Artículos publicados en Diario La Nación 1980-1989

[Elisa]

1987-11-03-ACUERDO ACERCA DEL AJUSTE ESTRUCTURAL

----------------------------------------------------------------------------------------------

ACUERDO ACERCA DEL AJUSTE ESTRUCTURAL

La Nación, 03 de noviembre de 1987.

Me da la impresión de que es necesario que en nuestro país se dé un acuerdo entre los dos principales grupos políticos acerca del llamado cambio estructural de nuestra economía. Son varias las razones que me mueven a considerar que tal negociado se ha de dar y que, tal vez, lo sea en un plazo inferior al creído.

En primer lugar, parece que hay un convencimiento, al menos entre los economistas más destacados, de que el ajuste estructural en las líneas conocidas en nuestro medio parece ser la única forma de lograr un crecimiento sostenido de nuestra economía, amén de que la alternativa del statu quo en que vivimos, tan sólo parece asegurar un pantanoso futuro.

En segundo lugar, por más que se nos haya querido meter el cuento de que sin el paquete tributario no había acuerdo posible con el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otra serie de agencias de semejante naturaleza, la verdad es que el primer préstamo de ajuste estructural que se le dio a Costa Rica fue incumplido en algunos casos y a medias en otros, y como esos funcionarios no son tan tonticos como algunos lo creen, ya se han dado cuenta de que en mucho se les rodó. Por lo tanto, parece que lo que sucede ahora es que esos organismos internacionales le hablan muy en serio a nuestro país; si quieren el apoyo financiero (la plata) para el ajuste estructural, pues que en verdad lo hagan y no que nada más se queden con esos fondos, como parece derivarse de la experiencia anterior.

En tercer lugar, ya ciertos altos funcionarios del gobierno han manifestado que el acuerdo de ajuste estructural en nuestra economía requiere del concurso del principal partido de oposición, si es que se desea llevar a cabo con cierto éxito de manera que, en la entente cordiale que ahora parece primar en nuestro medio político, tal paso sirve como el lógico siguiente.


Todo esto me provoca tres comentarios. Primero, que parece que el ajuste estructural en nuestra economía es evidentemente necesario e impostergable. Sobre esto creo que hay coincidencia entre los economistas del gobierno y los de la Unidad. Tal ajuste estructural va a requerir de una reducción de los aranceles proteccionistas, de la eliminación de la dispersión en las tasas de protección, de una revisión de los actuales esquemas de subsidios, de un ajuste apropiado en nuestro tipo de cambio, de una mejora sustancial a nuestro esquema financiero y, punto muy importante, de una disminución clara y notoria en el déficit del sector público.

En segundo lugar, el ajuste tiene, además de virtudes que por el momento omito, el problema de que temporalmente se provoca desempleo en aquellas actividades que anteriormente resultaban competitivas gracias al exceso de protección. La experiencia en otros países es que tal aumento temporal en la desocupación ha sido inferior a lo previsto, pero el hecho es que, y ello deriva de la propia naturaleza del reajuste estructural, éste será un serio problema que deberán enfrentan los gobernantes. (El otro es la lógica presión de los grupos que se ven afectados por las medidas que eliminan o restringen las rentas que el proteccionismo les ha brindado).

En tercer lugar –y he aquí el dilema– la diferencia fundamental entre ambos grupos de economistas parece estar en la forma de disminuir el déficit del sector público. Posiblemente por una tradición social-estatista (la cual parece pesar menos ahora), pero más que todo por un deseo de conservar un poder político derivado de la acción de los entes públicos, los economistas y, creo que principalmente, los políticos de Liberación están a favor de reducir el déficit por la vía del aumento de los impuestos; esto es, por el camino de la reducción del ingreso disponible de las familias del país, en tanto que los de la Unidad se inclinan por una disminución del gasto público, para poner en cintura al déficit gubernamental.

El tema de la negociación parece ser claro: la Unidad posiblemente brinde el apoyo al plan de reestructuración de la economía, lo cual le complace al gobierno, pero a cambio de ello exige no más impuestos y sí una reducción del gasto público. Liberación, por el contrario, empuja bajo su responsabilidad de gobernante el reajuste estructural, lo cual complace a la Unidad, pero busca usar más el mecanismo financiero de los impuestos para reducir el déficit fiscal. En síntesis; el ser o no ser radica en la forma en que se financiará el déficit gubernamental.

En todo caso, si la Unidad quiere mantener la impresión de que no es una versión diluida del social-estatismo y que la diferencia con Liberación es sustancial y no de mera palabrería abundantemente barata, deberá afianzarse en que no se aumenten los impuestos y que Liberación se vea forzada, a cambio del apoyo de la Unidad al plan de ajuste estructural, a reducir el gasto público. Parece que, en este caso, si Liberación accede y la Unidad lo quiere, se puede obtener un resultado beneficioso para el país.

[Elisa]

1987-11-09-CINTURONES TRIBUTARIOS

----------------------------------------------------------------------------------------------

CINTURONES TRIBUTARIOS

La Nación, 09 de noviembre de 1987.

Creo que la mayoría de los costarricenses nos hemos enterado de la reciente decisión del Ministerio de Obras Públicas de amarrarnos a los cinturones de los carros. Sin embargo, pocos saben que también se obligará a la gente a quitar de los vehículos unas canoas que nos protegen de las lluvias y que igualmente se nos forzará a instalar dos espejos retrovisores externos (casi la totalidad de los vehículos tienen uno solo de ellos), además de otras majaderías e imposiciones por el estilo. Todo esto es el resultado de la decisión de una especie de Dios Todopoderoso que ha decidido hasta cuidar por la vida de cada uno de nosotros, sin importarle cuánto nos va a acostar avituallar nuestro carro para complacer así su instinto protector.

Lo más cruel del caso es que esa obligación que el Estado impone a los ciudadanos tiene un matiz más prosaico: el fisco, nada más por los cinturones de seguridad, va a recaudar aproximadamente ¢20.000.000 en impuestos. Esto es, además de forzarnos a amarrarnos ̶ cosa que la haga quien así lo quiera ̶ tendremos que pagar impuestos por esa atadura obligatoria (y no tengo idea cuánto más por el espejito adicional).

Pero esa crueldad induce la tristeza: estoy aburrido de insistir ante ciertas autoridades políticas, tales como diputados, y ante periodistas, entre otros, para que, por lo menos, pidan que se quite la totalidad de impuestos que pesan sobre los cinturones de seguridad, a fin de aligerar en algo la carga a los contribuyentes. Todos estos políticos “igualiticos”, del mismo corte, dicen que esa es una decisión correcta, conveniente, necesaria, que “gana puntos políticamente”, etcétera, pero ninguno hace nada al respecto. Y ya el día del inicio está próximo: después del 12 de diciembre, quienes no estemos amarrados en nuestros carros, podremos ser objeto de jugosas multas: una mayor recaudación para el fisco voraz.

