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Tema: Artículos publicados en Diario La Nación 1980-1989

  1. #191
    1989-03-13-EL SAL II Y APERTURA AL EXTERIOR

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    EL SAL II Y APERTURA AL EXTERIOR


    La Nación, 13 de marzo de 1989.

    En la Asamblea Legislativa se debate la aprobación del acuerdo de préstamo con el Banco Mundial llamado Sal II. Lo que éste se propone es facilitar el proceso de apertura de la economía costarricense al mercado internacional. Se puede estar en desacuerdo en cuanto a si la desgravación y la cobertura del acuerdo es la conveniente o no; sin embargo, no somos capaces de negar que esos planteamientos vayan en la dirección correcta para insertar a nuestra economía en los mercados mundiales.
    Interesa, por lo tanto, evaluar cómo les ha ido económicamente, en general, a los países que poseen economías orientadas al exterior, en comparación con aquéllas con producción dirigida al interior, por la vía de la sustitución de importaciones. Para ello me baso en datos contenidos en el Informe sobre el Desarrollo Mundial, 1987 del Banco Mundial, en que se comparan países con economías relativamente abiertas con otros de economías relativamente cerradas, en cuanto al crecimiento observado en su producción real y en términos per cápita, así como en su formación de ahorro interno bruto, su tasa de inflación y su crecimiento promedio anual de las exportaciones de manufacturas. El análisis se efectúa para el período 1973-1985.

    Mientras que el Producto Interno Bruto real de las economías abiertas creció a un promedio anual del 7.7 por ciento, el equivalente de las economías cerradas lo hizo a sólo un 2,5 por ciento (un tercio). Por su parte, el crecimiento del Ingreso Real por cabeza en las economías abiertas fue de una tasa media anual del 5,9 por ciento, la cifra comparable en las cerradas mostró un descenso anual de un 0,1 por ciento.
    En las economías abiertas, en 1985, el ahorro interno, como porcentaje del Producto Interno, fue de un 31,4% por ciento, mientras que en las cerradas fue de menos de la mitad. Y la eficiencia en el uso de los recursos financieros adicionales, indicado por la relación capital/producto incremental, muestra que se requería menos en las economías abiertas (un 4.5%), en tanto que en las cerradas es de 8; esto es, necesitaban mayor inversión que aquéllas para obtener una producción dada. La inflación anual media en las economías abiertas fue de menos del 10 por ciento, mientras que en las cerradas de casi el 15 por ciento. Las manufacturas exportadas crecieron a un 14.2 por ciento anual en las abiertas y sólo un 3,7 por ciento en las cerradas.

    Ante todos estos datos, sólo queda decir que Costa Rica bien merece la oportunidad de un mayor crecimiento económico y que los intereses particulares deben ceder al bienestar de la generalidad de los costarricenses. Esta posibilidad descansa en las manos de los diputados inteligentes, quienes sabrán apreciar esta evidencia contundente en favor de la apertura de nuestra economía, estimulada por el SAL II.

  2. #192
    1989-03-17-EXPORTACIONES-FUTURO GRIS A LA VISTA

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    EXPORTACIONES: ¿FUTURO GRIS A LA VISTA?


    La Nación, 17 de marzo de 1989.


    La política recién anunciada por el Gobierno de reducir las minidevaluaciones para corregir la inflación, debe evaluarse con sumo cuidado, pues es factible que dé lugar a serios problemas económicos.
    Esta nueva política es una especie de fijación del tipo de cambio, si se le compara con la previa de un ajuste casi automático ante un diferencial de la inflación en nuestro país con la del exterior. Si se fija el tipo de cambio cuando otros precios en Costa Rica están subiendo, ello originará una sobrevaloración de la moneda nacional (mayor que la actual), lo cual conducirá a dificultades en la balanza comercial.

    Una sobrevaloración del colón ocasiona una pérdida de la competitividad en el exterior, traducido en un aumento de las importaciones y un descenso de las exportaciones. Se provoca una pérdida en la producción, en el empleo y en los ingreso del fisco, así como se termina por devaluar la moneda nacional y por afectar los mercados financieros del país.

