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Tema: Artículos publicados en Diario La Nación 1990-1999

  1. #121
    1992-06-19-PRECIOS EN EMPRESAS PÚBLICAS

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    PRECIOS EN EMPRESAS PÚBLICAS


    La Nación, 19 de junio de 1992. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 173-174.

    Se ha hecho lugar común la afirmación de ciertos funcionarios públicos de que se controlará los precios de aquellos bienes que son producidos en condiciones monopólicas y oligopólicas –esto es que los producen una o pocas empresas– pues fijan precios mayores de que los que resultarían en un mercado competitivo.

    Este argumento es disputable, pues el control de precios no sólo podría originar consecuencias peores que las provocadas por un monopolio u oligopolio, sino que también en el análisis económico moderno hay explicaciones más fructíferas que la de una dualidad monopolio/ competencia, las cuales enfatizan la naturaleza de los mercados contestarios (“contesting markets”), que dan al traste con mucho del afán controlista. Sin embargo, ese tema lo dejo para nuestra aula universitaria y acepto, con el fin de la argumentación que luego presentaré, que es función propia del Estado controlar el precio de los monopolios.

    Me da la impresión de que en Costa Rica los monopolios de hecho más notables son los servicios públicos; por ejemplo, entre otros, la provisión de electricidad, de agua, de teléfonos y de combustibles. Se supone que el Servicio Nacional de Electricidad –diz que para proteger al consumidor– fija los precios de venta a esos productos para lo cual toma en cuenta, entre otras cosas, el costo de la materia prima importada, de las obligaciones, donde muchas están en dólares, de los intereses de esas deudas y el costo de reposición de la maquinaria usada en la producción.

    En los últimos meses hemos observado una fuerte declinación del precio del dólar –descenso que me parece no continuará por mucho tiempo– al cual, por ejemplo. RECOPE debe haber adquirido mucha de su materia prima importada, que significa la mayor parte del costo de sus productos. Por la misma razón, las altas obligaciones en dólares que tienen el ICE y el SNAA (y RECOPE) se han visto reducidas, tanto en su principal, como en sus intereses, esto último por la rebaja del principal medido en colones y por la caída internacional de los tipos de interés. También, en colones, se debe haber abaratado el costo de reposición de la maquinaria e incluso el costo de los proyectos en marcha.

    Todo lo anterior quiere decir que el beneficio, aunque sea temporal, de la revaluación del colón se debería traducir en una rebaja en el precio de los servicios que pagamos todos los costarricenses, a no ser que el Gobierno quiera seguir usando esas entidades como fuente de impuestos, aunque con ello ponga en peligro –aún más– nuestra competitividad externa e interna.

    Tres preguntas que surgen son: ¿qué está haciendo el SNE para obligar a esos verdaderos monopolios a reducir los precios que nos cobran a los administradores?, ¿por qué están tan calladitos los monopolios a que he hecho mención?, ¿por qué el Gobierno no baja los precios de sus monopolios e impide que sigan siendo la caja chica tributaria?

  2. #122
    1992-06-27-CONTAMINACIÓN Y USO DEL MERCADO

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    CONTAMINACIÓN Y USO DEL MERCADO


    La Nación, 27 de junio de 1992.

    Nunca el mercado lo ha sido “todo”, creencia que algunos de sus opositores se regocijan en enrostrar a quienes vemos en él un aliado útil para el ser humano. Al proponer el uso del mercado para resolver problemas ambientales, asumo el riesgo de que juzguen de que se trata de una expresión de idolatría.

    Por ejemplo, para reducir la emisión de aire tóxico, un sistema de incentivos basado en el mercado parte de definir cuánto se debe contaminar, como resultado de comparar el costo de disminuir la contaminación con el beneficio para la sociedad como un todo. Basado en algún grado de equidad, a las empresas contaminantes se les da derechos, ya sea para usarlos como permiso para hacerlo o para reducir su contaminación, al tiempo que venden el excedente como permiso a terceros. Este sistema faculta que empresas que tienen menor costo de control de la contaminación, tengan un incentivo para emplearlo, mientras que las que poseen un elevado costo de disminución de la contaminación compren los derechos para hacerlo. Además, logra que a largo plazo se estimule producir tecnologías que controlen más eficientemente la contaminación.

