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Tema: Artículos publicados en Diario La Nación 1990-1999

  1. #41
    1990-08-29-UN BUEN CONSEJO

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    UN BUEN CONSEJO



    La Nación, 29 de agosto de 1990.

    Se ha hecho mucha alharaca de las declaraciones de monseñor Arrieta acerca de la necesidad de redefinir algunas políticas gubernamentales. En el pasado le señalé al sacerdote que, al hablar sobre temas económicos, cometía errores de bulto que fácilmente serían detectados por un neófito en estudios de esa disciplina.

    Pero en las últimas declaraciones del arzobispo en realidad no disertó sobre aspectos técnicos de economía, sino sobre la “justicia” que se presenta en la dispendiosidad del gasto estatal y sobre el abuso en el otorgamiento de ciertos privilegios en nuestra sociedad.

    Claro que pretender que las pensiones de todos sean iguales, es tan absurdo como sugerir que el padre coadjutor de la iglesia de Machorcado de Güelta de Jorco perciba el mismo ingreso que un monseñor, de manera que el problema es de grado y, más que todo, una mención acerca de cómo ciertos grupos de presión utilizan al Estado en la satisfacción de sus propios propósitos, a costas de sus víctimas: los pobres.

    Otro tema al que se refirió monseñor Arrieta es la enorme cantidad de exoneraciones, que recientemente han pululado en Costa Rica, erosionando con ello las bases tributarias, lo cual se ha reflejado en que ciertos grupos sean gravados más que otros. Mientras a algunos se les exonere, al Estado se le hace necesario gravar más a otros, quienes de por sí ya pagaban.

    Lo que me llama la atención es que no se haya hablado con mayor claridad acerca de algunas de estas exoneraciones, que en ciertos casos se pueden justificar, pero que en otros pueden reflejar criterios que a algunos nos parecen algo halados del pelo o bien inequitativos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la firma productora más grande de lácteos, así como la mayor exportadora de carne de res y de pescado y algunos de los ingenios más grandes del país, no paguen el impuesto sobre la renta? También, por ejemplo, ¿cómo es que algunos de los bancos privados más grandes (los de cooperativas), tampoco paguen ese impuesto? Asimismo, ¿no le parece al lector que es necesario que ciertos grupos de privilegio, quienes hasta han legislado en su propio beneficio, puedan comprar vehículos de lujo exentos de gravámenes?

    Finalmente, como tengo conocimiento y si estoy equivocado que me corrijan, dado que monseñor tiene acceso a un carro de cierto lujo –ante los ojos del pobre– el cual es totalmente exonerado, ¿por qué no lo vende para ayudar a los humildes que tanto le preocupan? Monseñor Arrieta debería brindarnos su justa opinión sobre las exoneraciones de los colegios profesionales, como el de periodistas, al cual aspiro algún día pertenecer, así como a los clubes deportivos, a las cooperativas, a los productores de alimentos para aves, etcétera, ad nauseam.

  2. #42
    1990-09-04-¡QUE VIVA EL MONOPOLIO!

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    ¡QUÉ VIVA EL MONOPOLIO!



    La Nación, 04 de setiembre de 1990. Reproducido el 16-09-90 en ese mismo periódico y reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 177-178.

    ¿Por qué será que personas normalmente orientadas a no imponer sobre los demás sus propias decisiones, quienes generalmente creen más en la virtud de la libertad de escoger que la de la coerción, en su momento son capaces de defender a un monopolio?

    Si uno pregunta a esas personas, si está bien que se exija una única manera de cómo hacer las cosas, probablemente le dirán que no: que se debe dejar elegir a los adultos, pues la coerción es dañina y, por tanto, sólo en casos muy especiales (por ejemplo, la seguridad pública o la dispensa de justicia) el monopolio de la coerción se deja en manos del Estado.

    Hay un monopolio cuando existe un vendedor único de un producto por el cual no hay buenos sustitutos y la razón por la cual el monopolista puede existir es porque se crean barreras, que impiden que otras personas entren con empresas similares. La barrera más frecuente es la legal. El Estado prohíbe, por ley, que otra persona participe en el mercado monopolizado.

    ¿Qué es lo que en esencia hace un monopolista? Lo que hace es restringir la cantidad que produce del bien o servicio, en comparación con la posible de lograr en un mercado competitivo. Al producir una cantidad menor, puede elevar su precio. El costo que dicho monopolio impone a la sociedad está en que obliga al consumidor, mediante la restricción de la oferta y el aumento en el precio, a pagar más por el bien o servicio, lo cual excede al costo que para la sociedad tiene producir una unidad adicional de ese bien. Esto origina que los recursos escasos sean mal asignados, al emplearse socialmente menos en esa actividad que lo que se debería.

