Artículos publicados en Diario La Nación 1990-1999

[Elisa]

1991-10-16-BUSES Y COMPETENCIA

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BUSES Y COMPETENCIA

La Nación, 16 de octubre de 1991. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 175-176.

Un avance conceptual de máxima importancia en la literatura microeconómica es el de los mercados contestables –déjenme usar el barbarismo: del inglés “contestable markets”– el cual, entre otras características, faculta a los encargados de poner en práctica ciertas políticas económicas, restringir conductas monopolísticas, que se consideran socialmente indeseables. En esencia, brinda reglas para minimizar los costos de ingreso de probables competidores a la arena económica, puesto que la simple amenaza de entrada al mercado de firmas potenciales puede obligar a los oligopolistas –y aún a los monopolistas– a que prosigan reglas más acordes con una asignación óptima de los recursos escasos.

Algo que me ha puesto a pensar en Costa Rica es el de los buses urbanos. Con frecuencia uno se da cuenta cómo los gobiernos no aceptan aumentar las tarifas, pues el alza de tal precio político es juzgada como inconveniente a sus intereses, al tiempo que, casi con igual periodicidad, se escucha el lamento de los propietarios de los buses sobre la ruina, debido a las políticas de control de precios a que se les sujeta. Sin embargo, uno no los ve desaparecer del mercado, pues siempre conservan las concesiones de las rutas, que, de no haber sido rentables, al menos en el largo plazo ya hubieran sido abandonadas por sus propietarios.

Desde el punto de vista del usuario, también la queja sobre la calidad del servicio es permanente. Por ello es interesante meditar sobre algunas propuestas.
En primer lugar, se deben disminuir los actualmente muy elevados costos de entrada al negocio de los buses. Esto es, que sin necesidad de concesión gubernamental cualquiera pueda poner un bus en la ruta que desee, requiriéndose tan sólo que satisfaga ciertos criterios básicos de seguridad.

En segundo término, que el precio del servicio de buses sea determinado por el mercado, pero, eso sí, una vez que cualquiera pueda entrar como oferente a dicho mercado.
Con este par de reglas se podrían evitar las actuales estructuras monopolísticas del servicio, al tiempo que se facilita el uso de los precios en tan importante actividad y se les podría dar una mejor atención a los usuarios de los buses.

[Elisa]

1991-10-23 -PEROGRULLO E IGNORANCIA

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PEROGRULLO E IGNORANCIA

La Nación, 23 de octubre de 1991.

Cuando se afirma que “la verdadera transformación estructural necesitada por el país consiste en invertir recursos en el mejoramiento de la calidad de los factores de la producción (ciencia, tecnología, salud, educación y desarrollo agrario)… Sólo así el país podría competir en el mercado internacional a partir de actividades intensivas en conocimientos y tecnología, la cual sería consistente con salarios, ganancias y gasto social crecientes (O. Solís, Evaluando el PAE, La Nación, 18 de octubre de 1991, p.15), no dudo que hasta mis alumnos del curso que dicto, Elementos de Economía, presuntos conocedores de lo que es una función de producción, estarían de acuerdo con esa aseveración, pero me parece un desaguisado intelectual agregar que “… después de haber llevado a cabo esas tareas a favor de la productividad podremos proceder con la apertura comercial,” pues tal afirmación no sólo indica un enorme desconocimiento de lo que se trata en un ajuste estructural, por una parte, en tanto que, por otra, más bien indica un extraño modelo de crecimiento económico, que poco aporta a nuestro conocimiento.

Recomiendo la lectura de un ensayo de William R. Easterly y Deborah L. Wetzel, Policy Determinants Of Growth: Survey of Theory and Evidence, Banco Mundial, diciembre de 1989, en el cual concluyen que las políticas que promueven la inversión, que liberalizan las restricciones comerciales y que remueven las distorsiones en los mercados financieros, es posible que aumenten la tasa de crecimiento de un país en el largo plazo” (p. 20), pues creo que así se podría hacer una separación mejor entre hígado y cerebro.

