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Tema: Artículos publicados en Diario La Nación 1980-1989

  1. #131
    1986-10-11-EL CAMINO AL FUTURO
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    EL CAMINO AL FUTURO


    La Nación, 11 de octubre de 1986.

    En días recientes se han escuchado algunos comentarios de parte de diversos ciudadanos relacionados con las posibles reformas que se deben introducir a la actual Ley de Inquilinato.

    En esencia, todos parecen estar de acuerdo con que es necesario cambiar la legislación vigente sobre el tema, pero a la hora de las cosas muestran un divorcio entre sus afanes reformistas y el mantenimiento del statu quo. Predican que es necesario eliminar las políticas de control de los alquileres de las viviendas por el efecto nocivo que causan en la economía, pero al mismo tiempo, basados en ese curalotodo llamado “justicia social”, propugnan porque no haya libertad de contratación en el caso de viviendas de tipo “popular”, cualquier cosa que eso signifique.

    Se puede aceptar esa preocupación de parte de ciertos ciudadanos para que no se afecte a los grupos de menos ingresos que actualmente alquilan vivienda. Estoy seguro de que, en general, ninguno de nosotros desea que, en serio, se perjudique al más débil. Pero aunque se parta de esa buena voluntad, deducir que la forma de evitar el daño a los más desvalidos, quienes arriendan vivienda, consiste precisamente en congelar los alquileres, simplemente refleja un desconocimiento de cómo es que opera ese mercado.
    Muchas personas, entre las cuales creo que hay un número significativo de ellas cuyos ingresos precisamente los calificaría como entre los relativamente pobres de nuestra colectividad, ahorran (invierten) durante mucho tiempo para construirse una casa para alquilar y asegurarse de esta manera una renta en el futuro. Interesa destacar que la decisión de construir una casa para alquilar se toma en comparación con otras maneras en las cuales las personas podrían colocar el resultado de gastar menos de lo que ingresan; esto es, sus ahorros.

    Así, es factible que dirijan sus fondos a comprar un certificado de depósito en un banco, una acción de una empresa, una máquina que le sirva para producir bienes futuros o lo que sea y, por supuesto, una vivienda para alquilarla. El lector puede imaginar la multiplicidad de inversiones que un ciudadano puede escoger llevar a cabo.

    Ahora bien, para ver cuál inversión efectuar, la persona evalúa, entre otras cosas, los distintos rendimientos de los proyectos que tiene en mente, De manera que, si por alguna disposición legal se fija un máximo al alquiler de vivienda, muy posiblemente decida no invertir en ella, sino que, por el contrario, dirige sus ahorros hacia otras actividades en las cuales nos existe limitación por parte de leyes como la mencionada.

    Las propuestas para reformar la Ley de Inquilinato, de forma tal que se libere del control de los alquileres a viviendas que tengan más allá de cierto valor y que presuntamente serían alquiladas por personas de ingresos medio-altos, en tanto que se sujete al control de aquellas que supuestamente alquilan los grupos de menores ingresos, tiene un bemol sumamente interesante y, a la vez, triste.

    Parece que, de alguna forma u otra, los costarricenses están decididos a que se dediquen muchos recursos escasos de nuestra economía hacia la construcción de vivienda, en especial de aquella que algunos llaman de tipo popular. Evidentemente, para ello se requiere que del esfuerzo se haga partícipe al ciudadano privado, Esto es, que invierta en este tipo de viviendas, que ahorre para construir más casas para los grupos de bajos ingresos, que en vez de dedicar sus recursos hacia otras actividades se haga partícipe de la solución del supuestamente alto déficit de vivienda en el país.

    La otra alternativa es que el Estado decida construir por el sólo tales viviendas, pero, al fin y al cabo, el resultado es semejante, y si no peor, pues de algún lado éste tiene que percibir recursos con qué hacerlas, lo cual significa que habrá de acudir a inflación, impuestos, endeudamiento o una mezcla, pero que, en todo caso, se traduce en el hecho de que al dirigir recursos hacia vivienda, ello le impide usar esos mismos fondos en otras actividades, tales como, por ejemplo, hospitales, maestros, escuelas, carreteras, etcétera. El problema no se resuelve simplemente cambiando de constructor.

    Pues bien, ¿de qué manera cree el lector que actuarán nuestros ahorrantes-inversionistas en vivienda, si se mantiene el control de los alquileres de las casas “populares”? Mejor dedicará sus recursos a construir vivienda para grupos no pobres; esto es, para los de ingresos medios-altos, cuyas moradas no están reguladas. De esta manera, si se prosigue con la política de “ayudar” a los desvalidos por medio de la fijación de los alquileres de las casas que arriendan, lo único de lo cual sus promotores podrán estar seguros es que no habrá nuevas viviendas para esos sectores, al canalizarse la inversión hacia otras actividades. Este es un ejemplo claro del “no me ayudes, compadre”.
    Pero, aún hay más. Si se congela el alquiler de las actuales viviendas para gentes relativamente “pobres”, el dueño de éstas tratará, por muchos medios, de obtener un rendimiento semejante al que puede lograr en otras actividades, Esto es, buscará acelerar la depreciación de las actuales casas de alquiler y la forma más sencilla de hacerlo es no dándole el tratamiento adecuado a las casas o bien trasladando el costo de los arreglos a los actuales inquilinos. En todo caso, de nuevo se perjudica a las personas de menores recursos que arriendan casas.

    Hay muchas otras razones por las cuales los bien intencionados propósitos de ciertas personas de mantener fijos los alquileres de las casas resultan ser un absurdo de gran monta. En todo caso, debe tenerse presente el divorcio entre los buenos propósitos y las buenas acciones. De no ser así, resultará que el camino al futuro, al igual que el camino al infierno, se encontrará pavimentado de buenas intenciones… y sin casas para los grupos más desvalidos del país.

  2. #132
    1986-10-23-JAMES BUCHANAN PREMIO NOBEL

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    JAMES BUCHANAN, PREMIO NOBEL


    La Nación, 23 de octubre de 1986.

    Me produjo una enorme alegría que se otorgara el Premio Nobel de Economía para 1986, al destacado erudito James M. Buchanan, ahora de la Universidad George Mason, en Fairfax, Virginia.