    ¿Por qué será, entonces, si es que el monopolio es nocivo para la sociedad, que hombres buenos lo defiendan ante la posible competencia? Me parece que el meollo del asunto está en el poder que confiere un monopolio, lo que me recuerda lo dicho por un señor sobre éste: “Estoy en contra de cualquier monopolio, excepto del mío propio”. Defienden al monopolio porque de él obtienen poder (una forma de ganancia política) y, aunque pretendan disfrazar al monopolio de virtuoso ente social, siempre se les debe preguntar: ¿Por qué se me niega la oportunidad de hacer las cosas mejor que usted? ¿Por qué me impide servir al consumidor mejor que como lo hace usted? ¿Por qué no se me deja competir? Y a ver con qué les van a salir.

  3. #43
    1990-09-07-UN MAL EJEMPLO

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    UN MAL EJEMPLO


    La Nación, 07 de setiembre de 1990.

    Aún no nos reponíamos del buen efecto que tuvo en el orden jurídico y, lo más importante, en el moral, la decisión de la Sala Cuarta, por la que no se permitió que los diputados importaran vehículos –usualmente de un lujo exuberante- libres de impuestos, cuando, de nuevo, el interés público está tratando de ser sometido al servicio del privado.

    Algunos diputados ̶ cuyos rostros se nos hacen cada vez más difíciles de olvidar ̶ han señalado que se fijarán un aumento en sus salarios de más de cien mil colones, para tener sueldos similares a los de otros funcionarios públicos, tales como magistrados, ministros y presidentes ejecutivos.

    Se trata de una reacción ante la jalada de orejas que les dio la Sala Cuarta y ahora, como niños chimados buscan cómo restaurar el privilegio que vieron escurrirse de sus manos.

    El asunto es aún más serio: todos estamos sintiendo en carne propia las dificultades por las que pasa la economía. Los aumentos en los precios de ciertos rubros importantes, en los cuales se gasta mucho del ingreso, han sido de casi un 100 por ciento y la posibilidad de mayores impuestos que pende sobre el bolsillo de los ciudadanos (usualmente de los más pobres), exigen que se medite un poco sobre este aumento en el sueldo de los diputados.

    Ellos han argumentado que tal incremento se debe a que otros altos funcionarios se han recetado sueldos de privilegio, pero lo lógico no es enceguecer a todos los tuertos; por el contrario, lo que un legislador serio y responsable debería hacer es buscar cómo poner coto al desenfreno señalado sobre otras arcas. El mal de muchos, no nos sirve de consuelo: lo que amerita, si en verdad hay tal desaguisado con el sueldo de otros funcionarios públicos, es que no se les dé aumento alguno, mientras el simple crecimiento inflacionario empareja al de los diputados, con el de otros funcionarios.

    Si, por otra parte, el motivo para aumentar el salario del diputado se debe a que ahora cualquier hijo de vecino, que sea jefe de alguna obscura dependencia en cierto ministerio, dispone de un vehículo público, lo lógico es parar ese desperdicio de los recursos de un pueblo pobre, pero no que ellos se receten con la misma cuchara.

    ¿Qué pasará por el alma de esos diputados, cuando incrementan los impuestos y cuando ya se tiene que pagar mucho más por los servicios públicos, al tanto que piden un aumento salarial de ¢100.000 mensuales para equiparse con otros favorecidos del sector público? Con la pretensión de ciertos diputados se da un mal ejemplo para el país, en especial, cuando se supone que ellos no pueden legislar en beneficio propio, como tal vez en el futuro, una vez más, se los recordará la Sala Cuarta.

  4. #44
    1990-09-20-RUMORES Y POLÍTICA ECONÓMICA

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    RUMORES Y POLÍTICA ECONÓMICA



    La Nación, 20 de setiembre de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 19-20.

    Cuando a uno se le pregunta en las calles, si es cierto que el Banco Central va a congelar las cuentas en dólares o que va a retener los depósitos nocturnos (overnight), conviene explicarse por qué surgen estos rumores, puesto que, entre otras cosas, debido a la incertidumbre que introducen, impiden formular una política económica conveniente y correcta.

    En parte el problema se le puede adscribir a quienes han intentado, con opiniones presuntamente calificadas, revertir el deterioro que se ha observado en la valoración de su actuación pública, la que se creyó impoluta, pero mostró ser incapaz. Pero esto no explica todo lo que está pasando en este campo.

