Página 1 de 23 1234511 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 224

Tema: Artículos publicados en Diario La Nación 1980-1989

  1. #1

    Artículos publicados en Diario La Nación 1980-1989

    Tenemos el agrado de presentarles los artículos que el Sr. Jorge Corrales Quesada publicó en el Diario La Nación de 1980 a 1989

  2. #2
    1981-04-21- LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-I


    LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-I

    La Nación, 21 de abril de 1981.

    La tarea fundamental que tenemos los costarricenses es la definir el sistema de vida que queremos ahora y en los años venideros. Pienso en el hombre de Toynbee que avanza a partir de la crisis y es por ello que miro con optimismo a los años ochenta, que verán un escrutinio intenso del papel del Estado en la sociedad democrática moderna, lo que posiblemente resulte en un bienestar mayor para todos los costarricenses, al limitarse el espejismo que pretendió engañar nuestras conciencias: un freno al Estado que pretendió hacerlo todo bien y terminó haciéndolo todo mal.

    Mi propuesta consiste en introducir un capítulo en la Constitución Política de la República, en el cual se limitaría el crecimiento del gasto estatal, que estaría ligado al crecimiento económico de país. De esta manera seria posible, al menos, mantener la participación relativa del Estado en la producción total de bienes y servicios por parte de los costarricenses. Se podría obtener una reducción en los impuestos, así como atenuar las presiones inflacionarias, cuyas disminuciones pasarían de ser utópicas declaraciones políticas a tangibles realidades. Esto podemos lograrlo si todos los ciudadanos estamos dispuestos a contribuir en un plan de limitación y eventual reducción del gasto estatal.

    La propuesta es esencialmente la siguiente: limitar constitucionalmente el crecimiento del gasto estatal, de manera tal que el gasto de cada año dependa del gasto del año anterior, agregando un porcentaje de incremento a ese gasto en lo que aumenta la producción total del país. De esta forma, el tamaño del sector estatal no crecería más rápidamente que el tamaño del sector privado. Además, y esto es clave, si el sistema polìtico decidiera disminuir el gasto estatal en un año dado, esto reduciría el gasto del año siguiente.

    El problema esencial del excesivo gasto estatal radica en que cada gasto especifico o particular es aceptado por sus propios méritos; tiene patrocinadores importantes y sensatos, pero esa misma aceptación de cada una de las partes por sí mismas, al ser ya sumadas no tiene la aceptación de esos mismos patrocinadores. Estamos de acuerdo en cada una de las partes pero no en la sumatoria del total. Por ello, es indispensable que se fije un total de gasto estatal y de ahí en adelante que se decida sobre las partes del mismo.

    Muchas veces se ha sugerido simplemente balancear el presupuesto, pero esto no contribuye a resolver el problema, que es el tamaño relativo del Estado. Se podría simpatizar con los proponentes del presupuesto balanceado, pero su gran defecto consiste en que, si hay un gasto estatal equivalente a, digamos a manera de ejemplo, el 75% del ingreso de los costarricenses, entonces, a fin de financiar ese gasto sería necesario obtener impuestos en un 75% de lo que perciban los costarricenses en salarios, rentas, intereses y utilidades. Yo prefiero una organización sociopolítica en la cual el Estado, por ejemplo, gaste el 5% de la producción nacional, aún cuando el egreso esté totalmente desfinanciado, que una en que el Estado gaste el 75% del ingreso privado y el cual está totalmente financiado.

    Es necesario dar algunos datos respecto al crecimiento relativo que el Estado costarricense ha tenido respecto a la producción total. En tanto que en 1957 la participación relativa del Estado respecto al Producto Nacional Bruto era del 12.8%, ya en 1979 alcanzó el 24.6%. En 22 años casi se duplicó el tamaño relativo del Estado. Y esto significa, ni más ni menos, que el Estado se va apropiando más y más del total de nuestra producción. Existen otros datos interesantes: en 1957 el total de salarios pagados en el sector público era del 16.4% de los totales de salarios pagados en el país. Para 1979, dicho porcentaje ascendió al 30.3% de ese total.

    Nuestros principales grupos polìticos democráticos, con preferencias cada cual por distintos proyectos de gasto estatal, a fin de lograr cada cual lo suyo están dispuestos a apoyar o no obstaculizar o negociar entre sí sus preferencias de gasto.

    Esto implica que cada una de las partes obtiene lo que desea, pero no el país, quien pierde al tener una proporción de gasto mayor que la que se consideraba deseable.
    Creo que la experiencia histórica de Costa Rica nos dice que ésta no ha sido placentera en lo que al tamaño del Estado se refiere. Es por ello que una limitación constitucional al gasto estatal, ofrecería una posibilidad de enderezar lo que se nos ha desviado.
    Última edición por Elisa; 09/10/2014 a las 05:08

  3. #3
    1981-04-22-LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-II


    LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-II
    La Nación, 22 de abril de 1981.

    El problema fundamental que debe ser analizado es la competencia por recursos entre el Estado y los individuos.

    Los sectores privados, al efectuar demandas por los recursos productivos de la sociedad, se caracterizan por el conflicto y la competencia en la utilización de esos recursos. Es decir, se supone que, dada una cantidad de recursos, al utilizar un ente privado más de esos factores, lo hace a costas de los recursos que emplearía otro ente privado. Y, por ello, es necesaria la eficiencia en la asignación de factores por parte del sector privado, pues, de no ser así, por la naturaleza competitiva y de lucha por esos mismos recursos, esa entidad privada tendría pérdidas, que no es lo que desea por su propia razón de ser.

