1990-08-29-UN BUEN CONSEJO

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UN BUEN CONSEJO


La Nación, 29 de agosto de 1990.

Se ha hecho mucha alharaca de las declaraciones de monseñor Arrieta acerca de la necesidad de redefinir algunas políticas gubernamentales. En el pasado le señalé al sacerdote que, al hablar sobre temas económicos, cometía errores de bulto que fácilmente serían detectados por un neófito en estudios de esa disciplina.

Pero en las últimas declaraciones del arzobispo en realidad no disertó sobre aspectos técnicos de economía, sino sobre la “justicia” que se presenta en la dispendiosidad del gasto estatal y sobre el abuso en el otorgamiento de ciertos privilegios en nuestra sociedad.

Claro que pretender que las pensiones de todos sean iguales, es tan absurdo como sugerir que el padre coadjutor de la iglesia de Machorcado de Güelta de Jorco perciba el mismo ingreso que un monseñor, de manera que el problema es de grado y, más que todo, una mención acerca de cómo ciertos grupos de presión utilizan al Estado en la satisfacción de sus propios propósitos, a costas de sus víctimas: los pobres.

Otro tema al que se refirió monseñor Arrieta es la enorme cantidad de exoneraciones, que recientemente han pululado en Costa Rica, erosionando con ello las bases tributarias, lo cual se ha reflejado en que ciertos grupos sean gravados más que otros. Mientras a algunos se les exonere, al Estado se le hace necesario gravar más a otros, quienes de por sí ya pagaban.

Lo que me llama la atención es que no se haya hablado con mayor claridad acerca de algunas de estas exoneraciones, que en ciertos casos se pueden justificar, pero que en otros pueden reflejar criterios que a algunos nos parecen algo halados del pelo o bien inequitativos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la firma productora más grande de lácteos, así como la mayor exportadora de carne de res y de pescado y algunos de los ingenios más grandes del país, no paguen el impuesto sobre la renta? También, por ejemplo, ¿cómo es que algunos de los bancos privados más grandes (los de cooperativas), tampoco paguen ese impuesto? Asimismo, ¿no le parece al lector que es necesario que ciertos grupos de privilegio, quienes hasta han legislado en su propio beneficio, puedan comprar vehículos de lujo exentos de gravámenes?

Finalmente, como tengo conocimiento y si estoy equivocado que me corrijan, dado que monseñor tiene acceso a un carro de cierto lujo –ante los ojos del pobre– el cual es totalmente exonerado, ¿por qué no lo vende para ayudar a los humildes que tanto le preocupan? Monseñor Arrieta debería brindarnos su justa opinión sobre las exoneraciones de los colegios profesionales, como el de periodistas, al cual aspiro algún día pertenecer, así como a los clubes deportivos, a las cooperativas, a los productores de alimentos para aves, etcétera, ad nauseam.