    Las autoridades gubernamentales tienen en mente estas posibilidades tan ominosas y por ello se esfuerzan en decir que mantendrán la política de no afectar las exportaciones de nuestro país. Así, don Fernando Naranjo, en una reciente mesa redonda en La Nación, aseveró que si el descenso en las minidevaluaciones perjudicaba a las exportaciones, “no dudarían en llevar a cabo los ajustes necesarios en el tipo de cambio”. Pero, la política electoral les apremia en sus decisiones.
    Y este es el dilema presentado a las autoridades gubernamentales: por una parte, para evitar la inflación, desean mantener una tasa de cambio fija o que, por lo menos, no aumente tan rápidamente como lo hacen otros precios en la economía, en tanto que, al mismo tiempo, quieren evitar problemas de déficit en las cuentas externas.

    Lo que las autoridades podrían hacer es aplicar políticas restrictivas sobre el gasto público y la emisión monetaria, para, al mismo tiempo, mejorar la balanza comercial y bajar la inflación. No parece haber elección entre las políticas macroeconómicas necesarias y la manipulación del tipo de cambio. Los gobernantes harían bien en conocer la experiencia reciente de países como Argentina, entre 1978 y 1983, e Israel, entre 1982 y 1985, los cuales cayeron en la sobrevaloración, en una posterior mayor devaluación y en un aumento de la inflación. Son buenas lecciones acerca de políticas erradas que se aprenden en la historia económica reciente.

  3. #193
    1989-03-30-QUEREMOS VOTAR

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    QUEREMOS VOTAR


    La Nación, 30 de marzo 1989.

    Para estos días se prevé una discusión en la Asamblea Legislativa acerca de la conveniencia de que Costa Rica pertenezca al foro denominado Parlamento Centroamericano.
    El debate interesa porque introduce un nuevo ligamen de Costa Rica para con el resto de Centro América y, también, dado que alrededor de él se ha tejido una serie de acontecimientos importantes, que el costarricense debe tener presente para valorar la conveniencia acerca de óomo tratar una posible incorporación nuestra a esa entidad.
    Se aduce para aprobar tal pertenencia, que el Presidente ya se comprometió a firmar el tratado de Esquipulas. Cabe preguntarse si él, de cuya autoridad moral no dudo, ¿constitucionalmente tenía la suficiente para comprometer al país? Que el Presidente haya aprobado el Parlamento, dada nuestra Constitución, no significa que se obliga al país. Para ese fin, el procedimiento está en someter su aprobación a los costarricenses, ya sea por el medio indirecto de la Asamblea Legislativa o el que creo interpreta un sentir de la ciudadanía, que todos con el voto decidamos sí, como país, nos conviene dar el paso propuesto.
    Algo que nos diferencia de otros pueblos es una creencia enraizada entre nosotros, cual es que queremos opinar concretamente; esto es, votar, cuando se nos presentan alternativas importantes entre las que se debe escoger. Ya en la escuela tenemos la suerte de votar por algún candidato para la “presidencia” del gobierno estudiantil, sembrándose en nuestra conciencia política que somos nosotros, con nuestro voto, quienes decidimos quien ha de ocupar ese cargo. En actos de asociaciones, clubes, sindicatos, cooperativas, elecciones nacionales y en muchas otras ocasiones, nos entintamos el dedo para expresar nuestra voluntad libre e independiente.
    Se amerita para que Costa Rica forme parte del Parlamento Centroamericano que, directamente, para evitar el prosaico deseo de algún intermediario deseoso de un buen salario en dólares, con sus exoneraciones, su duración en el cargo y su panoplia de prebendas, los costarricenses votemos para decidir si nos conviene o no tal participación. Como muchas otras veces lo hemos hecho, decidiremos nuestro futuro, según nuestra libre, independiente y soberana voluntad.

  4. #194
    1989-04-03-EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA

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    EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA


    La Nación, 03 de abril de 1989.