    Caso contrario de conflicto o competencia por recursos ocurre con la acción económica en el Estado. Los incentivos no empujan hacia la lucha interna de las partes por los recursos escasos, sino que, al contrario, surgen acuerdos internos dentro del Estado a costas de una menor participación del sector privado en el producto nacional y de una mayor participación, por complemento, del Estado en ese mismo producto. El incentivo va dirigido no hacia el conflicto interno en el Estado, sino de éste hacia la sociedad como un todo.

    Con una limitación constitucional como la que he propuesto, sería factible revertir el nocivo resultado que he señalado en el párrafo anterior. Ahora sí es posible, al fijar un límite, obligar a las instituciones estatales a que compitan entre sí por los recursos escasos, en vez de la despreocupación originada en una supuesta infinita transferencia de recursos del sector privado hacia el Estado. Al terminar esta complacencia se originaría el conflicto dentro del Estado y, por tanto, se promovería la búsqueda de la eficiencia en la organización de recursos, ahora “escasos” dentro del Estado. Ya no se trataría de simplemente mayores recursos para el Estado, sino de cómo tomar más una entidad estatal a costas de la otra, fijando invariable el total de gastos.

    Una de las virtudes de la propuesta de limitación constitucional del gasto estatal es que ésta contribuye a disminuir el proceso inflacionario o, por lo menos, a atenuar los efectos colaterales derivados de la inflación.

    La regla casi general, especialmente en los últimos años, es que los Estados débiles acuden a la emisión de dinero a fin de financiar el gasto estatal, cuando éste excede los ingresos tributarios o a la captación de recursos por medio de bonos. Usualmente nuestros Estados no son capaces de obtener los recursos necesarios por medio de impuestos, pues no sólo esto resulta impopular y resta votos, sino también por la relativa pobreza de las bases tributarias.

    Es posible diseñar la propuesta de limitación constitucional al gasto del Estado, para que introduzca un poderoso desincentivo a la inflación y esta consistiría en ligar el crecimiento del Estado al crecimiento de la inflación, de manera tal que el Estado no aumentaría su gasto en el mismo porcentaje en que crece el producto nacional, sino en un por ciento menor a lo que aumenta la inflación. Así, el Estado quedaría limitado en su incontenible crecimiento, pues a mayor inflación se penalizaría el tamaño relativo del Estado.

    Uno de los problemas más serios que afronta el hombre moderno en sus relaciones con el Estado, ha sido la cantidad de recursos que recientemente éste ha obtenido por la vía de los impuestos. La limitación constitucional al crecimiento del gasto estatal, que ahora estaría ligado al crecimiento de la producción nacional y que, con la estructura progresiva del impuesto de la renta, le brinda mayores recursos que el gasto autorizado, permite utilizar dos caminos en el uso del excedente tributario: o se reduciría la usualmente ya elevada deuda estatal, contribuyendo al saneamiento de los mercados de capitales, o se disminuirán los impuestos para recaudar lo estrictamente necesario para financiar el gasto constitucionalmente permitido.

    Creo que la propuesta de limitación constitucional al gasto estatal nos ofrece una oportunidad positiva para transcurrir entre la Escila de mayor inflación y el Caribdis de mayores impuestos.
    Última edición por Elisa; 09/10/2014 a las 05:13

  4. #4
    1981-04-23-LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-III


    LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-III
    La Nación, 23 de abril de 1981.

    Un elemento promotor de la actividad creciente del Estado es la creencia en la necesidad de la participación estatal para balancear o estabilizar la economía. Hoy día las técnicas de estabilización de Keynes, pregonadas allá por los años treinta, que brindó la base lógica a ese nuevo papel del Estado, no gozan de la preeminencia académica de que disfrutaron en el pasado y, aun en la práctica de la economía, cada vez su aplicación es menor si bien sus efectos ideológicos iniciales perduran en muchos lares.

    El problema elemental es que el concepto de estabilización de la economía se convirtió en la caja de Pandora del gasto estatal. Teóricamente se justificó que la norma del gasto estatal en exceso de los ingresos tributarios fuera la máquina del crecimiento y del desarrollo y para los intelectuales era difícil ir contra ese “crecimiento y desarrollo”. Los hechos, y especialmente el fenómeno contemporáneo de simultaneidad de inflación y desempleo, han demostrado cómo el buen doctor Jekyll se convirtió en el malo señor Hyde; cómo el Estado benefactor se transformó en el gran Estado que cercena nuestras libertades; cómo el pensamiento keynesiano, que nos ofrecía el crecimiento autosostenido y siempre en ascenso, evolucionó hacia el estancamiento, la inflación y el desempleo.

    La experiencia ha demostrado, casi hasta la saciedad, que constantemente se formulan declaraciones líricas y pomposas que buscan mejorar y hacer más eficiente nuestro aparato estatal y que, en la realidad, tal vez lo que se esté tratando es, quijotescamente, de derribar molinos de viento. Una reforma constitucional que limite el gasto estatal tendría varias características importantes: brindaría cierta duración, sería más mandataria, tendría un carácter extraordinario y fuera de lo común y, más importante, estaría al nivel de la autoridad máxima.