El tema no es lo intrascendente como lo puede parecer. Algunas personas me han aseverado que los cinturones de seguridad pueden, en algunos casos, aumentar el daño a las personas; por ejemplo, que en cierto tipo de choques la persona puede tener dificultad para liberarse del amarre, lo que puede resultar de vida o muerte en un incendio del vehículo. Yo pregunto, ¿ante tales circunstancias puede el Ministerio de Obras Públicas ser condenado por los daños que se ocasiona a las personas ante la obligación de amarrarse con el cinturón?

Pero, aún hay más. Si fuere cierto, como alegan las autoridades del MOPT, que el objetivo de obligar a las personas a amarrarse con el cinturón de seguridad es el de disminuir la gravedad de los accidente, yo pregunto: ¿reducirá el Instituto Nacional de Seguros el costo de las primas de las pólizas de seguro contra accidentes de automóvil, al bajarse el valor y gravedad de los daños?

Y aún más. Si el propósito de las autoridades del MOPT es el de reducir los daños por accidentes, para lo cual nos obligan a usar tal cinturón, pregunto: ¿existe algún estudio que demuestre que la reducción de los daños por el uso del cinturón, dado su costo, es menor que la reducción en daños que podría lograrse si se rellenaran los huecos en las calles, si se instalaran las señales apropiadas, si se fortalecieran los cuerpos de vigilancia del tránsito, entre muchas otras alternativas, y tomando en cuenta su costo?
Tengo la desagradable impresión de que, en esto de los cinturones de seguridad, lo que muy en el fondo se tiene es el deseo muy personal de algún funcionario, quien cree que ello es lo conveniente, aunque no sepa por qué es así y quien, además, se siente muy satisfecho al obligar a otros a gastar en lo que a ese funcionario le parece personalmente deseable.

[Elisa]

1987-11-25-INDIGNACIÓN POPULAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

INDIGNACIÓN POPULAR

La Nación, 25 de noviembre de 1987.

Indignados, muchos costarricenses pudimos leer en la página 6 de La Nación del día miércoles 18 de noviembre, bajo el encabezado “Diputados exoneran sus autos de nuevos impuestos”, que los congresistas Erlin Valderramos, Ademar Vega y Federico Villalobos, de la Unidad; y Alfonso Estevanovich, Gilda González, Fabio Molina, Víctor Julio Román, Antonio Tacsan, Johnny Ramírez y Leonel Villalobos, de Liberación Nacional, además de otros cuyas firmas aparecen ilegibles, presentaron una moción, la cual fue acogida, por la que se exime a los diputados, así como a los diplomáticos de nuestro país que laboren en el exterior, para que, cuando quieran vender el vehículo que obtuvieron libre de gravámenes, no tengan que pagar el impuesto del 70% sobre el valor del carro, el cual está incluido en el paquete tributario que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa.

Hay una palabra que usted y yo sabemos que califica este hecho descrito, pero, lamentablemente, por esa ley mordaza, que prima cada vez con mayor intensidad en nuestro medio, no podemos escribirla, porque de hacerlo nos meten a la cárcel, nos arruinan, nos acaban y nos quitan nuestros bienes y haberes. Me basta, y le basta al pueblo, que ella se pueda pronunciar, aunque sea en nuestros adentros, pues usted y yo, amigo lector, sabemos claramente cuál es esa palabra apropiada que califica actos como el expuesto.

Usted, amigo lector, y yo, tenemos que trabajar duro para obtener los ingresos que nos permitan comprar un carro, que nos sirva para laborar o para el merecido disfrute personal. Usted y yo, amigo lector, tenemos que pagar elevados impuestos de importación al comprar un carro. Los diputados y los diplomáticos nuestros en el exterior no tienen que pagar todos los impuestos, que usted y yo sí tenemos que pagar. Ahora, con el paquete tributario, se busca que, cuando esos diputados y esos diplomáticos vendan a otras personas, el carro que adquirieron exento de impuestos, también estén sujetos a un gravamen del 70% sobre el valor de ese vehículo, el cual es muy, pero muy, inferior a lo que usted y yo, amigo lector, tenemos que pagar en impuestos por nuestro carro.

Se considera que con este impuesto, se evita en algo el negocio que significa vender libre de impuestos el carro, que se le exonera al funcionario o diputado, cuya liberación inicial se le da, supuestamente, como una retribución a su labor, pero no como un medio para hacer un negocito que le dé grandes ganancias por su condición de privilegio. Esto es, dicha exoneración no es para comerciar el vehículo, sino para que ese individuo lo disfrute personalmente. Esta exención a mí no me gusta, como tampoco a muchos costarricenses. Ella es lamentable, pero ya está entre los privilegios que la legislación les da a algunos costarricenses y no a todos los ciudadanos de la república.
Supongo que a usted, amigo lector, tal como a mí me sucede, le hierve la sangre cuando se da cuenta de la forma en que, en el nuevo paquete tributario, se ha tratado todo este asunto de los impuestos a los vehículos. Ante la exoneración que disfrutan los diputados ̶ de paso sería muy útil que a los ciudadanos se nos diera a conocer la lista de las marcas y de los tipos de vehículos que ellos han comprado amparados al privilegio ̶ cuando en el paquete tributario inicial se propuso el pago de impuestos al ruedo, de manera tal que los vehículos más valiosos paguen mayor gravamen, se presentó el primer acto de eso que usted y yo sabemos como se llama, pero que no podemos escribirlo: se redujo sustancialmente el impuesto a los carros de lujo ̶ que recae sobre esos que los diputados y diplomáticos generalmente traen al país, amparados a las leyes de privilegio ̶ de manera tal que, ahora, en el actual paquete que se discute en la Asamblea Legislativa los carros de los pobres aparecen pagando proporcionalmente más que los de lujo.

Ahora, viene la segunda parte de eso que usted y yo sabemos como se le llama, pero que no podemos escribirlo: para facilitar el negocio de vender esos carros exonerados de los diputados y diplomáticos, a otros quienes no tienen nada que ver con la función de diputado o diplomático, los congresistas mencionados al inicio de este artículo, piden que se elimine el impuesto a la transacción de sus carros de privilegio.

En mi opinión estos actos de los diputados son una excitación para que los ciudadanos y, en especial, los jóvenes de nuestro país, valoren a la Asamblea Legislativa en el nivel más bajo, que es el más merecido; estos actos de esos diputados son un estímulo para que el pueblo mire cómo esos señores no piensan en el interés nacional, sino en los suyos propios; estas actuaciones de los diputados son una muestra clara de la mediocridad que campea en quienes legislan en nuestro país; estos hechos llevados a cabo por ciertos diputados, nos dicen diafánamente que están dispuestos a sujetarnos a más y más impuestos, en tanto que ellos, como príncipes, como dioses, como privilegiados, por encima de los ciudadanos comunes y corrientes, si están exentos de los nuevos tributos. Usted y yo sabemos cómo se llama a todo esto, pero no podemos escribirlo.

