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Tema: Artículos publicados en Diario La Nación 1990-1999

  1. #21
    1990-05-06- HACE 78 AÑOS...

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    HACE 78 AÑOS…



    La Nación, 06 de mayo de 1990.

    … Fue cuando Ludwig von Mises publicó en alemán su libro El Socialismo, cuyo gran mérito, a los ojos de los sucesos que sacuden actualmente a Europa Oriental, está en la exactitud con que describió el fin de las economías de decisión económica centralizada.

    Permítaseme citar en extenso a Von Mises:
    “Podría suceder que algunas naciones permanezcan socialistas, mientras que otras regresen hacia el capitalismo. Entonces los países socialistas por sí mismos procederían a su declinación social. Los países capitalistas progresarían hacia un desarrollo superior de la división del trabajo hasta que por fin, empujados por la ley social fundamental que impulsa al mayor número de seres humanos hacia la división personal del trabajo, y a la totalidad de la superficie de la tierra hacia la división geográfica del trabajo, impondrían su cultura sobre las naciones atrasadas o las destruirían si se resistieran. Este ha sido siempre el destino histórico de las naciones que han evitado el camino capitalista hacia el desarrollo o de quienes se han detenido prematuramente en él.” (Ludwig von Mises, Socialism, p. 466).

    El lector podrá darse cuenta de la anticipada habilidad de von Mises para predecir la declinación del socialismo y que parece va concluyendo, para suerte no por la destrucción sino por la “imposición de la cultura”, o, prefiero llamarlo así, por “el simple resultado de las comparaciones”, en el abandono de prédicas a favor de la planificación central y más por la búsqueda de sistemas económicos basados en el mercado. Y no es, como lo puede considerar algún desconocedor del papel del mercado en el orden liberal, resultado de la edificación de esa forma de organizar la economía, sino porque da mayores frutos que órdenes alternativos. Como dice von Mises, es porque los países capitalistas progresan hacia “un desarrollo superior”.

    El abandono del socialismo en naciones comunistas, tiene su contraparte en países considerados democráticos. Progresivamente se renuncia al intervencionismo en sus economías y se emplea más el instrumental del mercado, lo cual es síntoma de que los frutos de tal intervención han sido generalmente amargos, pues muchas veces con ello más bien se han afectado los grupos relativamente más desvalidos de sus sociedades. La mano visible del Estado, en contraste con la mano invisible del orden de decisión descentralizada, contra lo predicado, en muchas ocasiones ha concluido por empobrecer y afectar el potencial de crecimiento de las naciones. Por eso es que las ideas de libertad han ido ganando cada vez más terreno urbi et orbi, para desmayo y confusión de los aún intervencionistas en nuestro cotarro.

  2. #22
    1990-05-11-PACUARE

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    PACUARE


    La Nación, 11 de mayo de 1990.

    No me ha parecido apropiada la actitud asumida por las autoridades del ICE ante el cuestionamiento por parte de ciudadanos, acerca de la conveniencia de construir una represa hidroeléctrica en el río Pacuare.

    Al contrario, los argumentos esgrimidos por los grupos opositores a la construcción de la represa los juzgo atinados, sin estridencias y sin demagogia y, por el contrario, más bien apelan al razonamiento por parte de los involucrados en el proyecto.

    En esencia, es necesario realizar un análisis costo-beneficio social del proyecto hidroeléctrico de Pacuare. Esto requiere, entre otras cosas, que se evalúe el posible impacto que sobre el medio ambiente tiene la transformación del actual río en un embalse. Este estudio ̶ en especial de los posibles efectos ecológicos ̶ debe ser realizado por algún cuerpo independiente de las partes en conflicto; esto es, ni por el ICE ni por los grupos que se le oponen. El río no es propiedad de unos costarricenses ni del ICE, sino que es patrimonio nacional y, por lo tanto, la decisión de transformarlo con un proyecto hidroeléctrico debe ser valorada en cuanto los posibles ingresos y costos que ocasionaría a la colectividad.

    Precisamente los grupos denominados “ecologistas” han señalado la conveniencia de que se realice dicho análisis de costo-beneficio social y en una página pagada por el Comité Por-Defensa del Río Pacuare, afirman que “si se demuestra, con base en los estudios respectivos, que los beneficios del proyecto son superiores a los daños ambientales y su costo social, simplemente lo aceptaremos con gran pesar en nuestro corazón.”