Decir que los aumentos de productividad elevan la tasa de crecimiento de largo plazo es algo muy sencillo que cualquiera puede afirmar. Lo intelectualmente importante es señalar relaciones de causalidad de alguna significación. Así, no es de esperar que aumente la productividad como condición previa a la apertura, porque precisamente una economía cerrada es lo menos conducente a tal incremento, por tres razones elementales: las rentas que se dan con el proteccionismo inducen al empleo de recursos para su conservación y no necesariamente a mejorar la productividad; en segundo lugar, el proteccionismo o no apertura precisamente impide la competencia, que es el principal acicate para elevar la productividad, a riesgo de que de no hacerlo, puede quedar fuera de mercado el otrora protegido y, tercero, porque el comercio internacional permite una mayor transferencia de tecnología entre los países.

Más que ideología lo que necesitamos es inteligencia y claridad en las intenciones, pues me parece una soberana pérdida de tiempo estar tratando de separar lo que son argumentos politiqueros, ficciones de figuras de paso o malas sacadas de clavo con compañeros de un gobierno, de lo que en verdad podría ser sensato, pues lo que se está jugando en este país es si puede o no participar del rumbo de progreso que parece buscar la humanidad por medio del uso del mercado y, entre más tarde se llegue, gracias a los neoconservadores, menor será ese beneficio.

[Elisa]

1991-10-31-EL COSTO PARA COSTA RICA

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EL COSTO PARA COSTA RICA


La Nación, 31 de octubre de 1991.

Lamento mucho lo que le va a pasar a Costa Rica, por lo que se está pensando hacer en cuanto a la conducción de su economía.
Cosa que casi era de esperarla, el país está entre Escila y Caribdis. La Escila de una cúpula gubernamental que no se dio cuenta de que la cosa iba en serio y que no se podía seguir manteniendo regímenes de privilegio, que resultaban sumamente gravosos para todo el país. Un gobierno que no entendió que las cuentas del exceso de gasto tendrían que ser pagadas en un momento dado y que ahora busca revertir a la vida muelle cortoplacista, de esperar a ver qué sucede para decidir hacer algo. El Caribdis fue la flaqueza humana personificada en la ambición de poder del partido de oposición, pues Liberación no fue capaz de comprender que no es en un país en ruinas en el que se puede apoyar para regresar al gobierno. Liberación no entendió lo que está pasando en muchísimas naciones del mundo entero y se empeña en mantener viejos privilegios, definiciones de catacumba, para conservar vigencia política y ausencia total de ideas, aunque se lleve en banda al país entero.

No es cierto ̶ para los ilusos de pacotilla ̶ que lo peor del ajuste ya se llevó a cabo. La verdad es que no ha habido ajuste o ha sido ínfimo ante la magnitud de la tarea. El proteccionismo sigue rampante, pues el arancel, al momento, permanece inalterado. El gasto público no se ha disminuido y, por el contrario, el desborde del populismo augura un rebrote de la infecciosa gastadera, cuyo límite parece ser el Chile de Allende o el Perú de Alan García. La poca reducción del déficit público se debe al aumento en los impuestos y no a la disminución del gasto. ¿Cuántos empleados públicos se han despedido? Si acaso unos pocos, pues si por algún lado se bajan, por el otro se suben y, en el neto, tal vez cuatro gatos menos han quedado dependiendo del erario púbico. ¿Cuál ajuste profundo ha habido?, pregunto.