Yo le pido un favor a todos mis lectores, quienes en tantas ocasiones me estimulan para que escriba. Creo que lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa debe ser impedido a toda costa. No se debe permitir que la función legislativa se convierta en un mercado de privilegio para los mismos quienes allí legislan. Es hora de poner coto a tanta gollería. Si usted comparte mi angustia, mi desazón y mi preocupación; si usted considera que todos estos actos corroen la fibra moral de la nación; si usted piensa que, al igual que con Batista en Cuba, todas esas actuaciones de ciertos diputados ocasionan que la juventud se forme una concepción de la democracia, que no es la que ciertamente le adorna y que, en cierto tiempo, ello puede dar lugar a que crean que tan sólo por la violencia se pueden erradicar estos males del privilegio; repito, si usted, amigo lector, comparte lo que hoy he escrito, por favor, llame sobre esto a la Asamblea Legislativa, envíe un telegrama a algún diputado, escriba una carta manifestando su indignación ante estos hechos impropios, incorrectos y… la palabra que usted y yo sabemos que califica estos actos bochornosos de algunos diputados de la Asamblea Legislativa.

Si les manifestamos nuestra indignación, puede ser que se detenga esta marea que nos inunda. Si no lo hacemos, les estaremos indicando a esos diputados que el camino está abierto para que ellos puedan proseguir legislando en su propio beneficio y peculio. De nuestros actos, en estos momentos, amigo lector, puede depender el futuro de la vigencia de la moral en nuestro país.

[Elisa]

1987-12-01-OBLIGATORIEDAD CON IMPUESTOS

----------------------------------------------------------------------------------------------

OBLIGATORIEDAD CON IMPUESTOS

La Nación, 01 de diciembre de 1987.

Una vez más nuestro burócrata omniprotector ha señalado que definitivamente los costarricenses tendremos que poner en todos nuestros carros un espejo lateral, adicional al que ya tenemos en nuestro vehículo. Con esto enfatiza que lo único que paternalmente le interesa es asegurar benévolamente nuestra seguridad personal.

Lo que el protector no le ha dicho a los costarricenses es cuánto vamos a pagar de impuestos, al tener que comprar obligatoriamente un espejo retrovisor adicional, aún cuando ya se tenga uno panorámico en el centro del carro. Resulta que un espejo lateral paga 5% de impuesto a la importación, además de un 3% por la Ley No. 6966; también paga un 20% de impuesto al consumo y, finalmente, un 10% de gravamen sobre las ventas.

Si se parte de que un espejo tiene un valor de importación de, aproximadamente, ¢300 y se vende al consumidor en ¢620, pagará un total de impuestos por cada espejo de ¢149. Esto es, más de un 20% del precio del espejo, que como comprador usted va a pagar, termina en las arcas del Estado. ¿Verdad que el negocio para el fisco hambriento se vislumbra redondo? Si se parte de que unos 67.500 carros actualmente no tienen el segundo espejo retrovisor ̶ el que según el burócrata se debe colocar a la derecha de su vehículo ̶ al obligársenos a usarlo va a recaudar la friolera de, aproximadamente, 10 millones de colones en impuestos.

No sé si la intención de los nuevos jerarcas es obligar a los costarricenses a que consumamos ciertas cosas que le aseguren recursos al Estado. Puede resultar un gran negocio para cada entidad gubernamental hacer este jueguito de obligar a los costarricenses a consumir algo: para cumplir con ello tendremos que pagar impuestos, los cuales serán trasladados, como premio, a la ingeniosidad ministerial, a esa dependencia para que pueda ella gastar en sus proyectos preferidos durante estos años de encinturonada austeridad.

El afán protector paternalista, por el cual se nos quita de encima esa obligación de ser ciudadanos responsables de tomar nuestras propias decisiones, puede conducir a caminos muy tortuosos. Imaginémonos, por ejemplo, que, con el fin de “protegernos” del Sida, el Ministro del ramo decide, por aquello de la moda, que todo los costarricenses ̶ supongo que sólo quienes hayan pasado la pubertad ̶ deberían de usar cinturones de castidad ̶ no me pregunten cómo haría para controlar si lo usamos o no. Estos cinturones, por supuesto, están gravados con impuestos a la importación, los de la ley 6966, los de consumo y los de ventas, bajo el supuesto de que también no tiene que pagar una sobretasa.

¡Cuánto no recaudará el fisco si se nos obliga a todos a usar cinturones de castidad; se “protege” a los costarricenses; se reducen los costos de las pólizas de vida y se tranquiliza la conciencia del todopoderoso y omnipresente protector de la salud nacional! Ahora bien, esto de coaccionarnos al uso de los cinturones de castidad es tan sólo una primera idea. Por ejemplo, también se podría forzar a los costarricenses a que llevemos una obligatoria “dieta balanceada” para protegernos de los daños del infarto y de otras enfermedades. Así se nos protege, se nos cuida, se reducen los costos al Seguro Social, andamos todos más esbeltos, aunque tal vez menos contentos: vaya usted a saberlo. Y el fisco se aprovecha para poner impuestos a esa dieta balanceada. El amigo lector puede sugerir muchos otros ejemplos, pero sin duda que todos ellos contribuyen a mostrar el absurdo en que ese burócrata paternalista se ha metido.

Es muy probable que el actual Ministro de Hacienda tenga contados su días de funcionario público, si no se pone a tono con esta moda de obligar a los costarricenses a consumir cosas cargadas de impuestos. Su falta de imaginación puede poner en entredicho cualquier intento de balancear su desaforado presupuesto. Su pecado puede haber sido no darse cuenta de que, si se lanza un decreto ̶ semejante al de los cinturones de seguridad y al del espejito del otro lado del carro ̶ podría llenar sus arcas con los impuestos que obligadamente tendríamos que pagar. Y si el amigo lector posee un carro y quiere aún sufrir más, pues le recuerdo que tiene que pagar más o menos ¢500 por la instalación de cada espejito en el taller de su preferencia. ¡Que viva la obligatoriedad con impuestos!

[Elisa]

1987-12-27-SUPERVISIÓN FINANCIERA

-------------------------------------------------------------------------------------------

SUPERVISIÓN FINANCIERA

La Nación, 27 de diciembre de 1987. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 60-62.

Cada vez que se presenta la quiebra de una entidad financiera, se deja escuchar una serie de clamores para que ellas sean objeto de regulación gubernamental. Como tales pedidos parecen abundar en nuestro medio, tal vez algunas consideraciones pueden servir para atemperar ciertas peticiones que a veces se escuchan, a la vez que se brinda una perspectiva apropiada para la regulación, de manera tal que no se regrese a las prácticas primitivas de socialización total del crédito en nuestro medio, con las nefastas consecuencias que ello ha tenido en nuestro país.