    El ICE contribuiría mucho al juicio sano de las presuntas bondades del proyecto si asumiera una actitud similar a la de los ecologistas. Para empezar, debe presentar alternativas al proyecto, así como no impedir que el estudio de los posibles efectos sobre el medio ambiente sea realizado por un grupo independiente de la disputa. El río Pacuare es de todos los costarricenses y como tales nos debe quedar muy claro que, si se va a hacer una represa en su cauce, lo sea porque es el uso alternativo que más conviene al país y no porque resulta de la obligación que tiene el ICE de suplir energía eléctrica al país. En la vida, se trata de escoger entre alternativas y el ICE no parece, por la actitud que ha expresado hasta el momento, que desea dejarnos elegir.

  3. #23
    1990-05-16-EN VELA ANTE LOS IMPUESTOS

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    EN VELA ANTE LOS IMPUESTOS


    La Nación, 16 de mayo de 1990.

    Don Julio Rodríguez, en su reciente columna “En vela” del 11 de mayo, expresa su preocupación por la no recaudación de muchos impuestos, lo que hace que el gobierno acuda a la experiencia de aumentar los actuales o bien imponer nuevos tributos para llenar sus necesidades de gasto. En mucho estoy de acuerdo con lo que allí expresa el amigo periodista, pero, también, se hace necesario preguntar ¿qué puede motivar a los costarricenses para no pagar los gravámenes vigentes?

    Es posible que la conducta de evitar o evadir los impuestos se deba a que resulta más barato el posible castigo tributario, si se es “agarrado”, que pagarlos puntualmente, pero también podría originarse en la percepción que se tiene de la forma en que el gobierno gasta nuestros recursos.

    En la huelga reciente del Ministerio de Agricultura, creo que quedó expresado qué tan importante puede ser su gasto. Como parte del paro, se retuvo información sobre el clima y se amenazó con detener los permisos sanitarios a las exportaciones agrícolas no tradicionales. El resto de la paralización del Ministerio posiblemente tuvo poco impacto en el país, excepto por la zozobra en que se nos tuvo, porque la aceptación de sus pedidos –como así resultó– tenía enormes efectos negativos en un presupuesto estatal ya de por sí deficitario, y los cuales tendríamos que pagarlos, de una forma u otra, todos los costarricenses.

    ¿Qué pasaría si se contrataran servicios internacionales que brinden el estado del tiempo –a cada rato lo vemos en ciertos programas de televisión ̶ en vez de sostener aquí una oficina dedicada a esta actividad? ¿Qué sucedería si, en vez de que sea el MAG quien otorga los permisos de exportación, se facultara que lo brinden muchas empresas privadas registradas ante autoridades extranjeras, permitiéndose la contratación privada de sus servicios, de manera que un mal permiso implique consecuencias estipuladas en el contrato?

    Lo que quiero decir es que es necesario revisar mucho del gasto público y con ello estoy seguro que muchos ciudadanos estarán dispuestos a pagar los tributos. Pero, antes que alguien nos diga que la única forma de reducir el actualmente elevado déficit, es por el aumento en los impuestos, ante la alternativa de tener una nefasta inflación, debemos preguntar, ¿qué pasaría si se disminuyera el gasto público? Los costarricenses deben recordar, que más recursos para el Estado, aunque sea para paliar sus déficits, son sólo la base para que, luego, gaste más y más.

  4. #24
    1990-05-16-EN VELA ANTE LOS IMPUESTOS

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    EN VELA ANTE LOS IMPUESTOS


    La Nación, 16 de mayo de 1990.

    Don Julio Rodríguez, en su reciente columna “En vela” del 11 de mayo, expresa su preocupación por la no recaudación de muchos impuestos, lo que hace que el gobierno acuda a la experiencia de aumentar los actuales o bien imponer nuevos tributos para llenar sus necesidades de gasto. En mucho estoy de acuerdo con lo que allí expresa el amigo periodista, pero, también, se hace necesario preguntar ¿qué puede motivar a los costarricenses para no pagar los gravámenes vigentes?