El posible gobierno de Carlos Manuel Castillo en 1992 ̶ a como pintan hoy las cosas ̶ deberá saber que estará muy sólo; no habrá esta vez una AID que le facilite la reversión de la ley Prieto como en 1982, y la atracción de fondos por las economías del Este y ante una posible paz en el Oriente Medio, tomará cualquier centavo de recursos de ayuda e inversión externa, por lo que auguro que, en mayo de 1992, sin plata de afuera, tendrá que hacer todas las reformas que hoy ha buscado obstaculizar: laudos y pensiones, movilidad laboral, privatización de empresas de CODESA, del INS, RECOPE, ferrocarriles, muelles, banca estatal, universidades públicas, y qué se yo, todos puntales del social-estatismo del pasado, que hoy pretenden les sigan dando dividendos electorales.

Nada más que una cosa quede bien clara: que, en ese entonces, no le echen el muerto del desorden imperante a los neoliberales (palabreja peyorativa inventada por los neo-socialistas y los neo-comunistas), puesto que no se han tomado las que dicen ser sus políticas y lo único que se observará es una profundización de la crisis por el fracaso de los viejos moldes estatistas.

[Elisa]

1991-11-06-EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO

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EMPLEO PÚBLICO Y PRIVADO

La Nación, 06 de noviembre de 1991.

No sólo una persona muy apreciada hace poco me planteó el tema, sino que también en un programa reciente del Canal 13, conducido por don Rigoberto Quirós, cuatro diputados expresaron que les preocupaba la movilidad laboral en el sector público, porque esas personas desplazadas no podían ser absorbidas por el sector privado dada la difícil situación en que éste se encontraba.

A este argumento ya me había referido en otra oportunidad, pero vale la pena volver a tratarlo, porque, de ser cierto, sin duda que constituye un factor que causaría preocupación hasta en esos villanos de nuevo cuño, denominados neo-liberales, ahora dedicados a asustar a los niños en el Halloween.

El planteamiento está mal enfocado, pues no se trata de optar entre desempleo en el sector público versus desempleo en la parte privada, sino que, más bien, es todo lo contrario: no hay empleo en el sector privado porque el nivel de ocupación en el Estado conduce a que eso suceda. En economía ̶ palabra que según algunos casi se ha convertido en un insulto ̶ a diario se nos recuerda que cuando uno hace algo, incurre en un sacrificio al no poder hacer alguna otra cosa. Esto es, al estar escribiendo este artículo, caigo en el costo de no poder ver la televisión o disfrutar de un jugoso discurso parlamentario. A esto los economistas lo denominan el costo de oportunidad.
Al aplicar este concepto básico al tema que nos ocupa, el hecho de que se destinen recursos limitados a generar empleo en el sector público, implica que el sector privado no puede disponer de ellos para realizar sus propósitos económicos. Esto es, no puede destinar esos mismos recursos a generar el empleo particular que se destinaría a producir esos bienes y servicios de uso privado.

En síntesis, el empleo público es a costas del empleo privado, de aquí que, si se diera una movilidad laboral en el Estado, se liberarían recursos los cuales los podría disponer la parte privada de la economía para producir bienes y servicios, creándose empleo en dicho proceso.

Además, si uno se pone a pensar en que generalmente el empleo es más productivo en la parte privada que en la pública, entonces surge un beneficio social adicional, debido a la mejor utilización de ese factor de producción en comparación a como se encontraba.

Es por estas razones, que el argumento de que no se puede despedir trabajadores en el sector público, debido a que no hay posibilidad de empleo en la parte privada de la economía, es errado y no enfoca correctamente la dimensión del problema, cual es que el peso del Estado es lo que precisamente impide el crecimiento de la actividad privada de una nación.

[Elisa]

1991-11-12-LA APERTURA DE CALANDRÉ

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LA APERTURA DE CALANDRÉ

La Nación, 12 de noviembre de 1991.

Sabemos que en las venas de Carlos Andrés Pérez (Calandré) corre sangre de la más rancia estirpe socialdemócrata y, por lo tanto, se puede descartar la posibilidad de que se le acuse a traidor a ese ideario. También destaca su independencia política de los Estados Unidos y de organismos internacionales (Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de Paris), por lo que Calandré difícilmente podría ser calificado de vendepatrias o de entregado a esas nuevas corrientes “neoliberales”.