En primer lugar, es muy importante indicar que no todas las entidades financieras tienen serios problemas para hacer frente a sus obligaciones con los depositantes. Si bien es cierto que las recientes políticas de astringencia de la liquidez tomadas por el Banco Central, a petición del Ministerio de Hacienda, han provocado que la situación de muchas de estas entidades sea difícil, de ninguna manera su situación es crítica y menos aún que estén a las puertas de quiebras masivas. Es de esperar que tales financieras logren capear el temporal de la restricción monetaria.

En segundo lugar, en nuestro medio muchas financieras son objeto de control por parte de la Auditoria General de Bancos y si eso sirve de consuelo a los depositantes en ellas, de alguna manera las obligaciones de esos organismos y las capacidades de hacerles frente ya son objeto de cierto control gubernamental, por intermedio de esa dependencia del Banco Central.

En tercer lugar, los problemas que se han presentado recientemente se refieren a financieras que no están reguladas por la Auditoría General de Bancos, lo cual parece indicar que, de alguna manera, se confía en que este tipo de control puede evitar el tipo de acontecimientos como el sucedido.

A partir de lo anterior, me permito plantear algunas sugerencias que podrían, sin violentar la libertad de elección de las personas, brindar un poco de confianza en el delicado mercado financiero nacional.

Primeramente, que todas aquellas entidades que captan recursos financieros de parte del público y que prestan al menos un 50% de ellos a terceros, estén sometidas a la regulación de la Auditoría General de Bancos.

Segundo, que todas aquellas entidades que públicamente soliciten fondos prestables de parte del público y que no califiquen en lo del 50% arriba mencionado, deben hacer saber explícitamente en la publicidad que efectúan para captar tales recursos, que no están sujetas al control de la Auditoría General de Bancos. Además, deben hacer saber, por escrito en los documentos que respondan por los dineros que les presta el público, en un tamaño de letra tal que no pase inadvertida, que no están sujetas a la regulación de la Auditoría General de Bancos.

Tercero, es de suma importancia que las entidades financieras del paìs se avoquen de inmediato a la creación de un sistema de aseguramiento de los depósitos de sus clientes, similar al “Federal Deposit Insurance Corporation” (FDIC) de los Estados Unidos, por el cual se les asegura a las personas la devolución de sus depósitos, hasta un cierto monto, en caso de quiebra o insolvencia de las empresas financieras a las cuales se le entregaron los fondos y que integran este sistema de aseguramiento.

Creo que de esta manera se les da libertad a las personas para colocar sus fondos en la entidad financiera que les dé la gana y no sólo en aquellas que formen parte de un cartel u oligopolio regulado por el Estado. Al mismo tiempo, al ciudadano se le brinda la información adecuada para saber en qué cantidad está depositando sus recursos financieros bajo su entera responsabilidad. Esto es, si por ejemplo, una persona está dispuesta a asumir un riesgo elevado al colocar sus fondos en una empresa financiera no regulada por la Auditoría General de Bancos, hecho del cual se la ha informado plenamente, a cambio de un mayor rendimiento o interés por sus recursos, en comparación con el que podría obtener en entidades financieras reguladas, si después no obtiene la devolución de su fondos, pues que él asuma la plena responsabilidad por la decisión informada que tomó.

También, este sistema de controlar tan sólo a las entidades financieras que presten a terceros más de un 50% de los recursos obtenidos en préstamo, le permite a la Auditoría General de Bancos llevar el control requerido, puesto que, pretender regular a todas ellas en la práctica, haría imposible de cumplir la tarea encomendada a dicho organismo regulador.

[Elisa]

1988-01-04-TRIBULACIÓN DIRECTA

----------------------------------------------------------------------------------------------

TRIBULACIÓN DIRECTA

La Nación, 04 de enero de 1988.

Estoy totalmente seguro que el lector ha escuchado, en los últimos años, a diestra y siniestra, que esta vez sí se van a mejorar los sistemas de recaudación de impuestos. Y tengo la esperanza de que el lector consciente escuchó la voz de un alto funcionario de este gobierno, en medio de las discusiones del desagraciado paquete tributario, diciéndonos que los sistemas de recolección de impuestos se han mejorado de manera notoria y que seguiría en esos esfuerzos, si se aprobara el mentado paquete del momento. Todas estas cosas forman un amargo bagaje en la recolección que los costarricenses hacemos de las palabras de los políticos de oportunidad.

A veces se asevera, como explicación por el sadismo que a veces demuestran ciertos caracteres, que los “ticos dejan todo para el final” y que, por ello no debe posponerse el término obligatorio para el pago de los tributos. Esa frase, dicha así, fuera de todo contexto, tiene la virtud de calzar correctamente dentro de la filosofía del gobierno plástico, el de los “slogans” cansones, pero más vacíos que el bolsillo de quienes debemos pagar los montones de impuestos que se nos obliga a tributar en diciembre.

Ciertamente no sólo los ticos lo hacen así; es propio de la naturaleza humana ̶ por algo existe el tipo de interés– posponer los pagos; pero lo que muchas veces sucede es que gran cantidad de ticos no reciben garantizado el sueldo gubernamental en cada quincena, gracias a los dineros de todos los ciudadanos, sino que, en muchas ocasiones, no pueden pagar sino hasta después de la primera quincena de diciembre. Lo que sucede es que nuestro burócrata sí puede pagarlos ̶ si es que lo hace ̶ puesto que con mucha comodidad le entra seguro el flujito de dineros públicos para poder cumplir con sus obligaciones tributarias. Si esto suena a envidia, pues, bien lo puede ser: ¡imagínese, que se nos remunere por no hacer casi nada y poder tener hasta la certeza de que no ha faltar la plata hasta para pagar los impuestos! Pero, la vida es de más riesgo e incertidumbre…

¿Qué sucedería en nuestro país si a los gobernantes se les despidiera por no cumplir eficientemente con sus obligaciones? Ello es común en la empresa privada, pero, en los cielos del “sacrificio por la Patria”, no es así. ¡Imagínese que si un señor funcionario –porque hay que decirles así– nos promete que hará tal o cual cosa y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que ha incumplido, lo satisfactorio que sería para nosotros dejar que otra persona tenga la oportunidad de cumplir con esa tarea encomendada!
El caso reciente del pago de los impuestos es un monumento a la ineficiencia. Si Ud. paga como persona física, no es sino hasta después de haber hecho una larga fila y que llega frente a un pobre funcionario –quien no sabe que cara poner por la vergüenza que le da el desorden en que lo han hundido sus superiores– cuando él le pregunta si ¿hizo antes la otra fila para averiguar si estaba en el padrón? Al responderle uno que, ¿cuál padrón?, le replica: vaya haga primero esa otra fila y cuando averigüe si aparece en el padrón, vuelva a hacer esta otra. Para ese empleado el tiempo de uno no vale. ¿Será que el ocio que caracteriza la vida de ciertos burócratas se considera patrimonio de todos los costarricenses?

