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Tema: Artículos publicados en Diario La Nación 1980-1989

  1. #11
    1982-12-03-LA ECONOMIA DEL PRESIDENTE REAGAN-EL SECTOR DE LA OFERTA

    LA ECONOMÍA DEL PRESIDENTE REAGAN: EL SECTOR DE LA OFERTA


    La Nación, 03 de diciembre de 1982.

    En los dos artículos anteriores hice referencia a dos de los puntuales básicos de la política económica del Presidente Reagan; en primer lugar, una reducción de los gastos e impuestos que percibe el Estado y, en segundo término, un crecimiento estable y bajo de la oferta de dinero en la economía. Con ello se pretende, fundamentalmente, reducir las serias presiones inflacionarias que han venido afectando a la economía norteamericana, con su secuela de altos niveles de desempleo.

    El tercer fundamento de la política económica del Sr. Reagan descansa en lo que se ha dado en llamar economía del “Sector de la Oferta”. Esencialmente, se basa en tres ideas alternativas a las del keynesianismo tradicional acerca del desempleo, la formación de capital y del activismo estatal en la economía.

    Al contrario de la concepción tradicional social–estatista, que considera que el desempleo es producto de la insuficiencia de demanda en la economía y que, por lo tanto, la receta para reducir el desempleo es aumentar la demanda en la economía, especialmente por un incremento del gasto del Estado, la tesis propuesta por los llamados economistas del sector de la oferta (y lo cual no es nada nuevo en el pensamiento económico) es que el desempleo surge esencialmente por la existencia de incentivos inapropiados para brindar empleo, así como por la presencia de barreras artificiales impuestas por el Estado. De aquí que uno de los propósitos, parcialmente llevado a cabo por el Presidente Reagan y obstaculizado en gran parte por dificultades políticas impuestas por los sectores social-estatistas del Congreso de los Estados Unidos, ha sido la corrección de los incentivos económicos hacia el logro de un mayor esfuerzo laboral, en vez del estimulo al ocio que tenían.

    También dentro de este enfoque, el Presidente Reagan ha logrado un desmantelamiento parcial de una serie de restricciones a la producción que el Estado había impuesto sobre sus ciudadanos. Pero tal vez lo más importante es que las políticas monetarias y fiscales proseguidas por la Administración Reagan, se han orientado, en gran parte, a evitar que ocasionen de nuevo el grave daño de la década de los setenta: un activismo fiscal y monetario erróneo bajo el prurito de que así se creaba empleo, lo cual provocó, en realidad, la inflación y el desempleo simultáneos en la economía de los Estados Unidos, algo que era inexplicable bajo la tradicional teoría económica keynesiana, que es el fundamento ideológico de los social-estatistas.

    En lo que se refiere a la concepción intervencionista acerca de la formación de capital y de su papel en la economía, nos dice el profesor Martin Feldstein, destacado economista cercano al presidente Reagan, que “el efecto más directo del pensamiento keynesiano ha sido retardar el proceso de formación de capital… hay no sólo falta de interés en los beneficios potenciales de la acumulación de capital, sino también franco temor al ahorro excesivo” (The Public Interest, N.64, verano de 1981). De aquí que la administración Reagan busque revertir la tendencia (debido a la inspiración keynesiana de los gobernantes) por la cual la tasa de ahorro de los Estados Unidos ha estado muy por debajo de las otras naciones, lo cual ha afectado al crecimiento de la productividad de la economía durante los últimos años. Para lograr este objetivo, el presidente Reagan ha mantenido una política firme de tasas de interés reales positivas –esto es, que se retribuya al ahorro y no que se estimule el consumo– así como también una disminución de las tasas marginales del impuesto sobre la renta, con el fin de estimular al ahorro, a la inversión y a la asunción de riesgos en la economía. Igualmente, la administración ha propuesto profundas reformas al sistema del Seguro Social, el cual, debido a su diseño, constituye un fuerte desestímulo a la formación de ahorros en la economía estadounidense.

    Finalmente, el tercer elemento sujeto a revisión bajo la presidencia del Sr. Reagan, es la creencia keynesiana social-estatista en la virtud del activismo estatal para resolver todos los problemas sociales y económicos de las personas, utilizando para lograr estos objetivos no sólo los mecanismos fiscales de impuestos y gastos, sino también la creación de innumerables instituciones reguladores de la acción humana. Los resultados de los excesos en este sentido se han hecho patentes en los Estados Unidos (al igual que en Costa Rica durante las últimas década) lo cual ha provocado una actitud de mesura, especialmente por parte de la administración Reagan, frente a las supuestas virtudes del Estado para resolver los problemas socio-económicos de los ciudadanos. De aquí que se recurra, con un mayor énfasis que en años previos, a las virtudes de los mercados, los cuales reflejan la acción deseada por parte de la personas, para resolver más eficientemente sus problemas en comparación con lo que se lograría por medio del activismo estatal.

    Dentro de las políticas económicas del presidente Reagan algunos buscan eliminar una serie de regulaciones estatales sobre la libre actividad de las personas, como una expresión contundente de la fe en la acción individual, aunque si bien falta mucho aún por hacer en este campo, como lo sería, por ejemplo, la eliminación de proteccionismo de su economía. Debe reconocerse que la apertura de la barrera arancelaria de los Estados Unidos hacia los países del área del Caribe, propuesta por el presidente Reagan, ha sido dificultada por sectores realmente conservadores en contubernio con social-estatistas demócratas dentro del Congreso de los Estados Unidos, aunque el Sr. Reagan, luchador incansable por sus ideas, continúa interesado en lograr el beneficio del comercio exterior para las naciones de la región caribeña.

    Los liberales de Costa Rica le damos la bienvenida al Presidente Reagan, cuyas políticas económicas nos indican con optimismo que está utilizando “buena economía”. Sus ideas, obstaculizadas en la práctica tanto por la reacción proteccionista como por lo social-estatistas, nos sirven en gran parte como fuente de análisis de nuestra actual situación económica. El hecho de que social-demócratas del pasado ahora cuestionen sus ideas erróneas pretéritas e incursionen en los campos del liberalismo, debe de llenar de regocijo a los amantes de la libertad, quienes debemos estimular cualquier despertar que conduzca hacia esos rumbos. Con igual complacencia debemos recibir en nuestro país al liberal Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.

  2. #12
    1983-02-24-LA MITOLOGÍA DEL TIPO DE CAMBIO

    LA MITOLOGÍA DEL TIPO DE CAMBIO


    La Nación, 24 de febrero de 1983.