    Es posible que la conducta de evitar o evadir los impuestos se deba a que resulta más barato el posible castigo tributario, si se es “agarrado”, que pagarlos puntualmente, pero también podría originarse en la percepción que se tiene de la forma en que el gobierno gasta nuestros recursos.

    En la huelga reciente del Ministerio de Agricultura, creo que quedó expresado qué tan importante puede ser su gasto. Como parte del paro, se retuvo información sobre el clima y se amenazó con detener los permisos sanitarios a las exportaciones agrícolas no tradicionales. El resto de la paralización del Ministerio posiblemente tuvo poco impacto en el país, excepto por la zozobra en que se nos tuvo, porque la aceptación de sus pedidos –como así resultó– tenía enormes efectos negativos en un presupuesto estatal ya de por sí deficitario, y los cuales tendríamos que pagarlos, de una forma u otra, todos los costarricenses.

    ¿Qué pasaría si se contrataran servicios internacionales que brinden el estado del tiempo –a cada rato lo vemos en ciertos programas de televisión ̶ en vez de sostener aquí una oficina dedicada a esta actividad? ¿Qué sucedería si, en vez de que sea el MAG quien otorga los permisos de exportación, se facultara que lo brinden muchas empresas privadas registradas ante autoridades extranjeras, permitiéndose la contratación privada de sus servicios, de manera que un mal permiso implique consecuencias estipuladas en el contrato?

    Lo que quiero decir es que es necesario revisar mucho del gasto público y con ello estoy seguro que muchos ciudadanos estarán dispuestos a pagar los tributos. Pero, antes que alguien nos diga que la única forma de reducir el actualmente elevado déficit, es por el aumento en los impuestos, ante la alternativa de tener una nefasta inflación, debemos preguntar, ¿qué pasaría si se disminuyera el gasto público? Los costarricenses deben recordar, que más recursos para el Estado, aunque sea para paliar sus déficits, son sólo la base para que, luego, gaste más y más.

  5. #25
    1990-05-21-PROGRESOS EN MÉXICO

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    PROGRESOS EN MÉXICO

    La Nación, 21 de mayo de 1990.

    No ha pasado inadvertida en Costa Rica la reciente des-estatización de la banca comercial de México. El Presidente Salinas de Gortari está dispuesto a modernizar su nación, a contrapelo de la mentalidad de catacumbas de los socializantes de siempre, quienes, sin duda, han de mirar como un hereje al ilustrado gobernante azteca.


    Como resultado de las malas políticas económicas de López Portillo, el capital privado mexicano abandonó su país a inicios de la década de los ochenta. En gran parte se empleó al sistema bancario comercial privado para transferir los fondos y así salvaguardar los ahorros de los ciudadanos. La banca mexicana estaba virtualmente quebrada, cuando se decidió estatizarla. Algún cínico pensará que con ello se protegieron los escasos haberes de una banca arrasada, pero el problema de concentración del poder que otorga tal apropiación, sin duda que hizo temblar a los hombres libres. La monopolización del crédito confiere un poder enorme a quien lo posee, como lo atestiguamos los costarricenses.

    Salinas tiene que haberse dado cuenta de los vicios a que conducía la estatización de la banca comercial. No sólo se restringía la libertad, sino que se consideraba al crédito como bien de difunto: me imagino que sólo algunas personas tendrían acceso a ciertos créditos, en especial si tenían la bendición del omnipresente PRI. Pero, además, la ausencia de criterios de rentabilidad dificultaba el desarrollo eficiente de ese país, como es la meta que se han propuesto lograr los nuevos gobernantes mexicanos.

    Sin duda que en México, por excelencia, lo que suena a “justicia social” es considerado como bueno. Así, la estatización de la banca en ciertos cotarros se ha justificado porque depara “justicia social”. Esto hace casi heroico a Salinas de Gortari, quien decidió ir contra la llamada “justicia social” y traspasó la banca al sector privado. ¿Será que Salinas está a favor de la “injusticia social”? ¿Será que no cree en la “democratización de la economía”, que es otro eufemismo, que a veces se escucha, para justificar al intervencionismo? ¿Será que Salinas se dio cuenta que con una banca estatizada las probabilidades de crecimiento de su nación se veían notoriamente obstaculizadas?
    Ojalá que en nuestro medio, donde mucho de México se podría imitar, algunos comprendan que una banca estatizada no es sinónimo de justicia social y de democratización de la economía y que, por el contrario, la ineficiencia y las pérdidas que usualmente ocurren, terminan por ser pagadas por ese propio pueblo, en cuyo nombre se llevó a cabo la estatización.

