Artículos publicados en Diario La Nación 1980-1989

[Elisa]

1987-02-14-DIÁLOGO VEHICULAR


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DIÁLOGO VEHICULAR
La Nación, 14 de febrero de 1987.


A manera de introducción para este diálogo, el cual intento transcribir de la manera lo más fielmente posible ̶ o sea, adaptado para los lectores ̶ debo señalar, es obvio, que mi amigo no se llama Automedonte Chasqueado, pero, después de todo, el nombre es lo de menos. Lo que sí me interesante destacar es que la conversación que con él tuve transcurrió en los términos siguientes o algo parecidos:

Automedonte Chasqueado:
Con esto de los impuestos a los vehículos, se me afirmó de buena fuente que los diputados en la Asamblea Legislativa van a votarlo a favor, pero que ellos se van a eximir del pago del impuesto al ruedo en la nueva ley. ¿Cree usted que esa inmoralidad sea cierta?
Yo:
Creo que jamás, pero jamás, harían una cosa tan inmoral como la que a usted le dijeron. Yo conozco a muchos de ellos, casi a todos y, en general, me dan la impresión de ser personas muy correctas, por lo que creo que esa es una bola infame, pues los diputados ante todo ven el bien de la nación y no su privilegio personal.

Automedonte Chasqueado:
Figúrese que con el nuevo paquete de impuestos, en lo que trata de los carros, el valor sobre el cual se pone el impuesto será fijado por algún personero de la Tributación; se ha dicho que será sobre el valor de mercado del carro. ¿Qué le parece el enredo para determinar los valores y la posibilidad de abuso?

Yo:
Lo dudo. En primer lugar, dejar que otra persona, tan de carne y hueso como usted o como yo, le diga cuál es el valor de determinado modelo de carro, sin duda alguna que se presta para desastres de todo tipo. Eso sucede siempre que se deja al arbitrio de algún administrador decidir el valor del impuesto.

Pero, además, me parece imposible que se fije el “valor de mercado del vehículo” pues, después de todo, cada carro es cada carro. Por ejemplo, al igual que algunos seres humanos, que se ven muy bien por fuera, pero quienes tienen almas más negras que la boca de un lobo, hay carros que se ven todos chaineaditos pero la máquina no sirve para nada. O, al revés, dos carros iguales en todo, pero uno ellos está golpeado, como buen cliente que es de ciertos parqueos, lo que haría que éste valga mucho menos que el otro, Sin duda alguna que se va a requerir de magos en el gobierno, quienes nos puedan decir cuál es el valor de mercado de cada uno de los casi 100.000 chunches que circulan en Costa Rica. ¿Se imagina el enredo cuando quieran hacer tabla rasa con las valoraciones de los carros para efectos del impuesto?

Automedonte Chasqueado:

Otra cosa que he entendido de todo este asunto de los nuevos impuestos es que el Ministerio de Hacienda ha dicho que lo ponen para reducir el déficit; sin embargo, tanto en la tele como en mucha otras ocasiones, ha afirmado que la plata que ingreso por este impuesto a los carros “se utilizará en los programas de caminos vecinales y mantenimiento de carreteras”. Y diay, ¿entonces no hay tal reducción del déficit sino más bien de lo que se trata es de mantener la gastadera?

Yo:
Bueno, eso es parte del cuentazo con este nuevo paquete de impuestos. Dicen que se trata de aumentos en los impuestos para reducir la diferencia entre los gastos y los ingresos del gobierno, pero, al mismo tiempo, nos dicen que lo que se recaude se va a gastar ̶ generalmente señalan que es para algo bueno. Todo esto no reduce el déficit. Así pretenden que la gente se trague el cuento, pero la verdad es que, como dijo una vez un señor: “Se puede engañar a toda la gente durante algún tiempo, se puede engañar a parte de la gente durante todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo mundo durante todo el tiempo.” Tal vez tan sólo nos queda rogar que, cuando se nos quiera rodar, lo hagan con más fineza.
Automedonte Chasqueado:

A mí, si me ponen a pagar estos nuevos impuestos lo que me va a dar es envidia, puesto que muchos empleados del Gobierno andan en carros muy buenos, y, sin embargo, no pagarán el nuevo impuesto…
Yo:
La envida es mala consejera; ya ve, para promover estos nuevos impuestos muchas de las altas autoridades del gobierno precisamente han estimulado que exista la envidia. Pero, no sigamos por ese camino, sino que, más bien, amparado a aquel lema gubernamental de que “paguen los que más pueden”, por lo menos podemos sugerir que los funcionarios del Estado a quienes se les tiene asignado un carro para su servicio personal, paguen de sus sueldos este impuesto, al igual que como lo haremos todos nosotros. Y para ayudar a evitar que crezca el gasto público y por lo tanto el déficit fiscal, que no se les aumenten los sueldos a esos funcionarios, a manera de compensación por el desembolso, al tener entonces que pagar el impuesto de los carros. Parece justo, ¿verdad?
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Automedonte Chasqueado:
Parece que han salido algunas ideas buenas y como me han dicho que lo que tratan de provocar es un diálogo entre gobernantes y gobernados, tan sólo me queda decirle, don Jorge, que ojalá algún día tenga usted un carro bien bueno para que se deshaga de la cacharpa que tiene.

Yo:
Eso es lo triste, don Automedonte, que no sólo los carros ya son muy caros por el montón de impuestos que ahora tienen, impuestos que han sido implantados por el mismo gobierno y que ahora más bien quieren aumentarlos, sino que cada vez más se dificulta a quienes no los tienen, aunque trabajen mucho, poder disponer de ciertas cosas en la vida, pues ellas parecen ser pecado a los ojos de algunos.

[Elisa]

1987-02-27-UN IMPUESTO A LA CULTURA


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UN IMPUESTO A LA CULTURA
La Nación, 27 de febrero de 1987. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 257-258.

Recientemente me informó un amigo, quien se dedica a la edición de libros, sobre un aumento que se ha dado, por la voluntad del Estado, en los impuestos al papel, lo cual tiene una muy seria repercusión sobre los precios de los libros que se editan en el país.

Ni más ni menos que por la volición de nuestros gobernantes es que se grava con un impuesto a la manifestación de nuestra cultura, pues prefieren otorgar un gracioso proteccionismo a una empresa privada que impedir el aumento en los costos de la palabra impresa, lo cual nos obstaculiza a los consumidores disfrutar de la lectura y todo lo que de ella pueda derivarse.

Resulta que ahora, a partir de una reciente decisión de los alcabaleros, el papel “offset”, el cual se emplea en la elaboración de los textos, pagará en Costa Rica un impuesto del 30% y el papel couché, que se usa en las portadas de los libros, tendrá un gravamen del 35% si ambos se importan de fuera del área de Centro América. Esto provoca que debido al proteccionismo el precio del papel centroamericano puede aumentar en esos porcentajes, en comparación con el precio que tendrían si se importaran de fuera del área. De esta manera, se nos obliga a consumir un papel más caro.

Pero eso no es nada. Resulta que estos dos impuestos en mención son mucho menores en Nicaragua, el país de los comandantes incultos, en donde el papel para textos paga tan sólo un 20% y el para carátulas un 5%. A veces le entran a uno dudas acerca de la calidad de las luces que pueden estar brillando en ciertos cerebros… y que no son precisamente los que están bajo las cachuchas de los nueve comandantes.

Se considera que el aumento en los costos de los papeles para texto y portadas se traducirá en un aumento de casi un 28% en el precio final de los libros. Esto se debe a los sistemas de cotizaciones de costo más margen, por lo que la elevación de la base sobre la cual se calcula el margen, debido al impuesto, tiene un efecto multiplicado en los costos del producto final. Los negociadores del arancel centroamericano se adelantaron a los proponentes del paquetazo tributario, a quienes ya sólo les falta poner impuestos a la respiración, pero a ellos no se les había ocurrido o no se habían atrevido gravar a los libros.

A las personas a las cuales se les ocurrió proteger la actividad papelera se les olvido un pequeño detalle, por lo cual, tarde o temprano, veremos intentos para cerrar este hueco, que nos brinda a los consumidores alguna libertad para escoger. Resulta que, como los libros importados no tienen casi impuestos –o no los tienen del todo, de lo cual no estoy muy seguro– los costarricenses tendremos que mandar a hacer nuestros libros en el extranjero e importarlos para poder venderlos en el país. Todo esto por la bendita protección que el Estado dispensa a algunos, pero que, evidentemente, va contra el bien de la colectividad.

Pero hay más. En Costa Rica a las editoriales estatales se les exime de los impuestos en mención. Esta política hace que se castigue a la libre emisión privada del pensamiento ante la dispensa y el privilegio con que cuentan las entidades estatales. ¿No creen que uno resulta ser muy inocentón al creer que en Costa Rica prima la igualdad ante la Ley? ¿No considera el lector que es algo peligroso para la defensa de la libertad de las personas, el hecho de que se les encarezca artificialmente la emisión escrita de sus pensamientos, en tanto que lo que el Estado considera conveniente publicar recibe un subsidio por la exoneración de los gravámenes? ¿Qué pasará si Usted desea publicar una obra que no es del agrado del Estado, el cual se niega a editarla en sus imprentas y así Usted se ve obligado a hacerlo en imprentas privadas, las cuales tienen, por el impuesto, un costo mayor?

Creo que lo descrito es un excelente ejemplo del estado de indefensión al que las personas continuamente vamos ingresando, ante la absorción gradual de nuestras vidas y haciendas por parte del Estado. Y lo más triste es que esta desvalidez a lo que conduce es a la obscuridad de la Edad de Piedra, donde los trogloditas no disponían del libro, pero no por los impuestos, sino por ese primitivismo al que se nos quiere involucionar, por obra y gracia de los gobernantes ansiosos de poner gravámenes a diestra y siniestra.

[Elisa]

1987-03-17-LA COMMEDIA NON È FINITA

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LA COMMEDIA NON È FINITA

La Nación, 17 de marzo de 1987.

Predecir el comportamiento futuro de los diputados de nuestra Asamblea Legislativa en torno al llamado paquete tributario, parece ser una tarea titánica. Pero, después de todo, al así hacerlo se permite una cierta irresponsabilidad a quienes nos atrevemos a opinar sobre el tema, por lo que voy a intentar un visión del comportamiento diputadil al respecto.

Para ello me baso en algunos de los estudios del economista James M. Buchanan, a quien el premio Nobel le fue precisamente otorgado por los aportes de esa disciplina en la explicación de los fenómenos políticos y que, si se me permite, pueden resumirse en la incorporación de hipótesis de maximización de votos o de utilidad de los actores en ese mismo proceso político, lo cual hace evolucionar a la disciplina de la política del mero campo normativo en que secularmente se hallaba, hacia el de la ciencia positiva.
El destino del impuesto a los vehículos que el Poder Ejecutivo intenta ejecutar contra los ciudadanos, posiblemente sea el más fácil de predecir y por ello me centraré en él, dejando de lado el análisis del resto de los fardos del paquete tributario. Como por esos azares predeterminados de la vida, los señores diputados poseen la exención de los impuestos para la adquisición de sus carros, a diferencia del ciudadano común y corriente. Ello provoca un estímulo –“la ley de la demanda”- para la adquisición de vehículos relativamente caros, pero abaratados por esa exención diputadil de los gravámenes a los automotores.

Como este impuesto que propone el Ministerio de Hacienda intenta gravar con un monto absoluto mayor a los carros lujosos (mientras que los carros de los pobres, de menor valor, tenderán a pagar un impuesto proporcionalmente mucho mayor), es predecible lo siguiente: los diputados disminuirán los montos altos a los impuestos que se proponen sobre los vehículos lujosos, argüirán que impuestos tan elevados son inaceptables, mientras que las tasas bajas actualmente propuestas por el Ministerio de Hacienda sobre los vehículos de menor valor, sí son consideradas apropiadas, aunque, tal como se ha mencionado, son relativamente más altas con respecto al valor de los carros.

En última instancia, el político deriva su poder del uso de la coerción en la recolección de impuestos y en la forma en que el Estado gasta tales recursos ganados por las personas. Por ello, de alguna forma, buscará allegar fondos al fisco, siempre y cuando no les afecte en su propio y bien ganado ingreso o riqueza.
Lo que se espera suceda en la Asamblea Legislativa con el gravamen a los carros, significa que la progresividad presunta de ese impuesto, como lo proclamara a diestra y siniestra el gobierno de la mediocracia, y cuya falsedad desenmascarara recientemente el economista Miguel Ángel Rodríguez, más bien se hará más regresiva. Esto es, los relativamente pobra pagarán proporcionalmente aún mucho más por su carro, que lo que se pagará por un carro caro poseído por los de presunta mayor solvencia o gozosos de exenciones de privilegio.

De lo anterior surgen algunas conclusiones interesantes. Primero, que la hipótesis de Buchanan -que los políticos maximizan, como cualquier otro ser humano, su propio beneficio- nos puede ser útil para explicar cierto comportamiento de estos agentes políticos. Segundo, que la disminución esperada de los impuestos a los vehículos favorecerá precisamente a aquellos que posiblemente adquieran los diputados, gracias a la exoneración privilegiada de la cual disfrutan. Tercero, que el tal paquete de impuestos, que se intentó aprobar bajo el prurito demagógico de que “quienes más tienen, más paguen”, ciertamente con el comportamiento diputadil esperado en el caso de los gravámenes a los carros, se traducirá en una mayor carga tributaria relativa para los grupos de ingresos medios y bajos y en una reducción en el monto de impuestos correspondiente a los grupos de mayores recursos.

Deje al amigo lector que medite sobre el destino que seguirá en la Asamblea Legislativa el trámite de los restantes impuestos que forman parte del paquetazo. Le sugiero tener presente, eso sí, el gran valor predictivo de las hipótesis de Buchanan, acerca de la naturaleza maximizadora de la utilidad de los políticos, tan igual a la suya o a la mía, a fin de explicar fenómenos aparentemente incomprensibles, pero, después de todo, relativamente fáciles de entender.

[Elisa]

1987-03-29-CRIMEN Y CASTIGO

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CRIMEN Y CASTIGO: CON DOLOR POR EL AMIGO FALLECIDO

La Nación, 29 de marzo de 1987.

Hace relativamente poco tiempo, nuestra comunidad se conmovió por el vil asesinato de una niñita en las inmediaciones de Chapulín de Escazú; poco tiempo después el estupor nos abrumó por la muerte violenta y salvaje de un grupo de costarricenses en las cercanías del Monte de la Cruz. Recientemente, balas asesinas truncaron la joven vida de Diego Trejos, llenando de dolor no sólo a sus familiares sino a muchos quienes tuvimos el placer de conocerle.

Traigo esto a colación porque parece que ya va siendo hora de que los connacionales planteemos, inteligentemente, el grave problema que significa la delincuencia que asola a nuestro país, tema que lamentablemente parece que sólo mueve las conciencias cuando suceden actos como los descritos, mientras que el temor y la angustia se van apoderando cada vez más del buen ciudadano, quien percibe un aura de indefensión crecientemente mayor, como resultado de las actuales políticas estatales al respecto.
No es cierto, como dijo un abogado, creo que de apellido Castro, en un programa de televisión, ante la petición de costarricenses, familiares en su dolor, de que se aumentaran las penas que se imponían a los criminales. El jurisconsulto alegó que esa era una petición entendible por las circunstancias familiares, pero incomprensible por el poco valor científico que tenía. Es por ello que, en esta oportunidad, hago uso de ciertos conocimientos de una disciplina considerada científica, como es la economía, que pueden ayudarnos a los costarricenses a resolver, en parte, el problema de la delincuencia y presento algunas consideraciones que considero son útiles y contrarias a lo dicho por ese abogado.

La crítica tiene aspectos económicos y, tal como ha sido analizado en años relativamente recientes por distinguidos economistas, se ha tratado de mostrar evidencia de que si se aumentan las penas por la comisión de delitos, el crimen disminuye. Estas conclusiones corren contrarias a la sabiduría convencional, especialmente vigente en el campo de los sociólogos, quienes, en esencia, sostienen que los criminales o eran enfermos, quienes requieren del tratamiento necesario, o bien resultaban de un medio ambiente deprimido en que se criaron y que, por lo tanto, las penas no constituían un freno a sus actos de criminalidad.

Por el contrario, la hipótesis que han adelantado ciertos economistas (Gary Becker, en su artículo clásico, “Crime and Punishment: An Empirical Analysis” en The Journal of Political Economy, 76, marzo-abril de 1968 y Gordon Tullock, “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies and Theft”, en Western Economic Journal, 5, junio de 1967), de que los criminales son simples personas quienes obtienen ganancias por la violación de la ley, de manera que, si se aumentan los costos de cometer el crimen, como, por ejemplo, incrementando los períodos de prisión, elevando la posibilidad de que el criminal vaya a dar a la cárcel y que no esperen un pronto perdón en la prisión, tenderían a reducir la cantidad de crímenes.

La bondad de las argumentaciones evoluciona hasta el campo empírico; específicamente, si los criminales, ya sean “locos” o seres racionales, reaccionan ante esos mismos costos. De ser así, el consejo que por muchos años se había dado a nuestras autoridades, de que la forma de tratar la criminalidad se fundamenta en cambiar el medio ambiente en el que se crió el criminal y lo cual le conduce a la comisión del delito, estaba básicamente errado y que, más bien, ese consejo podría ser un factor que estimulaba la acción criminal.

Uno de los primeros estudios empíricos ̶ científicos si ello le sirve al abogado mencionado a principios de este artículo ̶ incluso dirigido por un sociólogo, Jack P. Gibbs, “Crime and Punishment and Deterrence”, en Southwestern Social Science Quarterly, 48, marzo de 1965, concurre a las conclusiones de que un aumento del costo (las penas) disminuye la criminalidad, como lo encontrara Leibowitz. Muchos han sido los hallazgos basados en las propuestas de los economistas, que, en general, muestran con fuerza la hipótesis de la disminución del crimen por un aumento en sus costos.

Tan sólo deseo que tantas personas de buenas intenciones, a quienes les gusta pensar y meditar acerca de estos temas, acojan algunas de estas evidencias presentadas inicialmente por economistas y posteriormente por otros intelectuales, y que sirvan a la hora de revisar nuestra legislación criminal. Esto no es sólo un consuelo al dolor de amigos, sino esencialmente promover una forma más civilizada de vida que los costarricenses podemos legar a nuestros hijos y futuros descendientes.

[Elisa]

1987-04-11-VOLVER, VOLVER...

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VOLVER, VOLVER…

La Nación, 11 de abril de 1987.

Ojala, pudiera decir que el affaire del regreso de don Eduardo Lizano a la Presidencia Ejecutiva del Banco Central, es una simple comedia que nos ha hecho pasar un rato bien divertido. Tampoco tiene visos de tragedia, pues las lágrimas derramadas, al momento, han sido muy pocas. Más bien creo que de todo esto se pueden derivar algunas conclusiones, que podrían servir al lector para lograr una explicación de todo este intríngulis.

Tardó bastante el Presidente Arias en reconocer el enorme daño que se le hacía al país con la salida del Banco Central de don Eduardo Lizano. No sólo éste brindaba cierto dejo de tranquilidad en lo interno, sino que, también, los organismos internacionales ya se habían acostumbrado ̶ y negociado ̶ al estilo del respetado economista. Lo preocupante de todo esto es la tardanza del Presidente en darle el apoyo a don Eduardo, puesto que ya en el pasado se lo había negado o lo había omitido, lo cual, para efectos prácticos, resulta ser lo mismo. Una explicación del porqué este cambio de rumbo presidencial puede deberse al primer efecto positivo del nuevo cerebro sustituto del Ministerio de Planificación, la Colina 2000, la cual, encargada de asesorar al Presidente, le hizo ver que su bien cuidada y pulida imagen política podría verse cariada y el resultado lógico no se hizo esperar. Volver, volver… aunque permitió que el asunto llegara a un embrollo desagradable.

Pero hay otra lección que debe tener muy de cerca don Oscar Arias. El país requiere que su Presidente no tan sólo ̶ casi únicamente ̶ le ponga atención a los problemas de vivienda y de las relaciones con Nicaragua, los cuales parecen haberse constituido en los dos únicos polos de interés del gobernante. El estado desastroso de la economía solicitaba, desde hacia ya bastante rato, una definición presidencial acerca de la conveniencia de proseguir cierto tipo de políticas y era tan sólo la insistencia de don Eduardo Lizano ̶ poco velada, por cierto, para que la entendieran muchas personas ̶ lo que podía mover al Presidente a tomar en cuenta que su gobierno no puede descansar meramente en dos cosas: vivienda y Nicaragua.

A resultas del retorno, don Eduardo tiene ahora, supuestamente, el poder para llevar a cabo lo que tanto ha venido predicando a los costarricenses, de manera que la retoma le imprime una muy elevada responsabilidad ante la ciudadanía. Don Eduardo, quien de lerdo no tiene un pelo, es muy consciente de esta obligación. Pero, aunque en apariencia se le ha otorgado el mandato, la realidad política puede ser otra bien distinta. El presidente Arias ha insistido en que, antes de partir su actual Ministro de Agricultura, deje firmado el proyecto FODEA, el cual, precisamente, se convierte en un serio obstáculo para la conducción de la política monetaria y crediticia del Banco Central.
El FODEA significará un congelamiento de recursos prestables en la banca comercial estatal, la cual no verá el reciclaje de fondos necesarios para hacer frente a demandas de crédito para financiar nuevos proyectos, lo cual pone más en entredicho cualquier posible recuperación de la economía. Con el FODEA se introduce lo que se denomina el fenómeno del riesgo moral, pues al abaratarse la renegociación de deudas, empresas agrícolas que no tenían necesidad de ella y estaban dispuestas a cancelar sus obligaciones, ahora se verán motivadas a hacerlo, lo que provocará mayores presiones para la emisión de dinero, a fin de enfrentar las nuevas necesidades de liquidez. De esta manera, aunque en apariencia a don Eduardo se le da luz verde, sale de nuevo al campo de fuego, pero con tarjeta amarilla, que fácilmente puede madurar hacia el indeseable rojo.

Un problema, que en parte, afecta al gobierno de Oscar Arias, es que Liberación es un partido en permanente elección. Es tal el afán de muchos por llegar a la candidatura presidencial por ese grupo, que no parece haberle dado la atención necesaria a los problemas de la economía.

La salida de don Eduardo Lizano había sido interpretada, incluso en círculos muy cercanos a don Oscar (otro signo evidente de la poca atención que el Presidente le dio a los asuntos económicos), como una victoria de la fracción castillista-oduberista dentro de su gobierno, por lo cual, el retorno del Dr. Lizano, se ha visto como un retomar del poder por los afectos aristas.

La situación con la salida de don Eduardo había llegado a una complicación tal, que incluso un ministro, sorprendentemente bastante castillista por cierto, le había presentado al Presidente su renuncia, motivado, posiblemente, por la mala impresión que la salida del Dr. Lizano había provocado en los negociadores internacionales, así como por la desafortunada alusión de tomadores de café y comedores de tostel que a los economistas había hecho el Ministro de Agricultura. Aún cuando fue a éste a quien terminó doliéndole el estómago por lo que otros se yantaron.

[Elisa]

1987-04-19-PEGA, PERO ESCUCHA

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PEGA, PERO ESCUCHA

La Nación, 19 de abril de 1987.

Un hecho reciente acaecido en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa, debe ser objeto de atención por parte de las personas celosas de la función de un parlamento en una democracia.

Por un deseo expreso de la mayoría dominante del partido oficial en dicha comisión, en cierto momento se decidió que los ciudadanos no podríamos presentar nuestra opinión verbal ante dicho comité, acerca de las intenciones del Gobierno de imponer más gravámenes a los costarricenses, incorporados en el llamado paquete tributario. Alegaron que si así lo deseaban hacer los grupos interesados, podrían presentar a la comisión de la Asamblea sus opiniones por escrito, a fin de evitar un presunto boicot al paso acelerado con que se deseaba aprobar dicho proyecto de ley de impuestos.

Casualmente, en los mismos días en que algunos diputados pretendían limitar la función de dar audiencia a la ciudadanía en la Asamblea y particularmente en la comisión, personas conocedoras y sapientes de estos asuntos, en un seminario patrocinado por ese mismo cuerpo político, enfatizaban la importancia que tiene el parlamento en una democracia y específicamente la cercanía que ella debe tener con el pueblo que elige a sus representantes ante una Asamblea Legislativa.

Este paradójico acontecimiento no puede ser explicado sino por el aprisionamiento en una especie de creencia de “pa’ eso tenemos la mayoría” que prima en la mente de algunos de nuestros legisladores, a quienes más bien se hace muy convenientes recordarles el ligamen histórico que existe entre la representación en una Asamblea y la capacidad que tiene de poner impuestos (aquella “no taxation without representation” que dio vida a la revolución americana) por una parte, en tanto que, por la otra, que esos legisladores fueron electos sus representantes por los ciudadanos ante el Congreso, de quienes por lo menos se espera que les escuchen en sus quejas y pareceres sobre los temas que se tratan en la Asamblea.

El reciente seminario promovido por el parlamento tiene una enseñanza para los costarricenses y en especial para ciertos diputados hiper-sensitivos, la cual se relaciona con lo expresado en los párrafos anteriores. Independientemente de los intereses personales que puedan tener los expositores y de que puedan estar o no en lo correcto, muchos de los oradores expresaron fuertes críticas a nuestro actual sistema legislativo.

En algunas oportunidades, cuando se han expresado reparos al Congreso, ciertos diputados se han referido a ellos como intentos de desestabilizar al parlamento o como pretensiones de rebajarlo en su magna función. Con estos arrebatos diputadiles se ha intentado descalificar las quejas de personas acerca del funcionamiento de nuestra Asamblea, de manera que la lección que menciono espero sea bien aprendida por los diputados de piel fina, quienes deben ser bien conscientes de la obligación que tienen de escuchar al pueblo que los eligió, para que así éste les pueda transmitir cómodamente sus opiniones acerca de todo lo que sucede en un parlamento, lo cual se supone irá en beneficio de los gobernados.

Para bien popular, la minoría en la Asamblea Legislativa hizo meditar a la mayoría para que ella se retractara de una intención de impedir que el pueblo, la ciudadanía, las personas, expresaran su criterio y su satisfacción acerca del proyecto de mayores impuestos, que el Poder Ejecutivo ha enviado para que parlamento lo decida aprobar o rechazar. Este es un buen paso en un largo camino, en el cual debe tenerse siempre presente el origen y función de un parlamento en una democracia.

Si se quiere que los costarricenses respetemos a nuestra Asamblea Legislativa o que, según lo consideran algunos, se restaure tal reverencia, lo primero que precisamente debe hacer ese parlamento es mostrar diáfanamente a los ciudadanos que a ellos se les escucha, y con el debido respeto, en todo lo que tenga que ver con el gobierno del pueblo. Así entendemos la cesión de nuestra soberanía para nuestro propio bien.

[Elisa]

1987-05-07-VIOLACIÓN A LA PROPIEDAD

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VIOLACIÓN A LA PROPIEDAD

La Nación, 07 de mayo de 1987.

No creo ser injusto cuando señalo que en Costa Rica hay evidencia creciente de que se está entrando en un proceso de deterioro de las relaciones elementales entre gobernantes y gobernados. No sé si esto se debe al deterioro paulatino de la situación económica del país o al simple crecimiento del tamaño de nuestra población, los cuales ahora impiden que existan las relaciones casi personales entre autoridad y súbdito que caracterizaron a nuestro pasado. Pero hay un hecho que deseo exponer que espero, por una parte, sirva de alerta a la ciudadanía de lo que los gobernantes sin freno pueden hacerles, en tanto que, por la otra, promueva la reflexión en esos gobernantes del significado de sus obligaciones para con la ciudadanía.

Con el propósito de descansar durante la Semana Santa, mi hermano, en unión de algunos de sus familiares, se dirigió a la región del Atlántico Sur, allá por Puerto Viejo. Entre las pertenencias que llevaban desde San José se encontraba un radio portátil, el cual recientemente le había sido regalado por su hija, quien se lo compró hace un par de meses en San Andrés y que le costó, aproximadamente, unos 25 dólares. El suegro de mi hermano llevaba un ventilador comprado hacía menos de una semana antes en San José, en Coronado y Compañía, en la Avenida Central de esa ciudad, con el único objetivo de tener un alivio del enorme calor esperado en las playas del Atlántico.

Para ir a Puerto Viejo se pasa por un lugar llamado Hone Creek, a casi 50 kilómetros de la frontera con Panamá, en donde existe un puesto de vigilancia de la Guardia Rural, dependencia del Ministerio de Gobernación y Policía. De hecho, los ciudadanos viajan al sur de Limón sin ningún problema ni advertencia de que exista algún impedimento para transportar cosas a esa zona del país y menos que se hay instituido algún estado de sitio o cosa por el estilo, por el cual se interrumpen las garantías ciudadanas presentes en la Constitución de la República.

En varias oportunidades, al dirigirse a distintos lugares de la zona, mi hermano y sus familiares pasaron por el puesto de la Guardia Rural de Hone Creek, transportando el radio, pues el ventilador se quedaba en la cabina en que moraban, y nunca los guardianes, con celo de cancerberos, les dijeron algo acerca de alguna prohibición vigente a la propiedad privada de los costarricenses en el territorio nacional.

El problema surgió cuando ellos emprendieron el viaje de regreso al Valle Central. Al pasar por ese puesto de la Guardia Rural, la autoridad decidió decomisar el radio portátil y el ventilador porque ambos eran nuevos y presunto contrabando de Panamá. Mi hermano alegó que ese radio, si bien era nuevo, había sido comprado en San Andrés por su pequeña hija, quien no disponía recibo de él y que no se le había advertido, al salir del territorio libre de Costa Rica al norte de Hone Creek, que era necesario declarar todo lo nuevo que se poseía y que se transportaba al vedado territorio costarricense al sur de Hone Creek.

Entre llantos de mi pequeña sobrina, pues lo quitaban lo que le había regalado a su padre, el guardia rural decomisó el pequeño radio, les entregó un recibo y le dijo sonriente, por su gran triunfo al decomisar el enorme contrabando, que lo retirara en Limón, contra la presentación de la factura de compra del radio. Igual hizo con el ventilador del suegro de mi hermano. En síntesis, a mi hermano y sus familiares se les declaró culpables antes de que comprobaran que eran inocentes, con kafkiana reversión del principio elemental de justicia en la sociedad civilizada.

