Artículos publicados en Diario La Nación 1990-1999

[Elisa]

1992-08-21-NI SIQUIERA BANANA REPUBLIC

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NI SIQUIERA BANANA REPUBLIC

La Nación, 21 de agosto de 1992.

Desde hace un buen rato he tenido el deseo de comentar la decisión que se fragua en la Comunidad Económica Europea (C.E.E.) para imponer límites a su importación de banano proveniente de América Latina.

Gracias a la presión de ciertos países de Europa, entre ellos algunos que hemos considerado como muy cercanos a nuestra manera de ser, sobre otros como Alemania, Luxemburgo, Bélgica y Holanda, terminarán pagando un precio mayor al actual, por sus importaciones de banano desde nuestros países.

En mucho el crecimiento del mercado europeo definió nuestro esfuerzo para expandir la producción bananera nacional. Creo que nos engañaron las prédicas de la C.E.E. a favor del libre comercio, que no dependiéramos de la ayuda financiera que nos conceden, que nos desarrolláramos por nuestro propio esfuerzo, que buscáramos hacer bienes en que tenemos ventajas comparativas y no desperdiciar nuestros recursos escasos en producir lo que somos ineficientes. Todo esto ha formado parte de lo que nos ha movido a producir aquello que somos realmente buenos –eficientes– como, por ejemplo, el banano.

En la C.E.E. priman intereses que exhiben a cuerpo entero el dictum de que “una cosa es lo que se dice y otra la que se hace”. Señalan, e inteligentemente así lo aceptamos, en foros como el BID, el Banco Mundial, entre otros, la virtud del libre comercio, pero, tal vez, por aquella vieja política mercantilista agrícola que aún siguen, nos podrían empujar a la represalia comercial por la estaca clavada en nuestra espalda. Evidentemente son conscientes de su torpeza, cuando pretenden seducirnos, para paliar el grave daño que nos causan, con un incremento de su ayuda financiera, queriendo así acallar nuestro desengaño y que no hagamos valer nuestros derechos ante el GATT, el que confiamos estará por los principios de la libertad de comercio, que son su razón de ser. Nuestros países no necesitan de ayuda que nos aherroje como droga a la dependencia: lo que necesitamos es poder comerciar libremente.

Resulta paradójico que, quienes en otras ocasiones nos han considerado “banana republics”, víctimas de explotación imperialista, actúen ahora para que ni siquiera podamos llegar a eso. Creemos que con libre comercio podremos vivir mejor, que es el sustento de relaciones pacíficas y civilizadas entre los pueblos y por ello insistiremos en que haya libertad de acceso al mercado europeo del banano. En ese ínterin pueden guardar sus reales para otras caridades.

[Elisa]

1992-08-30-APERTURA UNILATERAL

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APERTURA UNILATERAL

La Nación, 30 de agosto de 1992. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 189-190.

A causa de la política de la Comunidad Económica Europea de fijar cuotas a nuestra exportación de banano, resurgió el argumento de que nuestra apertura comercial no debería basarse en abrir fronteras, en tanto otros restrinjan exportaciones.

Esta creencia puede mostrar un desconocimiento de aspectos básicos del intercambio comercial, más no debe descartarse que provenga del consejo de algunos social-estatistas y sobre lo cual el vocero político no medita adecuadamente.

La pregunta esencial que se debe plantear es si el conjunto de barreras proteccionistas que tiene –o ha tenido– el país provoca un costo mayor para la colectividad que lo que se presenta al abrirse unilateralmente. Un costo que el proteccionismo impone a los nacionales es restringir la gama de bienes y servicios dedicados a la satisfacción de los deseos y necesidades humanas y lo cual es el objetivo primordial de cualquier economía. Es más, esa producción protegida suele tener mayor precio y menor calidad que la opción libremente importada. Con lo cual, el consumidor se beneficia al darse una incorporación unilateral al comercio mundial, pues aumentan sus posibilidades de consumo.

Un segundo costo que el proteccionismo impone a la sociedad es que origina una mala asignación de los recursos productivos escasos que posee. Esto es vital para un país relativamente pobre como el nuestro (es decir, que no posee “abundantes” recursos productivos), pues una mala asignación significa usar recursos caros para producir bienes en los cuales el país no es comparativamente eficiente. En otras palabras, con el proteccionismo se produce menos, en comparación con lo que se podría lograr si hubiera una mayor eficiencia.