    Hemos escuchado recientemente y, sin duda alguna, en los meses venideros los oiremos una y otra vez, a los políticos decirnos que, de llegar a gobernantes del país, fortalecerían nuestro sistema democrático. Pero, es que la pregunta que usualmente se les formula merece una respuesta así de cajonera: “¿Fortalecería la democracia si llega el gobierno?” Es palmario que los políticos nos responderán con un sí: pero, no sería mejor preguntarles si ¿estarían dispuestos a eliminar la contribución obligatoria del Estado o los partidos políticos con el fin de fortalecer nuestra democracia? Una respuesta promete ser más interesante que la otra.
    Suponga el lector que los narcotraficantes se apoderan de las dirigencias de nuestros partidos políticos –como ha sucedido en otros lares y aquí, para que no se me acusen de nada, dicen que han “intentado”, penetrarlos– o que, por alguna razón, perdemos la fe en el actual sistema bipartidista financiado por el Estado, lo que nos haría mirar con buenos ojos la integración plena de un nuevo grupo político, que, según nuestra soberana voluntad, encarnaría mejor nuestras creencias sobre un buen gobierno.
    Lamentablemente, aquel nuevo cuerpo político no está en igualdad de condiciones, no tiene igualdad de oportunidades, con los partidos tradicionales ya existentes, para tener éxito en su ascenso al gobierno, puesto que, desde su inicio, tendría que enfrentar a casi novecientos millones de colones, casi repartidos entre los dos grupos ya existentes y con los que tendría que competir en una elección.

    El daño a la democracia provocado por este privilegio es grave, pues, en esencia, se impide la formación de grupos políticos nuevos que, en algún momento dado, el costarricense soberano podría considerar como deseable que viera la luz y que tuviera posibilidades de éxito en su propósito.

    La situación es hipotética, pero lo que realmente está en juego es un sistema democrático en que el ciudadano pueda integrar cuerpos políticos que disputen, en igualdad de oportunidades, una elección. Puede concebirse un caso en que la misma supervivencia de nuestra democracia reside en que un potencial partido político surja y tome el poder. Me parece que está lejos de llamarse democrático un sistema político que, de hecho, impide que los ciudadanos libremente se asocien para participar en el quehacer político, en igualdad de condiciones.

  5. #195
    1989-04-12-LIBERALIZACIÓN Y TIPO DE CAMBIO

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    LIBERALIZACIÓN Y TIPO DE CAMBIO


    La Nación, 12 de abril de 1989.

    En un futuro algo opaco, en parte debido a la poca definición que muchas veces se encuentra sobre asuntos realmente importantes, el tema de la continuidad de las políticas liberalizadoras promovidas por los actuales gobernantes, en cierto momento es posible que vaya a estar en discusión.
    Han sido diversas las experiencias de países que, después de involucrarse en procesos liberalizadores, revierten este tipo de políticas y vuelven a esquemas económicos anti-comercio. Por ello es importante dar a conocer algunos resultados de un estudio realizado por el Banco Mundial, que consta de 7 volúmenes y que pronto verá la luz bajo el nombre de Liberalizing Foreign Trade, sobre las experiencias de 19 naciones que en algún momento decidieron abrirse al comercio internacional y, después de ciertos episodios, continuaron tales políticas o bien las revirtieron.
    En lo que se refiere al tema específico de la liberalización y el tipo de cambio, en ese trabajo se llega a la conclusión de que, en los casos en que el proceso de liberalización dio lugar a un deterioro en la balanza de pagos, ello no se debió a incrementos súbitos en las importaciones, sino, más bien, a un crecimiento frustrante en las exportaciones, ya sea por una desaceleración de su crecimiento o bien por una declinación de ellas.
    De esto se deduce una importante conexión entre el tipo de cambio y el destino de los procesos liberalizadores del comercio internacional, la cual brinda una buena lección de la experiencia aplicable a las actuales circunstancias en nuestro país: “cuando aumentó el tipo de cambio real (cuando se depreció la moneda), o permaneció estable, se sostuvo más que todo la política de liberalización; cuando el tipo real bajo considerablemente (cuando la moneda se valorizó), el experimento de la liberalización fracaso las más veces”. (M. Michaely, A. Choksi y D. Pagageorgiou, “El Diseño de la Liberalización del Comercio”, en Finanzas y Desarrollo, marzo de 1989, p. 5).
    Si en nuestro país se prosigue con medidas que sobrevaloren la moneda y el régimen de minidevaluaciones no se ajusta con la flexibilidad requerida, el efecto sobre las exportaciones puede ser altamente nocivo y, a mediano plazo, terminarían por abandonarse los planes de liberalización de nuestra economía, lo que podría no estar muy lejos de los deseos de ciertos políticos.