    Me voy a permitir transcribir, dadas mis limitaciones en el campo de las leyes y a fin de que sirva de guía para adaptarlo a nuestro sistema legal constitucional, tal vez como parte de las Garantías Económicas del Ciudadano, paralelo inevitable de las Garantías Sociales, una propuesta de reforma constitucional que limita el gasto federal en los Estados Unidos preparado por el Comité de Redacción de la Reforma Constitucional:

    Sección 1:
    Para proteger el pueblo contra las cargas gubernamentales excesivas y promover políticas monetarias y fiscales sanas, los gastos totales del Gobierno de los Estados Unidos serán limitados.

    a) Los gastos totales de cualquier año fiscal no se incrementarán en un porcentaje mayor que el incremento porcentual del producto nacional bruto nominal del último año calendario previo al inicio de dicho año fiscal. Los gastos totales incluirán tanto los gastos incluidos dentro del presupuesto, como los extrapresupuestarios y excluirán las redenciones de la deuda pública y gastos de emergencia.

    b) Si la inflación del último año calendario que termina previo al inicio de cualquier año fiscal es mayor que el tres por ciento, el incremento porcentual permisible en los gastos totales para ese año fiscal, será reducido en una cuarta parte del exceso de la inflación sobre el tres por ciento. La inflación será medida por la diferencia entre el incremento porcentual del producto nacional bruto nominal y el incremento porcentual del producto nacional bruto real.

    Sección 2:
    Cuando para cualquier año fiscal, los ingresos totales recibidos por el gobierno de los Estados Unidos exceden los gastos totales, el excedente será utilizado para reducir la deuda pública de los Estados Unidos hasta que tal deuda sea eliminada.

    Sección 3:
    Posterior a la declaratoria de emergencia por parte del Presidente, el Congreso puede autorizar, por dos tercios del voto en ambas Cámaras, un gasto de emergencia de un monto específico en exceso del límite para el año fiscal vigente.

    Sección 4:
    El límite a los gastos totales puede ser variado en una cantidad específica por tres cuartos del voto en ambas Cámaras del Congreso, cuando sea aprobado por los Congresos de una mayoría de los varios Estados. La variación tendrá efecto en el año fiscal posterior a la aprobación.

    Sección 5:
    Para cada uno de los primeros seis años fiscales posteriores a la ratificación de este artículo, las donaciones totales a los Estados y los gobiernos locales no será una fracción inferior de los gastos totales que la de los tres años fiscales previos a la ratificación de este artículo. De ahí en adelante, si las donaciones son menores que esa fracción de los gastos totales, el límite sobre los gastos totales será reducido en un monto equivalente.

    Sección 6:
    El Gobierno de los Estados Unidos no requerirá directa o indirectamente que los Estados o los Gobiernos locales se comprometan en actividades adicionales o expendidas sin una compensación igual a los costos adicionales necesarios.

    Sección 7:
    Este artículo puede ser obligado a cumplirse por parte de uno o más miembros del Congreso en acción legal presentada ante el Corte Distrital de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia, pero no por parte de cualesquiera otras personas. La acción legal nombrará como demandado al Ministro de Hacienda de los Estados Unidos, quien tendrá la autoridad sobre los gastos de cualquier unidad o agencia del Gobierno de los Estados Unidos, cuando sea requerido por orden de la corte de que cumpla con los señalamientos de este artículo. La orden de la corte no indicará los gastos específicos que deberán ser efectuados o reducidos. Los cambios necesarios para obedecer la orden de la corte serán realizados a más tardar antes de fines del tercer año fiscal pleno posterior a la orden de la Corte.

    Espero que esta serie de tres ensayos sea útil para nuestra Patria, pues en verdad nuestra disyuntiva histórica está ya muy clara.
    Última edición por Elisa; 09/10/2014 a las 05:16

  5. #5
    1981-04-30-ALGUNAS CIFRAS SOBRE CHILE

    ALGUNAS CIFRAS SOBRE CHILE
    La Nación, 30 de abril de 1981.

    En los últimos años han surgido muchos comentarios acerca de Chile, especialmente en lo referente a los campos económico y político. En este artículo presentamos algunos datos acerca de la evolución de la economía chilena durante la década de los años setenta. Pero, antes que todo, debemos señalar que el análisis se circunscribe a fenómenos económicos y no hacen referencia al tipo específico de organización política de esa nación; sin embargo, es fundamental señalar que el gobierno del señor Salvador Allende se inició en 1970 y concluyó a finales de 1973, en que asumió el poder el actual gobierno chileno.

    Una medida muy significativa de la evolución de una economía es la tasa de crecimiento real de la producción (en este caso particular el dato se refiere al producto geográfico bruto real). Ésta, durante el período 1970-1972, creció a una tasa promedio anual real de 3.7%; para el lapso 1973-1975 disminuyó a una media anual real de 4.6%, pero, para el período 1976-1980, de nuevo aumentó a un promedio anual real de 7.3%, cifra nunca vista en la historia moderna de Chile.

    Otra cifra interesante de mostrar es el comportamiento de los precios o de un indicador de inflación, denominado índice de precios a nivel del consumidor. Para el período 1970-1972, la inflación media anual de Chile creció en un 43.2%; en el lapso 1973-1975 la inflación alcanzó la asombrosa cifra de crecimiento anual media de 411.2%, pero ya para el período 1976-1979 la inflación empieza a reducirse sistemáticamente, hasta alcanzar una tasa de crecimiento anual promedia de 93.6%; en especial, durante los años 1978 y 1979 fue de 40.1% y 30.3%, respectivamente. Estimaciones preliminares para 1980 la sitúan en aproximadamente un 25% anual y, para 1981, proyecciones conservadoras la fijan en un 15% anual. El esfuerzo en este campo ha sido asombroso.

    Un dato importante es la relación de déficit del sector público con respecto al producto interno bruto de Chile. Para el periodo 1970-1973, fue de un promedio anual de 12.5% (en 1973 llegó al límite histórico máximo de un 23.6%; es decir, el déficit fiscal llegó a ser de casi una cuarta parte del total de la producción nacional). Para el período 1974-1979 descendió a un promedio anual de sólo 2.9%. En 1979 fue de -2.3%; es decir ̶ casi un milagro en nuestra época ̶ más bien hubo un superávit gubernamental.