Un tercer costo que el proteccionismo nos impone es que promueve el monopolio. Este surge porque, al restringirse el mercado interno por la protección, es más factible que una sola empresa monopolice la producción pues, de haber otras firmas competitivas, cada una tendría una escala de producción muy ineficiente, dado ese tamaño reducido del mercado. El monopolio impone un costo a la sociedad al restringir la producción y así lograr elevar los precios al consumidor nacional.

Ante la opción de cerrarnos con esquemas proteccionistas, en contraste con el proceso gradual de incorporación plena al comercio internacional que hemos venido llevando a cabo, lo conveniente es, además de continuar por ese rumbo, luchar, como lo estamos haciendo en el caso del banano, para que otras naciones también abran sus barreras a nuestra exportación. Con ello nos beneficiaríamos aún más de lo que por sí obtenemos con una conveniente apertura unilateral.

[Elisa]

1992-09-10-VICTORIA PÍRRICA

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VICTORIA PÍRRICA


La Nación, 10 de setiembre de 1992.

Se dudó de la honra de los procuradores de la República ̶ además de la de otras personas ̶ , al señalar un diputado opositor que la decisión de la presidencia de la República de suspender, en tanto no se pronunciaran esos abogados, las medidas del Banco Central que permitían a los bancos privados captar depósitos a menos de 30 días, era un arreglo por el cual el dictamen sería favorable a la tesis presidencial. Si bien cerró la boca del diputado de marras, la decisión en contrario de los procuradores no nos arregla un problema muy real.

En momentos en que el mundo derriba tantos mitos estatistas, cuando el país se involucra en reglas globales de comercio, en donde la eficiencia es crucial para poder tener éxito, cierto grupo político se niega a reformar radicalmente nuestra banca estatizada. Tal vez peco de idealista al creer que es posible que en nuestro país se pueda discutir la conveniencia de eliminar tan odioso monopolio, cuando a la vez hay tantos y poderosos intereses para que continúe. Por una parte, un grupo del sector financiero competidor gana teniendo al frente una banca estatal ineficiente, pues por comparación hace que las personas acudan a comprar sus servicios, aplicándose aquello de que “en el país de los ciegos, el tuerto es rey”. Esta es la razón por la que no se observa una banca comercial privada que aboga por el derecho a captar depósitos a la vista.

Por otra parte, el mito político puede dar dividendos. Más de uno considera que la lucha reciente de Liberación Nacional es el catalizador que se necesitaba para reunir huestes reacias a someterse al espíritu de manada. Sobre esto Rolando Araya ha identificado claramente el problema que enfrenta esa agrupación, al aseverar que allí ya no se discuten ideas; que todo estriba en ganar una elección y no en preparar al país a lo que es la realidad de las economías globales, lo cual requiere reformar muchas instituciones e ideas obsoletas.

Me pregunto: en esas circunstancias, ¿debe el gobierno plantear al país el tema del monopolio bancario? A veces me parece que no: para qué darle alas a conservadores efectistas, a manipuladores de privilegios, a opositores del progreso, quienes utilizarían la discusión para resaltar virtudes de una banca estatizada que, bien se sabe, ha servido a más de uno para chupar a costas de los demás. Pero, otras veces me parece que sí: el costarricense cada vez se da mayor cuenta de que el mundo ha cambiado; que se va de la mano de los conservadores socialistas hacia las de liberales progresistas, razón por la cual se debe enfrentar el problema en toda su magnitud. Lamentablemente aún no tengo clara cuál es, en este momento, la estrategia correcta para el país.

[Elisa]

1992-09-20-FUNDAMENTOS PARA UN ACUERDO

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FUNDAMENTOS DE UN ACUERDO

La Nación, 20 de setiembre de 1992. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 51-52.

De lo sucedido a nuestro sistema financiero, lo bueno es que “todo está revuelto”, de manera que se nos presenta una buena oportunidad para mejorar nuestras instituciones: que nos sirvan como instrumentos apropiados para sobrevivir como sociedad. Como los pueblos no son tontos, hay la necesidad de forjar algún acuerdo nacional que nos permita avanzar como sociedad y evitar el daño de la inadaptación.