    Tal vez la característica económica más destacada de la gestión del gobierno del Presidente Monge, sea el notorio descenso que ha experimentado el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. Así, de los 65 colones que había que dar por cada dólar en mayo de 1982, en esta fecha el tipo de cambio es, aproximadamente, de 45 colones por dólar. Tan destacado descenso en el valor del dólar puede ser explicado por varias razones, entre ellas, por una repatriación de capitales nacionales que habían salido al exterior ante la incertidumbre existente a principios de 1982, por un aumento de préstamos del exterior, tal vez debido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la mayor inclinación de este gobierno, en comparación con el anterior, hacia los Estados Unidos o bien por un aumento de nuestras exportaciones o un descenso de nuestras importaciones o, tal vez, por una disminución del crecimiento de los precios internos que la gente espera que suceda en el futuro.

    Algunas de las anteriores explicaciones pueden tener cierta validez; pero en todo caso su significación no será analizada aquí, sino que, más bien, lo que se hará es brindar algunos consejos al actual gobierno, ya no tan social-demócrata y sí más liberal, a fin de evitarle un serio daño a la economía costarricense cuando se presenten, posiblemente, varios hechos que pueden dar el traste con la vigencia de un tipo de cambio de ¢ 45 por dólar (o menor, como lo quieren algunos).

    Hay varios elementos que inducen a pensar que el tipo de cambio no va a sostenerse en su posición actual (y menos descender, como lo pretenden ciertas personas) y que la casi inevitabilidad de una devaluación adicional, puede dar el traste con las expectativas de estabilidad en la economía que actualmente mantienen muchas personas, especialmente fundamentadas en la mesura del Presidente Monge y de su Ministro de Hacienda en la conducción de la política económica. Esencialmente han adoptado un principio básico que los liberales costarricenses han venido manifestando desde hace bastante tiempo: que el crecimiento del Estado, al amparo de la filosofía social-estatista, tarde o temprano había de provocar una seria situación de deterioro de nuestro país. Las creencias en que la emisión de dinero constituye un estímulo para producir, en que el Estado es un buen y eficiente empresario en casi todos los niveles de actuación económica, en que el proteccionismo es el esquema que asegura la riqueza popular, entre otros dogmas de fe, finalmente han sido aceptadas como incorrectas y por ello las prédicas de algunos social-demócratas del pasado, nos recuerdan los manifiestos de siempre de la ANFE. En buena hora el pensamiento liberal (al menos en lo económico) es ampliamente expuesto como el fundamento económico de gran parte del programa de estabilización del actual gobierno.

    Sin embargo, con el fin de evitar un daño mayor al país que el sufrido en los últimos tiempos, debe meditarse seriamente acerca de si la actual política económica proseguida conduce efectivamente a una estabilidad del tipo de cambio, como la vigente. Es necesario tener presente que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (la receta) está diseñado de manera tal que la inflación (la fiebre o calentura) de Costa Rica, que en 1982 ascendió a aproximadamente un 90%, había de llegar a ser de un 50% en 1983 y que, en función de esta premisa, las polìticas de gasto público (de impuestos y de endeudamiento), así como de emisión de dinero, han de ser congruentes con dicho crecimiento previsto de los precios, y así definido en el acuerdo antes dicho. Esto es, la medicina aplicada para reducir la calentura o fiebre se hará de manera paulatina, gradual y no de una sola vez, a manera de choque eléctrico. Por supuesto que todo esto tiene una relación sumamente estrecha con el tipo de cambio del colón con respecto al dólar, por las implicaciones que el ajuste gradual tiene sobre el crecimiento de la oferta de dinero y el comportamiento del gasto público.

    Lo anterior puede verse de varias maneras: una de ellas es que si la emisión de dinero (y gasto público y endeudamiento) de Costa Rica, de acuerdo con los lineamientos del Fondo Monetario, ha de provocar una inflación que resulta ser bastante más elevada (se estima en un 50% en el acuerdo) que la de los principales países con los cuales nuestro país realiza su intercambio comercial (la inflación en los Estados Unidos es de un 4%, en Japón, el 7 ½ %; en el Salvador, 12%; en Honduras, 35%; en Guatemala, 20%, como ejemplos), se requiere necesariamente una redefinición de nuestra paridad cambiaria. De no ser así, nuestros costos, respecto a los de los otros países, serían muy altos, lo cual provoca un descenso de nuestras exportaciones y un correspondiente aumento de las importaciones. Por ejemplo, este resultado daría el traste con el tipo de cambio actual existente, a no ser que la nación disponga de suficientes reservas de divisas, las cuales son ya virtualmente nulas y con poquísimas posibilidades de incrementarse.

    Otra forma de ver el mismo problema es que sí la oferta del dinero nacional crece más que la oferta de divisas (suponiendo dadas las demandas), los precios de una moneda en términos de la otra no se pueden mantener. El colón va a perder valor (devaluarse) en comparación con el dólar.

    Dados los comentarios anteriores, la aseveración mitológica del Presidente Fait de que el tipo de cambio debe ser ¢32 por dólar (¿por qué no 1 a 1?), debe interpretarse como contradictoria con lo que eventualmente serán los hechos: una devaluada paridad cambiaria y la consiguiente pérdida de la credibilidad en el gobierno actual, la cual va a ser muy, pero muy, déficit de recuperar.

    El consejo positivo que se le puede brindar al actual gobierno es que defina una política de ajuste del tipo de cambio, de manera tal que éste se ajuste según sean las posibilidades para exportar; o sea, que nuestra moneda no se revalúe, impidiendo satisfacer las necesidades de exportación por una pérdida de nuestra posición competitiva en los mercados internacionales. La contradicción de la actuales polìticas económicas de simultáneamente fijar un tipo de cambio (y más aún de pretender bajarlo), con una expansión de la oferta de dinero y del gasto público consistentes con una inflación interna mucho mayor que la del resto del mundo, hará explosión y entonces sí se podrá lamentar el no haber realizado el ajuste prudente, necesario y requerido. Debe, de una vez por todas, buscarse la consistencia y eliminarse la contradicción en las políticas.

  3. #13
    1983-03-07-UN MITO QUE NO SE CORRIGIÓ

    UN MITO QUE NO SE CORRIGIÓ

    La Nación, 07 de marzo de 1983.