    Un indicador de la apertura de la economía chilena puede verse en la relación importaciones más exportaciones como porcentaje de la producción total. Para los años 1970-1973 la relación promedio de apertura fue de 24.6%. El gran impacto de una apertura al exterior se presenta en los años 1974-1979, en que el cociente aumentó a un promedio de 40.1%; destacándose el año 1979, en que fue del 48.6% del total de la producción chilena.

    Una cifra bastante significativa es la inversión como porcentaje de la producción nacional de Chile. Para el periodo 1970-1973, el cociente anual promedio fue de 12.5%, alcanzándose el récord histórico de 20 años en 1972 con el más bajo cociente de tan sólo 11.8%. Para los años 1974-1980, el cociente anual promedio fue de 15.2%, obteniéndose de nuevo el récord histórico de 20 años en 1980, pero esta vez con el más alto cociente de 17.9%.

    Las cifras de los cambios en las reservas netas internacionales del Banco Central de Chile también son muy significativas. La tasa media anual de cambio en las reservas netas para el período 1970-1973 fue de -0.6%; o sea, descendieron. Para el período 1974-1978, la tasa media anual de cambio en las reservas netas aumentó en +1.5%, siendo positiva esta tasa a partir de 1976. Otro dato más: en 1980 el superávit de la balanza de pagos ascendió a $1.244 millones.

    Otro dato valioso es la relación ahorro financiero con respecto a la producción nacional. Este cociente para el lapso 1971-1972 fue de sólo 5.6% en promedio anual, pero ya para el período 1973-1975 había ascendido a un promedio anual de 13.1%. Pero los datos más notorios se presentan para los años 1976-1980, en que la tasa media anual fue de 48.1%, destacándose 1980, en que ascendió a 75.8% de la producción interna de Chile.

    El costo evidente del reajuste de Chile ha sido pagado fundamentalmente por el desempleo, aunque las cifras de que disponemos indican su naturaleza temporal, pues la tasa de desempleo se ido reduciendo de forma paulatina, de aproximadamente un 20% de la fuerza de trabajo en 1975 a un 12% del total a finales de la década; se estima, además, que para 1980 ascienda un 10% del total. Específicamente, la tasa de desempleo para el cuarto trimestre de 1980 fue de 10.1%, en tanto que en el primer trimestre de 1979 el dato fue de 16.5%. Los sueldos y salarios reales aumentaron en el período octubre 1979-octubre 1980 en 17.2%. Esto demuestra que Chile se orienta en la dirección correcta de solución a este serio problema.

    Estos datos no han surgido de la nada. Son resultados de políticas económicas. Como hemos escuchado a algunos connotados empresarios lanzar fuertes acusaciones a los que alguna vez hemos propuesto la adopción de políticas económicas de mercado, les preguntamos, ¿por qué no invitan a algunos de sus colegas empresarios chilenos para que les narren lo que ha significado la reestructuración de la economía chilena y para que les expliquen las causas que originaron el desequilibrio?
    Última edición por Elisa; 09/10/2014 a las 05:24

  6. #6
    1981-05-09-EL FALSO ESPEJISMO DEL PRESUPUESTO BALANCEADO


    EL FALSO ESPEJISMO DEL PRESUPUESTO BALANCEADO

    La Nación, 09 de mayo de 1981.

    La sabiduría convencional, aún muy persistente en Costa Rica y compartida por muchas excelentes personas, quienes desde mucho tiempo atrás han combatido el excesivo gasto estatal, ha dictado sobre la prudencia de mantener un presupuesto equilibrado. Aún nuestra misma Constitución hace obligatoria la necesidad de obtener recursos ordinarios para hacerle frente a los gastos del Estado. Y qué decir de las múltiples prédicas de grupos como la Asociación Nacional de Fomento Económico o las de editoriales de nuestros periódicos, entre muchos otros, que nos aconsejan, con prudencia sana, que los gastos del Estado tengan “contenido real”; o sea, que se financie con impuestos. Esencialmente, lo que han buscado, como ha sido lo frecuente con muchos políticos bien intencionados, es el equilibrio en el presupuesto: que no haya déficit y que, ojalá, surja un superávit.

    No es que la idea de tener un presupuesto balanceado no sea respetable. Al contrario, desde Adam Smith, quien en su libro La Riqueza de las Naciones, ya había señalado su oposición a presupuestos desbalanceados, hasta la percepción de los ecos recientes de muchos compatriotas preocupados por el elevado déficit en el gasto estatal, son síntomas de una seria preocupación del hombre libre frente al crecimiento no controlado del Estado.

    La limitación fundamental que tiene el enfoque del presupuesto balanceado es que, en realidad, no contribuye a la solución del problema, que lo es el tamaño relativo del Estado. Se podría simpatizar con los proponentes del presupuesto balanceado, pero su gran defecto consiste en que, si hay un gasto estatal equivalente a, digamos, el 75 por ciento del ingreso de los costarricenses, entonces, a fin de financiar es gasto, sería necesario extraer ingresos de los costarricenses; o sea, impuestos en un 75 por ciento de lo que perciben en salarios, rentas, intereses y utilidades. Yo prefiero una organización socio-económica en la cual el Estado, por ejemplo, gasta el 5 por ciento de la producción nacional, aún cuando el egreso esté totalmente desfinanciado, que una en que el Estado gasta el 75 por ciento del ingreso de los costarricenses y el cual está totalmente financiado.
    De esta manera, las políticas basadas en presupuestos balanceados en realidad permiten cualquier nivel de gasto siempre y cuando existan tributos que lo respalden; en verdad lo que deseamos es un límite al crecimiento del Estado y no que éste sustraiga recursos de los individuos para satisfacer sus necesidades.