  6. #196
    1989-04-28-LAS PLACAS DE LOS TAXIS

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    LAS PLACAS DE LOS TAXIS


    La Nación, 28 de abril de 1989.

    Según averiguaciones informales realizadas, una placa de taxi se adquiere en, más o menos, unos ochocientos mil colones (creo que el monto es poco y posiblemente sea mucho mayor). Esto cuesta el derecho de operar un taxi con la concesión gubernamental correspondiente. También he sabido que, sólo en el área metropolitana, hay entre 2.000 y 3.000 de los llamados taxis ilegales.
    Lo descrito es parte de un vasto mercado negro en el servicio de taxis y, antes de que alguien salte de inmediato a la conclusión de que el problema en sí lo es el tal mercado negro, vale la pena tratar de entender por qué se presentan hechos como los expuestos.

    La reciente denuncia de un medio colectivo –en verdad, una denuncia reiterada– expuso cómo ciertos políticos acuden a presiones e influencias para que sus adláteres incondicionales reciban la dádiva de una placa –todo cubierto bajo el fingido pretexto de ayudar a los “pobrecitos”– por parte del Ministerio de Transportes. El negociado surge porque el número de placas es inferior al que la comunidad desea que haya. Ello permite que quien recibe la concesión, se hace perceptor de una renta –que todos pagamos– por el privilegio derivado de la acción del político influyente.

    Si la concesión para el taxi se diera a quien la solicita para trabajar, la ganancia o renta del privilegio se esfumaría, pero el quid del asunto está precisamente en restringir el número de placas en circulación: El estado crea la escasez artificial y con ello, entre otros, se favorece a políticos ansiosos de obtener la incondicionalidad de algunos.
    La poca cantidad de placas da origen a los llamados taxis ilegales, que normalmente dan el servicio en lugares en donde escasea el de los legales. Las tarifas son menores y a veces son manejados por los mismos taxistas que operan los legales en otras horas del día. Gracias a ello, la ciudadanía dispone en parte de los servicios de taxi necesarios, cuya inopia se debe a la restricción de placas que hace el propio Estado.

    Para defender a los consumidores –un consejito a la Procuraduría del Consumidor– lo propio sería que el Estado no sea el que otorga las concesiones de taxis y dejar que cualquier ciudadano brinde los servicios a los demás, cuando las personas así lo desean. Tal vez como condición podría requerirse que los carros se pinten de rojo, para que a la distancia se les reconozca. De seguir como están las cosas, el chorizo continuará, la despensa de privilegios proseguirá y el daño al consumidor se perpetuará.

  7. #197
    1989-05-08-UN MUELLE ECONÓMICO

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    UN MUELLE ECONÓMICO


    La Nación, 08 de mayo de 1989.

    El presidente ejecutivo de JAPDEVA se quejó, debido al usual atraso de aprobación legislativa, por la posible pérdida de fondos alemanes que se emplearían en construir un nuevo muelle estatal en Limón, lo cual él juzga vital hacer, dado el próximo agotamiento de capacidad muellera.

    Parece que las ideas innovadoras no calan en este país, por lo cual es bueno brindar opciones a la práctica tradicional de que el Estado sea quien debe hacer todas las cosas y mostrar que hay alternativas convenientes para la ciudadanía, en contraste con los usualmente onerosos proyectos públicos.

    Me refiero a que sea el sector privado, en vez del Estado, quien construya y opere el muelle propuesto. Esto traerá numerosas ventajas para el país, entre las que menciono las siguientes: primero, de ser un muelle público todos los costarricenses seríamos participes, de una forma u otra, del pago de la deuda con que usualmente se financia. Todos estamos amortizando las deudas de muelles financiados con RECOPE. En caso de que el muelle fuera privado, sólo serán sus dueños quienes paguen las obligaciones.
    En segundo lugar, es ya muy sabido que la operación de los muelles del Atlántico, una de las principales salidas de nuestra exportación, es muy cara en comparación con otros países. Es más, existe una queja casi generalizada entre los exportadores sobre el alto costo del muellaje, que a veces pone a Costa Rica fuera de mercado. La alternativa de que los propios empresarios exportadores sean quienes construyan y administren su muelle, permite ejercer el control necesario para abaratar los costos.
    En tercer lugar, para que nadie alegue una entrega gratuita de patrimonio nacional a los empresarios, se les podría cobrar un canon o derecho por la concesión de tierra para construir el muelle. El fisco así obtiene recursos.

    De paso, que no salgan con el cuento de que en Costa Rica los muelles son del Estado. El de la Liga de la Caña en Punta Morales es privado y funciona eficientemente. Ningún costarricense paga por la manutención de una burocracia onerosa. Ya es hora de que la inteligencia prime, de que seriamente se estimule el esfuerzo exportador y de que se rompan ciertos privilegios que son muy costosos para el país. Conviene que los costarricenses nos sirvamos de la eficiencia de la acción empresarial en competencia.

  8. #198
    1989-05-10-MONETARISMO

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    EL MONETARISMO


    La Nación, 10 de mayo de 1989.

    Es frecuente que personas ignorantes u otras con intenciones de asustar a los niños o bien que algunos ambiciosos de poder y hasta que gente culta, pero omisa en sus escritos, utilicen vocablos que suenan como si ellos dijeran algo interesante, cuando en realidad no nos dicen a ciencia cierta de qué es lo que están hablando.
    El lector es buen testigo de cómo en los últimos tiempos, muchas personas han dicho estar en contra de las llamadas posiciones “neoliberales”; sin embargo, nunca nos dicen cuáles son esas posturas que merecen su oposición. Es muy posible que ciertas personas con inteligencia estén en contra del llamado “neoliberalismo”, pero otras tal vez sólo repiten su oposición como loros, más que como humanos racionales, y hasta habrá algunos quienes creen que por oponerse a esos “neoliberales”, ello les ha de convertir en seres más inteligentes, más humanistas o qué se yo, cuando en realidad ni saben ni siquiera de que trata ese concepto. Con paciencia espero que alguien me explique en qué consisten las ideas “neoliberales” y cuáles de esas tesis han sido puestas en marcha en Costa Rica, de manera tal que merezcan su rechazo.

    Surge ahora otra palabra que emplean ciertas personas, la cual parece tener un destino similar al de “neoliberal”. Me refiero a “monetarismo”, al que algunos dicen oponerse. Tal vez estas actitudes se explique por lo que nos menciona Gustave Le Bon en su libro Aphorismes du Temps Présent: “En política, las cosas son menos importantes que sus nombres. Para disfrazar aún las ideas más absurdas con palabras bien escogidas, a menudo es suficiente con ganar su aceptación”.
    Es por lo anterior, esperanzado en qué la razón e inteligencia puedan ser de utilidad para algunas personas, que me propongo explicar muy brevemente qué es lo que se entiende por monetarismo.
    Tal vez la manera más sencilla de hacerlo es acudir a un buen texto de economía. Así Rudiger Dombusch y Stanley Fischer en Macroeconomics, nos señalan que si bien “el monetarismo admite cierta diversidad, sin embargo se reduce a la proposición de que el dinero es extremadamente importante para la macroeconomía, que el dinero es más importante que otras cosas tales como la política fiscal, y en algunas variantes que el dinero es virtualmente todo lo que importa”, por supuesto, la expresión “todo lo que importa”, lo es en estos asuntos de política macroeconómica.