Al fin uno aparece en el padrón; regresa de nuevo ante el funcionario, quien le confecciona la boleta para que vaya a la caja del Banco y se enfrente a otra de las extra-largas filas que caracterizan a nuestras instituciones bancarias. En fin, perdida toda una mañana en pagar impuestos que se usarán para pagar los sueldos de esos funcionarios. ¡Piensen en el lío que se le armó a una pobre señora, cuya hermana viajó fuera del país y no le dejo la cédula, cuando vino a pagar los impuestos de ésta y cuyo nombre ahora no vale de nada para poder pagarlos!

Y si le toca pagar impuestos de sociedades… Lo primero es que se llega con la confianza de que en este año se pagará igual que en el anterior. Después de larga fila, se arriba a una ventanilla y dice el nombre de la empresa cuyos impuestos desea cancelar. Con una cara de preocupación, pues ya saben lo que nos va a pasar un amable empleado nos dice: ¿cuál es el número de cédula jurídica? Son doce dígitos que ni por la mente nos han pasado; pero esa es la gran nueva decisión de eficiencia gubernamental: ahora los nombres de las sociedades no valen; sólo su número sirve y eso tenía uno que saberlo y adivinarlo antes de llegar a pagar.

Vuelta al día siguiente con el número de la sociedad; otra larga fila para pagar ̶ ¡ese deseo irrefrenable de pagar!– y tan sólo aparece el timbre de cultura, con lo cual se nos da un papelito para que vayamos al Ministerio de Hacienda, para que allí se nos aclare el misterio de por qué no aparece el entero del pago de impuestos de la renta. Tres horas después, tras largas filas que alientan la esperanza de que los furores de los camellos allí presentes no sean sólo estertores temporales, aparece no sólo el entero de renta, sino también varios otros viejos del timbre de cultura –con toda y multa– que uno accede a pagar sin discutir con tal de no tener que volver –hasta dentro de un año– a ver el rostro de aquel compungido funcionario, quien ante nuestras quejas, con honestidad, nos dice: “Señor, es el sistema; es cierto, no somos las personas”.

Y tan sencillo si al jefe de la burocracia se le hubiera ocurrido que la mejor manera de recoger la plata de los impuestos, es que, cuando el ciudadano entrega su declaración, también traiga el cheque del pago. Claro, esta solución no es posible por ser muy sencilla e ir contra los principios del poder concentrado que tanto ama el burócrata. Y me rehúso a hablar del impuesto a los vehículos… hágalo usted, si así lo desea. Francamente estas barbaridades se acabarán en el momento en que se forme un grupo de presión, integrado por quienes pagamos impuestos, que ponga coto a tales desmanes: sólo así parece que se entienden las razones en nuestro medio. Parte de la tragedia está en que, como me lo dijo una señora en una cansada fila: en vez de Tributación Directa, lo que tenemos es una Tribulación Directa.

[Elisa]

1988-01-13-PROMETO NO MÁS IMPUESTOS

----------------------------------------------------------------------------------------------


PROMETO NO MÁS IMPUESTOS

La Nación, 13 de enero de 1988.

Aún debe resonar en el oído de los costarricenses la muy reciente promesa del Presidente Arias de que en 1988 su administración no aprobaría más impuestos. En ello fue secundado por el coro de siempre, el cual, presto, anunció al país que las necesidades fiscales estaban subsanadas con el paquete tributario aprobado a finales de noviembre de 1987 y que, por lo tanto, no eran necesarios nuevos gravámenes. Bueno, como dice el pueblo: “del ahogado, el sombrero…”

Pero el cadáver de la economía privada aún no se había enfriado –fallecido por el batacazo de los impuestos aprobados en noviembre ̶ cuando, haciendo burla de la palabra empeñada, el gobierno decide enviar a sesiones extraordinarias y en primer lugar de la agenda, un nuevo paquete tributario disfrazado esta vez con el pomposo nombre ̶ plasticidad tan usual en este gobierno ̶ de Reforma Tributaria Integral, pero encierra características que es bueno e importante que los costarricenses las vayan conociendo, pues dejan entrever el extremo al que los creadores de impuestos nos quieren llevar.

Para engañar a los costarricenses, el proyecto de ley tiene un “caramelo”, el cual sin duda alguna va estimular el apoyo de un grupo de bastante influencia en el país, a fin de que la actual legislación sobre el gravamen a la renta sea reformada. Me refiero a la propuesta de reducir la tasa máxima del impuesto de un 50% a un 35%. Debo decir que ello es enteramente necesario, profundamente justificado, pues ciertamente es indispensable que se reduzcan tasas impositivas tan altas que constituyen un freno al ahorro, al esfuerzo y al riesgo con que se deben asumir las decisiones económicas. Esta propuesta, de corte enteramente liberal, la veo con suma complacencia y oportunidad.
Hasta aquí el nuevo paquete me parece bueno, pero, lamentablemente, lo que nuestras autoridades gubernamentales hacen con la mano, lo borran con el codo. Al mismo tiempo que reducen los impuestos a las empresas que tienen utilidades elevadas, los suben para aquellas que tienen pocas ganancias; esto es, se incrementa los gravámenes para las empresas pequeñas, las cuales, al menos en sus inicios, suelen tener pocas utilidades en montos absolutos. El nuevo impuesto que se propone eleva en un 50% al actual gravamen a las empresas pequeñas, el cual se incrementa de un 10 a un 15%.

Ciertamente no entiendo lo que pasa por las mentes de los diputados proponentes del proyecto de marras, puesto que no sólo las empresas pequeñas suelen ser la fuente de mayor crecimiento en las economías dinámicas, sino que, también, son el nutriente principal de ingresos a familias que se clasifican como de ingresos medios y bajos: muchas de estas empresas pequeñas no son sino sociedades familiares, que luego evolucionan hasta alcanzar las características de las modernas empresas de sociedades anónimas.
Si existe el despropósito gubernamental de concentrar aún más la riqueza en Costa Rica –de lo cual ya hay cifras que están en circulación en el medio y problema en donde lo único que se le ha ocurrido a los gobernantes es gesticular sobre él, sin proponer soluciones concretas, como lo ha sido lo usual en este reinado– pues bien, que así se nos lo haga saber a los costarricenses, pero que no se nos pretenda engañar que con esta “ reforma integral” se va a favorecer a los grupos relativamente más pobres de nuestro país, como fue el cuento que los diputados liberacionistas emplearon para lograr aprobar el anterior paquete tributario.