    En un reciente artículo titulado “La mitología del tipo de cambio”, que se publicó en este periódico el 24 de febrero, escribí lo siguiente: “Tal vez la característica económica más destacada de la gestión del gobierno del presidente Monge, sea el notorio descenso que ha experimentado el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. Así, de los 65 colones que había que dar por cada dólar, en mayo de 1982, en este fecha el tipo de cambio es de, aproximadamente, 45 colones por dólar”.

    La afirmación anterior está incorrecta y agradezco a un buen amigo, quien, muy temprano el mismo día en que salió la publicación antes citada, me llamó por teléfono para corregirme por tan seria equivocación. Resulta que, a principios de mayo de 1982, cuando el Gobierno actual asumió el poder, el tipo de cambio era de, aproximadamente, 48 colones por dólar y no fue sino hasta mediados de agosto, tres meses y medio después, cuando alcanzó la suma de, más o menos, 65 colones por dólar. De aquí que si comparamos la cifra de principios de mayo con la de aproximadamente 45 por dólar de esta fecha, en realidad el descenso que la paridad cambiaria ha tenido durante esta administración, es relativamente muy pequeña.

    Esta última afirmación, sin embargo, debe ser calificada de acuerdo con lo observado durante el período de marras. Alguien puede alegar que el alza de mayo a agosto de 1982 fue provocada por los impulsos que ya tenía el tipo de cambio, así como por la estructura institucional heredada del gobierno anterior y que, por lo tanto, es un mérito de la actual administración el descenso que posteriormente ha tenido el tipo de cambio. Sin embargo, alguno más desconfiado puede considerar que el Gobierno actual dejó primero que el tipo de cambio continuara su ascenso entre mayo y agosto de 1982, para después devolverlo al valor que tenia al principio y, entonces, así acreditarse políticamente una victoria (tal vez pírrica a largo plazo) en la lucha contra la devaluación.

    A mí, para sus propósitos, me da igual cualquiera que sea la explicación de ese fenómeno. Lo que más me preocupa es la creencia de algunos en que el tipo de cambio puede, necesariamente, mantenerse e incluso reducir cuando el país esta empeñado en un esfuerzo de estabilización de la economía, por medio de un ajuste inflacionario y gradual proceso en el cual los precios internos se espera que crezcan más rápidamente que los de los países con los cuales realizamos nuestro intercambio comercial, lo cual eventualmente requiere un ajuste de la paridad cambiaria; esto es, una devaluación.

    La creencia en que algunas autoridades pueden manipular a su arbitrio el tipo de cambio es un ejemplo más del mito por el cual ciertos individuos creen que pueden, en realidad, determinar la conducta humana, de manera tal que se creen capaces de diseñar el comportamiento del hombre. Por ello, con esa visión de ingenieros sociales, consideran que fijar el tipo de cambio se resume en decir “que sea tal y tal” y que con eso basta para resolver el problema. No se dan cuenta, pues va contra su supuesta capacidad casi sobrehumana que presume el control de la conducta de los demás, de que el tipo de cambio es simplemente un resultado de fuerzas, de corrientes, de flujos, en un proceso en el cual las personas actúan, cada una según su interés particular, y se determina un precio que concilia los diversos intereses y capacidades. Esto es, hay un mercado en el cual el tipo de cambio es un resultado de fuerzas.

    Los creyentes en el determinismo y en el activismo social consideran, como corolario de su mitología, que el tipo de cambio es una variable, una herramienta, a ser utilizada según su diseño o deseo de estabilización (o desestabilización) de una economía. Y olvidan que el tipo de cambio es reflejo del comportamiento, entre otras cosas, de la oferta de dinero en la economía y que, en tanto ésta siga creciendo, posiblemente ni el santo más bondadoso con el país va a poder evitar una eventual devaluación. Y cuando surja –violenta, grande y cruel ̶ el pueblo va a perder la confianza en las autoridades y ya, tal vez en ese entonces, no habrá árabes a los cuales echarles la culpa de nuestros propios errores, como ha sido la costumbre en los últimos años por parte de ciertos políticos. Una vez más, doy las gracias al amigo, quien certeramente corrigió mi previo error.

  4. #14
    1983-03-17-REFLEXIONES SOBRE EL SEL-TAC-FODEC


    REFLEXIONES SOBRE EL SEL-TAC-FODEC

    La Nación, 17 de marzo de 1983.

    Llámese SEL, TAC, FODEC o lo que se quiera, la verdad es que estamos en presencia de un ejemplo del dicho de que “es una misma mona, pero con distinto rabo”. En última instancia lo que pretenden es que los patrones hagan efectivo el pago de las prestaciones a sus trabajadores y que esos fondos, despojados del uso que de ellos los empleados podrían hacer libremente, pasen a ser utilizados por la burocracia estatal, por más que ella nos aparezca disimulada.

    El sistema vigente de las prestaciones es, en realidad, un sustituto para un seguro de desempleo, Algunos individuos, libre y voluntariamente, han decidido utilizar esos recursos para diverso fines que ellos consideran deseables. El movimiento Solidarista, sin coacción ni obligatoriedad de afiliación santificada por el Estado, ha logrado en mucha empresas satisfacer las necesidades de los trabajadores por medio de de los fondos de prestaciones y cesantía. El éxito del movimiento, creo, radica en su carácter voluntario, libre y espontáneo, de manera que el día en que sea obligatorio para algunos grupos de trabajadores, podría iniciarse el deterioro de ese excelente ejemplo exitoso de libre acción voluntaria.

    Con el SEL, TAC O FODEC, el Estado pretende despojar a los trabajadores de la propiedad de esos recursos. No sólo existirá una peligrosa politización del buen uso de los recursos de los trabajadores, sino que más de un empresario, avivato y bien conectado, dueño de empresas quebradas, hará lo indecible para que sean “traspasadas” a los trabajadores. De esto hay que cuidarse, pues puede explicar la vocación negociadora de algunos empresarios, quienes, más que el bien del trabajador, lo que buscan, como es lógico, es su propio beneficio particular. Por supuesto, el Estado será el que facilitará ese proceso de traspaso.

    Si lo que se desea es transformar por medio de una ley al actual sistema de cesantía por otra alternativa, hecho que en sí debe ser sumamente meditado, creo que lo conveniente es que simplemente se les den esos fondos a los trabajadores y que ellos dispongan ̶ son inteligentes, el solidarismo lo demuestra ̶ libremente de sus dineros, y que no se los expolie el burócrata de turno.