Pues bien, veamos sólo algunas de las medidas económicas que el gobierno del presidente Pérez ha tomado en su economía, a fin de modernizarla e incorporarla a las nuevas corrientes integradoras del comercio mundial.

De un sólo tiro se “apió” los aranceles, desde tasas nominales que oscilaban entre un 938% y el 0%, a sólo entre un 50% y 0%, pero con una tasa efectiva de protección de, más o menos, un 8%. Esto es, desmanteló al otrora elevadísimo proteccionismo venezolano.

Eliminó muchas limitaciones cuantitativas a la importación y las sustituyó por aranceles, tanto para bienes manufacturados como agrícolas. El tipo de cambio pasó de 14,50 a 37 bolívares por dólar y se aumentaron los intereses subsidiados del 13% al 34%. Se practicó una muy generalizada liberalización de precios, cuyo control en el pasado se había reflejado en enormes escaseces de productos. Pronto el neoconservador tratará de minimizar este tremendo esfuerzo de ordenar esa economía, calificándolas de políticas ¡“neoliberales”! Carlos Andrés Pérez es un “neoliberal”.

No necesariamente cómo parte de lo que conceptualmente es un proceso de ajuste estructural, sino por la lógica prosecución de una polìtica económica adecuada, el Gobierno venezolano ha seguido una regla monetaria prudente, reflejándose en una baja de la inflación de un 80% en 1989 a un 28% estimado para 1991. Se ha reducido el déficit del gobierno, como porcentaje del Producto Interno Bruto, de un 14% en 1989 a sólo un 1.5% en 1991. Las reservas de divisas pasaron de $300 millones en 1989 a más de $10.000 millones a la fecha. La inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales han crecido enormemente, así como los movimientos de capital accionario y de bonos privados. El Producto Interno Bruto, que en 1989 creció apenas un 1,5%, se estima que en 1991 crecerá en un 5% y generalizado a todos los sectores de la economía.

Bien harían algunos socialdemócratas criollos, quienes aquí no desean razonar ni apreciar la evidencia, en darse una vueltita por Venezuela. Podrían preguntarle al padrino de por allá cómo fue que se convirtió en “neoliberal” y, tal vez así, dejen de lado tanta crítica innecesaria y politiquera y, ¿por qué no?, podrían hasta reconvertirse. Vale la pena que consulten a quienes son “de los mismos” que ¿por qué se empeñan en proseguir esas políticas económicas “neoliberales”? Podrían –sorpresa– aprender mucho de las respuestas.

[Elisa]

1991-11-12-LA APERTURA DE CALANDRÉ

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LA APERTURA DE CALANDRÉ

La Nación, 12 de noviembre de 1991.

Sabemos que en las venas de Carlos Andrés Pérez (Calandré) corre sangre de la más rancia estirpe socialdemócrata y, por lo tanto, se puede descartar la posibilidad de que se le acuse a traidor a ese ideario. También destaca su independencia política de los Estados Unidos y de organismos internacionales (Fondo Monetario, Banco Mundial, Club de Paris), por lo que Calandré difícilmente podría ser calificado de vendepatrias o de entregado a esas nuevas corrientes “neoliberales”.

Pues bien, veamos sólo algunas de las medidas económicas que el gobierno del presidente Pérez ha tomado en su economía, a fin de modernizarla e incorporarla a las nuevas corrientes integradoras del comercio mundial.

De un sólo tiro se “apió” los aranceles, desde tasas nominales que oscilaban entre un 938% y el 0%, a sólo entre un 50% y 0%, pero con una tasa efectiva de protección de, más o menos, un 8%. Esto es, desmanteló al otrora elevadísimo proteccionismo venezolano.