    Las razones de mi profunda satisfacción son muy variadas y van, desde mi conocimiento personal de Buchanan, hasta la incorporación de una valiosa joya más del pensamiento liberal que se honra con el Premio Nobel.

    Hace pocos días tuve la oportunidad de exponer a mis apreciados alumnos de la Universidad de Costa Rica, la principal razón por la cual la Academia Sueca de Ciencias decidió premiar a Buchanan; específicamente, por su valioso aporte en la formación de una teoría positiva de la política.

    Leí a mis estudiantes algo de lo que Buchanan considera es su labor en ese campo del conocimiento. Nos dice: “se hace crecientemente evidente que los avances teóricos importantes en la explicación del fenómeno político han sido efectuados primariamente por aquellos quienes enfocan la materia desde el punto de vista de los economistas. El científico político tradicionalmente no ha incorporado una teoría del comportamiento humano en su estructura del proceso político… El economista… trae con él un postulado de comportamiento básico. Está capacitado, por medio de su uso, para formular hipótesis que son conceptualmente refutables… se puede aseverar que tiene una teoría de la política, sobre la manera en la cual se comportan los hombres para la toma de decisiones colectivas”. (“Economics and Its Scientific Neighbors”, en James Buchanan, What Should Economists Do?, Liberty Press, Indianapolis, U.S.A., 1979, p.p. 131-132).

    Además de mi complacencia por el galardón al aporte intelectual de Buchanan, constituye un eslabón más en la cadena de reconocimientos que, en el mundo civilizado tan alejado de la mediocracia nacional, se les ha brindado a economistas liberales. Buchanan es un destacado miembro de la Sociedad Mont Pelerin, la cual incorpora a muchos pensadores de todo el orbe, quienes tienen como una de sus metas fundamentales la promoción de las ideas de libertad; esto es, a riesgo de que se sonrojen algunos pseudo intelectuales de nuestro medio, quienes con harta frecuencia hacen uso de palabras sin pensar en su significado, como es acerca de la idea liberal.

    Buchanan se une a otros destacados liberales miembros de la Mont Pelerin, en haber sido honrados con el Premio Nobel en Economía. Comparte tal honor con Friedrich Hayek, George Stigler y Milton Friedman así como la creencia en la necesidad vital de la libertad para el hombre y la consiguiente limitación necesaria del poder del Estado.
    Una lección inmediata en nuestro medio la constituye el Premio Nobel para Buchanan, para quienes con miopía, más propia de gnomos que de pensadores, emplean las palabras liberal o neo-liberal. Muchas ideas que se pueden cobijar bajo este alero, son propuestas y hasta puestas en marcha por diversas personas militantes de los partidos políticos democráticos de nuestro medio. Sin embargo, con visión chata e increíble, algunos de estos caracteres se niegan a reconocer sus propias ideas y, por el contrario, acuden a desembarazarse de opiniones por medio de la crítica apriorística, impensada, sin meditación alguna y hasta despectiva. Sé que con ello reflejan un desconocimiento de lo que constituye la idea liberal.

    Al pensamiento liberal se le pretende equiparar por parte de algunos grupos y personas de nuestro medio, como el “coco” de nuestros niños, con el Lucifer de los pecaminosos, con la “segua” o la “tulevieja” de nuestros campesinos. Divierte ver cómo ciertos intelectualoides del montón, se desviven por decir que lo que hacen o piensan es, por definición, bueno o conveniente, pues es lo contrario del presuntamente malévolo ideario liberal. Pero, si uno los observa con cuidado, se da cuenta de que, en verdad, algunas ideas que expresan son, de hecho, de estirpe liberal y mucha de su práctica es llevada a cabo bajo la inspiración ideológica de la libertad, aunque ello les avergüenza.
    Su interés radica en aprovechar una supuesta oportunidad politiquera al criticar la idea liberal, si bien, al hacerlo, reflejan su ignorancia, demuestran su acomodamiento, su oportunismo, su búsqueda insensata y desesperada de votos para tener más poder. Para ello apelan al horror, al mal, a la animadversión al pecado, al temor a las pérdidas, que en mucho caracteriza al ser humano. La falsedad de ciertos intelectos en nuestro medio surge con notoria evidencia en estas últimas épocas.

    Para nuestra suerte, el reconocimiento mundial al ideario de Buchanan es tan refrescante para nuestros espíritus, como lo eran las aspersiones en la piscina de Siloé, que está a la puerta de Jerusalem. Tan placentero es ese homenaje, como lo son las propias palabras de Buchanan: “El hombre quiere la libertad para llegar a ser el hombre que desea ser. Él lo hace precisamente así porque no sabe qué hombre querrá llegar a ser con el paso del tiempo… El hombre no sólo quiere la libertad para maximizar su utilidad o aquella de la sociedad de la cual es parte. El quiere la libertad para llegar a ser el hombre que desea llegar a ser.” (James Buchanan, “Natural and Artifactual Man”, en What Should Economists Do?, Op. Cit., p. 112. La letra cursiva es del autor).

  3. #133
    1986-10-29-LA ABOMINABLE OBSCURIDAD

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    LA ABOMINABLE OBSCURIDAD
    La Nación, 29 de octubre de 1986.

    En el período La Nación del día 10 de octubre de este año, aparece una información la cual debería de llamar la atención de todas aquellas personas que en algo valoran el derecho humano a estar libremente informado. Me refiero específicamente a la prohibición, por parte de una entidad estatal, para que algunos canales de televisión que se ven en Costa Rica transmitan anuncios en inglés, en tanto que se les obliga a que lo hagan en español.

    Los costarricenses ciertamente le estamos muy agradecidos a Canal 19 por darnos la oportunidad de recibir, sin pago, información que de otra manera no obtendríamos. La labor que el señor Erick Roy realiza no podía pasar inadvertida para el censor de turno, quien ahora ha decidido que los costarricenses no nos beneficiemos de esa tarea callada, silenciosa y sin el autobombo de los politiquillos de turno, quienes nos aburren cada vez más y más con sus aventuras y ocurrencias. Con un pequeño ajuste a nuestros televisores los costarricenses hemos podido estar en contacto con los avances de otras culturas, lo cual no solamente nos permite educarnos en nuestros hogares, sino también mantenernos informados de hechos, los cuales, no sé por qué ni cómo, son juzgados inconvenientes para los controladores de las decisiones del hombre libre en nuestro país.