    El lector cuidadoso se habrá dado cuenta que el monetarismo en esencia se reduce a valorar el papel que puede tener la cantidad de dinero en circulación, para explicar una serie de fenómenos macroeconómicos y, para que quien esto lea, se dé cuenta de la utilidad de algunas de las proposiciones del monetarismo, me voy a permitir señalar varios de los hallazgos más interesantes en este campo.
    En primer lugar, que existe una relación persistente, aunque no precisa, entre la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero y la tasa de crecimiento de la cantidad nominal de ingreso en la economía. Esto es, que si crece rápidamente la cantidad de dinero circulando en la economía, crecerá rápidamente el ingreso nominal. Por ingreso nominal se entiende al valor de la producción en un período dado, medido a los precios de ese período; esto es, en colones corrientes, y difiere del llamado ingreso real, el cual es una medición que intenta aislar los cambios en la producción física de la economía en diferentes períodos, midiendo los bienes producidos en esos dos períodos a los mismos precios; esto es, en colones constantes.

    En segundo lugar, en promedio –según los hallazgos de Milton Friedman y de muchos otros economistas– un cambio en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero produce un cambio en la tasa de crecimiento del ingreso nominal aproximadamente seis a nueve meses después. Por supuesto, este rezago puede variar entre países y en momentos diferentes, pero parece ser que en muchos estudios se demuestra que el rezago entre la tasa de crecimiento del dinero y la del ingreso nominal, requiere entre dos y tres trimestres.
    En tercer lugar, en promedio, un cambio en la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, produce un cambio en la tasa de crecimiento de los precios en, aproximadamente, un año a un año y medio después. Esto es, la inflación surge de 12 a 18 meses con posterioridad a haberse aumentado la tasa de crecimiento de la oferta de dinero; por ello es que la lucha contra la inflación no es algo fácil de realizar con éxito y con rapidez, una vez que ésta se ha presentado en la economía.

    En cuarto lugar, como nos dice Friedman en The Counter-Revolution in Monetary Theory, “la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que es y puede ser producida sólo por un incremento más rápido en la cantidad de dinero que en la producción”. De aquí surge una evidente recomendación de política: si se quiere evitar la inflación en un país, que haya mesura en la emisión del dinero.

    De lo expuesto se puede deducir que el llamado monetarismo, tiene que ver únicamente con la relación que hay entre el crecimiento en la cantidad de dinero y algunas de las principales variables macroeconómicas. No se refiere absolutamente a nada de lo que algunos políticos de oportunidad, entre otros, afirman. De nuevo, esta última actitud nos la explica bien Gustave Le Bon, cuando afirma en su obra Lois Psychologiques de l´Evolution des Peuples, que “El poder de las palabras está ligado con las imágenes que evocan, y es bastante independiente de su significado real. Palabras cuyos sentidos están de lo más mal definidos son algunas veces aquéllas que poseen la mayor influencia… La razón y los argumentos son incapaces de combatir ciertas palabras y fórmulas. Son proferidas con solemnidad en la presencia de las masas, y tan pronto como han sido expresadas, una expresión de respeto se hace visible en todos los rostros y todas las cabezas son agachadas…”.

  9. #199
    1989-05-19-EL SAL II Y LA FRACCIÓN DEL PUSC

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    EL SAL II Y LA FRACCIÓN DEL PUSC


    La Nación, 19 de mayo 1989.

    La fracción del Partido Unidad Social Cristiana propuso una serie de reformas al SAL II, el cual espera su aprobación en la Asamblea Legislativa, según una información publicada en la Nación del 10 de mayo.