Por ello, me hago eco de “algunos fundamentos para un acuerdo” que creo pueden servir a los costarricenses para mejorar la situación en que actualmente se encuentran sus instituciones financieras.

Primero: Debe permitirse y fomentarse la competencia en nuestro sector financiero. El objetivo no sólo debe ser la participación privada en el sector bancario, sino que la competencia opere para favorecer al usuario de sus servicios. Si hay una banca comercial estatal y otra privada, ambas deben operar en “igualdad de condiciones” y en donde también pueda participar la banca extranjera.

Segundo: Atendiendo el deseo de un importante grupo nacional de que haya una banca de desarrollo –cualquier cosa que eso signifique– debe transformarse un banco del Estado para tal fin, para lo cual se vería una forma adecuada de financiar lo que ̶ se supone ̶ son subsidios para ciertos sectores de la economía.

Tercero: El resto de la banca estatal debe privatizarse, con una difusión amplia de la propiedad, en donde los trabajadores –sin prebendas más allá de lo razonable– puedan ser accionistas, en el marco de una participación accionaria que cubra la generalidad de los grupos sociales.

Cuarto: El proceso de decisión debe centrarse en un grupo en donde sea posible llegar a un acuerdo razonable, al contrario de los COREC de donde, con excepción notoria, no salió casi nada útil para reformar nuestro Estado. Propongo que sea alrededor de la Asamblea Legislativa, que reflejaría las preferencias de distintos grupos sociales; pero deberá llegarse a un acuerdo en no más de 6 meses pues, si no, corremos el riesgo de que el tema se politice electoralmente.

Finalmente: No debe volverse al status quo; esto es, que la banca privada siga captando depósitos a 30 días y que siga el monopolio estatal de los depósitos. La Banca privada es la mayor beneficiaria del monopolio estatal: por comparación, es menos mala, le maneja onerosos depósitos a la vista y le protege de la competencia externa. Las reformas son impostergables en un mundo que amenaza con rezagarnos.

[Elisa]

1992-10-14-UN GRAN PASO HACIA ATRÁS

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UN GRAN PASO HACIA ATRÁS

La Nación, 14 de octubre de 1992. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 162-163.

La consistencia en la aplicación de las políticas de apertura es vital para tener éxito. Si por un lado el gobierno de Costa Rica se define a favor de integrar la economía al comercio mundial y de liberalizar sus mercados, en tanto que por el otro toma medidas contrarias a aquel rumbo, no provoca sino confusión y dudas en la economía.

Recientemente el Ministro de Agricultura decidió que el arroz en granza pagaría un arancel del 20 por ciento, en tanto que el pilado tendría uno del 55 por ciento. Esto da enorme protección a la producción arrocera doméstica, aún cuando los grupos protegidos pedían un 90 por ciento ̶ sí, casi nos doblan los precios ̶ mas la obligatoriedad del país ante el GATT de no poner aranceles mayores al 55 por ciento frustró tal barbaridad. Así, un ministerio complaciente impone un enorme costo al costarricense a cambio del aplauso del protegido.

Esta decisión incumplió un acuerdo inicial con el Banco Mundial, por el cual el gobierno pondría un arancel del 20 por ciento al arroz, entendiéndose que en cualquier etapa de producción, pero fue interpretada al gusto de la clientela proteccionista, al alegar que se refería al arroz en granza y que sobre el pilado aplicaría una tarifa del 55 por ciento. Pero, hay más: en negociaciones con Centroamérica se acordó el libre comercio de granos, pero, al momento de ponerlo en práctica, el MAG aduce que, como Centroamérica piensa imponer bandas de protección a los granos básicos y en lo cual no está de acuerdo, debe mantener esa protección desmesurada ante el resto del área.

La pregunta que debemos formularnos es ¿si nos conviene que 3 millones de costarricenses paguemos forzadamente un mayor precio por el arroz, a cambio de una enorme protección para unos cientos de nacionales que lo producen o industrializan? ¿No será que hay una gigantesca transferencia de recursos de muchos hacia pocos? ¿No será qué, siendo el arroz, tan importante en la dieta de los costarricenses, en especial de los pobres ̶ a quienes hasta ahora algunos apenas descubren ̶ esa protección les obliga a ser aún más pobres de lo que podrían ser?