Para que el lector se dé cuenta del extremo a que se quiere conducir el sistema tributario de nuestro país, mientras que, ahora, en cuanto mayor sea el número de hijos que hay en un hogar, mayor es la deducción permitida, con el nuevo paquete tributario las familias pagarán el impuesto sobre su salario en el mismo monto, cualquiera que sea el número de sus hijos. Parece que en las mentes de los diputados proponentes –averigüe usted quienes son ellos, para que no sea sorprendido una vez más– no cabe aquel elemento esencial de los modernos sistemas tributarios sobre el ingreso, cual es que se tomen en cuenta las distintas cargas de mantenimiento, a la hora de imponer a las familias la carga tributaria correspondiente.

Si no están satisfechos con el corte elitista con que se quiere adornar a nuestro sistema tributario, permítanme decirles que en este paquete se propone un nuevo impuesto mínimo para todas las personas jurídicas –esto es, en esencia para cualquier empresa– por el que deberán pagar anualmente por lo menos doce mil colones. Esto es, al imponerse este impuesto mínimo de doce mil colones a una empresa, si tiene utilidades anuales de 25 mil colones, tendrá que pagar un 48% de impuestos; si su empresa tiene utilidades de cincuenta mil colones anuales, pagará un 24%; en cambio, si tiene ganancias de 80 mil colones, pagará doce mil en impuestos. En síntesis, el gravámen es regresivo en los niveles más bajos de ingresos.

Lo que esto nos demuestra, es que las autoridades gubernamentales tienen una visión muy particular de lo que es ser relativamente pobre en nuestra economía. Con estas medidas demuestran en toda su crudeza lo que entienden por esa palabrería barata de “democratización de la economía”; pues parece ser que pretenden tener en nuestro país a muchos pobres, pero iguales, pero con pocos ricos, aunque también iguales.

Si el costarricense continúa dejando que le pongan más y más impuestos, si no se atreve a hacer algo concreto para evitarlo, como presionar a los políticos, quienes en última instancia son los que deciden cuánto tiene usted que pagar en impuestos para mantenerse ellos y sus obras o bien abstenerse de pagar los gravámenes –en la Historia esto ha tenido un profundo éxito– o proponer candidatos a la Asamblea Legislativa, quienes, por escrito y antes de ser electos, presenten a los electores proyectos de ley por los cuales se rebajan los impuestos. Tal vez no será sino hasta en ese entonces, cuando los polìticos promotores de los impuestos se den cuenta que un pueblo, al que se pretende cargar de impuestos, es capaz de sublevarse ante la opresión que ellos entrañan; si, por el contrario, los hombres libres no actuamos libremente, entonces, puede ser que esos mismos políticos lleguen a creer que ese pueblo puede ser sometido al estado de siervos de la gleba y que, impunemente, les es fácil continuar disfrutando de lo que esos modernos esclavos producen para el bienestar de las nuevas castas expoliadoras de los frutos del esfuerzo humano. La alternativa por escoger se nos presenta muy clara: de todos nosotros depende cuál ha de ser nuestra elección y, por ende, nuestro futuro.

[Elisa]

1988-01-27-ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

----------------------------------------------------------------------------------------------

ASOCIACIÓN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES

La Nación, 27 de enero de 1988.

Evidentemente que el trabajo doctoral de don Oscar Arias sobre los grupos de presión en Costa Rica, unido a recientes acontecimientos sucedidos en nuestro país, deben servir de inspiración para que los ciudadanos aprendan cómo defender sus derechos y sus haberes.

Se puede observar cómo, a través de los años, los gobiernos social-estatistas negocian sus asuntos casi exclusivamente con los grupos organizados del país; esto es, cuando se dan políticas gubernamentales que afectan a algún grupo particular o concreto, negocian, precisa y únicamente, con esas organizaciones o asociaciones molestas. En esto la experiencia de don Oscar Arias es muy amplia y él lo analiza extensamente y con propiedad en su libro Grupos de Presión en Costa Rica. Pero tal vez mucha mayor es la experiencia de los costarricenses en estos asuntos y, si no la tienen, pues veamos algunos casos recientes.

Los oreros lograron una compensación del Estado costarricense por el desalojo de que fueron objeto en el Parque Nacional de Corcovado, gracias a que se organizaron en un grupo de presión que mantuvo en vilo a la ciudadanía que circulaba por el Parque Central, el Parque Nacional, la Asamblea Legislativa o la Catedral de San José. La organización y la presión funcionaron.

Los taxistas lograron que se les adecuara el pago del impuesto al ruedo ̶ cosa que ni usted ni yo solos podemos hacer ̶ y que se les exonerara del impuesto por la transacción del vehículo exonerado ̶ igualitico que los diputados, sí señores ̶ gracias a que están organizados y se apropiaron de una parte de la ciudad de San José, a vista y paciencia de quienes aseguraron hacer respetar la Constitución, la cual garantiza el libre movimiento de la ciudadanía en el país. (Conozco el caso de una persona quien por dos días casi no pudo salir de su casa a comprar la comedera, pues le era imposible movilizarse, debido a la toma del Ministerio de Hacienda que hicieron los taxistas). En todo caso, la organización y la presión les funcionaron a los taxistas.

Cuando escribo esto los costarricenses estamos sin carne, puesto que un grupo amplio de ganaderos insiste, entre otras cosas, en que se les garantice el crédito suficiente y subsidiado, preferiblemente, y que se les readecúen sin problemas las deudas que tienen con los bancos estatales. Estoy seguro de que tendrán éxito en su paro, pues el gobierno siempre accede ante quien se le planta. Los lectores verán cómo la organización y la presión traerán el éxito para los ganaderos.

Si ya los costarricenses hemos sobrepasado el límite en el pago de impuestos ̶ ¿se acuerdan cuando don Luis Alberto Monge, al poner una fuerte carga de gravámenes al país, dijo que con el paquete de ese entonces los costarricenses llegaban al límite de su carga tributaria? ̶ no les queda otro camino, a fin de poner un freno efectivo a los políticos, que organizarse y ejercer la presión que de ello se deriva. Yo propongo que esa organización se llame la Asociación Nacional de Contribuyentes (A. N. C.). Y con toda honestidad les digo que no soy yo quien quiere crearla, pues no sólo no tengo los recursos financieros para hacerlo, sino que tampoco soy un experto en gestar organizaciones, cuando sé que hay personas muy capacitadas en ello. En todo acaso, sin duda alguna, se debe colaborar con quién o quiénes decidan llevar a cabo esta tarea de organización tan importante y necesaria.

Hay varios aspectos que esa organización debe tener muy presente. En primer lugar, no debe convertirse en vocero de un grupo concreto de contribuyentes, el cual pretenda una reducción de sus impuestos a cambio de que se les aumente a otras personas o grupos. El éxito que en los Estados Unidos tuvieron Howard Jarvis y Paul Gann en 1978, cuando lograron que la ciudadanía de California votara una fuerte reducción en los impuestos a la propiedad, se debe a que no se ligó tal reducción de los gravámenes con un aumento en los tributos a otras personas, Simplemente se disminuyeron los gravámenes y que la burocracia estatal, para compensar las pérdidas en sus ingresos, mejorara la eficiencia con que se trabajaba o bien que se redujera el gasto público.