    Entre otras propuestas, los diputados del PUSC solicitan que el mínimo del impuesto a la importación de materias primas se reduzca de un 5 por ciento a un 1 por ciento, con lo cual demuestran un gran desconocimiento, aceptable para diputados, pero no para quien conozca de economía internacional, acerca de la diferencia que hay entre la protección nominal y la protección efectiva. Esta última toma en cuenta no sólo la protección que se le brinda al bien final, sino también la que se da a los insumos. Lo importante en una economía es evaluar la protección brindada a ambos, de manera tal que se pueda comparar la protección que se le da al valor agregado nacional, en comparación con este mismo, pero sólo que medido a precios mundiales.

    La propuesta de los diputados del PUSC, que asimismo se la escuché alguna vez el entonces precandidato Carlos Manuel Castillo, simplemente significa, todo lo demás constante, que se incremente la protección efectiva en la economía. Esto es, aumentar los efectos del proteccionismo, el que, entre otras cosas, mantendría elevado el costo de los bienes para los consumidores, garantizaría la producción en actividades relativamente ineficientes, con el desperdicio lógico de recursos escasos y, sobre todo, aumentaría el sesgo antiexportador en la economía. Sugiero, ante esto, que se asesoren mejor sobre estos temas.

    Estoy seguro que, entonces, evitarían que con sus propuestas se causara tanto daño al serio esfuerzo exportador que, a pesar de tantos obstáculos, realizan los costarricenses.
    Me parece que, posiblemente, lo que mueve a los diputados del PUSC es impedir que, en una administración liberacionista y en vísperas de elecciones, lleguen recursos del Banco Mundial y del Gobierno del Japón, lo que supuestamente contribuiría a una reelección de Liberación Nacional. Dicha visión resulta ser miope, pues el Gobierno no sólo parece disponer de suficientes divisas, para compensar cualquier posible efecto negativo de la desgravación arancelaria sobre la balanza de pagos, sino más que todo ya puede demostrar ciertos resultados apetecibles, los cuales surgen como consecuencia del proceso de ajuste estructural de la economía.

  10. #200
    1989-05-29-REFORMA INCONVENIENTE

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    REFORMA INCONVENIENTE


    La Nación, 29 de mayo 1989.

    La fracción del Partido Unidad Social Cristiana en la Asamblea Legislativa manifestó recientemente que el préstamo de ajuste estructural, conocido como SAL II, que está en discusión en dicho foro, debería reformarse para que incorpore, entre otras cosas, una “suspensión de las desgravaciones arancelarias cuando se determina que dos sectores industriales sufren problemas por el ingreso masivo de mercancías externas”, según se señala en La Nación del 10 de mayo pasado.

    Ciertamente la posición de la fracción socialcristiana debe mover a risa a quienes de una u otra manera tienen algo que ver con los programas de ajuste estructural, pues o demuestra una ignorancia enorme acerca de qué es lo que tratan los programas de apertura de la economía o que la fracción en mención supone que las demás personas son tonticas y que no entienden el contenido de tales programas.
    El proceso de apertura de nuestra economía, conocido ajuste estructural, busca, entre otras cosas, por una reducción de la barrera arancelaria además de medidas adicionales, que el país se especialice en la producción de aquellas actividades en las que tiene ventaja comparativa y que, por lo tanto, al contrario de los esquemas onerosos de sustitución de importaciones, se deje de producir aquello que el resto del mundo puede, relativamente, hacerlo más eficientemente (barato). Esto implica que habrá internamente una redistribución de recursos productivos de aquellas actividades comparativamente ineficientes, que operan gracias a una elevada protección, hacia las que pueden competir en el mercado internacional, pues son las que poseen ventajas comparativas.

    Lo anterior significa que habrá actividades en que surgirán problemas, que precisamente son las excesivamente protegidas. Pretender que no se les baje la protección cuando ello les afecta, equivale a decir que, como conservadores a ultranza, mejor no se haga ningún ajuste estructural y que se continúe en el empobrecimiento gradual de nuestra economía.
    La propuesta de la fracción socialcristiana en la Asamblea Legislativa, equivale a decir que se está a favor de la pena de muerte, pero siempre y cuando el ajusticiado no fallezca o, algo mejor, a botar el agua de la tina en que se baña el bebé, ¡pero con todo y nene!

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