Tan absurda decisión del MAG debe ser expuesta ante el país, pues, dada la apertura comercial en que estamos involucrados, todos los sectores económicos deben sujetarse a reglas uniformes y no a nichos de privilegio. Como dice James Bovard, en su libro The Fair Trade Fraud, “El proteccionismo significa una expropiación parcial automática de los (colones) de los compradores. La pregunta fundamental acerca del proteccionismo es: ¿Quién deberá pagar el precio por la carencia de competitividad de una empresa?” (p. 316). Llegamos así al meollo del asunto: ¿por qué todos los costarricenses tenemos que pagar por las utilidades de algunos ineficientes?

[Elisa]

1992-10-26-LIBRE COMERCIO EN NORTEAMÉRICA

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LIBRE COMERCIO EN NORTEAMÉRICA

La Nación, 26 de octubre de 1992.

Tras catorce meses de deliberaciones, el pasado 12 de agosto concluyeron las negociaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Se abre así la vía al mercado comercial más grande del mundo: no sólo esa región posee un producto interno bruto de casi 7 billones de dólares y una población de más de 360 millones de personas, sino que también su formación augura un fuerte crecimiento de las economías firmantes del acuerdo, que se espera entre en vigencia a mediados del año entrante.

Si bien no se conoce la totalidad del tratado, lo cual permitiría efectuar un análisis más extenso, posee varias características importantes de resaltar. En primer lugar, es un acuerdo comercial comprensivo, al cual no sólo se incorpora al comercio libre de bienes manufacturados, sino también la eliminación de regulaciones a la inversión; introduce derechos de propiedad y competencia en el amplio sector de los servicios, además de normativas para la solución de disputas y puesta en práctica de medidas de salvaguardia.

En segundo término, en tanto México de inmediato puede exportar libre de trabas y aranceles un alto contenido de su producción, gradualmente irá desmantelando relativamente los pocos elementos proteccionistas aún existentes en su economía, de manera que en aproximadamente cinco años un 75 por ciento del comercio global de la zona estará libre de barreras comerciales. En tercer lugar, se introduce una desgravación más lenta para ciertos productos considerados como sensitivos en los tres países, de manera que, por ejemplo, tomará 10 años la eliminación total del arancel en los Estados Unidos para vegetales mexicanos y 15 años en el caso de concentrados de jugo de naranja. Esto indica un deseo de los países de lograr un ajuste gradual, pero muy definido, de la producción interna ante la competencia de sus socios comerciales. En todo caso, un alto nivel de la producción de las tres naciones disfrutará, desde el inicio del acuerdo, de un acceso irrestricto a todo el mercado regional.

La firma de este tratado tiene enorme importancia para nuestro país, no sólo desde el punto de vista de que hace inevitable intensificar los esfuerzos internos para modernizar nuestra economía, sino porque también debe tomarse en cuenta el posible surgimiento de efectos nocivos a corto y largo plazo sobre nuestro país.

Es lógica la aprensión de que, ante el ingreso totalmente libre de barreras arancelarias a la importación mexicana en el mercado estadounidense, se desplacen algunas de nuestras exportaciones más importantes, como es el caso de la confección de ropa ̶ rubro de enorme valor para nuestro país ̶ así como el de azúcar, pues México sustituiría a nuestra actual exportación a los Estados Unidos bajo acuerdos preferenciales. El efecto no sólo podría afectarnos en el corto plazo, sino que la inversión, en el caso concreto de la confección, que en los últimos años ha fluido hacia nuestro país en montos significativos, podría optar por ubicarse en México, dado que el costo de su mano de obra es también relativamente bajo, además de que podría hasta considerar abandonar su operación en el país, dado el acceso irrestricto que ahora va a tener la exportación mexicana.

La posibilidad de una desviación del comercio y la inversión hacia México, en vez de Costa Rica y del área en general, como resultado del acuerdo en referencia, se ha reflejado en la petición que recientemente formuló don Miguel Ángel Rodríguez para que el tratado, que en ese momento aún se negociaba, considerara una cláusula de adhesión, por medio de la cual los países integrantes del programa de acceso libre de aranceles al mercado de Estados Unidos, conocido como Iniciativa para la Cuenca del Caribe, pudieran incorporarse, con relativa rapidez, al nuevo acuerdo de libre comercio de Norteamérica.