    Es más, lo probable es que la simple decisión e balancear el presupuesto más bien podría conducir a un mayor gasto estatal. Esto porque, ante una situación inflacionaria, que significa la obtención, al menos en un principio, de mayores ingresos nominales, aunque no reales, y debido a la estructura progresiva del impuesto sobre la renta, permite que proporcionalmente el fisco reciba más recursos y, por la lógica del presupuesto balanceado, esto implicaría aumentar el gasto. El Estado tiene así una patente de corso para gastar.

    El concepto de presupuesto balanceado tiene otro problema. Si bien es difícil, y así debe reconocerse desde el principio, tratar de controlar un lado de la ecuación (el gasto estatal), más difícil será el intento de controlar simultáneamente el otro miembro de la igualdad (o sea, también los impuestos). Y es apropiado señalar, sin pretender lucir como un escéptico, que no debemos despreciar a priori la habilidad de las estructuras burocráticas de generar artificios que se traducen en gastos y que, en realidad, aparentan ser otra cosa.

    Por todas las razones que he enunciado, creo que el mejor intento para limitar al Leviatán surge no del concepto de presupuesto equilibrado o balanceado, sino más bien por la vía de la limitación constitucional al tamaño del Estado.

  7. #7
    1982-07-04-EL REGRESO DEL OLEODUCTO


    EL REGRESO DEL OLEODUCTO

    La Nación, 04 de julio de 1982.

    Pueden surgir varias interpretaciones acerca del notorio cambio experimentado por algunos grupos nacionales, en la actitud hacia una posible construcción de un oleoducto interoceánico en Costa Rica.

    Destaca lo sucedido con el otrora partido opositor, Liberación Nacional, en el que, al encontrarse gobernando al país, al menos algunos de sus más connotados miembros han expresado un apoyo muy decidido a favor de la instalación del oleoducto, en tanto que se opuso férreamente a ello en un pasado reciente. De este viraje, por supuesto, se excluye a Don José Figueres, quien desde una primera instancia expresó entusiastamente su aprobación a dicha construcción. Algunos podrán formular la hipótesis de que ya no tiene objeto poner obstáculos a lo que hubiera sido una destacada obra de la desaparecida Administración Carazo y que, por tanto, ahora la buena fortuna llega a las puertas de un gobierno liberacionista el cual cosechará todas las ganancias políticas derivadas del famoso oleoducto. Esta explicación supone una mezquina interpretación politiquera de Liberación Nacional, la cual contrasta con un supuesto beneficio nacional que se obligó a dejar de lado en la pasada administración.

    La explicación anterior acerca del cambio de actitud ante la instalación del oleoducto no es la única. Así, puede argüirse que al estar más informado el ciudadano común acerca de la grave situación económica del país, ahora existe un mayor aprecio de los resultados económicos derivados del proyecto, en comparación con supuestos costos sociales (posibles conflictos militares, destrucción del medio ambiente, entre otros) que se originan por la instalación y operación del oleoducto en Costa Rica. Esto significa que los grupos opositores a la instalación del oleoducto en el país ahora sí lo ven como algo económicamente conveniente para la nación, aún cuando continúan conscientes y fieles creyentes en los resultados apocalípticos que algunos compatriotas vaticinaron, en caso de que el oleoducto se construyera en nuestro país.

    Una tercera explicación de la variación de opiniones comentada es que se ha dado un proceso de maduración de la idea del oleoducto en Costa Rica, de manera que algunos de los mitos tejidos alrededor de su instalación han mostrado su verdadero rostro pleno de supersticiones y de hechicería, por lo que el proceso educativo experimentado se refleja, entonces, en una redefinición de las actitudes, de tal forma que ahora lógicamente los grupos son conscientes de su actitud positiva hacia el proyecto.

    Creo que es muy posible que cada una de las tres explicaciones brindadas contribuya a formular la nueva actitud hacia el oleoducto, sin demérito de que algunos, a quienes el periodista Penabad, defensor de la instalación del oleoducto, llamo “conservadores”, continúen en su posición tradicional de “oponerse por oponerse”, a que Costa Rica al igual que tantas otras naciones del mundo pueda tener un oleoducto. Dado lo anterior, es factible que, para algunos, sea el interés politiquero el que aconseja bajar la cerviz ante el oleoducto, en tanto que, para otros, la alternativa a escoger por el país es clara y definida: el oleoducto nos da las divisas, el empleo y otras cosas necesarias para la supervivencia económica nacional –aunque para ellos el oleoducto sigue siendo “malo”. Y, finalmente, otros consideran que muchos grupos –que deseo sean la mayoría– racionalmente han decidido brindar su apoyo a la instalación del oleoducto en el país, por ser éste lógicamente conveniente para los intereses nacionales, una vez que las criticas lanzadas en el pasado han mostrado ser más que todo resultado de la ciencia-ficción y no del análisis técnico indispensable.

    Dentro de la serie de mitos ensamblados alrededor de la posible construcción del oleoducto en Costa Rica, destaca el de la amenaza militar a que en consecuencia quedaría expuesta la nación. Incluso se mencionó que nuestro país podría ser víctima propicia para que se lanzara en su territorio una bomba nuclear que destruyera al “bendito” oleoducto. Es muy posible que este argumento fuera propuesto por ingenuos que consideran que, de no existir un oleoducto en Costa Rica, en una guerra nuclear –el holocausto final– se eximiría el país de sus resultados. O que cándidamente consideran que constituye un blanco militar de importancia vital, que puede requerir de una bomba atómica para su destrucción en caso de un conflicto nuclear. Esto último no pasa a ser una simple inocentada, pues para destruirlo –no es más que un tubo a pocos metros de la superficie de la tierra– se requiere tan sólo de un arma convencional, además de que dicho oleoducto jamás tendrá la importancia estratégica que sus opositores desean adscribirle. Me parece que este argumento más bien ha sido planteado como parte de una campaña de defensa de la “integridad” de Nicaragua, mientras se la entregaba a fuerzas extra-continentales. Después de todo, el oleoducto podría convertirse en un cinturón de castidad para Costa Rica ante la ejemplar “democratización” del vecino.