    Veamos un ejemplo del sistema. Suponga que se quiere reducir 10 toneladas de emisión contaminante para lograr un objetivo ambiental. Asuma que hay dos empresas que contaminan el aire y que la firma 1 posee un costo de reducción de la contaminación de ¢100.000 la tonelada, mientras que la empresa 2 tiene uno de ¢200.000 la tonelada. Si tuvieran que reducirlas por el sistema de control, cada una tendría que hacerlo en 5 toneladas a un costo de un millón y medio. Suponga, por el contrario, que bajo el sistema de mercado a cada firma se le dan derechos de contaminar 5 toneladas, con lo que la empresa 1 ̶ la de menor costo de contaminación ̶ vende a la 2 sus derechos a un precio de, por ejemplo, ¢150.000 la tonelada.

    Ante esto, la planta 1 reduce la emisión en las10 toneladas requeridas al costo de un millón de colones, pero gana ¢750.000 por la venta de derechos a la empresa 2; o sea, tiene un costo neto de ¢250.000. A su vez, la firma 2 paga ¢750.000, que es menor al millón que le costaba reducir las 5 toneladas. El costo total es ahora de ¢250.000 para la empresa 1 más ¢250.000 de la 2, lo cual es menor al millón y medio que costaba bajo el sistema de control.

    El mercado puede ser útil y tal estrategia se está poniendo en práctica en los Estados Unidos con las reformas de 1990 a la Ley sobre Aire Limpio. Ahora, a esperar los resultados.

  3. #123
    1992-06-30-FALTAN CASI DOS AÑOS

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    FALTAN CASI DOS AÑOS


    La Nación, 30 de junio de 1992.

    Persisten obstáculos que los empresarios nacionales enfrentan en los mercados internacionales, a causa de políticas gubernamentales que de manera artificial elevan sus costos. Una vez ya definida la reducción arancelaria, es indispensable que el Gobierno reduzca o elimine tales distorsiones.

    Entre ellas se requiere llevar a la práctica reformas impostergables al aparato estatal, cuya ineficiencia eleva nuestros costos.

    Uno de los problemas más infortunados en nuestro proceso de integración al comercio mundial, causa de que, en el istmo, Costa Rica en cierto momento perdiera su liderazgo aperturista fue el impasse de casi dos años entre la desgravación arancelaria de un 40% y la decisión de profundizarlo a un 20%, a pesar de los esfuerzos ingentes que para lograrlo realizó el Ministerio de Comercio Exterior. En mucho se debió a que el desorden fiscal heredado requirió de un esfuerzo ordenador de los nuevos administradores, quienes así no pudieron dedicar mayor tiempo a mejorar nuestra apertura comercial.

    Ahora no podemos darnos el lujo de esperar que sea un nuevo gobierno, el cual actuaría hasta dentro de dos años, el que lleve a cabo aquellas reformas impostergables que aseguren a nuestro empresario un grado adecuado de competitividad. Las reformas al Estado y a sus políticas económicas no pueden posponerse por dos años; la reforma aduanera y portuaria no puede postergare por dos años; la revisión de las cargas sobre el factor trabajo –supuestamente abundante en el país y artificialmente encarecido por numerosos tributos– no puede diferirse por dos años; la liberalización en sectores agrícolas claves, como lácteo, azucarero, ciertos granos básicos y otros sujetos a restricciones no arancelarias, no puede diferirse por dos años; reformar leyes bancarias y monetarias anticuadas no puede aletargarse por dos años; eliminar un obsoleto control de precios no puede hacerse arrastrando los pies por dos años más: se podrían enumerar muchas distorsiones que rigen en la economía y que entraban nuestra total incorporación al comercio mundial y con ello impiden disfrutar en mayor grado de los frutos plenos del libre comercio.