    También es cierto que otras personas han hecho afirmaciones que entraban cualquier proyecto económico, como la de un diputado de oposición, quien dijo que había una gran fuga de capitales por la mala conducción del gobierno, a sólo pocos días de su inicio. Pero esto tampoco explica el ambiente de incertidumbre que le corroe.

    En gran parte el problema surge por la falta de decisión de la más alta autoridad, quien no se ha definido ante problemas en la interioridad el gobierno y tampoco ha presentado un proyecto concreto en el campo económico. Sobre lo primero, han sido evidentes las contradicciones dentro de su administración. Por un lado se habla de austeridad, pero, por el otro, se gasta y ofrece gastar más. Un sector busca ordenar el relajo salarial dentro del Estado, pero en otros más bien se elevan los sueldos de privilegio y defienden gollerías heredadas.

    En cuanto a lo segundo, el asunto es aún más delicado. No creo que haya una limitación intelectual que impida señalar un rumbo correcto, a pesar de que hay frenos ideológicos en su seno. El problema es la indecisión y la falta de una posición congruente, ante una serie de asuntos económicos. Si la autoridad máxima en el gobierno no determina con claridad cuáles son sus objetivos, y la coherencia de ellos, al fallar la cabeza, fracasa el resto del cuerpo. El propósito fundamental de este gobierno debe ser encontrar en el campo socio-económico una razón de ser, tal que amalgame y no contraponga a sus partes.

    Por último, es lamentable que el gobierno no le diga al país, qué pretende hacer. En medio de los más diversos rumores, se habla de reducir radicalmente la burocracia y de imponer un congelamiento en los altos salarios y en las pensiones, así como en los laudos. De ser cierto este buen rumor, indicaría que se trata de poner orden en el problema por excelencia: un gasto estatal que excede nuestra capacidad de pago.

    En este sentido, falta conocer un proyecto concreto. En tanto no exista, el gobierno se erosiona rápidamente, en medio de los más diversos rumores sin fundamento, con lo cual se impide formular una política económica que sí pueda resolver los problemas en ese campo.

  5. #45
    1990-10-01-PEQUEÑAS SUGERENCIAS

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    PEQUEÑAS SUGERENCIAS



    La Nación, 01 de octubre de 1990.

    Debemos tener conciencia, empezando por las autoridades del Gobierno, de que un simple llamado al ahorro de combustibles es poco lo que puede hacer para aliviar la hecatombe petrolera. Sin embargo, agrada el resultado sobre el flujo de tránsito de las medidas tomadas, al no permitirse el estacionamiento en las calles del centro de San José.

    Hay alternativas que, si bien parecen nimias, con poca dificultad se podrían poner en práctica, para de alguna manera evitar en algo el gasto de combustible. Por ejemplo: en ciertas intersecciones de San José se permite que los vehículos estando el semáforo en rojo, doblen a la derecha cuando no hay peatones atravesando la calle, ni vehículos que tengan derecho a pasar. Creo que esto está en práctica en la esquina de las iglesias de Santa Teresita y de Zapote, entre otras.

    Precisamente, en la espera de que el semáforo cambie de rojo a verde es cuando se incurre en un fuerte gasto de combustible. Pues bien, ¿por qué, en general, no permitir, excepto en ciertos lugares donde la geometría de la vía no lo faculta y así se indicaría, que los vehículos giren a la derecha, mientras que el semáforo está en rojo? Estoy seguro de que esto se traduce en algún ahorro de combustible.

    Otro ejemplo más: hay intersecciones en donde no parece haber razón para que exista un semáforo. Así, en el Ministerio de Hacienda, cuando se viene por el Paseo Colón y se dobla a la derecha –usualmente con un tráfico muy incómodo por la aglomeración permanente de buses– en cierto momento, sin que pasen vehículos, una luz roja frena al flujo normal. ¿Por qué no se revisa en cuáles de las intersecciones del centro de San José hay una situación similar y así eliminar esos dispendiosos altos?

    Dos ejemplos adicionales: en la radial frente a la escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica hay un semáforo peatonal que detiene el paso a los vehículos. En muchas ocasiones pasan pocas personas y los vehículos permanecen allí detenidos por un buen rato. ¿Por qué, si claramente no pasan personas, no se permite que los vehículos circulen? Finalmente, ¿habrían notado las autoridades del tránsito la presa que se hace en el antiguo Callejón de la Puñalada, porque allí se estacionan autobuses para lavarlos, entre otras cosas, pudiendo hacerlo en zonas de menor circulación?

  6. #46
    1990-10-10-PRESUPUESTOS UNIVERSITARIOS

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    PRESUPUESTOS UNIVERSITARIOS


    La Nación, 10 de octubre de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 143-144.

    En muchos círculos existe una impresión errada en torno al financiamiento de las universidades estatales. La sociedad realiza un gran sacrificio de recursos al permitir que los estudiantes no paguen el costo real de su educación, el cual sí es cubierto por la sociedad como un todo. Se cree que con el sistema vigente de cobro los estudiantes pobres tienen acceso a una merecida educación, oportunidad que no la habría si tuvieran que pagar el verdadero y mayor costo de la educación universitaria.

    Al contrario de esa creencia, suelen ser los estudiantes de mayores recursos quienes se favorecen con el enorme subsidio. Actualmente las universidades estatales tienen diversos programas de becas que permiten, por muy variadas causas, que sean relativamente pocos quienes paguen la totalidad del costo de la educación. Pero, ya sea porque es inteligente o hijo de funcionarios de las universidades o que tiene habilidades musicales –por lo que sea, todo dentro de una amplia gama de becas– es el rico quien más se favorece, puesto que no tiene que cubrir el costo de la educación, la que se subsidia casi por parejo a todo el mundo.

    Conviene diseñar sistemas, por los que el estudiante bueno disponga de recursos con los cuales pagar el verdadero costo de la educación. Un plan de préstamos mientras estudia es lo más apropiado, en vez de indiscriminadamente subsidiar la educación superior. He sido profesor universitario por muchos años y nunca he visto en mis aulas –por supuesto que los ha habido– estudiantes verdaderamente pobres, pues cuando alguno llega con ropas raídas, lo más probable es que luzca alguna moda “snob” del momento. Sé que en nuestras universidades estatales muchos pobres han pasado por sus aulas y que ello ha permitido cierta movilidad social deseable, pero eso podría lograrse sin que se subsidie al rico, como sucede actualmente y lo cual parece ser el lugar común.

    Una colectividad relativamente pobre, cual es el país como un todo, no debe subsidiar el consumo o la inversión del rico que va a la universidad estatal, ni tampoco conviene que una generación actual, relativamente más pobre, subsidie a las futuras que se supone serán más ricas.

    Es hora de que, en medio de la miseria en que se perfila el país, se digan las cosas claramente, de una vez por todas: el actual sistema subsidiado de pago en las universidades estatales favorece al rico, quien se escuda en algunos pobres beneficiados para mantener su privilegio. Es hora de entrar a fondo en el problema del financiamiento de las universidades estatales y debe empezarse porque sus mismas autoridades, quienes dicen preocuparse por los pobres, revelen cuánto cuesta la educación, quiénes pagan qué montos y bajo qué criterios y qué resultados dan los subsidios cargados a todos los costarricenses, principalmente los más pobres.

  7. #47
    1990-10-15-EL CAMINO DEL DINOSAURIO


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    EL CAMINO DEL DINOSAURIO



    La Nación 15 de octubre de 1990.

    Me recuerdo que, en numerosos escritos leídos hace ya bastante tiempo, los órdenes políticos denominados como social-democráticos se caracterizaban por ser una conjunción de un sistema político básicamente liberal-democrático, mientras que la organización económica era de naturaleza socialista. De hecho, los primeros movimientos políticos en este sentido (Alemania fue su cuna) se llamaron socialistas-democráticos; esto es, socialistas en lo económico, con todo lo que ello significaba, en medio de una herencia de alto contenido marxista, mientras que en lo político, se acogían al concepto democrático occidental.

    Lo que han visto nuestros azorados ojos en las economías socialistas de Europa Oriental, pero que siempre consideramos que así sucedería algún día, obliga a meditar acerca de cuál ha de ser el futuro de la ideología social-democrática, principalmente en su actitud ante el orden económico. Ya mucho de ese movimiento político en Europa Occidental ha evolucionado hacia una aceptación mayor de la economía basada en el mercado, más que en la planificación central, en la propiedad social de los medios de producción y en el conjunto de intervenciones erigidas en norma de acción práctica. Así, se observa como los socialistas españoles o los franceses han impulsado reformas que algunos de por aquí, prestos al encasillamiento fácil, denominarían como neoliberales, aunque no se atreven a reconocer y menos a alabar en público ese comportamiento de sus hermanos de ideología, pues perderían el glamour criollo que pretenden lograr, al vilipendiar con ese término a quienes han creído, durante mucho tiempo, en la ventaja relativa de las órdenes de decisión descentralizada, en contraste con los de decisión central.

    La pregunta que se debe plantear es, si los social-demócratas son democrático-liberales en lo político, pero socialistas en lo económico, ¿qué pensarán de los resultados de la aplicación de esas polìticas económicas socialistas, que en los últimos tiempos hemos visto cómo van siendo desechadas, cada vez más y más, por los países que otrora las ensalzaron al maximum maximorum?

    No estoy totalmente seguro de que el socialismo democrático seguirá el camino de extinción de los dinosaurios, tal vez por una hecatombe venida del cielo, o si seguirán el destino del Dodo desaparecido por la acción de seres humanos. Tal vez más que al del dinosaurio, su destino se parecerá al del Dodo: el socialismo-democrático desaparecerá por la propia acción de los hombres, quienes al poner en práctica órdenes económicos basados en una decisión centralizada no lograron el auge que pretendieron obtener y, por el contrario, al observar con inteligente envidia y deseosos de imitar el éxito de las economías liberales, no intentarán resucitar a un Dodo social-demócrata. Ya han conocido sus resultados.

  8. #48
    1990-10-22-ORDENAR AL TRÁNSITO

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    ORDENAR AL TRÁNSITO



    La Nación, 22 de octubre de 1990.

    En general, los costarricenses hemos visto con agrado las medidas del Ministerio de Obras Públicas para ordenar el tránsito en el centro de San José y hasta nos ha motivado a brindar sugerencias que pueden contribuir a hacer más expedito el movimiento de vehículos en esa zona.

    Al mismo tiempo, es necesario reflexionar sobre situaciones que justificadamente pueden molestar a los ciudadanos, al trasladar por medio de una grúa a vehículos presuntamente más estacionados. Sobre esto tengo varios comentarios que hacer, alguno por experiencia vivida. En diversas ocasiones los carros son removidos de zonas que no son precisamente del centro de la ciudad y en donde tampoco hay una prohibición explícita para estacionarse.

    Voy a dar mi ejemplo personal: dejé mi vehículo, no al costado este de la Plaza González Víquez como lo escribió incorrectamente la autoridad que me dejó el “parte”, sino sobre una calle que sale hacia el este desde la Plaza Víquez. Cerca de allí había otros carros estacionados y tuve el cuidado de no hacerlo frente a dos garajes, en cuya acera había una pintura amarilla que indicaba un impedimento para ello, pero no había ninguna otra restricción ya sea por una señal de prohibición o por una pintura amarilla como la citada, que indicara que en esa zona se prohibía estacionar. Además, y será por una visión algo aldeana, no me parece que Plaza Víquez fuera el “centro” de San José que es donde supuestamente se remueve a los mal estacionados. Después del susto al no encontrar mi carro, pagué a Custodio –el del negocio de mover los carros– los ¢1.000 necesarios y a fin de año cancelaré la multa de ¢750 adicionales.

    El punto esencial es ¿por qué no se indica claramente al conductor dónde se prohíbe estacionarse? Así, se evitan abusos de los cuales hay razón para el ciudadano se queje.
    Otras personas me manifestaron que las grúas han dañado sus vehículos, lo que luego nadie reconoce. También me tocó presenciar un trato bastante fuerte con un extranjero enardecido, quien hablaba muy poco español y cuyo vehículo fue removido por la grúa. No vi a nadie en el estacionamiento del Tránsito quien tratara al muy asustado extranjero con la cortesía que uno espera que se le dé en un país extraño, en donde hay la, tal vez, admirable costumbre de remover con una grúa el carro que uno supone dejó bien estacionado.

    Estas cosas deberían mejorarse para evitar que la mala voluntad originada en la torpeza con que ciertas autoridades conducen las cosas, dé al traste con el loable propósito de poner algo de orden en la anarquía josefina.

  9. #49
    1990-10-25-SOBRE DIESEL Y GASOLINA

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    SOBRE DIESEL Y GASOLINA



    La Nación, 25 de octubre de 1990.

    De acuerdo con un informe de RECOPE hecho público recientemente, en los primeros 20 días de octubre en comparación con el período equivalente de setiembre, el consumo del diesel aumentó en 600 mil litros, en tanto que el de gasolina, en el mismo lapso, disminuyó en 700 mil litros.

    Para explicar este fenómeno no es necesario atribuirlo a una presunta especulación de los usuarios de diesel, de quienes se dijo habrían aumentado su consumo ante el incremento esperado en el precio, pues de inmediato cabría preguntarse ¿por qué no actuaron de manera similar, los usuarios de gasolina, cuyo precio también se esperaba que aumentara?

    El Ministro de Energía dijo, ante una pregunta acerca de por qué el diesel era abaratado artificialmente, a la vez que subsidiado por el relativamente mayor precio de la gasolina, que dicha discrepancia en los precios tenía que ser reducida. Pero eso no lo hizo, pues los últimos aumentos en los precios de ambos combustibles han sido porcentualmente iguales (si no me equivoco, ambos se elevaron en casi un 11% y en un 8% en los últimos incrementos), con lo cual se mantuvo una distorsión en el precio relativo de los combustibles.

    Al subsidiarse el consumo de diesel y de gravar artificialmente a la gasolina era de esperar que se diera el resultado observado, pues el usuario tenderá a usar menos del primero y aumentar su consumo del segundo. Por lo tanto, el culpable del fenómeno comentado es el propio gobierno, quien a través de RECOPE ha distorsionado esos precios relativos.
    Esta política errónea de RECOPE puede reflejarse en que el país realice una exportación de pobreza (de bienes que usan intensivamente el insumo subsidiado -el diesel), en tanto que se evita la posible exportación de bienes en los que, comparativamente, se podría tener ventaja, pero por el precio abultado de la gasolina se impide lograrla.

    Ante los recientes aumentos en los precios de los combustibles, es indispensable que se explique al país, con toda la claridad y con todos los números del caso, que son resultado del alza internacional del crudo y de variaciones en el tipo de cambio, que no sea que se esté aprovechando la coyuntura para que RECOPE se recupere, re-inflada, como la jugosa caja chica del Estado que siempre había sido, hasta hace poco.

  10. #50
    1990-11-05-GENES E HIMENEOS

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    GENES E HIMENEOS




    La Nación, 05 de noviembre de 1990.

    Debe tenerse presente el derecho constitucional de todos los costarricenses, que satisfagan criterios allí establecidos, para aspirar a la Presidencia de la República. Por ello, los deseos de ciudadanos para optar por esta posición, deben ser vistos con el respeto que por sí se merecen.

    Pero, dentro del proceso político de nuestra democracia, es necesario pensar claramente acerca del efecto que sobre ella tiene esa aspiración de ciudadanos que, sin duda, se sustentan en el parentesco que tienen con algún antecesor o compañero, quien pasó por el solio presidencial.

    Recientemente, se ha visto que alguien se siente un potencial presidente porque es sobrino de zutano, en tanto que otro aspiró por ser hijo de mengano y un último ya nos señala su deseo a ser ungido, porque él también es vástago, de perencejo. Como los dos últimos son quienes tienen más parentesco sanguíneo con padres ex presidentes, me parecía que había una solución viable, al problema político de cada cuatro años.

    Si ciertamente las posibilidades de acceso al poder estaban genéticamente determinadas, lo que podíamos hacer era definir aquí una democracia política como la inglesa o la de países del norte de Europa, en donde hay monarquías constitucionales y las leyes se formulan en los parlamentos, adonde cualquiera –casi así– puede llegar. Por supuesto, la idea requería del matrimonio de hijos de las cepas, para instaurar un sistema en el cual el hijo mayor de ambos heredara el poder… y vaya ahorros de platas, ahora malgastadas en política, que tendría nuestro empobrecido pueblo.

    Mi solución fácil se acabó, cuando deshojadamente busca la presidencia no ya un hijo del ex ungido, sino la cónyuge del ex presidente. Mi enfoque genético a la política costarricense ha sufrido un revés, del cual posiblemente no se recuperará. Me basaba en la determinación genética por algunas prédicas científicas, pero, después de ver a Isabel Martínez de Perón, electa Presidenta de Argentina, sólo por el mérito de compartir un tálamo nupcial, pido que alguien me explique, ¿qué irá a pasar con nuestra vieja democracia? Parece haber una solución que frene este festín sustentado en la ignorancia, en la ambición por el poder y en la creencia de que, genética o sexualmente, se transfiere la buena gobernabilidad: la eliminación de la deuda política adelantada, que ha sido el caldo en el cual se ha permitido cocinar todo esto sancocho. ¿Por qué está tan silenciosa la Sala Cuarta ante la inconstitucionalidad presentada contra la deuda política adelantada?

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