En segundo lugar, es muy importante que la Asociación siempre esté bien informada. Actualmente es bien poco lo que saben los ciudadanos y el mismo Estado acerca de la Finanzas Públicas. Las estadísticas fiscales del Ministerio de Hacienda andan bien atrasadas y hasta una publicación anual que anteriormente se llevaba allí, en la cual se detallaba la información relevante sobre el pago del impuesto a la renta, se dejó de publicar hace cierto tiempo.

En tercer lugar, la Asociación deberá estar muy vigilante de lo que sucede en la Asamblea Legislativa. De esta manera no sólo se puede hacer una labor de cabildeo permanente, para evitar aumentos en los gravámenes cada vez que se le ocurra así hacerlo a cualquier diputado y que muchas veces se hace de manera disfrazada dentro de alguna buena ley, sino que, también, se pueden evitar barbaridades ̶ por así llamarla ̶ como lo es la reciente exoneración que los propios diputados se otorgaron, al mismo tiempo que se ponían fuertes impuestos a todos los demás costarricenses.

En cuarto lugar, muchas veces ciudadanos específicos no pelean contra el aumento en los impuestos, porque temen alguna acción del Estado contra ellos; ya sea porque la deben o porque la escamotean o por cualquier otra razón, ante lo cual deciden actuar de manera sumamente pasiva. Al crearse esta Asociación, surge una entidad con personería tal que pueda actuar con menor temor y, por lo tanto, estará en mayor capacidad de introducir los cambios que se consideren deseables en los asuntos tributarios.
Al observar cómo la organización y la presión parecen ser las únicas armas con las cuales el costarricense puede detener el abuso de los gobernantes, no me queda más alternativa que pedir a la ciudadanía que colabore, de cualquier forma posible, para que vea la luz la Asociación Nacional de Contribuyentes.

[Elisa]

1988-02-13-NO ACEPTO LA DIPUTACIÓN

----------------------------------------------------------------------------------------------

NO ACEPTO LA DIPUTACIÓN

La Nación, 13 de febrero de 1988.

Por supuesto que nadie me la está ofreciendo ni estoy buscando ninguna diputación dentro del Partido Unidad. Pero, si así lo fuera, menos la aceptaría cuando, a cambio de ostentar el presuntamente honroso cargo de legislador por dicho Partido, se me exige que acepte ciegamente lo que una mayoría del 66 por ciento de su comité político decide que haga como diputado.

Me parece absurda esa decisión tomada recientemente por la asamblea plenaria del Partido Unidad, por varias razones. Primeramente, porque la Unidad debe ser un partido diferente de lo que es Liberación Nacional. Si no hay distinción entre ellos, el elector terminará distanciándose de ambos, aunque sea tan sólo para mantener tranquila su alma. Liberación Nacional, entre muchas equivocaciones cometidas, en ocasiones ha exigido a sus diputados que asuman una llamada línea de partido; esto es, que ellos dejen de lado su conciencia –aunque, una vez plegados, nos digan que eso no es así– y voten según lo que unos miembros de ese grupo político han decidido que hay que hacer. A diferencia de la Unidad –el número de los tontos es infinito– en Liberación Nacional no está escrito ese imperativo a la sumisión; pero el hecho es que en diversas ocasiones ello a sido así y eso a muchos costarricenses les ha provocado tal disgusto, que por tal razón prefieren a un partido político en el cual los diputados votan de acuerdo con sus convicciones y no según sea el ucase de los ayatolas de turno.

En segundo lugar, resulta absurdo que en nuestro sistema político, en el cual el diputado supuestamente representa al pueblo en el Congreso, se vea maniatado a lo que piensa el partido o, para ser más preciso, lo que juzgan conveniente algunos miembros de su partido. Tengo la impresión de que esta decisión, tomada bajo una falsa ilusión totalitaria, es contraria a nuestra Constitución, la cual señala que la responsabilidad de los diputados es únicamente ante sí mismos y ante sus electores. Es por ello que sorprenden las declaraciones al respecto de don German Serrano Pinto, quien dijo que esa medida restrictiva para obligar a los diputados a votar según lo define un comité de su partido, se justifica porque los congresistas son elegidos por el partido y por el pueblo. Pasma su afirmación, porque el partido es un simple medio o mecanismo electoral para presentar listas, entre otras cosas, de nombres de candidatos a diputados sobre los cuales votan los electores. En última instancia el congresista es electo por el pueblo y por nadie más y es a él a quien se debe. Una de las diferencias esenciales que hay entre los regímenes totalitarios de partido, ya sea del tipo sandinista o de la mutación priista y las democracias, como la nuestra, está en que, mientras en la últimas, el diputado es el representante del pueblo, en las primeras se identifica al pueblo con el partido, error que, después de todo, comete también don German Serrano con sus apreciaciones.

Como tercera inconveniencia de la medida tomada, debo señalar que no tengo dudas acerca de la moralidad de los miembros del directorio político de ningún partido; pero no es eso lo que esta en discusión. Lo que siempre es importante tener muy presente es el grado de concentración del poder que se le va a dar a un grupo muy concreto de personas, quienes, como humanos que son, podrían caer en la tentación de la inmoralidad y, con la medida tomada por el partido Unidad, no se da campo para que surja la voz disidente y de necesaria denuncia honesta en el seno de ese cuerpo político por excelencia, que es la Asamblea Legislativa. Debemos, como ciudadanos preocupados por la buena conducción de la cosa pública, evitar que la corrupción no devenga del poder total. Si fracasamos en ese empeño, entonces, ¿para qué diputados y para qué Asamblea Legislativa?

Como tengo la creencia de que en el Partido Unidad, al igual que sucede en otros, hay gente inteligente, defensora de los derechos constitucionales y creyente en la necesidad de evitar la concentración putrefacta del poder conducente a la corrupción, es por ello que espero que en la próxima asamblea de esa agrupación política pugnarán por defender la honra del cargo de diputado: honra que radica en la posibilidad de discernir en libertad, de acuerdo con su conciencia y con miras a servir, no necesariamente a un partido o a un grupo particular de personas que forman parte de él, sino a sus electores, al pueblo, que es a quien en última instancia le debe las explicaciones de su conducta como legislador. Un diputado sin libertad para votar es como encargar a un eunuco que pueble la Tierra.

[Elisa]

1988-02-19-LIBERTAD DE SABER

----------------------------------------------------------------------------------------------

LIBERTAD DE SABER

La Nación, 19 de febrero de 1988. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 238-241.