    El SEL, TAC o FODEC, además de expropiar a los trabajadores de sus sueldos, va a significar un aumento de los impuestos a fin de poder pagar la parte correspondiente a los trabajadores del Estado y, por otra parte, va a provocar un aumento en los precios de los productos. Por ello, si al menos los recursos de la cesantía se los dan a los trabajadores, podrían hacer frente a esos nuevos gravámenes (más impuestos y alza en los precios); en cambio, si se los despoja de sus recursos, el pobre trabajador tendrá albarda sobre aparejo, quedará doblemente sacrificado.

    Los social-estatistas nos dieron el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para resolver el problema de la pobreza. Los social-estatistas nos dieron las Asignaciones Familiares pare resolver el problema de la miseria y la desnutrición. Los social-estatistas nos quieren dar ahora el SEL/TAC/FODEC para, supuestamente, darle propiedad al obrero. Yo pregunto a los trabajadores si, con todas estas experiencias paternalistas de los social-estatistas de Costa Rica, ¿están dispuestos a que sus fondos se los tome el Estado? Si no es así, entonces deben luchar por lo que les pertenece y no dejar que lo que tanto esfuerzo les ha costado, sea el pasto en donde se regocijen las sagradas reses políticas de nuestro país. El trabajador no debe permitir que se convierta en el que ha de pagar el festín de quienes administran sus dineros. Son los trabajadores quienes deben disponer de las remuneraciones a sus esfuerzos. De no ser así, pasarán de ser unos trabajadores libres a siervos de la gleba, esclavos de quienes administran sus platas y deciden qué hacer con ellas, Hay cosas fundamentales que están en juego.

  5. #15
    1983-04-08-QUE SIGA EL VACILÓN


    QUE SIGA, QUE SIGA EL VACILÓN


    La Nación, 08 de abril de 1983.

    Cada vez que el bien intencionado y poco acatado Ministro de Hacienda, don Federico Vargas, brinda una opinión acerca de la situación fiscal del país, ya sabemos lo que nos va a decir, pues su exposición sigue un ritual claro y definido.

    Primero que nada don Federico nos habla del gran esfuerzo realizado por las autoridades para equilibrar el déficit del presupuesto, debido a los exorbitantes aumentos de impuestos, así como por ciertas medidas tendentes a reducir el gasto público.

    A continuación don Federico nos anuncia que esa reducción del gasto tan sólo se ha dado en ciertos sectores del Estado y que en las instituciones autónomas (sin nombrarlas y sin darnos cifras), aún prima la impresión de que el país está en los años de las vacas gordas, desoyendo el consejo de don Federico de que la frugalidad en los egresos es una condición indispensable para tener éxito en la política de estabilización económica, en que se ha empeñado el Gobierno.

    Luego don Federico nos explica que, si no se equilibra el presupuesto, habría emisiones monetarias inflacionarias que tanto mal le hacen al país y que, como el gobierno actual no quiere esa inflación, tendrá que buscar nuevos recursos para financiar al fisco.

    Inmediatamente después don Federico nos menciona que existe el deseo manifiesto del gobierno de no aumentar el desempleo en el sector público y que, como las entidades autónomas no quieren reducir el gasto, entonces habrá que poner nuevos impuestos, a fin de brindar los recursos necesarios para que la maquinaria estatal continúe funcionando y no se tenga que despedir a sus empleados.

    Corolario. Ya una subcomisión de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó más y nuevos impuestos. Se van a gravar las ganancias de capital, los dividendos, las remesas al exterior, los ingresos de las personas físicas y se ampliará la cobertura del impuesto sobre la renta. Y, por supuesto, no se les olvidó poner un impuesto sobre los premios de la lotería nacional.

    En verdad la situación fiscal del país es grave. Pero el problema es que al enfermo se le quiere curar, matándolo y como en este país casi todo lo negocian ciertos sectores, ya veremos como, muy posiblemente, todos estos impuestos serán aprobados dada la cómoda mayoría de diputados con que cuenta el partido gobernante. (“Necesito muchos diputados para poder gobernar”).

    Lo contradictorio de toda esa situación es que, en primer lugar, casi todos los funcionarios de este gobierno hablan de reducir el gasto público, pero no lo hacen. Se vuelven puras palabras. Sucede exactamente lo mismo cuando le dicen al país que se necesita exportar y producir y lo que inmediatamente hacen es llenar de impuestos a todo tipo de actividad productiva y, en especial, a aquella dedicada a la exportación. De veras que no se les puede entender.

    En segundo lugar, quienes arguyen que no debe reducirse el gasto estatal para no crear desempleo en el sector público, bien saben que los nuevos e incrementados impuestos reducirán, en última instancia, el empleo en el sector privado, O sea, que en verdad lo que quieren es que continué la burocracia estatal (que es muchas veces la fuente de su poder), aunque sea a costas de la extinción del empleo privado.

    Aparenta ser la hora de que ciertas entidades, especialmente las obreras, las que verán desaparecer sus fuentes de empleo, impidan que se negocie “todo” en este país. De otra forma, mientras siga el vacilón con el gasto público el desempleo y la inflación serán voraces comensales de nuestras mesas.

  6. #16
    1983-04-30-LA ECONOMÍA CHILENA EN UNA DÉCADA


    LA ECONOMÍA CHILENA EN UNA DÉCADA


    La Nación, 30 de abril de 1983.

    Hechos recién sucedidos en el campo económico en Chile, me motivan a realizar un breve análisis acerca de la evolución de la economía chilena a partir de los años setenta a la fecha.

    Esta exposición cubre específicamente varias secciones, que serán desarrolladas en varios artículos. El primero se refiere al Gobierno de Allende, el cual concluye con su caída en setiembre de 1973. El segundo describe las principales políticas económicas aplicadas durante el gobierno de Pinochet hasta la crisis de 1981 ̶ 1982. El tercero hace una evaluación de los resultados a esa fecha. En cuarto lugar, se analiza lo que en el campo económico han sido los factores cruciales en la explicación de la crisis chilena, y, finalmente, se comenta la forma en que las autoridades han decidido encararla y se compara, a grandes rasgos, con la actual situación de la economía costarricense.

    Se puede aseverar que durante el gobierno de Allende (1970-1973), simplemente se intensificó en Chile el socialismo estatista que primaba desde los años treinta. Las principales características económicas de ese intervencionismo estatal pueden resumirse en las siguientes:

    1. Un tipo de cambio sobrevaluado y mantenido artificialmente por esquemas proteccionistas, tanto arancelarios como no arancelarios (tales como cuotas de importación, subsidios a las exportaciones, entre otros)

    2. Tasas de interés reales negativas, con el fin de que las autoridades puedan asignar, según su gusto, el crédito preferencial, dar subsidios a ciertos sectores, etcétera.