Ante este acontecimiento tan importante y dada la decisión de nuestro país de integrarse a plenitud a un comercio libre, el camino a seguir parece indicar que es vital acelerar el proceso de apertura de nuestra economía para satisfacer los criterios que permitan la inserción de Costa Rica a ese mercado de 360 millones de personas. Tal decisión implica no sólo intensificar las negociaciones al amparo del Plan Bush, para llegar a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, sino también firmar pronto un arreglo similar con México.

En el primero de estos casos, debe tenerse muy presente que un tratado comercial con Estados Unidos se requiere que sea “comprensivo”, dado el interés manifiesto de esa nación por suscribir sólo acuerdos que comprendan una gama amplia de bienes y servicios y otros elementos de materia comercial y no sólo el antiguo concepto de libre comercio únicamente de mercancías. La pregunta que los costarricenses debemos formularnos es si el país está preparado y en buena disposición de dar paso tan trascendental y así llegar a negociaciones comerciales en áreas tan amplias como las propuestas.

En cuanto al acuerdo de libre comercio con México, resulta fundamental llegar pronto a una negociación adecuada con ese país, pues no sólo es de esperar que el mayor crecimiento de la economía mexicana, a consecuencia de la ampliación de su mercado hacia las otra naciones del Norte, genere un aumento de importaciones provenientes de nuestro país y de otras naciones, sino que, además, podría constituirse en un paso muy importante para tener acceso al mercado ampliado de Norteamérica, así como para atraer inversión complementaria, que le supla de insumos para su exportación final a sus otros dos grandes socios comerciales.

La decisión de Costa Rica debe ser rápida, que no esté en función del posible atraso de otros países del área, sino de nuestra habilidad para negociar y llegar a acuerdos, lo que permitiría mitigar cualquier efecto negativo sobre nuestro país por la decisión trascendental de tres naciones ̶ Canadá, Estados Unidos y México ̶ de integrar el mercado comercial más importante de la tierra y del cual debemos formar parte.

[Elisa]

1992-11-02-RECAÍDA EN EL ERROR

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RECAÍDA EN EL ERROR

La Nación, 02 de noviembre de 1992.

La Gaceta del 17 de diciembre posee un decreto del MAG que se las trae. Introduce limitaciones a la importación de productos animales, que, bajo la apariencia de proteger al consumidor, lo que hace es forjar una clara barrera no arancelaria. Veamos la esencia del decreto:

En primer lugar, la importación de productos de origen animal –algo de por sí sumamente amplio– debe traer un certificado sanitario expedido por autoridades del país exportador que sea regido por “normas equivalentes a las que regulen el sistema de inspección veterinaria de Costa Rica, en cuanto a la organización administrativa, en lo técnico y en lo jurídico”. Y en segundo término, sólo podrá importarse de “países cuyos sistemas de inspección sanitaria hayan sido previamente evaluados y aprobados por Costa Rica…” y ”…sacrificados y procesados en establecimientos registrados y aprobados por nuestro país”.

¿Qué significa todo esto? Por ejemplo, si tan sólo las más o menos 5.800 plantas de procesamiento aprobadas en Estados Unidos desean exportar a Costa Rica, cada una de ellas queda sujeta a normas equivalentes a las de Costa Rica en cuanto a organización de las empresas, en lo técnico y en lo legal, de manera que imponemos nuestro criterio en todo el mundo sobre lo que debe ser una planta procesadora. La pregunta que uno debe hacer es: ¿no hay una forma más apropiada, menos burocrática, que incite menos la dádiva en la aprobación de permisos y en donde no se sujete al consumidor al vaivén e interés particular de autoridades nacionales, que la decretada por la burocracia costarricense? La simple aprobación en el país de origen, en donde sus ventas internas se regulan sanitariamente para proteger a sus consumidores, debe bastar.