Eliminó muchas limitaciones cuantitativas a la importación y las sustituyó por aranceles, tanto para bienes manufacturados como agrícolas. El tipo de cambio pasó de 14,50 a 37 bolívares por dólar y se aumentaron los intereses subsidiados del 13% al 34%. Se practicó una muy generalizada liberalización de precios, cuyo control en el pasado se había reflejado en enormes escaseces de productos. Pronto el neoconservador tratará de minimizar este tremendo esfuerzo de ordenar esa economía, calificándolas de políticas ¡“neoliberales”! Carlos Andrés Pérez es un “neoliberal”.
No necesariamente cómo parte de lo que conceptualmente es un proceso de ajuste estructural, sino por la lógica prosecución de una polìtica económica adecuada, el Gobierno venezolano ha seguido una regla monetaria prudente, reflejándose en una baja de la inflación de un 80% en 1989 a un 28% estimado para 1991. Se ha reducido el déficit del gobierno, como porcentaje del Producto Interno Bruto, de un 14% en 1989 a sólo un 1.5% en 1991. Las reservas de divisas pasaron de $300 millones en 1989 a más de $10.000 millones a la fecha. La inversión extranjera y las exportaciones no tradicionales han crecido enormemente, así como los movimientos de capital accionario y de bonos privados. El Producto Interno Bruto, que en 1989 creció apenas un 1,5%, se estima que en 1991 crecerá en un 5% y generalizado a todos los sectores de la economía.

Bien harían algunos socialdemócratas criollos, quienes aquí no desean razonar ni apreciar la evidencia, en darse una vueltita por Venezuela. Podrían preguntarle al padrino de por allá cómo fue que se convirtió en “neoliberal” y, tal vez así, dejen de lado tanta crítica innecesaria y politiquera y, ¿por qué no?, podrían hasta reconvertirse. Vale la pena que consulten a quienes son “de los mismos” que ¿por qué se empeñan en proseguir esas políticas económicas “neoliberales”? Podrían –sorpresa– aprender mucho de las respuestas.

[Elisa]

1991-11-19-EL FARO DE RONALD COASE
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EL FARO DE RONALD COASE

La Nación, 19 de noviembre de 1991.

Uno de los ejemplos que los intervencionistas suelen emplear para justificar el intervencionismo estatal en las economías es el del faro. El argumento va así: no puede surgir una producción privada de los servicios de un faro, porque es imposible cobrar discriminadamente a los propietarios de los barcos por los beneficios que se les brinda. De esta forma, como a la empresa privada le es imposible obtener dicho pago, no va producir ese servicio, el cual, entonces, deberá ser provisto por el Estado.
Este argumento, originado por lo que en Economía se denomina como una diferencia entre el beneficio privado y el beneficio social, ante la imposibilidad de que el empresario individual pueda discriminar y cobrar a los beneficiarios de los servicios del faro, exige que el Estado sea el proveedor del socialmente útil servicio. Por ello es que el gran gurú del intervencionismo moderno, Paul Samuelson, en su otrora muy empleado texto Curso de Economía Moderna se refiere a que, el caso de la provisión de los servicios del faro, es “ciertamente el tipo de actividad que los gobiernos naturalmente llevarían a cabo.”
Pues bien, el Premio Nobel en Economía de este año, el economista y profesor emérito de la Universidad de Chicago (¡qué horror, otro Chicago Boy!), Ronald H. Coase escribió un valioso artículo titulado “El Faro en Economía”, Journal of Law and Economics, Vol. 17, octubre de 1974, en el cual brinda un ejemplo de cómo el mercado sí funciona, aún en casos en que los teóricos intervencionistas nos decían que no podía hacerlo, de manera que se justificaba que el Estado supliera esa inopia privada.
Coase analiza históricamente el caso del sistema británico de faros y demuestra que, al contrario de lo expuesto por los patrocinadores de la intervención, la empresa privada fue capaz de proveerlos sin problema. En el artículo en mención señala que “en esa época, los propietarios de los barcos y los transportistas podían hacer una petición a la Corona para que se permitiera a individuos privados construir un faro y cobrar una tarifa (específica) a los barcos que se beneficiarían con él. Los faros fueron construidos, operados, financiados y poseídos por individuos privados, quienes podían venderlo o disponer de él por legado. El papel del gobierno estuvo limitado a establecer y hacer valer los derechos de propiedad en el faro. Los cobros fueron recolectados en los puertos por agentes de los faros. El problema de la observancia de la ley no fue diferente para ellos que para otros suplidores de bienes y servicios al propietario de los barcos.”
Esta concepción nos indica que, similar a como sucede con muchos problemas ecológicos, que han motivado a los nuevos intervencionistas a decir que el Estado deberá intervenir ante la incapacidad de los mercados para resolver los problemas de la contaminación, mucho de la clave para resolver estos asuntos está en que existan derechos de propiedad, a fin de que pueda surgir una eficiente provisión privada de los bienes, que presuntamente el mercado no brindaría de forma adecuada.