    Para impulsar estas reformas es fundamental que haya un sector empresarial que tenga muy claro que, más que la inmediatez político-electoral, es indispensable que el país tenga un régimen comercial diáfano, que no le impida competir eficientemente con los empresarios del resto del mundo. No debe guardarse silencio ante la inacción del Gobierno y ante esa oposición de “porque sí” que realizan ciertos sectores de un partido político que se sabe cuál es.

    Aún faltan casi dos años de gobierno para aletargarse en la acción, creyendo que ya se debe disfrutar de la miel de un triunfo que aún está lejano y, como toda aventura humana, hasta incierto.

  4. #124
    1992-07-06-BUENA Y MALA ECONOMÍA

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    BUENA Y MALA ECONOMÍA


    La Nación, 06 de julio de 1992.

    Dos referencias a acontecimientos recientes le sirven a un profesor de Economía para examinar a sus estudiantes: es a lo que el maestro de ese campo se refiere como buena y mala economía.

    El diputado Reynaldo Maxwell Kennedy de Liberación Nacional presentó una enmienda al proyecto de ley de tránsito, la cual permite que cualquiera –sujeto a requisitos mínimos ̶ pueda ejercer el trabajo de taxista; esto es, que no exista limitación a la circulación de taxis sino que haya libre acceso a esa labor, como sucede con muchos otros oficios. Lamentablemente a la propuesta del diputado Maxwell no le han corrido buenos vientos, pues no tuvo apoyo en colegas del gobierno –sí, los mismos que proponen la liberalización y eliminación de restricciones a la libre participación de las personas en el mercado– así como entre miembros de su bancada –donde unos están por la liberalización, pero otros por mantener privilegios– de manera que la suerte del proyecto podría estar en definir un programa gradual, establecido en la ley, de crecimiento de la oferta de permisos, para terminar totalmente con el actual privilegio en, digamos, cuatro o cinco años.

    Lo interesante –en lo económico– de la participación del diputado Maxwell es que señaló que la mejor muestra de que con el actual régimen no se satisfacen las necesidades del consumidor, es que existe una gran oferta subterránea de taxis piratas, cuyo servicio lo demandan las personas. La restricción actual a la operación del mercado es clara; el daño al consumidor es evidente; la limitación de la oferta es notoria: el diputado Maxwell aprobó mi curso de Economía.

    Por contraste, léase lo escrito en el periódico La Nación del día 1º de julio: “El mercado libre (del café), que se puso en marcha el 3 de julio de 1989, hizo que se suscitara una sobreoferta mundial del grano y, por consiguiente, la gran disminución de precios”. Pero, ¿será cierto que “el mercado libre” fue el que suscito esa “sobreoferta”? Un buen estudiante de Economía respondería de otra manera: el alto precio logrado por el acuerdo cafetalero previo, hizo que se incentivara la producción de cada país (ante el deseo de venderlo a ese mayor precio en los mercados protegidos por el acuerdo), lo que generó esa sobreoferta del grano y lo cual se trajo abajo tal acuerdo. El mercado libre lo que ha hecho es mostrar esa realidad: un precio alto estimula la oferta, pero si ese precio surge al limitarse la operación de libre mercado dará lugar a la formación de excedentes que, tarde o temprano, provocarán una caída en los precios.

    La opinión del periodista induce a culpar al mercado libre por esa caída de precios, pero fue el mercado restringido bajo el anterior acuerdo el que dio lugar a la formación de excedentes del grano. Lo lamentable es que más de uno culpa a las cobijas por el frío. Mala economía: no aprueba mi curso.

  5. #125
    1992-07-08-SEÑALAMIENTO OPORTUNO

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    SEÑALAMIENTO OPORTUNO


    La Nación, 08 de julio de 1992.

    En el reciente congreso de industriales, el Ministro de Economía, Gonzalo Fajardo, formuló una petición de apoyo al sector privado allí reunido, para que se puedan llevar a cabo ciertas políticas económicas importantes, en el proceso de eliminación de distorsiones que afectan negativamente a nuestra economía.

    Concretamente, pidió que el sector empresarial colaborara para crear un clima adecuado que estimulara la privatización del Instituto Nacional de Seguros y de RECOPE, dos monopolios estatales que deberían sujetarse a la restricción de la competencia y a las reglas de eficiencia que naturalmente se dan en el sector privado.

    El tema de la privatización en Costa Rica ha decaído con el paso del tiempo. El Ministro Fajardo lo trae al tapete de la discusión, en condiciones que, considero, permiten evaluar con más claridad las fuerzas políticas que, conservadoramente y con insistencia se oponen a la reforma. Si el Gobierno solicita el apoyo del sector privado para esta gestión y si, se supone, que el sector privado está de acuerdo con privatizar esas entidades, entonces, debe ser porque algún grupo de importancia política se opone a proceder en ese sentido.

    Llama la atención que se diga en diversos medios que el partido Liberación Nacional no se opone a privatizar FERTICA y CEMPASA, pero el hecho es que esas dos empresas estatales a la fecha siguen tan campantes como Johnny Walter. ¿O es que el Gobierno realmente no quiere su privatización y nos engaña o bien que Liberación Nacional es quien en verdad se opone, aunque nos cuente otro cuento, al no dar los votos requeridos en la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto que permitiría esa privatización?
    Da la impresión de que en Liberación hay personas que están de acuerdo con profundizar la privatización de entidades estatales, pero antes se oponen por razones meramente electoreras, al considerar que es mejor hacerlo bajo un gobierno políticamente a fin. Este es un error, como lo es oponerse a la privatización porque podrían caer en manos extranjeras, al mismo tiempo que esos mismos chauvinistas claman porque aumente la inversión externa en nuestro país. El llamado del Ministro Fajardo es oportuno y el sector privado debería ser bien claro en su posición, recordando públicamente a los grupos políticos que adversan esa privatización adónde es que radica la conveniencia nacional. No parece apropiado criticar al Gobierno porque no profundiza la privatización, al tiempo que no se le pide cuentas a quien en verdad obstaculiza el proceso. El pedido del ministro Fajardo debe ser atendido y bienvenido, si es que, de veras, se quieren eliminar distorsiones que obstaculizan nuestro progreso en el nuevo marco comercial.

  6. #126
    1992-07-20-EXPLICA Y PREDICE

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    EXPLICA Y PREDICE


    La Nación, 20 de julio de 1992.

    En lo que espero sea un último capítulo, pues el costo de oportunidad se hace cada vez más alto, en el intercambio de opiniones que sobre la metodología de la economía he sostenido con don Francisco Escobar, él concluye (La Nación, 28 de junio de 1992, p. 14) que esa disciplina explica, pero no predice, lo cual es ya un considerable avance de su posición inicial en donde “ponía abajo todos los modelos económicos”.

    Ahora don Francisco acepta que la economía como disciplina científica puede explicar, más no predecir, pues arguye que la teoría explicativa del mercado depende de “preferencias, gustos y utilidades introspectivas” de las personas, las que son cambiantes y que, al no ser estables, no permiten predecir comportamientos futuros con base en una rigurosa exactitud, como la que, por ejemplo, postularía la ley de conservación de la materia.

    Es interesante la reducción de la economía a la psicología que hace don Francisco, pues bastaría con formular hipótesis acerca de cómo se forman las preferencias, gastos o utilidades para predecir el comportamiento humano y, con base en esas hipótesis, hacerlo con algún fenómeno aún no observado. La economía y la psicología estén muy relacionadas, pero no es asunto propio de la economía explicar cómo es que surgen esas preferencias.

    Me imagino que don Francisco conoce bien la ley de los grandes números y la campana de Gauss, que son bases sobre las cuales es posible hacer inferencias económicas, a partir de la individualidad de cada ser humano. Si un precio sube, es de esperar que disminuya la cantidad demandada de ese producto, aunque puede haber algún individuo –un “snob” si se quiere– quien más bien aumentaría su cantidad demandada ante la supuesta alza del precio. Pero, en los grandes números, el comportamiento esperado es lo primero, según la apreciación teórica de la economía, que posiblemente no sea, ni más ni menos, que una explicación acerca de una conducta observada.

    No me extenderé sobre el asunto de descripción y no predicción, pero –como ángel caído del cielo– le recomienda la lectura de un reciente artículo de don Alberto Di Mare, ¿Predicción o explicación?: La ciencia, ¿explica o predice? (La Nación, 4 de julio de 1992, p. 15), así como el que allí nos anuncia que pronto publicará, si bien sería aún mucho más beneficioso leer un genial ensayo de ese pensador, “Principios de morfología económica”, en Acta Académica de mayo de 1991, en el cual explica que la economía “nunca podrá quedarse como mera ciencia explicativa, pues es la ciencia de la verificación, esto quiere decir que sus generalizaciones deben ser falsificables, es decir, que debe mostrarse cómo la realidad, de no ser verdadera la generalización, la contradiría y pondría de manifiesto su falsedad” (p. 19). En resumen, así es como se supone separamos la paja de arroz.

  7. #127
    1992-07-21-PREDICCIONES OMINOSAS

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    PREDICCIONES OMINOSAS


    La Nación, 21 de julio de 1992. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 27-28.

    Hace mucho tiempo, ante lo que parecía una inminente devaluación del colón, escribí un artículo para La Nación, el cual, antes de publicarlo, se lo leí a mi amigo Alberto Di Mare. El título era “Devaluado el tipo de cambio”, lo que bastó para que don Alberto me llamara la atención sobre el daño que un título como ese podría causar al país, en especial cuando el gobierno –no afecto a mi conocido color político– no había decidido ajustar la moneda. Don Alberto opinó que, antes de fustigar al opositor, con todo y que lo merecía, había por delante un interés nacional. Sabio fue el consejo recibido y aceptado.

    Últimamente he observado cierta conducta en algunos economistas que no parece conveniente. Cuando el Banco Central introdujo una nueva forma para determinar el tipo de cambio, que sustituía a la predecible y cajonera minidevaluación por un mayor papel del mercado, los profetas no dudaron en augurar que el tipo de cambio “se dispararía” hacia arriba. Sin embargo, sucedió lo contrario: el colón se revaluó, aunque en esos mismos momentos aseveraron que el tipo de cambio “seguiría bajando”, pero, poco después, empezó a subir.

    Cuando se introdujo el nuevo mecanismo cambiario se le criticó porque se dijo que se liberaría, pero, en otro documento, se hablaba de una flotación sucia: ¡gran cosa! Hace poco hubo quejas de que el Banco Central no detallaba sus reservas netas; sin embargo, tampoco lo hicieron cuando, durante mucho tiempo, fueron altos funcionarios de ese mismo banco. Que yo sepa, desde que me he dedicado a estos trajines, nunca el Banco Central ha dado esas cifras para evitar que se especule contra el tipo de cambio.

    Hace poco don Eduardo Lizano, quien sí es un economista serio y responsable, enfatizó que el régimen cambiario, con ciertas reformas menores, aparecía como lo más adecuado en la circunstancia actual. Pues ahora ciertos profetas del negativismo, olvidando que después de la guerra todos los soldados son generales, se quejan porque el Banco Central no redujo a tiempo los tipos de interés, lo que habría evitado un gran influjo de capitales.

    Algo parecido sucede con ciertas cifras divulgadas sobre exportaciones, en donde se asume que ¡se van a reducir en los próximos meses!, para de allí anunciar cierto panorama difícil en la futura situación cambiaria. Tan extraños son los datos que sólo los ingresos del primer semestre de divisas provenientes del turismo son superiores a las que esas predicciones negativas señalan para todo el año 92.

    Como lo muestra una reciente encuesta, el sector empresarial nacional está muy optimista ante las perspectivas económicas y no es con cuentos, como de chorizos en el tipo de cambio posiblemente porque algunos siguieron malos consejos, como se va a crear una sicosis de que en nuestra economía hay “incertidumbre y desconfianza”. Lo deseable es que estos señores de las prédicas ominosas disciplinen sus ambiciones de recobrar poder político, pues difícilmente ello se logra con base en especulaciones fantasiosas y llenas de ilusiones de fracasos, aunque con ello se lleven en banda a todo un país.