    Yo no entiendo cuáles pueden ser los motivos para que los funcionarios del Ministerio de Gobernación hayan decidido prohibir los anuncios en inglés que transmite Canal 19.

    Tal vez ello se origina en que los ticos podemos así darnos cuenta de que los intereses que se cobran en los Estados Unidos por el financiamiento de la compra de un carro oscilan entre un 2.8 y 0% los cuales contrastan con los astronómicos de por aquí. O, tal vez, que a los censores les molesta que los costarricenses, gracias a Canal 19, sepamos que un carro decente cuesta allá unos ocho mil dólares, mientras que en Costa Rica, gracias a los abismales impuestos, se triplica en su costo al comprarlo. Puede ser que lo que empuje al censor del Ministerio de Gobernación para actuar de la manera descrita sea que le molesta el ejercicio de la libertad del costarricense, al poder zafarse de las “cadenas” obligadas en la televisión nacional que nos imponen los políticos actuales y que ahora el gobierno puede considerar que tenemos que soportarlas en silencio.
    Los costarricenses tenemos el derecho de saber que es lo que pasa en el resto del mundo, tenemos un derecho inalienable a estar bien informados, tenemos derecho a disfrutar de la posibilidad de escoger, tenemos el derecho de elegir qué tipo de televisión, programas y anuncios recibimos en nuestros hogares. Al hacerlo así no violamos ningún derecho a otras personas.

    La medida del Departamento de Control de Radio del Ministerio de Gobernación afecta estos derechos humanos en nuestro país. Es por ello que apelo a las personas u organismos que velan por la salvaguarda de los derechos del ciudadano, para que impidan esta violación tan flagrante de nuestras libertades básicas.

    No se puede permitir que el Estado condene a los costarricenses a los abismos de la obscuridad que nos quiere imponer por medio de la censura estatal, con la que pretende someternos a una restricción forzosa, no buscada por los hombres libres, de obligarnos a ver la televisión que el burócrata desea que miremos y en la forma que él considera apropiada. Mucho bien harían tales gobernantes en luchar porque el ciudadano tenga mayores posibilidades de escoger, en vez de pretender restringir su elección y su información, como es lo típico del pensamiento totalitario.

  4. #134
    1986-11-14-REFORMA AL IMPUESTO A LA RENTA

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    REFORMA AL IMPUESTO DE LA RENTA


    La Nación, 14 de noviembre de 1986. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 136-138.

    Una serie de reformas, que actualmente se están llevando a cabo en la Asamblea Legislativa, acerca de la legislación vigente sobre impuestos a los ingresos, no debe pasar inadvertida por el ciudadano común y corriente. La tentación de los legisladores y políticos de manipular el sistema tributario para imponer sus valores es tan grande, que se requiere una meridiana claridad acerca de sus propósitos, a fin de que las personas no continúen siendo el pato de la fiesta. Me propongo, por lo tanto, ir formulando, en diversos artículos, una serie de comentarios respecto a algunas variaciones que se han propuesto a la ley del impuesto sobre la renta.

    La reforma que el Gobierno ha planteado a la actual legislación, está encaminada a la disminución de una elevada progresividad en esos gravámenes, lo cual, se ha dicho, constituye un enorme freno para las posibilidades de desarrollo de nuestra economía. Aparentemente este propósito es plausible, pues la tasa marginal del impuesto a los ingresos –esto es, la tasa máxima de impuesto que se aplica al incremento último de los ingresos– es tan alta, que hace que los diversos agentes económicos que participan en la economía actúen de una manera opuesta a lo que sería deseable, si se quiere que aumente el valor de nuestra producción de bienes y servicios.

    Esta nueva visión acerca del papel nocivo de la extrema progresividad del impuesto a los ingresos sobre el desarrollo económico, tiene su origen en la moderna literatura del llamado enfoque de oferta, muy ligado al presidente Reagan, el cual rescata ideas que el propio Adam Smith, Juan Bautista Say o James Mill habían formulado sobre el papel del Estado en la economía. Era importante que, intelectualmente, se diera un debate tal en nuestro medio, pues durante mucho tiempo nuestra filosofía sobre el tema estuvo sumamente influenciada por el intervencionismo social-estatista del pensamiento keynesiano, que, en nuestras aulas universitarias, Rodrigo Facio se había encargado de popularizar.

    La actual propuesta de reforma tributaria, tiene mucho de su fundamento en algunos de los maduros postulados del liberalismo económico y constituye un ejemplo más de la renovación que se está dando en ciertos círculos de ideología estatista, cuyas normas han requerido el paso de los años, para que se vayan amoldando a la sana y virtuosa experiencia.

    Los proponentes de tales medidas de reforma tributaria, han enfatizado que con ellas se logrará una mejora a los incentivos para el logro de una mayor producción en nuestra economía. Si bien comparto tal orientación, es necesario que manifieste algunas preocupaciones que mantengo, pues creo que mucho de la decisión de los diputados de nuestra Asamblea Legislativa, dependerá de la medición posible de los efectos proclamados que habrá de traer la reforma tributaria. Después de todo, se supone que los congresistas son personas que desearán estar bien informados, a fin de tomar las decisiones que, a su buen juicio, consideran correctas y convenientes para el interés nacional.

    Si, tal como se ha manifestado por parte de los proponentes de la reforma tributaria, el actual impuesto sobre los ingresos constituye un grave freno a la formación de ahorros indispensable para la generación de capital y, por ende, para el crecimiento de la producción nacional, entonces, me pregunto ¿si ello es cierto, dado el enorme grado de exoneraciones y exenciones que para este propósito actualmente da la ley? En otras palabras ¿si es cierto que la actual legislación en verdad constituye el freno pregonado al ahorro, dada la proliferación de exenciones y exoneraciones de tal gravamen en nuestra economía?
    En segundo lugar, si las autoridades consideran que el actual impuesto sobre la renta contribuye a incentivar el ocio en vez del esfuerzo y, por lo tanto, es un freno a nuestro crecimiento económico, pregunto ¿si se ha estimado tal efecto sobre nuestra economía?, o, equivalentemente ¿si se tiene alguna medición acerca de la magnitud de nuestra economía subterránea, originada por las tasas marginales tan elevadas del impuesto sobre la renta y no por otras razones?
    También cabe la pregunta de si es cierto, como lo indican las autoridades patrocinadoras del nuevo proyecto, que con la reforma se propone aumentar la asunción de riesgos en la economía, si se tiene alguna idea acerca de si la actual legislación, efectivamente, evita que las personas estén dispuestas a asumir riesgos.

    Tengo el temor de que no existen estos datos elementales y vitales que aseguren la conveniencia de la reforma propuesta y lo cual debía ser la base para que se impulse seriamente un cambio tributario en nuestro país. Actuar de otra manera, es sustentarse en la ignorancia y en el deseo de hacer algo, aunque no se sepa qué es lo que se está haciendo.

  5. #135
    1986-11-28-GRAVE PROBLEMA CON EL IMPUESTO DE LA RENTA

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    GRAVE PROBLEMA CON EL IMPUESTO A LA RENTA


    La Nación, 28 de noviembre de 1986. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 133-135.

    Uno de los problemas más serios que tiene la actual legislación sobre el impuesto a los ingresos es el tratamiento notoriamente diferencial que se practica sobre las diversas formas en que los ciudadanos perciben sus ingresos. El efecto de esta discriminación es que, por ejemplo, algunos grupos que reciben cierto tipo de ingresos gravados en la legislación actual, como es el caso de quienes obtienen salarios, miran al tributo como una carga odiosa, al compararla con el tratamiento de exoneración total que la ley brinda a otros tipos de ingresos, tales, como por ejemplo, aquellos que resultan de los rendimientos de bonos del Estado.

    Una de las normas elementales por las cuales se evalúa la equidad de un sistema tributario es aquélla que señala que se debe dar un tratamiento igual a los iguales. En este caso quienes perciben un tipo de ingresos (salarios) deberían ser tratados de la misma manera que quienes perciban ingresos de distinta forma (rendimientos o intereses de bonos). Después de todo, para efectos prácticos, tan ingreso es el salario como lo es el rendimiento de los cupones de los bonos.

    El problema tiene su origen en la manía del Estado de discriminar contra algunos ciudadanos, mediante prácticas que evitan –y espero que en esta oportunidad se entiende lo que quiere decir igualdad ante la Ley– que se dé un trato igual a las personas en lo que se refiere al impuesto a los ingresos. Así, para allegarse recursos que muy posiblemente el Estado de otra manera no podría recibir, se acudió al camino más expedito, cual fue el de exonerar a los rendimientos de los bonos del fisco del impuesto sobre la renta y de esta manera se creó un hoyo tributario que, evidentemente, dada la progresividad del gravamen, favorece más a quienes más ingresos tienen.

    De paso, esta decisión colocó en posición desventajosa a los sectores productivos que hacen uso del mercado de bonos para obtener recursos, quienes así se vieron obligados a aumentar las tasas brutas de rendimiento en sus documentos de deuda, a fin de poder ser competitivos con la ferocidad fiscal, pero con ello se encareció el costo de sus fondos emprestados.

    La situación, sin embargo, se le ha enmarañado al fisco, lo cual, de paso, ha puesto en evidencia una vez más que sigue siendo sabia aquella proposición de que no existe nada gratis en la vida. La vasta exoneración de ingresos no sujetos al impuesto ha provocado una muy seria erosión de la base sobre la cual descansa este gravámen, con lo que estas recaudaciones han ido perdiendo el dinamismo necesario y aún han experimentado un preocupante descenso.

    Tan grave es el fenómeno que el mismo Estado se ha visto compelido a reformar el actual impuesto cuyas propuestas se conocen en una comisión de la Asamblea Legislativa, a fin de que, al menos en parte, se puedan restaurar las bases tributarias. Sin embargo, aparte del ejemplo ya mencionado de la exoneración no justificada de los dividendos de los bonos del gobierno, existen muchos otros elementos que han conducido a una situación casi caótica en las finanzas del Estado. Se podrían presentar muchos casos del tratamiento desigual entronizado en la actual ley de los impuestos sobre los ingresos, pero, en esta oportunidad, quiere referirme tan sólo a uno de ellos.

    A mí se me hace muy difícil entender las razones en las que se fundamenta la decisión estatal de eximir del impuesto a los ingresos, a cierto tipo de empresas cuando todas las demás si son objeto del gravámen. Me refiero al caso concreto de la modalidad costarricense en la llamada empresa cooperativa y a otras similares, a las cuales se les otorga un tratamiento tributario diferente de las llamadas sociedades mercantiles.

    Lo que no entiendo es por qué la diferencia en el trato cuando uno y otro tipo de empresas están sujetas a los mismos esquemas de pérdidas o ganancias, no importando sí a las de las cooperativas se les designa con otro nombre. Este tipo de privilegio es sólo uno más de las formas por las cuales se ha ido desnaturalizando aquel principio elemental vigente en las sociedades civilizadas, como es el de la igualdad ante la ley.

    Si bien se arguye que la decisión de exonerarlas surge del deseo total de impulsar este tipo de empresas, cabe plantearse la pregunta de lo que podía suceder si en nuestra colectividad se llegara a un cooperativismo en un grado sumo, lo cual reduciría sustancialmente los ingresos del fisco. Esto provocaría que, entonces, se recargaran las cargas tributarias sobre otros sectores de la economía, ya de por sí altamente gravados, a fin de satisfacer una meta de gasto público.

    Se asevera que en esta decisión de promover a las cooperativas, aunque sea a costa de crear serios problemas al fisco, se encuentra el deseo de poder político de algunos de sus promotores, pero considero que debemos negarnos a creer que ello sea así. Sin embargo, tal vez la respuesta más clara a nuestra duda nos la ha brindado el propio Ministro de Hacienda, quien manifestó su profunda preocupación por la no eliminación de este privilegio de las cooperativas, que había solicitado en la reforma a la ley del impuesto sobre la renta que remitió a la Asamblea Legislativa. El privilegio de la exoneración fue objeto de una restauración asombrosa y rápida en la comisión legislativa encargada de analizar las propuestas tributarias de ese Ministerio.

    La frustración del Ministro Naranjo y de respetables funcionarios del Ministerio de Hacienda trae a la luz aquella conducta fácilmente explicable, de quienes a la hora de eliminar los privilegios odiosos siempre están en favor de que se recorten todos excepto los propios o que directamente les impulsan en sus ambiciones personales.

  6. #136
    1986-12-10-AGENDA OBSCURA

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    AGENDA OBSCURA


    La Nación, 10 de diciembre de 1986.

    En diversos medios de comunicación, cuatro días después de serles entregada a algunos dirigentes del Partido Unidad, se presentó la agenda que el Presidente Arias propone para el diálogo con el licenciado Rafael Ángel Calderón. Debe recordarse que el “diálogo” no es ni un cogobierno ni tampoco una transferencia de responsabilidades propias de la administración de don Oscar Arias hacia el principal partido de la oposición.

    El mensaje parece ser que ahora la pelota está en la cancha de la Unidad, puesto que ya disponen de una propuesta oficial de temas y, para que los dirigentes de ese partido no pierdan la credibilidad que les tiene el público, deben apurarse a evaluar dichas proposiciones y presentar las propias que consideren necesarias para el bien del país.
    Sin embargo, hay un tema que no aparece claramente definido en la agenda que propone el Gobierno, cual es el de la redefinición de nuestro endeble aparato productivo. Y ello, considero, es crucial para valorar las futuras posibilidades de crecimiento de la economía nacional y, por consiguiente, de bienestar posible para los ciudadanos este país.
    Ciertos hechos recientes han complicado las señales que reciben los costarricenses acerca de las definiciones que necesariamente debe tomar el Gobierno en este campo. Me refiero concretamente al reciente y aún latente conflicto entre ciertos sectores del Gobierno, en lo que se trata de la necesidad que tiene esta nación de tomar una posición, diáfana y sin soslayo, ante el proteccionismo excesivo de nuestra economía.

    Por una parte, el Gobierno tiene una fracción que encabeza el Ministro de Agricultura, señor Alberto Esquivel, la cual manifiesta que es vital para el país –y de cajón se agrega que de su “paz social” el que se continúe brindando protección al agro– esto es, que el Gobierno haga que resulten más caros los productos nacionales, protegidos frente a los importados –y en ello es secundada por políticos como Carlos Manuel Castillo, Daniel Oduber y Rodrigo Carazo, entre otros de menor peso específico.
    Por otra parte, otro grupo del Gobierno, representado por don Fernando Naranjo, Ministro de Hacienda, y don Eduardo Lizano, presidente ejecutivo del Banco Central, se encuentra preocupado por los compromisos previos de Costa Rica con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y en sus posiciones son secundados por muchos políticos, quienes no se atreven, eso sí, a apoyarlos públicamente.

    Los señores Naranjo y Lizano promueven la búsqueda de la eficiencia en la producción nacional por medio del acicate de la competencia internacional, la prosecución de las ventajas comparativas del país e impedir el absurdo de quienes creen que Costa Rica debe producir de todo.

    El lector comprende bien la virtud de esa posición cuando se le pregunta si considera lógico que él debe producir todo lo que consume –el Ministro de Agricultura dijo que “debemos producir todo lo que nos comemos”– en vez de especializarse en lo que considera produce mejor y lo intercambia con lo que generan más eficientemente otros que actúan en la economía; por ejemplo, su panadero, su carnicero, etcétera.

    La no definición del Gobierno sobre este tema tan álgido que tal vez sólo podrá encontrar paralelo en el “laseferianismo” abúlico de la administración Monge. Considero que ello no debe ser así, puesto que la nación se encuentra ayuna de una definición en sus derroteros, de manera que el Presidente de la República está, por su condición, obligado a definir cuál es la posición de su administración sobre este asunto tan importante para la salud económica presente y futura del país.

    El Gobierno debe presentar, sin tapujos, cuáles son sus ideas sobre el tamaño y papel del Estado en nuestra economía. El esfuerzo para la privatización de las empresas estatales en Costa Rica parece ser compartido por los principales partidos democráticos de esta nación, aún cuando la extrema lentitud con que se lleva a cabo hace necesario lanzar al aire el grito de “por sus frutos los conoceréis”.

    Pero, hoy surge una serie de problemas claramente derivados de un abultado presupuesto de gastos del Estado, recientemente presentado ante nuestra Asamblea Legislativa, y que exige una moderación de parte del fisco. Sin embargo, este tema de vital importancia aparece ausente de la agenda que propone el presidente Arias, aunque, como lo dijo una vez un glorioso padre de la patria o diputado, “está explícitamente tácito”.

    El problema de la economía costarricense no se circunscribe tan sólo a uno acerca de la deuda externa de Costa Rica, que era obligado que se presentara en la agenda en mención, pero ¡como si alguien se fuera a oponer a que las autoridades del país negociaran mejores términos y plazos en nuestras obligaciones! Nuestros problemas económicos van más, pero mucho más, allá del bejuco en que estamos. Lo crucial es definir si nuestra economía se reorienta hacia la exportación o si continúa canalizando su esfuerzo productivo hacia los mercados internos cautivos o protegidos.

    A mi me agrada citar al economista socialista Abba Lerner –un socialista serio– en cierto grado para evitar que me digan que sólo leo libros de pensadores liberales, que, según algunos ya es un pecado –dicen que enturbia la mente, que ocasiona que salgan colmillos en las quijadas superiores y hasta que se abandone cualquier tipo de sentimientos. Lerner me enseño cómo un impuesto a la importación, tarde o temprano, se traduce en un impuesto a la exportación.

    Quienes arguyen que un esquema de liberalización nunca podrá funcionar, puesto que no habrá las divisas necesarias para importar esos bienes, precisamente ignoran esta clara concepción de Lerner: es el proteccionismo el que afecta a las exportaciones, el cual impide que se generen las divisas suficientes para que el país pueda realizar sus importaciones.