  6. #26
    1990-05-23-MÁS EFICIENCIA Y MENOS GASTO

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    MÁS EFICIENCIA Y MENOS GASTO


    La Nación, 23 de mayo de 1990.

    Antes que a los costarricenses nos “aturucen” con más impuestos, es necesario practicar una profunda revisión de los múltiples formas en que el Estado gasta nuestros recursos. Como creo que algunos miembros del gobierno recién entrado toman en serio el problema de su ineficiencia, tal vez las sugerencias, a continuación expresadas, no caerán en el basurero de ideas en el cual generalmente terminan por reposar.

    En el sector del comercio exterior del Poder Ejecutivo existe una duplicación y hasta triplicación notoria de funciones. Me refiero a que, además del Ministerio del Comercio Exterior, en el de Economía funcionan dos direcciones que claramente deberían integrarse al primero. En concreto, las de Comercio Exterior y de Integración Económica realizan funciones que más bien son pertinentes al Ministerio de Comercio Exterior.

    No tiene caso tener un cuerpo gubernamental especializado en asuntos de comercio internacional, a la vez que casi una cuarta parte del personal, y tal vez la función más importante del Ministerio de Economía, trata de asuntos de comercio exterior. El cuerpo más capacitado en la administración pública para representar al Estado en las negociaciones arancelarias, está, precisamente, en el Ministerio de Comercio Exterior, el cual debería ser el encargado de este asunto y no el de Economía, como actualmente sucede.

    Adicionalmente, como parte de los asuntos de comercio exterior existe el Centro para la Promoción de las Exportaciones (CENPRO), el cual realiza funciones muy similares, y tal vez hasta idénticas, a las que lleva a cabo el Ministerio de Comercio Exterior. En el CENPRO existe, además de su excelente dirección, un personal sumamente calificado en estos temas, el cual podría ser integrado plenamente al de Comercio Exterior.

    Algunos alegarán que las funciones no son idénticas y que existen leyes especiales que les dieron su origen institucional, pero éstas son excusas para mantener la actual estructura administrativa. SI es cierto que el gobierno desea reconvertir al Estado (con todo y un flamante Ministerio para eso), pues que en serio haga realidad sus palabras: las funciones que les son propias se podrían desempeñar más eficientemente y, estoy casi seguro, a un costo menor que el actual. Sólo falta voluntad política para que los costarricenses no desperdiciemos nuestros escasos recursos. Antes que poner más impuestos, primero se debe reducir el gasto público e introducir una mayor eficiencia en los asuntos del Estado.

  7. #27
    1990-05-29-APERTURA Y RESULTADOS

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    APERTURA Y RESULTADOS

    La Nación, 29 de mayo de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 187-188.

    En mi reciente artículo “Un continuo de políticas” señalé que “pasar de un régimen comercial distorsionado hacia otro menos distorsionado, podría brindar mayor crecimiento a nuestros países. (La Nación, 25 de abril de 1990). Cabe preguntar ahora si ¿con un régimen comercial, en el cual se presenta una activa intervención gubernamental para promover las exportaciones (un dirigismo pro-exportador) o para poner aranceles, se logran mejores resultados económicos, que los que se tendrían con un régimen comercial “liberal”; esto es, en donde no se tienen ni subsidios a las exportaciones ni impuestos a las importaciones?

    El trabajo reciente de Sebastián Edwards, Openness, Outward Orientation, Trade Liberalization and Economic Performance in Developing Countries, muestra evidencia interesante de que hay “soporte para la hipótesis de que existe una relación negativa entre el grado de restricciones al comercio internacional y los resultados económicos de los países en desarrollo… los países con mayores grados de intervención (subsidios a las exportaciones o impuestos a las importaciones) tienden a crecer, en promedio, más lentamente que los países con menores restricciones al comercio (World Bank Staff Working Papers, 191, Junio de 1989, p.p.50-51; el paréntesis en el texto es mío).

    Lo anterior quiere decir que los regímenes liberales, que no tienen ni aranceles a las importaciones ni subsidios a las exportaciones, o que los poseen en menor grado, son los que presentan mejores resultados. Esto es, entre más intervenga el Estado con el comercio internacional, peores resultados económicos se logran,
    Lamentablemente, algún comentarista no entendió que no se trata de tener “un acuerdo contundente con (su) visión al aceptar que el debate no es sobre si el Estado debe intervenir, sino sobre dónde debe intervenir… Por el contrario, la intervención estatal, ya sea con aranceles a las importaciones o subsidios a las exportaciones –si bien ambos tipos de intervención son de diferente naturaleza, son claramente dirigistas– da lugar a menores posibilidades de crecimiento económico, en comparación con el que se tendría bajo un régimen liberal, en donde no se tenga ni subsidios a las exportaciones ni aranceles a las importaciones. Este es el quid del asunto: lo demás es retórica.

  8. #28
    1990-06-04-DECISIONES DOLOROSAS

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    DECISIONES DOLOROSAS


    La Nación, 04 de junio de 1990.

    Es posible que se requiera reducir el exceso de empleo en el sector público. La rebaja del enorme déficit implica no sólo el aumento en los impuestos: parece que ya en el sector privado ̶ tanto en empresas como en familias ̶ hay criterio de que no es posible que, cada cuatro años, se le exija un elevado sacrificio, al aumentárseles los precios de los servicios públicos y de los más diversos gravámenes, mientras que el gasto estatal sigue tan imperturbable como las pirámides de Egipto.

    Es importante que el Estado, si en serio pretende reducir su déficit, acuda en un grado significativo a disminuir su gasto. Mas no es posible lograrlo por artificios, como decir que se va a rebajar en un porcentaje (se ha mencionado un 5%) del presupuesto, cuando se sabe que, históricamente, el Estado nunca gasta todo lo que presupuesta y que, lo que no se puede gastar normalmente ha ascendido a ese 5%, del cual se habla. Se requiere de una verdadera reducción del excesivo gasto público.

    En el pasado, en algunos intentos por disminuir el gasto, se procedió a hacerlo con la inversión, con lo que las generaciones futuras dispondrán de menos servicios básicos. No se reducen los gastos corrientes, sino la inversión: se prefiere comer el pastel, en vez de preparar más levadura.
    Es factible que, si existe una verdadera determinación de reducir el gasto, se tenga que bajar el empleo en el sector público. Para relativa fortuna de los gobernantes, tal vez es éste el momento en la historia reciente de Costa Rica, en que una disminución de la empleomanía pública no causaría el ejército de desempleados que tanto temen los políticos.

    La tasa de desocupación es sumamente baja: el último dato indica que la abierta es de 3.8%, algo pocas veces visto en nuestro país. A su vez, el empresario clama por la falta de personal y en los periódicos abundan anuncios en que se solicitan trabajadores. La relativa normalización de Nicaragua provocará la repatriación de muchos trabajadores de esa nacionalidad, quienes ahora laboran en nuestro país. Esto indica que las posibilidades de encontrar empleo en el sector privado, al surgir desocupación en el sector público, son sumamente altas.

    En síntesis, es necesario disminuir el exagerado empleo en el sector público; el momento actual parece ser el menos inconveniente para tomar tan dolorosa, pero necesaria, acción de parte del mayor empleador del país: el Estado.

  9. #29
    1990-06-08-QUÉ HACER CON EL CAT

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    ¿QUÉ HACER CON EL CAT?


    La Nación, 08 de junio de 1990.

    Para responder parto de dos supuestos: primero, que es necesario reducir el monto de los Certificados de Abono Tributario actualmente otorgados por las exportaciones no tradicionales y, segundo, que el Estado desea reducir tal erogación, que se supone constituye un grave problema fiscal.

    Según el paquete tributario anunciado por el gobierno, se creará un régimen de incentivos similar al negociado a postrimerías del gobierno de Arias, el cual estuvo sumamente influido por consideraciones electorales, pues cuesta quitar una renta poco antes de unas elecciones.

    El CAT que se negoció estuvo viciado en cuanto a que mantenía la renta a los exportadores de ese entonces, mientras que cualquier nuevo entrante recibiría un subsidio menor, a contrapelo del argumento de que el CAT era indispensable cuando se abrían nuevos mercados.

    El gobierno ha dicho que no puede reducir el CAT, dado que en el contrato de exportación se garantiza tal subsidio, por lo que el Estado, si lo quita, enfrentaría juicios que a la postre le saldrían más caros al fisco. Ante esta situación, propongo cuatro alternativas que el Estado podría considerar, para aliviar el problema que constituyen los CATs:
    Primera: existe una cláusula en el contrato de exportación por la cual el CAT es revisable cada dos años, según su valor agregado. El Estado podría exigir un 100 por ciento a dicho valor para continuar dando el CAT. Con esta medida se atraería a la mesa de negociaciones a las partes interesadas y lograr con ello un subsidio que sea más apropiado a la capacidad fiscal.

    Segunda: se podría inducir que los Estados Unidos (principal importador de nuestros productos no tradicionales, aunque es difícil que lo haga) pongan aranceles compensatorios por el subsidio del CAT. Según una cláusula del contrato de exportación, en esta circunstancia el Estado costarricense no tendría que compensar a nadie por la eliminación del CAT.

    Tercera: se podría ampliar el plazo de maduración del CAT a unos 50 años, lo que reduce radicalmente su valor presente, lo cual, al igual que bajo la primera alternativa, seria una manera de atraer a negociar a las partes involucradas.
    Cuarta: se podría introducir un impuesto a las exportaciones no tradicionales que reciban el CAT, con lo que su valor neto se reduciría a lo que permita la capacidad de la economía.

  10. #30
    1990-06-11-INTERPELACIÓN POR RESPONDER

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    INTERPELACIÓN POR RESPONDER


    La Nación, 11 de junio de 1990.

    Hace pocos días, en la Nación, don Claudio Alpízar interpeló a funcionarios públicos de la administración Arias: concretamente, preguntó a quienes tuvieron la responsabilidad fiscal del país, si era cierto que dejaron las arcas públicas en tan mala situación, como para que se justificara el paquete de impuestos recetado por la nueva administración.
    Es importante que no se dé la callada, por respuesta. Necesitamos saber si el déficit tiene un fondo: la última estimación señalaba que, en 1990, de no tomarse medidas, ascendería a 39.000 millones de colones; esto es, el déficit por cada costarricense llegaría a la bicoca de 15.000 colones.

    He leído respuestas sobre el tema de funcionarios del gobierno previo y, sin duda, la pregunta que formula don Claudio contribuiría a aclarar el debate, acerca de las cargas que propone la nueva administración. Yo, por mi parte, también, pregunto:
    1. ¿Es o no cierto que, según han indicado funcionarios entrantes, en 1990 el déficit gubernamental ascendería a 38 o 39.000 millones de colones?
    2. ¿Es cierto que, por ejemplo, de gastos presupuestados en Casa Presidencial para publicidad, de unos 30 millones, a mayo se disponía de sólo ¢500.000? ¿Pasa algo similar con otras partidas del presupuesto?
    3. ¿Es cierto que había un alto grado de certeza en la administración anterior de que los laudos serían ganados por los trabajadores públicos y, sin embargo, no se tomó a tiempo medida alguna al respecto?

    4. ¿ Es o no cierto que, hace un par de años, el economista Carmelo Mesa Lago realizó un estudio por el cual el gobierno conoció el lastimoso estado de varios regímenes de pensiones y del impacto que tendría sobre el erario público y, sin embargo, no se hizo nada para solucionar el problema?
    5. Finalmente, porque algunos se han ufanado de opiniones del presidente del Fondo Monetario, M. Camdessus, acerca de la conducción económica del país en 1989, ¿es o no cierto que los datos que disponía el Fondo Monetario sobre la situación fiscal diferían mucho de los que la realidad ha mostrado que eran? Esto es, ¿se le dieron al Fondo cifras muy distintas ̶ inferiores ̶ sobre el déficit en el sector público?

    No debe satisfacer a los costarricenses una anguila que se escurra a tiempo de su responsabilidad, ni un Poncio Pilatos que se lave las manos, como tampoco que, porque el gobierno anterior dejó el erario público en estado lastimoso, eso sirva para justificar un inadecuado paquete tributario: la verdad debe ser sabida, pues es derecho elemental de la ciudadanía conocer los actos del gobernante, pasado o presente.

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