    Entre los potenciales efectos nocivos del oleoducto se mencionó la catástrofe ecológica que se ocasionaría por un esporádico derrame de petróleo en nuestras costas. Si bien se puede estar de acuerdo en que tal derramamiento tiene graves efectos sobre la vida natural en el país, el argumento ha sido mal planteado. En primer lugar, la probabilidad de que el oleoducto –el tubo– estalle o sufra una grave fisura que riegue el aceite es sumamente pequeña. El mundo está recorrido por oleoductos y muy rara –rarísima– vez se ha visto que dejen escapar petróleo en cantidades sustanciales que afecten el medio ambiente.

    En segundo lugar, el mayor riesgo de daño a la ecología sobreviene en el proceso de transporte marítimo del petróleo. Al aproximarse los barcos a las costas, en medio a veces de un mal tiempo, es cuando han surgido los accidentes que sobrecogen al espíritu humano. Nadie desea, a pesar de las mejoras tecnológicas recientes para corregir los daños, que un “Torrey Canyon” derrame su carga aceitosa en nuestras costas. Ahora bien, ¿cuál fue uno de los resultados de la oposición frenética que hubo hace un par de años en contra de la instalación del oleoducto en Costa Rica?

    Que ahora esté en proceso de construcción en Panamá a lo largo de la frontera con Costa Rica. Esto significa que los barcos que traen el petróleo de Alaska para descargarlo en el puerto del Océano Pacífico y que luego se envía en otros barcos a la costa este de los Estados Unidos a partir de la terminal atlántica del oleoducto, recorren todas nuestras costas elevando enormemente el riesgo del daño ecológico a nuestro país. Como dice el pueblo: al que no quiere caldo, dos tazas. Panamá se quedó con las divisas, con el empleo y los negocios del oleoducto y Costa Rica asumió el riesgo mayor a su medio ambiente y, para los que creen en el “problema nuclear”, con los resultados derivados de la proximidad del oleoducto a la frontera costarricense (la radiación de una bomba atómica no reconoce el límite entre Panamá y Costa Rica).

    El país debe de inmediato, ya sea por conveniencia politiquera, por razones de supervivencia económica o por un convencimiento racional de sus virtudes, proceder a evaluar seriamente la posibilidad de instalar un oleoducto. Nada más me permito aconsejar que la decisión de quién hará el proyecto sea efectuada con toda claridad. Por ejemplo, públicamente debe invitarse a todos los interesados potenciales a que planteen alguna propuesta al país y, una vez evaluadas económicamente las distintas opciones mediante los estudios de factibilidad apropiados, proceder a llevar a cabo aquel que satisfaga de la mejor manera posible al interés nacional de construir un oleoducto en Costa Rica.
    Última edición por Elisa; 09/10/2014 a las 05:27

  8. #8
    1982-07-26-SINDICALISTAS CONTRA COSTA RICA

    SINDICALISTAS CONTRA COSTA RICA

    La Nación, 26 de julio de 1982.

    Lo que algunos líderes sindicales criollos ̶ enfatizo, algunos ̶ hacen en los Estados Unidos contra nuestro país les impone un nombre: malos patriotas. Resulta que allá ciertos grupos sindicales (la AFL-CIO) la emprendieron contra el movimiento solidarista e intentaron que su gobierno actuara contra Guatemala, nación adonde aquél se había extendido. Al caer el gobierno anterior y llegar al poder el antiguo procurador de los derechos humanos, señor Ramiro de León, por supuesto que la AFL-CIO no supo adónde meterse, pero rápidamente se acordaron que el solidarismo se originó en nuestro país y prestos actuaron contra nosotros.

    Ante la declinación paulatina del sindicalismo y la voluntad mayoritaria de nuestros trabajadores de agruparse en el solidarismo (lo que nos les impide pertenecer a sindicatos, lo que pasa es que no los quieren), nuestro país se convirtió en el objetivo de la AFL-CIO, la cual ha actuado allá y aquí para que los Estados Unidos nos sancionen mediante una prohibición de nuestra exportación hacia aquel país.

    Por supuesto que, de tener éxito, esos pocos líderes del sindicalismo criollo, los cuales públicamente han apoyado las gestiones de la AFL-CIO en los Estados Unidos, provocarían un enorme daño a todos los costarricenses quienes veríamos seriamente menoscabado nuestro modo de vida básico.

    Como actualmente en los Estados Unidos no está muy claro el rumbo de sus políticas, es apropiado que nuestros más de 3,3 millones de costarricenses y con una fuerza de trabajo de 1,2 millones de trabajadores, empiece a recoger firmas en todos los pueblos, calles, empresas, ciudades y sitios, para mandárselas, con un lacito de libertad, a quienes en Estados Unidos pretendan perjudicarnos. ¿Qué impacto creen ustedes que tendría allá esa reacción de nuestro pueblo ante la nefasta presión de sus aún poderosos sindicatos?

    La verdadera organización laboral y la empresarial deben empezar de inmediato, antes de que sea tarde, a promover esta acción cívica y, de paso, que los dirigentes de cierto movimiento político nacional recuerden a sus achichinques, la Rérum Novárum, que no pueden anteponer el interés egoísta de su grupo ̶ las diputaciones, mi amigo, las diputaciones ̶ y perjudicar tan bárbaramente al país como un todo.

