descalificaba porque el papel no reunía todos los requisitos básicos exigidos. Y allí moría la cosa: había que sacar al azar una nueva factura hasta que apareciera una que fuera perfecta (o, tal vez, casi perfecta) e imagino que ese tribunal trasladaría luego a la administración la factura elegida como premio para verificar su corrección –y que los fondos se habían entregado al fisco– aunque en realidad es posible que eso no fuera necesario, porque lo importante era el estímulo que se generaba para que el ciudadano exigiera las facturas en regla.

Siempre me he preguntado si no habría dado un mejor resultado, en cuanto al control de la evasión del gravamen de ventas, el que, en vez de rechazar aquellas "facturas" incompletas o incorrectas, más bien sirvieran para que la autoridad investigara por qué se estaban entregando tales facturas. No estoy suponiendo que los consumidores fueran tontos y que los estaban engañando en sus derechos para participar en la lotería fiscal con la entrega de esas facturas malas; lo que me parece es que muchas personas no se daban cuenta de que el papel ("factura") que les entregaban no servía para participar en el concurso.

Por lo tanto, mi sugerencia es que, si se reinstala la lotería tributaria, se redefina el tipo de documento que se acepta para ganar el premio, el cual debería contener como requisito tan sólo el nombre del negocio que la entregó. Así la administración podría verificar por qué se entregó tal tipo de facturas indebidas, lo cual posiblemente permitiría confirmar por qué la empresa retuvo dinero que los consumidores pagaron, por su medio, como impuestos para el fisco.