    Simplemente, es impostergable una definición del Gobierno sobre el tema crucial del proteccionismo, acerca de si nuestra economía debe continuar promoviendo el uso de los escasos recursos productivos que poseemos, hacia el mercado interno o, por el contrario, si debe dirigir su esfuerzo productivo hacia las exportaciones. Si sobre esta definición persiste la obscuridad, más negro se pone ese camino al futuro.

  7. #137
    1986-12-23-LA BUENA IMITACIÓN

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    LA BUENA IMITACIÓN


    La Nación, 23 de diciembre de 1986.

    Uno de los hechos que sobresalen en la reciente visita del Presidente Arias a los Estados Unidos, puede pasar inadvertido en nuestro medio, pero creo conveniente que se le rescate de la relativa obscuridad en que se encuentra.

    Me refiero al regalo que, se dijo, el Presidente de Costa Rica le llevó a su colega, el Presidente de los Estados Unidos, como muestra del afecto y aprecio personal que a este último se le tiene. El presente era muy sencillo, pero a la vez muy valioso, pues no sólo expresa una de las mejores muestras del arte contemporáneo costarricense, sino que, también, en el mercado se cotiza con gran estimación: una de las pinturas de don Francisco Amighetti fue el donativo de nuestro pueblo, por intermedio de don Oscar Arias, al Presidente Reagan.

    Tan apreciada ofrenda me sirvió para recordar un hecho interesante de la democracia norteamericana: cualquier regalo que reciba el Presidente de los Estados Unidos, en el ejercicio de su función, que exceda de un monto ̶ si mal no recuerdo, de cincuenta dólares ̶ debe entregarlo al Estado al concluir sus tareas.
    De esta manera, el rico obsequio que don Oscar le dio al Presidente Reagan muy probablemente al terminar su período presidencial ̶ puesto que, sin duda, tiene un valor en el mercado del arte que excede a esa ínfima suma ̶ irá a engrosar las arcas del gobierno de los Estados Unidos y así el ciudadano común y corriente Ronald Reagan, una vez fuera del gobierno, para admirar la obra de don Francisco tendrá que hacerlo, no en la privacidad de su casa, sino en alguna sala que atesorará los regalos que recibió cuando gobernó esa nación.

    Me imagino que, si, por ejemplo, el gobernante Reagan recibe regalos, tales como un valioso Mercedes Benz plateado o una esplendorosa mansión en las afueras semi-rurales de la capital o una potranca de buen paso, al final de su administración tendrá que entregarlos al gobierno de los Estados Unidos, con lo cual se le privará de su uso personal, un vez en la particularidad de la llanura ciudadana.

    La reflexión sobre el tema conduce a una pregunta básica: ¿por qué será que el Presidente de los Estados Unidos se ve obligado a ceder los regalos relativamente “caros” que recibe durante sus funciones de gobernante? O bien, ¿cómo vería el pueblo norteamericano que su Presidente ̶ incluyendo durante aquel período en que es electo, pero cuando aún no asume su función ̶ se le den obsequios muy valiosos por parte de amigos o correligionarios o gobiernos extranjeros o lo que sea?

    Me da la impresión de que todo se resume en cierto escepticismo y desconfianza sanas hacia el poder, que a veces se presenta con notoria claridad en dicha nación. Alexis de Tocqueville, en su reconocido libro La Democracia en América, nos puede dar la clave a las preguntas anteriores (ver su capítulo XX, titulado “Del Negocio de los Cargos Públicos en Ciertas Naciones Democráticas”), cuando nos refiere a que si “el comercio y la industria, obstaculizados en su desarrollo, no ofrecen sino medios difíciles y lentos de hacer fortuna, los ciudadanos que se creen incapaces de mejorar su suerte por sí mismos recurren tumultuosamente al jefe de Estado para pedir ayuda. Aumentar su bienestar a expensas del tesoro público les parece, si no el único camino, al menos el más fácil y cómodo para salir de una situación que no le satisface; la búsqueda de plazas de la administración se convierte en la ocupación que cuenta con mayor número de seguidores”.

    Tocqueville indica: “Así sucede, sobre todo, en las grandes monarquías centralizadas…” y agrega luego: “No diré ahora que esta persecución universal e inmoderada de las funciones públicas constituya un gran mal social; que aniquila en cada ciudadano el espíritu de independencia y que difunde por toda la nación un genio venal y servil; que asfixia las virtudes viriles; tampoco haré hincapié en que una ocupación de esa especie resulta improductiva y agita el país sin fertilizarlo, todo esto se comprende fácilmente”.

    Pero Tocqueville brinda el puntillazo necesario cuando nos alecciona de que quiere “… subrayar que el gobierne que favorece semejante tendencia arriesga su tranquilidad e incluso pone su vida en peligro”. El magisterio está en que el pueblo norteamericano, como lo ejemplifica la prohibición de la retención de los regalos que reciben sus gobernantes, sí desea mantener la tranquilidad y conservar el gobierno necesario. Los costarricenses podríamos aprender humildemente esta lección, para así perfeccionar nuestra siempre mejorable democracia. Sólo falta que alguien decida actuar, no en su propio bien, sino en el de la probidad de la nación, como sucede en los Estados Unidos. Y, por favor, no me hagan reír, diciéndome que quienes lo harán son los diputados, cuando, tal vez, conviene que el actor sea el propio Presidente Arias, quien sí dispone de una valiosa oportunidad para brindar un caro ejemplo a ciertos futuros y pasados gobernantes de nuestro país.

  8. #138
    1987-01-04-ELUDIR RESPSONSABILIDADES

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    ELUDIR RESPONSABILIDADES


    La Nación, 04 de enero de 1987.

    Ya en varias ocasiones he escuchado al Ministro de Planificación, señor Ottón Solís, decir que es responsabilidad de aquellos quienes pregonan la disminución del tamaño del Estado, indicarle a él en cuáles sectores se deben aplicar los recortes y, particularmente, en qué actividades públicas se deben recortar empleos. E inmediatamente califica de irresponsables a quienes no se atreven a complacer sus peticiones, lo cual le liberaría de la ingrata tarea de tener que ser él quien disminuya el aparato estatal.
    Algunas notas al pie de página deseo señalar al dedicado empleado público y la primera de ellas es que, precisamente, tengo entendido que una de las funciones más importantes del Ministerio de Planificación Nacional (primordialmente “Gubernamental”, le indicaría) es la de determinar las actividades en que se debe concentrar el Estado, lo cual, obviamente, tiene que ver con las prioridades de acción pública, las cuales se reflejan en el tamaño del Estado en el país.