  9. #9
    1982-12-01-LA ECONOMÍA DEL PRESIDENTE REAGAN-GASTO E INGRESOS PÚBLICOS
    LA ECONOMÍA DEL PRESIDENTE REAGAN: GASTO E INGRESOS PÚBLICOS


    La Nación, 01 de diciembre de 1982. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 83-85.

    La próxima visita del Presidente Ronald Reagan a Costa Rica justifica exponer algunas de las políticas económicas que el mandatario norteamericano ha puesto en marcha o que, al menos, ha pretendido implantar en su país., También permite analizar la naturaleza de otra decisiones que se ha propuesto llevar a cabo durante su actual administración y que, posiblemente, tal vez hasta requiera de un segunda oportunidad como jefe del gobierno de los Estados Unidos.

    Primero que nada, es indispensable recalcar que el presidente Reagan es un liberal. Liberal en el sentido correcto de la palabra, tal como la entiendo el costarricense. En los Estados Unidos, en cambio, la expresión liberal más bien define al social-estatista, al dirigista, al creyente en que sea el Estado el que logre los objetivos que se consideran deseables para el individuo. El liberal, cree, al contrario, en la libre acción voluntaria, espontánea, no coercitiva, no planeada por el Estado, por la cual esas mismas personas determinan los arreglos necesarios para el logro de la felicidad humana. En los Estados Unidos, a los creyente en la libertad, en el extenso sentido del término, se les ha llamado conservadores (así se define al presidente Reagan), en tanto que allá los liberales son más bien los promotores de las restricciones a la libertad, pretendiendo sustituir la libre actuación individual por la concentración del poder en manos del Estado u otros organismos supraindividuales. El presidente Reagan es un liberal, tal como lo conoce el costarricense y, por lo tanto, no es un social-estatista, ni un social-demócrata, ni un dirigista, ni un intervencionista.

    Una vez aclarado lo anterior, como paso siguiente procedo a exponer los fundamentos básicos de las políticas económicas del presidente Reagan, a la que algunos llaman “reaganomics”.

    Existe en estos momentos una visión distinta en la Casa Blanca de lo que tradicionalmente han sido los papeles del gasto público y de los impuestos en la economía nacional. Es así como el actual presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Reagan, el economista Martin Feldstein, apropiadamente señala que “está en camino una importante revolución en el pensamiento económico: un retroceso de las ideas keynesianas que han dominado la política económica durante los últimos 35 años” (The Public Interest, No. 64, verano de 1 981).

    El presidente Reagan, desde el inicio de su administración, tomó como caballo de batalla la reducción de los impuestos y del gasto público del gobierno federal de los Estados Unidos, como manera de estabilizar el serio problema inflacionario que aquejaba a su nación y cuya secuela inevitable, de desempleo constituye la dificultad mayor para el éxito de la posible política económico del señor Reagan.

    La pregunta que inmediatamente surge es, ¿cómo, si el presidente Reagan siempre ha abogado por el equilibrio del presupuesto estatal, es posible, entonces, disminuir los impuestos, lo cual, se presume, reduce las entradas con el consecuente aumento del déficit presupuestario? Detrás de esta concepción tan opuesta al keynesianismo del establishment estatista, se encuentra no sólo la idea del economista Arthur Laffer de que la estructura tributaria de los Estados Unidos ya ha castigado tanto la producción, que una reducción de las tasas tributarias más bien la estimularía en un grado tal que los impuestos que recauda el Estado resultarían ser mucho mayores (unas tasas de impuestos menores aplicadas sobre bases mucho más amplias redundaría en recaudaciones más elevadas). También, existe simultáneamente una concepción acerca de la conducta del gasto del Estado, la cual se fundamenta en que éste gasta más, entre más ingresos percibe. De esta manera, resulta que la única forma de poder reducir el gasto del Estado lo es por una reducción de los ingresos que éste recibe.

    Lo anteriormente expresado tiene una gran trascendencia para la apropiada comprensión de la actual política económica nacional, pues los proponentes de última hora a favor del presupuesto balanceado ̶ aquellos quienes en el pasado siempre gustaron de ser los grandes amigos del exagerado gasto público ̶ hoy día tratan, y así lo hacen, de cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos aunque, de nuevo con espíritu estatista, sólo por el aumento de los tributos impositivos. De aquí que, aunque ahora prediquen el equilibrio del presupuesto estatal, el que sea por medio de un aumento de las recaudaciones de los impuestos, lo que va a provocar es que puedan disponer de más dinero para gastar, y esto no les va a forzar a reducir el gasto público, si desean hacer una realidad sus propuestas para equilibrar al fisco. El presidente Reagan, por éstas entre otras razones, ha endosado una sugerencia para que los Estados Unidos limiten constitucionalmente el crecimiento del gasto estatal. Sólo de tal manera podrá atarse al Leviatán. Quienes en Costa Rica hemos propuesto ideas como éstas, únicamente hemos encontrado el silencio de quienes definen la política económica actual, tal vez ello se deba a que en realidad no creen en un Estado limitado, sino que, al contario, confían tan sólo en un Estado que disponga de recursos casi ilimitados para poder gastarlos.

  10. #10
    1982-12-02-LA ECONOMIA DEL PRESIDENTE REAGAN-MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN

    LA ECONOMÍA DEL PRESIDENTE REAGAN: MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN

    La Nación, 02 de diciembre de 1982.

    La reducción de los impuestos y del gasto estatal que el Presidente Reagan ha propuesto y llevado a cabo en su país, es parte complementaria del segundo elemento característico de su programa económico: la lucha contra la inflación.