Todo esto es un claro abuso por parte de las autoridades del Ministerio de Gobernación y Policía, quienes así violan el derecho elemental de los costarricenses de tener propiedad privada en el país. Era evidente que la familia de mi hermano se encontraba de vacaciones en la zona sur de Limón y hasta en varias ocasiones, durante es descanso, había trasegado tal radio por el puesto de vigilancia de la Guardia Rural.

Tal vez el error de mi hermano consistió en no tener la compañía de algún asesor gubernamental que le facilitara el paso por la garita de vigilancia y que, de esa manera, se hiciera saber a los policías que la Constitución aún está vigente en la nación. Las autoridades del Ministerio de Gobernación no pueden guardar silencio ante esta denuncia pública por un abuso cometido. En tanto no se prohíba el ejercicio constitucional de nuestros derechos, una conducta de gobernantes como la descrita tan sólo puede fomentar en nosotros la necesidad de atarlos aún más, para que sepan que la ley se hizo precisamente para proteger a las personas del abuso del Estado.

[Elisa]

1987-05-18-LA LIBERTAD Y ARIAS

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LA LIBERTAD Y ARIAS

La Nación, 18 de mayo de 1987.

Más interesante que el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa el primero de mayo, fueron las declaraciones brindadas por nuestro Presidente durante una visita, ese mismo día, a la barra de prensa del Congreso.

Don Oscar citó un frase que él indicó creer es de Hans Kelsen, la cual señala que “La libertad oprime, la ley libera”. De esta manera don Oscar trató de enderezar un ataque a quienes han defendido el sistema de mercado; de esto dijo no saber si ciertamente quienes lo promueven lo hacían porque querían monopolios.
Varias explicaciones podrán darse a fin de entender por qué el Presidente dio esas desajustadas declaraciones, cuando algo que ha caracterizado a su gobierno, en días recientes, precisamente lo es el resurgimiento de quienes han pregonado por una mayor introducción de la libertad del mercado en nuestra economía, lo cual se considera aumenta el bienestar de los pobladores de la nación.

Y no me refiero tan sólo a la rehabilitación de don Eduardo Lizano, quien en asocio de los “Eduardo’s Boys” ha sido calificado de ̶ ¡horror de los horrores! ̶ anfista por sus mismos compañeros de partido. El propio Presidente ha dicho que deben privatizarse ̶ esto es, sujetarlas al mercado ̶ con mayor ahínco las empresas de CODESA. También la reciente política, tal vez no surgida por convicción, sino por necesidad, que intenta llevar a cabo el Ministerio de Planificación, por la cual funciones estatales serían llevadas a cabo privadamente por expertos funcionarios públicos, son claro reflejo de ese mayor papel de la libertad del mercado como sustituto del osificado socialismo, aún existente en parte de la agrupación política a que pertenece don Oscar. Y podría citar muchos otros ejemplos de la creciente y bienvenida liberalización del social-estatismo local.

Una de las posibles explicaciones acerca de la conducta presidencial podría encontrarse en la aparición en este periódico, precisamente ese primero de mayo, de una tarjeta pagada por algunos de sus copartidarios, quienes, bajo el título de “Liberacionistas: ¿Qué nos pasa?”, fustigan al gobierno de don Oscar por dejar que la “derecha” se apodere de su partido, al olvidarse de los principios socialdemócratas. Don Oscar, entonces, decide atacar a esa indeseable “derecha” a fin de asegurarse una influencia que desea persevere dentro de esa agrupación política.

Claro que con ello, pues no somos tonticos, ataca a algunos de sus compañeros de gobierno; en especial, no logra cubrir varios de sus principales actos gubernamentales con el ropaje socialdemócrata que pretende darle, puesto que pocos pueden creer que las medidas provienen de esas tiendas ideológicas. Si esa fue la motivación presidencial, lo único que me produce su declaración antes citada, es la conmiseración por la pérdida de tiempo y el afán malabarista que sus propios compañeros de partido le ocasionan y que, a la vez, le haga perder la credibilidad ante el pueblo.

Si, por el contrario, las palabras de don Oscar reflejan una convicción de que la libertad oprime y que la ley libera, lo cual, de paso, es la expresión ideológica del socialismo, a lo cual da lugar el positivismo legal de Kelsen, entonces lo deseable sería que cesara de hablar tanto de la libertad, puesto que, por su convicción, ella es opresora y que, por lo tanto, defina su gobierno si lo conveniente es restringir esa libertad para monopolizar mediante leyes que él nos proponga. De manera que o se es honesto con las convicciones estatizantes o se deja de intentar engañar a los ciudadanos, al hacerse una cosa y decirse otra.

Finalmente, si es que don Oscar Arias con sus declaraciones no busca, por una parte, apagar aquella tarjea de quienes promueven Volver a las catacumbas, ni que, por la otra, tampoco es oportunista, entonces, lo es porque ciertamente él cree que la libertad oprime, lo cual sugiere que nos explique a los costarricenses qué es lo que nuestro Presidente cree es el papel de la libertad en nuestra sociedad. Así podríamos conocer lo que en verdad piensa.