    El quid del asunto que plantea el Ministro está en aseverar que la redefinición de las funciones y tamaño del Estado en nuestra economía, implican necesariamente un recorte de personal en el gobierno. Este dogma le ha dado enormes dividendos a ciertos grupos políticos, los cuales cobijan al señor Solís, e intenta que este acto de fe ciega se perpetúe como un mecanismo que justifique la acción del gobierno de don Oscar Arias.

    Es lamentable que don Ottón intente continuar inculcando en todos los costarricenses, la creencia irracional de que la reducción del tamaño del Estado se logra exclusivamente a costa del desempleo de connacionales: pero dicha superstición ni es eterna ni se la traga la totalidad de nuestro pueblo. Por ello, aún hay esperanza de que el cambio estructural, que tanto anhelamos algunos quienes lo hemos endosado y en el cual participan, en bastante grado, integrantes del actual gobierno, pueda ser llevado a cabo en relativamente corto plazo, pues en aquél puede estar fundado el progreso futuro de nuestra nación.

    En segundo lugar, la propia administración del Presidente Arias, y no dudo en recordárselo al ministro Solís, ha manifestado en diversas ocasiones que es necesario redefinir claramente el papel del Estado en Costa Rica, de manera tal que no constituya un obstáculo al crecimiento y desarrollo del país. Muchas personas han manifestado la necesidad de reformular el planteamiento que el Partido Liberación Nacional ha sostenido durante muchos años acerca de la actividad del Estado y, precisamente, acercándolo a posiciones que en otras ocasiones se calificaron de liberales.

    Para este propósito, se ha expresado la necesidad de que la empleomanía gubernamental no continúe creciendo y, si mal no recuerdo, la subalterna más inmediata del señor Solís, la señora Sandra Piszk, Viceministra de Planificación, recientemente formuló propuestas para que se privatizara una serie de actividades que actualmente lleva a cabo el Estado costarricense y que, bajo su propuesta, serían llevadas a cabo por los actuales empleados públicos, quienes para este propósito formarían cooperativas o empresas privadas o algo llamado auto-gestión. Todas estas formas de asociación son privadas y es algo que desde hace años los liberales de nuestro país han venido solicitando que se realice.

    En tercer lugar, don Ottón Solís, al solicitar que los críticos del gigantismo estatal le indiquen quiénes deberían ser despedidos del gobierno y en qué actividades públicas, elude la responsabilidad que él tiene como Ministro de Planificación. Precisamente, si fuera la voluntad u obligación del gobierno del señor Arias reducir trabajos en el sector público ̶ hecho que creo que ni la actual administración ni tampoco los social-cristianos han pregonado ̶ sería al Ministerio de Planificación a quien le correspondería realizar dicha tarea. Pedir que otros lo hagan por él, equivaldría a que el Ministro de Transportes, don Guillermo Constenla, le pidiera a los costarricenses que le digan cuáles obras públicas debe llevar a cabo, en qué zonas deben construirse las carreteras o cuáles puentes deben erigirse en qué ríos. O sería semejante a que el Ministro de Salud, don Edgar Mohs, surgiera pidiéndole a los ticos que le indiquen cómo debería vacunar a los paisanos o que le indiquen qué medicina preventiva aplicaría ante la invasión del dengue.

    Sí me voy a atrever a sugerir un puesto público que podría eliminarse en el Estado: dado que el Ministro de Planificación tiene como una de sus obligaciones puntualizar cuáles son las actividades que deben de redefinirse dentro de la reestructuración de nuestro aparato productivo, aún cuando ello pueda requerir desocupar personas en el Estado o reubicarlas o privatizar ciertas tareas, precisamente con el concurso de actuales empleados públicos, y puesto que el señor Solís insiste en que sean otros quienes le definan tan incómodas obligaciones, pues, entonces, que se elimine el puesto de Ministro de Planificación y que, tal vez, esa responsabilidad que ahora pretende eludir sea llevada a cabo por otro ministro, tal vez el de la Presidencia, quien me atrevo a pensar que no pensaría en soslayar sus nuevos empeños.

  9. #139
    1987-01-11-LAS CORTESÍAS

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    LAS CORTESÍAS


    La Nación, 11 de enero de 1987.

    Más que agregar leña a la hoguera, como temió don Oscar Arias en sus recientes y ampliamente divulgadas declaraciones sobre las “cortesías”, a lo que contribuyen es a disminuir el fulgor de una inteligencia por muchos valorada. Porque sólo así puede interpretarse lo que creo es una muestra de un claro deseo de manipular las conciencias de los ciudadanos, de manera que lo negro aparezca como blanco y lo blanco lo presenta como negro, cuando, en realidad, el campo en que se juega es de un gris claroscuro.
    El Presidente de la República le dijo a los costarricenses que él está de acuerdo con la restauración de las cortesías en la zona fronteriza sur del país, a fin de que los pobres de esta nación puedan realizar allí sus compras, puesto que en Costa Rica resultan ser sumamente caras, debido a los elevados impuestos que tienen que pagar.

    Es encomiable la preocupación que por los relativamente más pobres mantiene el Presidente de la República, pero hay algo extraño, sumamente extraño, en su argumentación, por lo cual no convence la sinceridad de lo expresado. La causa, según acepta don Oscar, que impide el mejoramiento o el bienestar de esos pobres es el caudal de impuestos sobre la importación de una serie de bienes, impuestos que son gravados por obra y gracia de las cortes del Estado costarricense. Por otra parte, la concesión graciosa de las cortesías, como lo dijo claramente el Contralor de la República, don Rafael Ángel Chinchilla, beneficia a los grandes y poderosos contrabandistas y a una serie de apegados, quienes surgen gracias al sistema de altos impuestos a la importación.

    Por lo tanto, lo lógico, a todas luces, sería que el gobernante, de inmediato, a fin de satisfacer sus bien fundadas preocupaciones por el bienestar de los más pobres y por la honorabilidad comercial, decida reducir los impuestos a las importaciones de esos bienes, en vez de proseguir por el camino tortuoso de la concesión de más cortesías.

    Recuérdese que, en nuestro régimen tributario de “patas p’arriba”, el Poder Legislativo puede reducir los impuestos sobre el consumo, de manera tal que no podrá argumentarse que, al menos en parte, la reducción requerida de gravámenes sea imposible de realizar a corto plazo.

    Si se me permite emplear un símil, la idea de don Oscar de otorgar cortesías, como compensación por los altos impuestos que el Estado grava sobre el costarricense, equivale a que un matón del Estado nos ponga encima de nuestro pecho su aplastante pie ¡el impuesto!, lo cual nos afecta la respiración ¡el derecho a vivir, a consumir, a satisfacer nuestras necesidades y deseos! Para aliviar tan pesada carga, decide no quitarnos su extremidad de encima, sino dar a algunos un linimento ¡las cortesías! para aliviar los malestares y los moretones que les causó. Y, de paso, tendrán que darle al matón las gracias por el despliegue de “conciencia social”. Todo esto podría causar hilaridad, pero la realidad es aún más cruel: el propio gobierno del señor Arias anda promoviendo aumentar esos mismos impuestos; esto es, el matón quiere apretarnos aún más. En todo caso, la politiquería barata del montón ̶ perorata a ultranza ̶ debe invitar a la reflexión ciudadana, a fin de que vayamos separando la paja del arroz.

  10. #140
    1987-02-03-ÉTICA Y TRIBUTACIÓN

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    ÉTICA Y TRIBUTACIÓN


    La Nación, 03 de febrero de 1987.

    Cada vez que en Costa Rica las autoridades gubernamentales tratan de poner nuevos impuestos o de aumentar los ya existentes ̶ cosa que muy a menudo sucede ̶ se yerguen siempre con el viejo cuento de que, con esa mayor imposición por fin se logrará eliminar el eterno problema de los déficit en el gasto público. Pero, además, ahora esos mismos políticos asumen una actitud francamente moralista en lo que trata de las nuevas cargas y para ello se revisten de ropajes de Robin Hoods justicieros o de ángeles de espadas flamígeras o de desfacedores de entuertos.

    El más reciente paquete de impuestos adicionales con que se nos quiere recetar a los costarricenses ̶ pero le apuesto que no será el último ̶ ha servido para que esos gobernantes acudan a emplear esa vieja rutina tributaria con el propósito entendible de que la propuesta que nos presentan sea una muestra clara y contundente del logro de una mayor igualdad atributaría. Y nos repiten, con instancia cansona, que quien más tiene, debe pagar más impuestos. Esto en la doctrina tributaria, se conoce como la “equidad vertical”.

    No voy a discutir sobre si se tiene o no una base lógica que brinde sustento a la posición ética, de que deben pagar más impuestos quienes más tienen, sino que señalo que de la anterior premisa se deriva lo que en la doctrina tributaria se conoce como “equidad horizontal”. Esto es, que si se acepta que “pague más quien más tiene”, entonces debe aceptarse su corolario de que “paguen lo mismo, quienes tienen igual”.

    Y aquí es donde me confunde la alharaca disfrazada de moralidad y justicia social, como la llaman los politiquillos de siempre, cuando uno encuentra una gran cantidad de contradicciones en las propuestas de los tributos que, velis nolis, nos quieren recetar los alcabaleros de turno. Permítaseme tan sólo brindar unos ejemplos, sin que se me exima de la posibilidad de mostrar más, pero muchos más, casos semejantes.

    Si se acepta que quienes “tienen igual, deben pagar igual”, entonces, si, por ejemplo, la persona A decide mantener su riqueza en forma de vivienda -está en su derecho o es que no es libre y está sujeto a que alguien se le imponga a su innata libertad-, mientras que la persona B decide, dado su libre albedrío, mantenerla en forma de, digamos, ropajes de alto valor (vestidos Botany 500, corbatas Christian Dior, zapatos Bally’s, ¿verdad que da envidia?) y si ambas personas mantienen un mismo monto de su riqueza , ¿cuál es el criterio moral que sirve de sustento para que, con los nuevos gravámenes que se proponen, tan sólo A pague en tanto que B es exonerado?
    Pero aún hay más. Se atreverá alguien a preguntarle a esos “hombres justos” que le expliquen cómo, si tan sólo se les sigue en su criterio de que “pague más impuestos, quien más puede”, calza el hecho de que con la nueva legislación se propone reducir los impuestos a los grupos de alta riqueza, específicamente a las empresas de elevados ingresos, en tanto que se eleva significativamente el gravamen que pagan las empresas relativamente pequeñas, las cuales tienen menos ingresos.

    Estos ejemplos muestran descarnadamente una verdad. Después de todo, los señores que quieren ponernos impuestos no son, ni más ni menos, que otras personas de carne y hueso como usted y como yo y que lo único que tratan de hacer es imponernos sus juicios de valor acerca de lo que constituye lo justo y lo que no lo es. ¿Será que los alcabaleros están ungidos de alguna potestad divina que tan sólo a ellos les permite ver qué es lo moral y qué es lo inmoral? ¿Será que los constructores de impuestos pueden distinguir mejor que cualquier residente de esta República, cuando un acto es ético y cuando no lo es?

    A mi preocupa “ver a políticos llevando a cabo lo que ellos creen que son medidas útiles para el pueblo apelando a favorecer algunos e infringiendo los derechos de otros, esperando regenerar al mundo al decidir de qué manera y en qué grado los hombres ejercerán sus facultades” como magníficamente lo señaló Auberon Herbert en un artículo titulado expresivamente “Un político a la vista del cielo”. Tal vez algún día, aún cuando esté muy lejano, dejarán que el hombre goce plenamente de su derecho a la vida, en cuanto a que pueda disfrutar de la posesión de las cosas que hacen posible que sea agradable y deseable, que encuentre su cielo, y que el político se vaya a las antípodas.

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