¿Y la segunda restricción? Aquí es más evidente el deseo proteccionista de respaldarse en restricciones no arancelarias al comercio. El sistema de inspección sanitario de cada país queda sujeto a nuestra evaluación y aprobación y cada una de las plantas procesadoras debe ser aceptada por la burocracia costarricense. La viajadera al exterior del inspector y aprobador nacional se la va a desear cualquier Ministro de Relaciones Exteriores. ¿Cómo es posible que el Ministerio de Agricultura saque un decreto como éste y que, se supone, va en contraposición a la posición expresada por el Presidente de la República a favor de un comercio realmente libre? Sólo queda una conclusión posible de este decreto: ¡pobre consumidor nacional, cuánta barbaridad se comete en nombre de su protección!

[Elisa]

1992-11-06-EL SALARIO DEL DIPUTADO

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EL SALARIO DEL DIPUTADO

La Nación, 06 de noviembre de 1992.

Un diputado me comentó que cualquier vendedor ganaba en comisión más de lo que recibía un congresista y por ello pedían aumentar su sueldo. Esto puede ser cierto, le respondí; aunque, el vendedor posiblemente da un servicio que el usuario está dispuesto a pagar, mientras que la ciudadanía difícilmente aceptaría un aumento a quien miraba como que no cumplían con sus obligaciones. ¡Hasta allí llegó la conversación!

En cierta forma ha sido una suerte para el país que la obsesión mercantil de cierto (o ciertos) diputados les llevara a lo que juzgamos es una inmoralidad, al alterar documentos públicos para lograr un alza mayor de su sueldo, pues así nos podemos referir al tema más amplio de la posibilidad de que esas personas legislen en beneficio propio, así como acerca de la necesidad de arreglar sus salarios al paso del tiempo.

La propuesta del diputado Miguel Ángel Rodríguez parece adecuada: prohibirles legislar en beneficio propio y diseñar un mecanismo de aumento salarial ajustado a la inflación.

Sin embargo, la propuesta debe contener elementos que no estimulen el abuso. En este caso, se ha sugerido que algún ente administrativo de la Asamblea determine el aumento salarial con base en la inflación del año previo; no obstante, esta idea tiene un problema: el simple ajuste por la inflación no constituye un incentivo para que esos mismos diputados se preocupen por frenar el aumento de los precios. Esto es, si el año anterior los precios crecieron en un 25 por ciento, ello no les importa porque automáticamente sus salarios suben en tal porcentaje.

La inflación surge por un excesivo aumento monetario causado por el Banco Central. Sin embargo, políticas dispendiosas del gasto público, en mucho originadas en la Asamblea Legislativa, dan lugar a que se eleve la emisión de dinero. Entonces, ¿por qué no estimular que los diputados luchen contra la inflación, si su sueldo no aumenta en la misma proporción en que lo hace la inflación?

La propuesta mencionada podría contener una cláusula como ésta: el aumento en el salario del diputado será inferior en una cuarta parte del aumento de la inflación, cuando sea superior al 5 por ciento. De esta forma, si la inflación es de un 10 por ciento, el aumento sería sólo de un 9 por ciento; si llega a un 25 por ciento, el incremento se elevaría en sólo un 20 por ciento. Si mi redacción no es la mejor, en la Asamblea hay buenos redactores que podrían tomar la idea básica y expresarla con mayor sencillez, pero, ¿verdad que así todos los diputados se verían muy estimulados para luchar contra la inflación?

[Elisa]

1992-11-22-COMPENSACIÓN DE SUBSIDIOS

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COMPENSACIÓN DE SUBSIDIOS

La Nación, 22 de noviembre de 1992. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 205-206.

Con frecuencia uno oye el argumento de que debe ponerse un arancel a la importación subsidiada en el exterior, porque el menor precio, que gracias a esos subsidios pueden cobrar en el mercado mundial, quebraría a nuestro productor, quien no logra algo similar que le faculte competir en igualdad de condiciones.

La premisa esencial del argumento del arancel compensatorio sugerida por algunos sectores nacionales es que el precio mundial resulta, por el subsidio, inferior a lo que debería ser, por lo que debe eliminarse dicha distorsión en el comercio, con una compensación que evite la competencia desleal. Para referirme al tema, haré uso de un estudio que me dio el colega Rigoberto Stewart, el cual analiza empíricamente si los subsidios a ciertos bienes agrícolas en Estados Unidos en efecto dan lugar a una reducción de sus precios mundiales. Ese programa está en función del área sembrable que se deja sin cultivar, de producción que no se efectúa, de los precios de sustentación y de los rendimientos.