La esencia del pensamiento de Coase puede resumirse en lo que se denomina el teorema que lleva su nombre: si los costos relacionados con el intercambio son relativamente bajos, no importa quién tenga los derechos de propiedad sobre el recurso en referencia, en tanto que alguien los tenga, para que se logre una eficiente asignación de recursos. Esto es, el comportamiento maximizador de riqueza de los individuos toma en cuenta los factores externos ̶ lo que, según los intervencionistas, no era posible hacerlo ̶ lo que permite que se logre una eficiente asignación de recursos, tal como es lógico esperar que suceda en los casos en que hay una clara definición de los derechos de propiedad.

Según aseveran los estatistas, el mercado fracasa cuando, por ejemplo, los costos privados difieren de los costos sociales, como cuando una persona usa o abusa de un recurso que no le pertenece, de manera que los costos para ese individuo privado son inferiores a los costos que para la sociedad tiene como un todo (por ejemplo con la contaminación del aire o de un río) y concluyen entonces, en que el Estado debería intervenir para asignar óptimamente los recursos productivos. Coase prueba que, institucionalmente, los individuos, cuando los costos de la transacción son pequeños, toman en cuenta a esos costos externos, de manera que se llega a las mismas condiciones óptimas en la asignación de recursos, que como sucede cuando no hay divergencia entre el costo privado y el costo social, con lo cual no es necesaria la intervención del Estado.

Se trata de un muy merecido Premio Nobel en Economía, al destacarse la importancia institucional de los derechos de propiedad, en especial cuando las otrora economías socialistas, ansiosas de lograr una mayor eficiencia en sus anquilosados aparatos productivos, encaran el profundo problema de garantizar efectivamente tales derechos de propiedad, de manera que ello les permita satisfacer tan claro deseo de progresar.

[Elisa]

1991-11-28-¡ARRIBA CIERTOS MODELOS ECONÓMICOS!

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¡ARRIBA CIERTOS MODELOS ECONÓMICOS!


La Nación, 28 de noviembre de 1991.

Supongo que debe satisfacer al ensayista si su artículo provoca que otros mediten sobre él. Don Francisco Escobar, con su trabajo de La Nación del 20 de noviembre pasado, “Abajo los modelos económicos”, me dio qué pensar, pues, ni más ni menos, cuestiona el papel que desempeñan los modelos y teorías, concretamente económicas, al formular políticas.

La esencia de los argumentos de don Francisco está en dos puntos: en que los modelos son teorías “en la cátedra, que pasan a ser recetas en los ministerios de hacienda y banco centrales, para terminar siendo dogmas a los que hay que asentir como verdades eternas” y, en segundo lugar, que en vez de modelos o teóricos se necesitan “políticos capaces… no axiomas y teoremas de modelos”.

Tal vez lo importante es definir en qué consiste la formulación de teorías que el ser humano hace, motivado en su deseo de entender o explicar la naturaleza que le rodea. El proceso de teorizar consiste, ante una naturaleza infinitamente compleja, en abstraer o simplificar a lo más significativo de la explicación de un fenómeno observado. Lo que subyace dicho proceder es el deseo de explicar cierto comportamiento, con base en hipótesis necesariamente provisionales y a las que se intenta refutar, de cómo o por qué suceden ciertas cosas y no otras.
Don Francisco no debe despreciar el proceso de formulación de modelos que practica el economista –para el caso, las disciplinas que estudian acontecimientos naturales igual lo hacen– pues parece, con su critica de que es propio de torres de marfil, que “bota el agua sucia de la tina con todo y el bebé”, y lo que debería reclamar es por una mejor formulación de teorías que expliquen los fenómenos, que en su opinión –y también en la mía– aún no son satisfactoriamente explicados.
En segundo lugar, don Francisco tiene mucha confianza en que la simple conducta “política” en el campo económico es suficiente o mejor que la predicción de un cierto modelo económico, para que no se presenten resultados que juzga indeseables. En apariencia esto puede parecer cierto, pero don Francisco no cuestiona que la simple conducta política no garantiza nada, si no es que el actor dispone de cierto aparato intelectual que, concretamente en lo económico, le permite interpretar el comportamiento en esa esfera de la conducta humana. Si a un político se le da una “mala” teoría económica, terminará, en lo económico, siendo un mal político: de una conducta racional se pasa a una conducta oportunista. Véase, por ejemplo, el caso de Alan García.

Conviene, por el contrario, que el político se eduque más en asuntos de economía –disciplina que puede tener, tanto antes como ahora, cierta importancia en la convivencia social– y, sobre todo, que evite cometer errores derivados del uso de malas teorías económicas. Por lo tanto, el quid del asunto está en cuál teoría podría ser mejor para explicar una realidad compleja, ¿la otra o, digamos, la de don Francisco Escobar?

[Elisa]

1991-12-01-SE ACABÓ EL TANGO

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SE ACABÓ EL TANGO


La Nación, 01 de diciembre de 1991.

Algunos han considerado que la reforma económica de Chile se debió a la presencia de un dictador, mas no han pensado que el nuevo régimen democrático más bien ha profundizado la apertura económica. Pero no creo que esos proteccionistas solapados califiquen al presidente Menem de Argentina como émulo político de Pinochet, aunque se le asemeja en las políticas económicas.

Argentina ha sido el epítome del intervencionismo socialista (en su variedad peronista), por lo que el reciente decreto que Menen firmó el pasado 1º de noviembre, obligará a pensar hasta a los más recalcitrantes estatistas del cotarro, por lo que juzgo de interés señalar algunas de las consideraciones que aduce el Gobierno argentino, para regresar del pasado.

El propósito del llamado “decretazo” es “afianzar y profundizar la libertad económica y la Reforma del Estado”, para permitir “profundizar el proceso de apertura económica y reactivación de la economía “. Asimismo –esto para los conservadores que añoran un pasado ya fenecido– señala que fue la “crisis económica de los años 30”, la que originó “el establecimiento de un sinnúmero de restricciones al ejercicio de los derechos constitucionales de comerciar, trabajar y ejercer industria lícita”, por lo que debe eliminarse “la mayor cantidad de restricciones hoy existentes”.

También ̶ ¡Menem: neoliberal adorador de esa divinidad absoluta que es el mercado!– propone que funcionen “mercados fluidos y transparentes donde los precios se formen como consecuencia de la interacción espontánea de la oferta y la demanda, sin intervenciones distorsionantes y generalmente contrarias al interés de los consumidores.” (¡Dudo que yo pudiera haberlo dicho mejor y más claro!).

En un próximo artículo indicaré algunas de las decisiones económicas contenidas en el decreto del presidente Menem, pues al momento lo que me interesa destacar es que una nueva nación se une al concierto en favor del libre comercio que cunde por el universo entero. Es muy difícil que el Presidente elegido por el peronismo (históricamente intervencionista y afecto a un Estado que participa en todo), no haya meditado acerca de los alcances ideológicos de su decisión, pero creo que es un gran pragmatismo lo que le movió, más que el discurrir por modelos teóricos, como podrían creerlo ciertos oponentes de la apertura.

Simplemente Menen declaró el “Estado de emergencia de todo el sector público”, puesto que el resultado esperanzador tenido a partir de su programa (principalmente de su economista Domingo Cavallo) de estabilización económica, podría irse a pique, dando lugar a un nuevo tango sobre la malograda Argentina. Tal posibilidad parece alejarse, pues, por primera vez en años de obscuridad intervencionista, alguien inteligente, con agallas y sin temor a una oposición trasnochada oportunista, que sólo medita en los resultados electoreros del corto plazo, ha decidido devolver la esperanza del progreso a la otrora manoseada nación por tanto político estatista.

[Elisa]

1991-12-11-El DECRETAZO DE MENEM

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EL DECRETAZO DE MENEM


La Nación, 11 de diciembre de 1991.

El famoso decreto del Presidente Menem –que comenté en mi ensayo anterior– tiene dos características políticas esenciales. Primera, en democracia elimina muchas decisiones de gobiernos militares previos, que infringían la libertad de comercio y de contratación y, segundo, evita su paso por el Congreso de la Nación, pues allá, tal como aquí, hay dos sectores políticos que se oponen con tozudez a este tipo de medidas: los populistas de su propio partido y la socialdemocracia radical de oposición, quienes harán lo posible por frustrar un éxito de Menem.

El decretazo contempla, entre otras, las siguientes medidas. Elimina “la prohibición legal de convenir honorarios y otras retribuciones por servicios profesionales… por debajo de un determinado mínimo, desregula “la comercialización de medicamentos, facilitando la libre instalación de farmacias por parte de cualquier persona física o jurídica”, bajo una libre comercialización e importación de medicamentos; reforma los horarios de la actividad portuaria; elimina las “restricciones cuantitativas de las importaciones y exportaciones”, así como por su origen y procedencia, al igual que intervenciones previas en el proceso exportador y modifica sustancialmente los procedimientos aduaneros, con “una simplificación normativa tendiente a asegurar una mayor transparencia de las normas”.

Mucho de lo anterior sería igualmente útil en nuestro país, en donde las distorsiones inducidas por la conducta estatal constituyen un lastre sobre el trabajo de todos los costarricenses. Veamos otras de las decisiones de Menem. Elimina “subsidios, franquicias y otras formas de sostén directo de actividades económicas”, además, quita “los sistemas regulatorios de esas actividades”. Disuelve el Mercado de Concentración Pesquera de Mar de Plata, el Instituto Nacional de Actividad Hípica, el Instituto Forestal Nacional, el Mercado de Hacienda de Liniers, la Corporación Argentina de Productores de Carnes, la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, la Dirección Nacional de Azúcar, la Junta de Carnes, la Junta Nacional de Granos y redefine las funciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

También elimina los impuestos a la exportación y propone una “reformulación del esquema arancelario”. Quita las exenciones impositivas y subsidios a las “actividades siderúrgica, naval, aeronáutica, de producción de aluminio y de maquinaria vial”. Libera el mercado de capitales, facilitando la libre entrada y salida del sistema. Busca unificar la recaudación de tributos sobre el salario y “transformar las instituciones encargadas de brindar diferentes prestaciones que hacen a la seguridad social”.

Argentina lo hace bajo un régimen de emergencia económica pues casi tocaba fondo. La lección para todos nosotros es que debemos escoger entre dejar que ciertos politiqueros nos rebajen a ese nivel, para, en ese entonces, pensar en hacer algo, o decidir ya, con inteligencia y prestos a enfrentar poderosos intereses creados, cómo arreglar bien nuestras cosas antes de que sea demasiado tarde.