    3. Fijación de precios, especialmente de los alimentos y de otros bienes relacionados con una supuesta “canasta básica” del consumidor o asalariado.

    4. Políticas salariales orientadas a mantener los salarios en términos reales y redistribuir los ingresos ante la presencia de serios procesos inflacionarios, así como evitar que esos mismos incrementos salariales se conviertan en la fuente de la inflación.

    5. Crecimiento y ampliación de la cobertura del Estado paternalista en el campo de los beneficios sociales.

    6. El creciente sector público tuvo déficit financiados fundamentalmente por emisiones de dinero, así como por préstamos externos.

    7. Con el fin de asignar los recursos según fuera el deseo estatal, se utilizaron esquemas de subsidios, cuotas, regulaciones, etcétera, los cuales en muchos casos tenían exenciones específicas.

    A las anteriores características generales, presentes en todos los regímenes posteriores a la Gran Depresión, el gobierno de Allende tuvo algunas propias, las cuales son necesarias describir:

    8. Reactivación de la economía que se encontraba en recesión a fines de los años sesenta, por medio de fuertes incrementos en el gasto público y en los niveles de salarios.

    9. Incremento en el control de sectores de la economía (entre 1971 y 1973 el gobierno se apropió de casi 500 empresas).

    10. Incremento en la porción de salarios como proporción del ingreso nacional.

    11. Aceleración del proceso de reforma agraria iniciado por Frei (entre 1971 y 1973 se expropió una cuarta parte del total de la tierra agrícola chilena).

    12. Reducción de la tasa de crecimiento de los precios lograda supuestamente por medio del control de precios, de la fijación del tipo de cambio y del congelamiento de las tarifas de servicios públicos.

    De la anterior, es fácil colegir lo que en realidad terminó por suceder: a la caída de Allende la economía era un desastre. Las cifras siguientes pueden dar una idea clara de los resultados del experimento de Allende. Al terminar el período, la inflación era de aproximadamente 1.000 por ciento anual; el déficit del gobierno central era de más del 20 por ciento del Producto Nacional Bruto; el tipo de cambio en el mercado negro era de más de 10 veces el tipo oficial; las reservas internacionales netas eran negativas; la producción agrícola se había reducido a los niveles de principios de los sesentas; el Producto Nacional Bruto real y los salarios reales estaban muy por debajo de los niveles de 1970; la inversión estaba paralizada y las escaseces de numerosos productos eran la norma. En síntesis, las contradicciones inherentes a las políticas económicas de Allende hicieron explosión a finales de 1973.
    Última edición por Elisa; 09/10/2014 a las 05:51

  7. #17

    1983-05-06- LA REFORMA ECONÓMICA CHILENA

    LA REFORMA ECONÓMICA CHILENA


    La Nación, 06 de mayo de 1983.

    La naturaleza del marco político chileno bajo la administración del Presidente Pinochet, permitió un mayor grado de libertad en la aplicación de las políticas económicas, en comparación con, por ejemplo, un régimen como el nuestro. De esta forma, el factor político no puede esgrimirse como razón para la no aplicación de ciertas políticas económicas, en el alcance y profundidad requeridos, al menos en el grado en que usualmente se limita en nuestra nación.

    La reforma económica chilena comprendió fundamentalmente a tres áreas: apertura al exterior, estabilización de la inflación y reestructuración del sistema financiero.
    La apertura comercial al exterior se caracteriza por una reducción drástica de los aranceles, los cuales, de un promedio del 84 por ciento sobre el valor de las importaciones en 1974, se redujeron gradualmente a una tasa única (y casi generalizada) del 10 por ciento en el segundo semestre de 1979. Paralelo al proceso de desmantelamiento del proteccionismo, se liberó la casi totalidad de precios controlados (había más de 3.000 productos con el precio fijado en 1973) a fin de permitir el libre funcionamiento de los mercados. Igualmente, se dio una apertura casi sin restricciones a la inversión extranjera directa y con un sistema de tipo tarifario, instituido a fines de los setentas, se permitió el ingreso de capitales al país (mayor encaje de acuerdo con la menor duración del préstamo), que sustituyó controles cuantitativos previamente existentes.

    La política de apertura comercial estuvo en un inicio acompañada de una serie de reajustes en los tipos de cambios, proveyendo, a través de devaluaciones programadas, un incentivo para el crecimiento de las exportaciones que no fueran de cobre. Sin embargo, hacia mediados de 1979, las autoridades decidieron fijar el tipo de cambio en 39 escudos por dólar, a fin de que la inflación externa e interna pudieran converger hacia un nivel determinado. (Se trata de lograr, además, introducir una mayor predictibilidad a los precios de los bienes comercializados internacionalmente). En el caso de las exportaciones, si se exceptúa el cobre, éstas se duplican entre 1973-1974; las exportaciones industriales por sí solas se triplicaron. De 1974 a 1977 las exportaciones industriales se triplicaron en valor. En 1978, las exportaciones, excluyendo el cobre, crecieron en un 10 por ciento en términos reales.

    En lo que respecta a la política anti-inflacionaria, la virtual eliminación del déficit del sector público hacia 1975 permitió que el crecimiento de la oferta de dinero fuera cada vez menor y no pudo serlo más por la gran entrada de fondos de corto plazo, la repatriación de capitales y el enorme incremento en las exportaciones no-tradicionales. Pero ya para 1976 la política monetaria se convirtió en la herramienta principal de la lucha anti-inflacionaria. El rápido descenso en el crecimiento de los precios se reflejó en una baja de las expectativas inflacionarias, lo cual se tradujo en un aumento de la demanda de dinero, lo que permitió a las autoridades moverse con mayor flexibilidad hacia la restauración de los niveles normales de liquidez en la economía. (La inflación se llegó a reducir, de la asombrosa hiperinflación de 1973 de casi un 1.000 % anual, a un 5,7% en agosto de 1982).
    Sin embargo, la decisión de que el instrumento para combatir la inflación lo fuera la política monetaria, fue posteriormente (hacia mediados de 1979) ligada más bien a la definición acerca del tipo de cambio. Esto es, determinó que, al congelar el tipo de cambio con libertad de importación, los precios internos no podrían crecer más rápidamente que en lo que crecen los precios internacionales. (Esto se conoce como el enfoque monetario de la balanza de pagos). Es decir, del enfoque monetario de economía cerrada se utilizó el concepto de que la inflación interna era un resultado, ya no de la política monetaria interna, sino de las variaciones de los precios internacionales y de los cambios en el tipo de cambio. Si este último permanece fijo, entonces se igualan los cambios en los precios internos con los de los precios internacionales.