    Al iniciar su gobierno, el Presidente Reagan señaló a su pueblo que el enfrentamiento con la inflación iba a ser doloroso y que, lamentablemente, esa enfermedad, una vez arraigada en la economía, tardaba bastante tiempo en ser erradicada. Enfatizó, de igual manera, que el ajuste económico requerido necesariamente habría de provocar desempleo temporal en la economía norteamericana, precio que tendría que pagar la nación por los desafueros del gasto público y de emisión monetario que los social-estatistas del pasado habían llevado a cabo (¿Se acuerdan cuando Nixon proclamó que “ahora todos somos keynesianos”?).

    A inicios de la administración del Presidente Reagan, se enfatizó en que las propuestas de la denominada economía del sector de la oferta (supply-side economics) contribuirían a la reducción de la inflación. Esto, en apariencia, hizo surgir un conflicto con los seguidores del llamado monetarismo (asociado fundamentalmente con las ideas del profesor Milton Friedman), quienes mantienen que el fenómeno inflacionario es de naturaleza esencialmente monetaria. La realidad es que no existe un conflicto de fondo entre los dos enfoques y, más que todo, de lo que se trata es de énfasis distintos en los resultados económicos a lo largo del tiempo. Las denominadas políticas económicas del sector de la oferta (a las cuales me referiré posteriormente), como tales no tienen efecto sobre la tasa de crecimiento de los precios, sino, más bien, sobre el nivel de precios. Esto es, no afecta la tasa de aumento de estos a lo largo del tiempo; o sea, no influye en la tendencia, sino sobre el grado o nivel en que se encuentran los precios. De aquí que en el largo plazo los enfoques de la economía de la oferta contribuyen a reducir los niveles de precios. Sin embargo, para que los precios no continúen creciendo, como resultado de una política monetaria estabilizadora es necesario controlar el crecimiento del dinero en la economía.

    Dado lo anterior, aún cuando se ha criticado la volatilidad con que se ha conducido la política monetaria por parte del Banco Central de los Estados Unidos (llamado Sistema de Reserva Federal), ésta ha sido puesta en marcha recientemente de una manera cautelosa, lo cual evita los excesos inflacionarios de los creyentes en el keynesianismo, que tantos estragos aún causan en la economía norteamericana. Esa conducta monetaria mesurada, con un crecimiento bajo de los medios de pagos, ya ha permitido una reducción notoria de la inflación en los Estados Unidos, en donde, a partir de un crecimiento del índice de precios de aproximadamente un 15 por ciento anual en 1980, se ha reducido a una tasa estimada para este año del 5 1/2 por ciento anual. La introducción de la confianza que el ciudadano mantiene sobre la conducción apropiada de la política monetaria, al observar cómo las autoridades de la Reserva Federal se han resistido a las presiones de los grupos interesados en la existencia del crédito fácil y del expansionismo monetario, se ha reflejado en la reducción de las expectativas inflacionarias que el público mantiene, lo cual facilita el ajuste necesario para disminuir la tasa de crecimiento del nivel de precios.

    La lección que de ello los costarricenses podemos derivar es que, sí queremos lograr la estabilización del crecimiento de los precios en nuestro país, es requisito indispensable que nuestro Banco Central conduzca su política monetaria fundamentada en un crecimiento bajo y estable de la oferta de dinero. Igualmente, que resista las presiones políticas para lograr el financiamiento de gasto publico por medio de una mayor emisión de dinero, así como las de aquellos quienes pretenden reducir artificialmente las tasas de interés, con el consiguiente efecto de lograr una mayor inflación, así como un empeoramiento en la mala distribución del ingreso. Por lo tanto, debe apoyarse cualquier esfuerzo por parte de las autoridades bancarias centrales por mantener una política monetaria sana, aunque ello sea a costa del interés particular que se tenga en un momento dado. Esencialmente es en nuestro Banco Central, cuyos directores supuestamente han de mantener su plena autonomía e independencia, en donde radica el éxito posible en la lucha anti-inflacionaria, pues de fracasar en tal esfuerzo no habrá forma por la cual se podrá evitar la debacle de nuestra economía, prosiguiendo el mismo cauce en que naciones sudamericanas se han visto inmersas.

    La reducción dramática de la inflación en los Estados Unidos bajo la administración Reagan nos brinda una excelente lección sobre la forma de combatir ese flagelo de la humanidad. Por supuesto, para poder luchar contra la inflación, nuestras autoridades no sólo deben de manifestarse contra ella sino también aplicar las medidas correctas, aunque ello signifique lanzar por la borda ideas social-estatistas mantenidas en el pasado.

Información de Tema

Usuarios Viendo este Tema

Actualmente hay 2 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 2 visitantes)

Temas Similares

  1. Artículos publicados en Diario La Nación 2000-2003
    Por Elisa en el foro Obra escrita de Jorge Corrales Quesada
    Respuestas: 30
    Último Mensaje: 20/03/2012, 14:11
  2. Artículos publicados en Diario La Nación 1990-1999
    Por Elisa en el foro Obra escrita de Jorge Corrales Quesada
    Respuestas: 166
    Último Mensaje: 20/03/2012, 12:18
  3. Artículos publicados en Diario La Nación 1970-1979
    Por Elisa en el foro Obra escrita de Jorge Corrales Quesada
    Respuestas: 85
    Último Mensaje: 13/03/2012, 14:32
  4. Letras de cambio - OPINIÓN - La Nación
    Por Elisa en el foro Foro de ANFE
    Respuestas: 0
    Último Mensaje: 24/10/2011, 20:09

Marcadores

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •