1983-06-01-EL OMINOSO SILENCIO PETROLERO

EL OMINOSO SILENCIO PETROLERO


La Nación, 01 de junio de 1983. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 145-146.

¿Desde hace cuánto tiempo sabe el estimable lector que los precios del petróleo que compra Costa Rica sufrieron una fuerte baja? Sin embargo, el monopolio estatal de RECOPE aún no reduce los precios de los productos derivados de éste. Por supuesto, RECOPE ha de argüir que tal decisión depende del SNE (Servicio Nacional de Electricidad), pero, para el sufrido usuario, esto es de poca monta. En última instancia RECOPE y el SNE tienen un mismo patrono: el gobierno de Costa Rica. Esto significa que si los precios de los derivados del petróleo no han disminuido, es porque el Estado no lo ha querido hacer.

Es muy posible que la posposición o indolencia en reducir el precio de los derivados del petróleo tenga una razón esencialmente fiscal. Una vez más el Estado utiliza a RECOPE para que se convierta en una proveedora de recursos al fisco. De esta manera, se tiene un nuevo impuesto sin que la Asamblea Legislativa, que aparentemente ni pincha ni corta, haya tomado la decisión de imponer un nuevo gravámen en el país, función que constitucionalmente le compete en forma exclusiva. Incluso ya se escucha el runrún de que, lo que RECOPE logre por el sobreprecio de los derivados del petróleo, se utilizará para financiar el gasto de un ministerio por naturaleza devorador de recursos. En todo caso, el gobierno pone impuestos sin que la Asamblea Legislativa tenga nada que ver con ello (y eso que se juró respetar a la Constitución), que es lo más grave de toda esta situación.

Es importante destacar la desidia con que la opinión pública ha analizado este asunto. Esa dejadez intelectual sirve principalmente para acicatear la voracidad fiscal, para estimular la arrogancia burocrática “laseferiana” y para fomentar el desaliento de aquellos que aún creen que los impuestos sólo los puede fijar un poder legislativo. No se ha escuchado la voz de quienes con frecuencia se oponen al abuso y al atropello estatal y el mutismo de los polìticos opositores es aún más deprimente. El Estado recopiano se está haciendo inmune a la crítica, porque ella ahora está ausente.

Sin embargo, la reducción de los precios habrá de llegar, aunque tardíamente, y lo será en el momento en que sea necesario un golpe político, que tal vez haga olvidar como un soporífero el dolor de algún nuevo impuesto sobre la espalda del costarricense El “timing” es importante para el político; ni las rebajas ni las alzas de los precios deben ser realizadas si no lo son en el momento apropiado. Si se trata de una reducción debe capitalizarse políticamente tal bendición popular; si es un alza que pase lo más desapercibida posible, aunque no lo sea en la conciencia del burócrata.

A pesar de esa esperanza “electorera”, la bellaquería intelectual de los que deciden la rebaja permite la forja de ciudadanos de primera y de segunda categoría. Si usted tiene un Toyota de gasolina, por ejemplo, y lo usa para trabajar, pues usted no es productivo, según el burócrata. Sin embargo, si es afortunado y el azar lo ha favorecido con disponer de un Mercedes Benz de diesel, que lo usa para pasear, pues sí es productivo, de acuerdo con el político de turno. En dos palabras, a tanto tico que utiliza su carro de gasolina para trabajar o simplemente para ir al trabajo se le considera improductivo y por ello de acuerdo con el burócrata no debe estimularse el uso de sus vehículos con una reducción en el precio de la gasolina.

Se reducirá el precio del búnker, del diesel y de otros derivados, pero la gasolina muy posiblemente se mantenga igual o casi al mismo precio. Esto satisface la conciencia dirigista y retorcida del burócrata que discrimina arbitrariamente. Debemos preguntarnos ¿con qué autoridad se mantiene un sobreprecio a la gasolina?; ¿desde cuándo este precio excesivo, que es un impuesto, simple y llanamente, fue objeto de la bendición constitucional del Poder Legislativo? La respuesta afónica del burócrata y la vacía inquisitoriedad del ciudadano, supuestamente interesado en la cosa pública, podrían concatenarse en lo de siempre: el ciudadano amarrado frente al Estado devorador de hombres y conciencias.