    Otra área objeto de profunda reforma económica fue la financiera. Al caer Allende la mayoría de la banca era propiedad del Estado. El nuevo gobierno restauró la propiedad privada de ésta. Igualmente, dentro de la política financiera puesta en práctica, se liberó el tipo de interés a fin de que cubriera la tasa de inflación; también se suprimieron los controles de cartera y el plazo mínimo de los préstamos. De la misma manera, se abrió el mercado financiero a la banca internacional, la cual, de un banco que operaba en Chile en 1973, pasó a 12 bancos internacionales en 1981. Se esperaba que la reforma financiera permitiera los niveles de ahorro, así como la ampliación del crédito disponible para el sector privado, tanto proveniente del exterior como del interno.

    Debe destacarse que, hacia 1975, la recesión mundial puso en seria prueba al naciente esquema económica de Chile, pues no sólo el precio del cobre sufrió un colapso (el precio real promedio del cobre en el período 1974-1978 era un 40% menor que el de los años 1971-1973), sino que también cesaron las fuentes de recursos externos. Esto provocó un descenso del 12% del Producto Geográfico Bruto de Chile. Sin embargo, tal como se verá en un posterior artículo, la economía chilena logró salir airosa de la seria recesión de los años 1975-1976

  8. #18
    1983-05-09-RESULTADOS ECONÓMICOS EN CHILE


    RESULTADOS ECONÓMICOS EN CHILE


    La Nación, 9 de mayo de 1983.

    Uno de los problemas derivados de la apertura comercial proseguida por Chile fue el elevado desempleo generado por la reasignación de los factores productivos, debido a la necesidad de reajustar las expectativas y de absorber la nueva información necesaria para dedicarse a nuevas actividades que estimulen la demanda de trabajo. Adicionalmente, la enorme reducción de la burocracia estatal y un crecimiento de la oferta de trabajo (debido a las nuevas posibilidades de consumo e ingreso de la población chilena), provocaron una elevación de las tasas de desempleo.

    Para aliviar la situación anterior, el proceso de reajuste arancelario se hizo en forma gradual, además de que se llevaron a cabo programas específicos de reajuste laboral, incluyendo subsidios transitorios al desempleo y programas de reentrenamiento de los desocupados. Igualmente, para mantener la continuidad empresarial, a las empresas que, por insuficiencias del mercado interno de capitales, sufrían problemas de reajuste se les brindó crédito que les permitiera readecuar sus actividades. En todo caso, la tasa de desempleo bajó casi de un 20 por ciento en 1976 a un 10,8 por ciento en 1981.

    El crecimiento del Producto Geográfico Bruto de Chile fue bastante elevado, a pesar de que en el lapso 1973-1975 decreció en un promedio de 3,3 por ciento, debido al arrastre de la época de Allende y a la seria recesión internacional. Así, en el período 1976-1979 el crecimiento fue de más del 7 por ciento anual y en 1981 ascendió a 5.3 por ciento. (Entre 1973 y 1980, la economía creció en un 26 por ciento).

    En lo que respecta a los salarios reales, no fue sino hasta 1978 cuando llegaron a ser equivalentes a aquellos de 1970. En 1981 aumentaron en un 7 por ciento. Debe señalarse que, a partir de 1974, los incrementos en los salarios estaban ligados al crecimiento del índice de precios al consumidor; pero el ajuste salarial se efectuaba en correspondencia con el crecimiento de los precios sucedido varios meses atrás. De esta manera, existía un rezago en los ajustes automáticos del salario nominal a la inflación que mantuviera los niveles de salarios reales.

    Hacia mayo de 1975 se liberó de todo control al tipo de interés, como parte fundamental de la reforma financiera de Chile. Como resultado los tipos de interés se elevaron, cubriendo el crecimiento de los precios pero con el inconveniente de que las tasas de corto plazo se elevaron mucho en términos reales, debido muy posiblemente a la fuerza y a la intransigencia de las expectativas inflacionarias, que han tenido cierto atraso con respecto a los descensos efectivos en los precios, así como también por la variación en el esquema del comercio internacional, que introdujo incertidumbre en los sectores empresariales y, tal vez, a colusión entre un número limitado de instituciones.

    Otros resultados interesantes del período son los referentes al comercio exterior. Chile tuvo una posición neta de reservas de -230 millones de dólares en 1973, a finales de 1978 era de +617 millones de dólares y de +2.340 millones de dólares en 1973 se elevó a 5,1 miles de millones de dólares en 1980. Al 30 de junio de 1982, las cifras, no enteramente comparables con las anteriores, ascendían a 13,5 miles de millones de dólares. Entre 1973 y 1980 el comercio exterior de Chile casi se cuadriplicó.

    Finalmente, es importante destacar el logro obtenido en la situación fiscal del gobierno chileno. En tanto que en 1973 el gasto público era el 44,9 por ciento del Producto Geográfico Bruto; en 1981, llega a ser del 25,1 por ciento. El déficit en cuenta corriente en 1973 fue el 12 por ciento del Producto Geográfico Bruto y a partir de 1975 se obtuvo un superávit en ese rubro. No sólo esto se logró por la reducción radical del gasto público, como parte de la política de trasladar al sector privado la mayoría de las decisiones de asignación de los recursos, sino también por incrementos en los impuestos y en los precios de los servicios públicos, además de la privatización de empresas en manos del Estado.

  9. #19
    1983-05-18-LA CRISIS IRRUMPE EN CHILE

    LA CRISIS IRRUMPE EN CHILE


    La Nación, 18 de mayo 1983.

    Ya en 1981 hay evidencias de crisis en la economía chilena. No sólo hay una declinación de los flujos de fondos externos, sino que las tasas reales de interés a corto plazo sufren un serio aumento en comparación con las del año previo. El Estado interviene ocho instituciones financieras y uno de los conglomerados más importantes experimenta graves dificultades. Por otra parte, el déficit de la balanza comercial asciende a 2.600 millones de dólares, reflejando tanto la falta de competitividad de las exportaciones chilenas, como el estado recesivo del comercio internacional, especialmente en el precio del cobre. Aún así, la economía chilena no parece verse afectada seriamente por la recesión internacional. De esta manera, el Producto Geográfico Bruto crece en un 5,3 por ciento y la inflación es de sólo 9,5 por ciento. En aquel año las reservas internacionales aumentan en otros 70 millones de dólares. Por otra parte, la tasa de desempleo baja a un 10,8 por ciento y los salarios reales aumentan en un 7 por ciento. EL fisco muestra en 1981 un superávit del 1,6 por ciento del Producto Geográfico Bruto. Por otra parte, ese año concluyó con una deuda externa a mediano y largo plazo de 12,6 miles de millones de dólares (creció en un 33.4% por ciento en el año), la que, sumada a la de corto plazo, da un total de 14,7 miles de millones de dólares.

    En 1982 la situación ya es bien distinta. El Producto Geográfico Bruto disminuyó en aproximadamente un 13 por ciento con respecto al año anterior y, visto en términos per cápita y en dólares, se redujo en un 25 por ciento con respecto al año 1981. La producción industrial decayó en un 18 por ciento. La tasa de desempleo asciende de nuevo al 20 por ciento y el índice del salario real se reduce en un 16 por ciento con respecto al año previo. Muchas empresas sufren serias pérdidas de capital y poseen un endeudamiento mayor que el conveniente. Se inician, igualmente, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional a fin de obtener los recursos financieros necesarios para solventar la mala situación. En resumen, la economía chilena sufre una grave crisis.

    Varios factores pueden aducirse para explicar por qué una economía, previamente boyante como la de Chile, sufre tan serio descalabro. Varias de esas causas se deben a la situación recesiva de la economía mundial. Dentro de estas últimas debe destacarse el elevado tipo de interés internacional, cuyo servicio requería una proporción muy elevada de los ingresos por exportaciones y por préstamos al exterior. Por otra parte, estos recursos externos cesaron de llegar al ritmo que tuvieron en los años 80 y 81. Adicionalmente, el precio del cobre, principal fuente de ingresos de exportaciones de la economía chilena, llegó a niveles sumamente bajos, casi nunca vistos desde la post-guerra. El precio del cobre en 1982 tuvo un descenso del precio en dólares de más de un 15 por ciento. En tanto que durante el período 1975-1982, el precio promedio de la libra de cobre, en términos de dólares de 1982, fue de 97 centavos, en 1982 fue de 67 centavos.

    La economía chilena perdió la competitividad internacional debido, principalmente, a dos decisiones internas de política económica. Una de ellas fue la fijación del tipo de cambio y, la otra, la indexación de los salarios. Esta última decisión estaba orientada a mantener los salarios reales de los trabajadores, de manera que el salario nominal se incrementaría según aumentara el índice de precios al consumidor. Sin embargo, este último usualmente es obtenido con cierto retraso. El problema se presentó cuando Chile tenia salarios reales compatibles apenas con los costos de oportunidad que le permitieran competir eficientemente en los mercados internacionales y, a pesar de que la inflación del momento estaba creciendo a tasas sumamente bajas, en comparación con, por ejemplo, las del año anterior, el ajuste indexado del salario nominal tomaba en cuenta el aumento mayor de la inflación del año previo. Así, Chile estaba aumentando fuertemente los salarios reales y esto puso a muchos de sus productos fuera de los mercados internacionales.

    La fijación del tipo de cambio tuvo un efecto similar. En un momento dado, el escudo chileno tuvo una revaluación muy fuerte, de manera tal que se inhibieron las exportaciones chilenas y se estimuló la importación. El gran flujo de capitales del exterior hacia Chile ocultó durante los años 80 y 81 la sobrevaluación de la moneda nacional. Por supuesto, en la balanza comercial negativa se reflejó esta valoración artificial.

    Estas dos causas, resultados del diseño de políticas internas, provocaron que uno de los factores explicativos del gran crecimiento económico de Chile a partir de 1975-1976, las exportaciones, ya no brindaran el mecanismo requerido para absorber la mano de obra excedente. Por supuesto, el tipo de cambio terminó por reajustarse, abandonándose la paridad arbitraria de 39 escudos por dólar. (La devaluación fue de casi un 90 por ciento; bastante parecida a la de Venezuela en dicho año).

    Otro elemento causante de la seria recesión chilena fue la existencia de tipos de interés reales sumamente elevados y variables. Esto provocó, como era de esperar, una decisión de posponer los proyectos de inversión y, por lo tanto, afectó seriamente la capacidad de crecimiento de la economía chilena. Este fenómeno había sido detectado por una misión del Banco Mundial a Chile en 1977, la cual recomendó que “… en vista de la existencia aún de distorsiones en el mercado financiero, la misión cree todavía que puede haber existido, y puede aún existir, un caso a favor de fijar un tope a las tasas de interés real. El propósito no es el de reintroducir un subsidio de capital, sino para tomar en cuenta que las circunstancias inusuales de los años recientes, crean distorsiones en los mercados, que tienden a inhibir los niveles de inversión necesarios y deseables para llevar a cabo los objetivos de crecimiento de Chile” (p. 272). La tasa media de interés real fue del orden del 40 por ciento anual en el período 1975-81, variando entre el 12 por ciento y el 120 por ciento.

    Un problema relacionado con el mercado financiero de Chile fue su gran concentración. Esto es, la competencia en los mercados financieros fue muy restringida. En períodos en que Chile tuvo una política crediticia restringida, muchos recursos financieros fueron utilizados, no en la creación de nuevos activos, sino en la adquisición de existentes. El Gobierno de Chile se vio obligado a intervenir alguno de estos conglomerados, quienes se prestaban casi exclusivamente dentro de sus propios grupos. La misión del Banco Mundial antes dicha urgió “…a las autoridades a que revisaran las regulaciones y leyes vigentes relacionadas con los lazos de propiedad y administración dentro del sector financiero y entre él y otros sectores…” (p. 272).

    Lamentablemente, las autoridades chilenas no corrigieron a tiempo estos defectos y, tal como se verá en el próximo artículo, muchas de las medidas tomadas más bien son contraproducentes para el logro de una recuperación.

  10. #20
    1983-05-28-LOS NUBLADOS DE LA ECONOMÍA CHILENA


    LOS NUBLADOS DE LA ECONOMÍA CHILENA


    La Nación, 28 de mayo de 1983.