Ciertamente la posición asumida por ciertos diputados oficialistas para prohibir totalmente la publicidad del licor y de los cigarrillos es una manifestación más, por una parte, de ignorancia y, por la otra, del afán de destruir nuestra libertad que campea en los altos de la Cuesta de Moras.

Además de desconocimiento, parece que más bien las actitudes de esos legisladores están enraizadas en el prejuicio, pues dejan de lado el hecho de ver si su propuesta ciertamente logra el fin que dicen pretenden lograr. Ya es lugar común decir que el infierno está pavimentado de buenas intenciones; tal vez debe agregarse –apropiadamente para el caso– que también el infierno ha de estar poblado de tozudos prejuiciados.

La nueva ocurrencia es que los vicios del licor y del fumado se pueden erradicar si se prohíbe la publicidad que realizan las empresas lícitamente dedicadas a la producción de cigarrillos y licores. Y para mostrar aún mayor torpeza proponen que dicha restricción se incluya en una ley destinada a frenar el narcotráfico en el país –sí es que ello se puede lograr– con lo cual entraban la aprobación de esta última legislación para fruición y regocijo de alguna invisible autoridad política superior.
Al proponer que se elimine la publicidad del licor y del cigarrillo se deben satisfacer varias cosas, la principal de las cuales es sí, efectivamente, con tal prohibición se logra frenar su consumo. Basta repasar un poquito la Historia, para darse cuenta que, al contrario de lo que esos legisladores creen, cuando se proscribe algo que las colectividades aceptan de alguna forma u otra, para bien o para mal, ello, por el contrario, da lugar a que se incremente el uso o consumo de lo que se pretendió restringir.

Si los proponentes de la limitación estudiaran un poquito más, sabrían que, cuando, por ejemplo, en los Estados Unidos se prohibió el consumo de licor, hubo tal hechizo en beber, que muchos jóvenes fueron atraídos al consumo de bebidas espirituosas y, más bien, aparecieron licores adulterados que provocaron la muerte de muchas personas, algo así como que se incrementará la consunción de guaro de contrabando, al restringirse el licor legal que se produce en el país.

Y, si es que a algunos les gusta la experiencia socialista, en la Unión Soviética está prohibida la publicidad del licor, sin embargo, tal como lo ha mencionado el propio Secretario del Partido Comunista de ese país, Mijail Gorbachov, esa nación posee serios problemas derivados del elevado consumo de alcohol por parte de sus ciudadanos. Tal consumo, según algunas publicaciones, es uno de los más elevados en el mundo y ello aún cuando se no se permite publicidad alguna, lo cual contradice el propósito de nuestros criollos legisladores prohibicionistas.

Hay en todo esto un aspecto básico que subyace la pretensión de los nuevos dictadores de la tradición y de la costumbre; creen que el gobierno tiene la obligación de protegernos a nosotros, “los pobrecitos idiotas”, de la publicidad que puede enfermar “nuestras débiles mentes”. La censura es el camino que esos legisladores nos proponen y, al igual que buenos fascistas, con ello pretenden inculcar sus propios valores a todo el resto de la sociedad costarricense. Si no me gusta la publicidad de un cigarrillo en un periódico, pues yo no la leo; si no me agrada la publicidad de un licor en la televisión, pues cambio de canal o apago la televisión. Pero no, resulta que algún padre –paternal- de la patria, al proponernos la censura, cree que usted y yo somos bebés incapaces de discernir lo bueno de lo malo. Esto, en lugar del camino del futuro, parece más bien el camino de la servidumbre, bajo la falsa pretensión diputadil de defendernos de la publicidad del licor y de los cigarrillos, al considerársenos infantes indefensos. Si toda esta farándula no fuera de una naturaleza “chapulincolaradesca”, entonces, más bien podría calificar como el ejercicio de una pretensión dictatorial por parte de ciertos diputados.
Si aceptamos, en principio, que se prohíba la publicidad de los cigarrillos y de los licores porque estos son malos para los indefensos humanos, entonces, apliquémosla a otros casos a fin de que el lector evalúe lo que podría suceder con tal política.

Por ejemplo, si los accidentes de tránsito nos preocupan por dañinos, bajo el criterio de esos diputados paternalistas sería bueno prohibir la propaganda de los automóviles, para evitar que el pobrecito costarricense maneje un carro que le puede causar costosos accidentes.

Otro ejemplo: si, tal como aseveran ciertas personas, es verdad que la gordura es causa de muchas enfermedades y puesto que ella, generalmente, se ocasiona por el exceso de comer, entonces, según el criterio de los diputados de marras debe prohibirse toda publicidad sobre las comidas y los alimentos, para que algunos golosos no nos veamos empujados por esa propaganda, como corderitos torpes, a saciar nuestras apetencias y así no nos ganemos las libras extras que nos causan la enfermedad.
¿Desea otro ejemplo adicional? La bebida excesiva de gaseosas provoca flatulencia y esos flatos incomodan no sólo al cristiano que los lanza al espacio sino también a los pobres cercanos. Todos, para ser protegidos de los molestos gases deben, según los diputados en mención, ser amparados por la legislación gubernamental y aislados de la infame propaganda que los incita a tomar las gaseosas.

A alguno se le puede ocurrir que es vital proteger a los ciudadanos del exceso de verborrea de ciertos diputados. De esta manera creen librar a los ingenuos e inocentes ticos del grave daño intelectual que les ocasiona tanta tontera que surge por esos lares de Cuesta de Moras; es necesario, según la propuesta de los diputados de referencia, que se nos proteja de la contaminación intelectual, tal vez prohibiéndoles que hablen más allá de su recinto parlamentario.

Recientemente, don Rodrigo Fournier señaló airadamente, al analizar en su programa de televisión el proyecto de ley que se comenta, que con él lo que se pretende en realidad es acogotar a los medios de prensa, a fin de acallar la crítica que allí se ejerce sobre la función pública. Creo que don Rodrigo no está equivocado en su análisis. En todo caso, debe tenerse presente lo que dijo el ministro Samuel Webster de Salisbury, Massachussets, en un sermón con ocasión de las elecciones de 1777: “El poder, especialmente el poder excesivo, alimenta la ambición y pone a todos los talentos a trabajar para engrandecerlo. Por lo tanto, las usurpaciones de las libertades del pueblo no son efectuadas todas de una sola vez, sino tan gradualmente que difícilmente son percibidas por los menos atentos; y embadurnadas, por así decirlo, con pretensiones tan plausibles, que, antes de que ellos se puedan dar cuenta del engaño, son llevadas a cabo y después no pueden ser desenredadas por sí mismas”. Precisamente, con base en uno de estos argumentos morales, se creó en Costa Rica el monopolio de los licores. Tal vez ya sea la hora de que los menos atentos se despierten y hagan saber a los usurpadores de la libertad que con ella no se puede jugar.