  8. #128
    1992-07-28-LIBERTAD Y SOLIDARIDAD

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    LIBERTAD Y SOLIDARIDAD


    La Nación, 28 de julio de 1992. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 229-230.

    Hace pocos meses don Miguel Ángel Rodríguez produjo un valioso libro que lleva el nombre de este comentario. Don Miguel Ángel ha sido capaz de presentar sus ideas en un lenguaje sencillo, más no por ello ajeno de enorme profundidad, contribuyendo así a decidir el rumbo institucional de nuestra red de solidaridad social durante los próximos años.

    No sé si los lectores han notado cómo últimamente ha aumentado la preocupación por la pobreza en Costa Rica. Lo raro es que se ha querido dar a entender que es un fenómeno reciente, cuando –ganarás el pan con el sudor de tu frente– siempre ha estado enquistado entre nosotros. Bien puede ser que la intención de esas personas provenga de una aversión mórbida a lo que se ha llamado ajuste estructural, más que por una verdadera preocupación acerca de cómo lograr la riqueza de las naciones, pero, que así lo sea, no es óbice para que hagan buen uso del libro de don Miguel Ángel… que, además, está escrito “en sencillo”.

    Sus sugerencias no son totalmente originales y él así lo indica: si algo aprende uno en la vida es que poco es nuevo y mucho lo que se ve agregando a un enorme cúmulo de conocimientos, pero tienen la virtud de ser sugeridas en el contexto nacional. Así, don Miguel Ángel propone, como parte de la gran reforma educativa que está “cayéndose” en nuestro país, que la educación pública se descentralice para asegurar una mayor participación de los padres y una sana competencia con base en la excelencia académica de diferentes centros educativos. La propuesta está lejos de la posibilidad de que las familias, con recursos sociales, paguen directamente la enseñanza de sus hijos (un sistema de “voucher” como se conoce en la jerga de los economistas) pero no hay duda que va en la dirección correcta requerida por el país. También trata de los temas de pensiones, salud y atención hospitalaria.

    Asimismo, don Miguel Ángel señala la importancia que tiene focalizar el gasto público directamente a los pobres, en vez de políticas obsoletas por las que subsidios generalizados eran capturados por las burocracias o por quienes no los necesitaban. Ya se han dado pasos en este sentido y debe apoyarse el esfuerzo que actualmente se realiza, si bien debe impedirse, por un lado, que los programas se politicen, pero, al mismo tiempo, que se revierta al social-estatismo de años previos.

    Hay muchas otras ideas en este libro de don Miguel Ángel que merecen extensos comentarios. Cuando se presentó al público, distinguidos intelectuales elogiaron la solidez de su pensamiento y el comentarista don Rodrigo Tormo no escatimó su aprecio. Creo que muchas personas interesadas en los temas sociales obtendrán un enorme beneficio de su lectura, pues, como lo dice don Miguel Ángel, “no todo está dado o ensayado” y, en este campo, como en muchos otros del quehacer humano, se requiere desarrollar ideas e instituciones que efectivamente, y más allá de la palabrería barata, se traduzcan en un aumento del bienestar de todos los costarricenses.

  9. #129
    1992-08-11-SI NO HAY TRABAJO NO HAY PAGA

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    SI NO HAY TRABAJO, NO HAY PAGA


    La Nación, 11 de agosto de 1992.

    Generalmente cuando uno conversa con algún diputado acerca de la situación de la Asamblea Legislativa, nos asiente con énfasis en que está sumamente deteriorada y que hay que hacer algo para ese cuerpo no siga sufriendo la justificada crítica ciudadana.

    Algunos de ellos han ido labrando ciertos planes que, de ser puestos en práctica, alegan que harían expedito el trámite de la discusión y aprobación de proyectos, muchos de los cuales es necesario que sean aprobados con prontitud. Esos mismos diputados asienten que su esfuerzo va encaminado a retornar un justo respeto por la función legislativa ante los ojos del ciudadano, quien con razón no duda en calificarlos de vagos (palabra menos grosera que las que uno muchas veces escucha) por la falta de atención a la labor para la cual fueron elegidos, en vez de anteponer sus intereses y actividades privadas.

    La palmaria falta de asistencia en días recientes a las labores en el plenario de la Asamblea, contribuye a menguar aún más el casi inexistente prestigio en que el costarricense tiene a esa función. Cuesta explicarse cómo es que, después de varias semanas de vacaciones, los diputados no regresan a cumplir por lo que el pueblo les paga. Estos hechos inducen a las personas a creer que hay algo inherentemente malo en el proceso legislativo ̶ supuesta esencia de la democracia ̶ y por ello es que, quien piense que la solución a esa ineficiencia está, en parte, en ampliar el número de diputados, aunque sea lo cierto recibe el repudio ciudadano, quien no quiere ver más personas haciendo lo que se juzga que hacen: nada y por lo cual cobran y bastante.

    Igual suerte puede correr cualquier otra buena idea para remozar al Congreso y que nos recuerda aquella frase de la tira cómica Pogo. “Hemos visto al enemigo y somos nosotros mismos”. No se puede seguir suicidamente transitando por el mismo camino en que van 57 rostros que dicen hacer y que no hacen. No se juzgue duro a quien así piensa: el mal no está en las cobijas, sino en la propia incapacidad de los diputados para hacer lo que quien les paga cree que deben hacer.

    Propongo, como primer paso, que de ninguna manera, excepto por lo que la ley faculta a cualquier trabajador, se les pague el día en que no trabajen. Esto la gente lo entiende muy bien: si no hay trabajo, no hay paga. Si un diputado no quiere venir al plenario, que al menos no se remunere su ocio, su preferencia por su interés particular o por lo que sea. Tal vez así empiecen a decidir hacer bien las cosas.

  10. #130
    1992-08-16-SOBRE RESERVAS MONETARIAS

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    SOBRE RESERVAS MONETARIAS


    La Nación, 16 de agosto de 1992. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. 48.

    Quienes durante muchos años hemos insistido en la importancia de que las personas dispongan de información veraz acerca de las reservas monetarias internacionales del Banco Central, lo hicimos pensando en que no sólo eso es importante para tomar decisiones, sino también porque creemos que nuestro Estado no debería tener secretos frente a la ciudadanía.

    Ésta, mi verdad, viene a colación porque cierta persona considera que esa información es vital para el nuevo sistema cambiario caracterizado por una flotación sucia, en que el Banco Central interviene cuando se dan fluctuaciones en el tipo de cambio que juzga inconvenientes o desmesuradas, en tanto que el dato es relativamente irrelevante en el viejo sistema de minidevaluaciones, en donde, por una regla más o menos establecida el Banco Central ajustaba la paridad de la moneda.

    Esa apreciación resulta curiosa, pues supone que el Banco Central tendría conductas distintas ante, por ejemplo, una escasez de reservas, en los dos sistemas cambiarios. No es así. Con un régimen de minidevaluación, si las reservas descienden a niveles que juzga peligrosos, lo que el Banco haría es acelerar la minidevaluación, similar a como actuaría bajo el nuevo sistema, lo que, dada la preocupación de alguno, podría provocar fortunas mal habidas y pérdidas a quienes ignoren la nueva situación, Pero esto sucedería bajo cualquiera que fuera el sistema cambiario existente.

    Esta última instancia, en ambos regímenes, la señal que lanza al mercado una “insuficiencia” de reservas es clara: habrá que devaluar, ya sea acelerando las minidevaluaciones en un caso o bien aumentando el precio de compra de la divisa por la autoridad bancaria, en el otro. El resultado es parecido.

    En el lejano pasado hubo una situación interesante en el Banco Central, pues directores, quienes decidirían sobre una nueva fijación del tipo de cambio, parecieron jugar con la información que tenían desde adentro. Años antes, así como en esa ocasión, había solicitado (y no sólo ahora) que los datos de las reservas fueran conocidos por todos los ciudadanos, como un dato más de la economía. Siempre la información debe estar a disposición de todos, pero todo el tiempo y no sólo ahora.

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