    Las recientes decisiones del gobierno chileno para hacer frente a la crisis no parecen augurar buenos resultados, Evidentemente, los prospectos para este año y para los próximos, dependen de la capacidad de las autoridades para restaurar la confianza en el país, así como de la evolución de la situación económica internacional.
    Por otra parte, correctamente se ha reajustado la paridad cambiaria, la cual ya no será fijada como anteriormente sucedió, sino que se mantendrá un tipo de cambio que permita la reactivación de la exportaciones, De hecho, la devaluación de casi un 90 por ciento y con una inflación de un 20 por ciento, ha resultado en una tasa real de cambio bastante elevada, lo cual se espera que origine un aumento en al exportaciones y en la actividad industrial sustitutiva de importaciones. Igualmente, se considera que la devaluación, en conjunto con programas de trabajos públicos estatales (gasto que de algún lado tendrá que financiarse), conducirá a una reducción de los elevados niveles de desempleo.

    Las elevadas tasas reales de interés durante 1981 y 1982 reflejaron las condiciones monetarias estrictas y la decisión de que ellas fueran el mecanismo de ajuste económico por vía de la reducción del gasto que ello induciría. Tal reducción supuestamente provocaría bajas en los precios y los salarios, provocando la competitividad de las exportaciones y disminuyendo las importaciones. Sin embargo, por rigideces a la baja en precios y salarios y por la formación de expectativas sobre una eventual devaluación del tipo de cambio de ese entonces, tal ajuste en los precios y los salarios no se dio. Más bien, la reducción de gasto se tradujo en una disminución de la demanda de dinero y, por ende, aumentó violentamente la demanda interna.

    El cambio en la política de intereses consistió en una reducción de su tasa real, así como en la presentación de reformas legales que introdujeran un mayor grado de competencia en el sector. Las autoridades buscan mantener tasas de interés moderadamente más elevadas que las tasas internacionales, dado el déficit de capital de Chile, a fin de atraer recursos externos y evitar la salida de capitales nacionales.

    En el campo tributario se ha estimulado la inversión gravando relativamente más el consumo, en tanto que se exime al ahorro. Esto es, las nuevas leyes se concentran en gravar los ingresos destinados al consumo, en tanto que se elimina la imposición al ingreso que es ahorrado e invertido. La recapitalización de las empresas se hará más rápidamente al eximirse la imposición sobre las utilidades reinvertidas.

    En el campo salarial, se ha definido una política que propenda a lograr el máximo nivel de empleo posible, en compatibilidad con la reactivación de la economía internacional. Debido a serios problema que provocó el esquema de indexación de los salarios en 1982, se restauró el sistema de negociación directa entre empresa y trabajadores, en el cual la base mínima para nuevas convenciones colectivas será los salarios mínimos y los beneficios sociales y no el anterior esquema de indexación y de ulterior negociación colectiva.

    Estas fueron en esencia las propuestas formuladas por las autoridades chilenas en octubre de 1982. Pero, posteriormente, se han introducido otras políticas que harán más difícil la recuperación de la economía chilena. Principalmente, el fantasma del proteccionismo recorre el país y los aranceles han s ido aumentados, no por razones de política anti-dumping, sino más bien para volver a otorgar rentabilidad privilegiada a las empresas sustitutivas de importaciones. Esto afectará negativamente a las exportaciones chilenas al encarecerse los factores productivos por el proteccionismo, con la consiguiente pérdida de ventajas comparativas, además de desviar inversiones hacia el ahora relativamente más rentable sector sustitutivo de importaciones, en comparación con las actividades de exportación.

    Otras políticas de dudosa capacidad de éxito son la reimposición de medidas cambiarias tendentes a reducir el uso de las reservas, además de que se presentarán déficits fiscales del gobierno central de -2.4 por ciento del Producto Doméstico Bruto, del cual se espera un leve aumento en 1983. Sin embargo, las autoridades aún mantienen la voluntad de reducir el gasto público, ya que el esfuerzo por reactivar el empleo por medio de trabajos públicos lo será por sustitución de gastos estatales hacia proyectos que absorban mano de obra.

    El gobierno chileno, por otra parte, ha entrado directamente al rescate de empresas en la insolvencia, interviniéndolas y readecuando sus obligaciones. Desde noviembre de 1981, por ejemplo, ha intervenido doce instituciones financieras, de las cuales tres fueron ulteriormente vendidas y las nueve restantes liquidadas sin pérdidas para los depositantes o prestamistas extranjeros, cubriéndose las pérdidas principalmente por la vía de la emisión de dinero.

    En síntesis, el panorama muestra que los nublados del día permanecerán durante bastante rato. En todo caso, no parece ser el fracaso de un modelo “liberal”, sino más bien la conjunción de la aplicación de políticas erróneas con la seria crisis de la economía mundial, lo que explica los graves problemas actuales de la economía chilena. La lección que las políticas y sucesos económicos de esa nación sudamericana pueden brindar a Costa Rica, es muy útil. Debe recordarse que la fijación del tipo de cambio, la indexación de salarios y los tipos de interés reales sumamente elevados fueron decisiones internas, propias, de las autoridades chilenas, las cuales explican mucho del fiasco económico.
    Actualmente en nuestra nación, en apariencia, los tipos de interés reales son muy elevados y, acerca de eso, las autoridades (y los políticos oportunistas) ya han solicitado al Fondo Monetario Internacional que dé la aprobación para su reducción. En lo que se refiere al tipo de cambio, se ha elevado artificialmente el valor de la moneda nacional en comparación con el dólar y la pérdida de competitividad internacional que ello ocasiona, ya ha dado sus amargos frutos: las exportaciones continúan declinando y ya se empieza a restaurar la importación a los niveles previos. De la misma manera, la política salarial, al menos en el sector privado, y con cierto retraso en el sector público, como lo pueden aseverar los maestros, ha proseguido un sistema da ajuste que toma en cuenta los incrementos de los precios, aunque no formalmente se utilice un método de indexación. Incluso, es posible que en fechas recientes los aumentos en los salarios nominales sean mayores que los incrementos de los índices de precios.

    La lección que podemos derivar de la experiencia chilena es sumamente valiosa, tanto para aprender lo exitoso, como para evitar costosos errores. Pero, tal vez, lo más importante es deducir de ella que la recuperación de una nación de las pesadillas social-estatistas es larga y dolorosa. La libertad se pierde fácilmente, pero después cuesta mucho recuperarla.

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