El artículo de Eric O´N. Fisher y Harry de Porter en la revista American Journal of Agricultural Economics de mayo de 1992, titulado “Los Efectos Internacionales de los Subsidios Agrícolas de los Estados Unidos”, analiza sus alcances sobre la exportación, producción y precios del maíz, algodón, arroz y trigo y concluye que, más bien, de quitarse los programas de subsidios, la producción y la exportación se elevaría y habría una reducción de los precios internacionales, comparada con la situación vigente. Por ello, si buscan consistencia, los grupos internos que piden aranceles que compensen los precios subsidiados inferiores, deberán, al menos, alegrarse de esa distorsión que tanto les favorece.

Esos efectos de los subsidios surgen al provocar, por una parte, que fincas de bajo rendimiento resulten ser privadamente rentables y, por otra, que la parte dominante del programa de subsidios es la obligación de dejar sin sembrar cierta parte de la tierra, lo cual se traduce en reducciones de la oferta agrícola. Lo anterior nos muestra que en todo esto hay un juego de búsqueda de rentas por esos agricultores, de todo tamaño y productividad, con el fin de apoderarse de subsidios.

Los resultados cuestionan la idea de poner un arancel compensatorio a la importación de ciertos bienes agrícolas (lo cual deberá evaluarse empíricamente), pues los programas vigentes de subsidios de los Estados Unidos más bien dan lugar a mayores precios en el mercado internacional, los que reducirían si aquellos fueran abolidos.

[Elisa]

1992-11-30- PROFETAS DEL APOCALIPSIS

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PROFETAS DEL APOCALIPSIS

La Nación, 30 de noviembre de 1992.

Usted pudo leer sus columnas permanentes u ocasionales en medios escritos y verlos en televisión: la victoria de Clinton en la elección presidencial de Estados Unidos significaba el fin del “neoliberalismo”, como esos vates suelen llamar a esa modernización de la economía que muchos costarricenses nos hemos empeñado en llevar a cabo.

Hay una expresión en inglés que resume la actitud de esos agoreros del final del mundo: “wishful thinking”, que quiere decir en nuestra lengua, “creencia deseada o movida por el deseo”. A los adivinadores se les ocurrió que el resultado de esa elección significaba una variación radical a favor del estatismo conservador en el cual sí creen, y que, extrapolado a nuestro medio latinoamericano, Clinton pararía toda esa cosa de liberalización comercial, de tratados de libre comercio, de privatización de actividades públicas, de eliminación de distorsiones, de reformas a programas sociales que no favorecen a quienes se supone van orientados, mas la verdad parece estar en que son esos zahoríes quienes desean que así suceda y para ello asumen que el Partido Demócrata de hoy es el mismo de la depresión de los treintas y de los años de Kennedy y no el que reacciona contra el poder en Washington.

Aún no estaba frío el cadáver de la elección de los Estados Unidos, cuando Clinton, quien sí fue ambiguo durante la campaña con respecto al acuerdo de libre comercio con México y Canadá, le aseguró al presidente mexicano Salinas de Gortari, que el acuerdo seguía vigente, aunque tomaría medidas internas para, en su criterio, mejorarlo, como eran más ayudas a obreros desplazados –que estaba contemplado en el gobierno de Bush– así como más estrictas reglas ambientales, lo cual parece afortunado. Esto no es tirar por la borda ningún “neoliberalismo”, pues, si bien Clinton variará algunas cosas, no parece tratarse de que ha llegado el fin de esta historia.

Este mismo deseo de enterrar ideas de modernización económica se refleja en una ligera aseveración hecha, cual es el Gobierno de Japón se ha plantado ante el Banco Mundial, para que se prosiga con los subsidios y la protección, cuando ello es falso, pues el gobierno japonés nunca se ha pronunciado al respecto, más si una agencia muy particular de ayuda externa de ese país, que es otra cosa.

Parece que esos muertos que los conservadores matan siguen con vida, pues todo lo que hay aquí es una creencia en lo que ellos desean que suceda: parece que hay mucho rato para ideas “neoliberales” en nuestro continente y en el mundo moderno, urbi et orbi.