[Elisa]

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COLINA 2.000[/B

]La Nación, 22 de mayo de 1987.

Tal vez fue el mismo pedante que inventó aquello de PALINA o de Balcón Verde, quien ahora tuvo la pesadez de llamar Colina 2.000 a otro proyecto de gasto gubernamental. Este oculto inventor sencillamente es consistente con el notorio cultivo de plástico, de la forma, de las apariencias, con que la mediocracia pretende esconder sus verrugas intelectuales. Pero, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda, a pesar de que se le verá, con aire enfatuado mientras da un chasquido pseudo-intelectualoide con sus labios, pronunciar esas palabras abretesesámicas: ¡Colina 2.000!, bajo la pretensión de que la sabiduría y la sapiencia se adquieren tan sólo con acudir a tapujos. Tal vez ello sea posible en ciertas sociedades predispuestas a la licencia y a las petulantes formaciones de hombres nuevos, pero, ¿no sé por qué aún?, me resisto a creer que la nuestra sea como aquéllas.

Además de uno que otro soñador con bandas presidenciales, tan sólo fue don Danilo Jiménez Veiga quien expuso al país lo que, según su parecer, significa la tal Colina 2.000. Lo escuché atentamente y, tratando de ser un buen transcriptor de sus ideas, me dio la impresión de que la Colina 2.000 sería un poderoso banco de datos y de información para el Presidente de la República, quien, en última instancia y basado en tal fuente, tomaría las decisiones de política.

Así, de acuerdo con un ejemplo que don Danilo brindó, en el caso de la reciente petición de aumento en el precio de la leche, se le suministraría la información necesaria a un poderoso computador de la Colina 2.000, acerca de los diversos costos involucrados, pero además se mediría el impacto que sobre otra serie de variables puede tener dicho aumento de precios. Toda esta información se le entregaría a don Oscar, quien responsablemente tomaría él la decisión de otorgar o no el aumento o en qué porción de lo solicitado.

Lo interesante de todo esto es que la Colina 2.000 se perfila, por una parte, como la sustituta de una serie de labores que actualmente se realiza en diversas dependencias del Estado y, si es que ahora no se hacen bien, entonces lo lógico es que se busque su corrección. Pero, además, me parece estrecha la concepción que se tiene de este nuevo ente público (¿?) de simple recopilador de información, justificación que se pretende gracias a la palabra mágica de computador, que ya ni a nosotros, los ignorantes del café con tostel, nos impresiona tanto como tal vez lo espera el político.

Me tiene despreocupado que un cristiano se vaya a ganar ¢412.500 o algo similar en la Colina 2.000; mucha de esa crítica se hace por envidia, pues nada más cabe pensar los aficionados que somos los ticos en buscar esas chambas internacionales tan bien pagadas; tampoco me preocupa que el mandado no se lo lleve ningún compatriota nuestro y que lo sea un extranjero, quien tal vez pueda resultar mucho mejor que tanto advenedizo nacional.

Lo que sí debe ponernos a pensar es otro hecho relacionado con el financiamiento del programa de la visión cósmica: si los recursos que se van a gastar son una donación de las Naciones Unidas, sin que se exija una contrapartida nacional, no se crea que, por ser en apariencia regalados, debe ser bienvenido el programa de la mente trascendente. No se olvide que, como país contribuyente a las Naciones Unidas, todos los ticos somos parte de quienes mantenemos esa burocracia internacional, la cual recorre todos los rumbos del orbe, a veces para sumirnos en el desconsuelo y en el retraso con sus acciones y sugerencias acerca de cómo debemos vivir. Recuérdese que en esta vida no existe nada gratuito.

Hay dos cosas que me estimulan a brindarle un caluroso apoyo al proyecto de la lontananza sin límites y no corran los malpensados que ya agarré allí alguna asesoría, pues no formo parte del clan del monopsonio político. Primero, que, como funcionarios de las Naciones Unidas, los pitonisos del oráculo de Curridabat tendrán un pasaporte cuya portada dirá, en letras destacadas, Laissez Passer. Pues bien, ya podríamos los ticos ganarnos la mitad de las indulgencias, pues a dichos funcionarios, quienes generalmente son muy contrarios al liberalismo, poco les faltará para que les estampen el Laissez Faire de las Naciones Unidas.

En segundo lugar, por las explicaciones que se han dado acerca del programa de la mirada futurista, me he dado cuenta de que muchas de las funciones que de él se esperan son más propias de un Ministerio de Planificación, como el que ya existe en Costa Rica. Por ello es que, dadas las estimaciones de gastos que se dice tendrá la Colina 2.000 y las que ya se conocen del Ministerio de Planificación, corro a darle un fuerte sí a la primera, siempre y cuando signifique el cierre del segundo. De esta manera el país obtendrá un enorme ahorro en sus recursos escasos que ahora gasta y eso ya es una ganancia cierta para Costa Rica. El problema evoluciona hacia adónde reubicarán a los receptores del favor imperial.

[Elisa]

1987-06-05-LAS 80.000 VIVIENDAS

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LAS 80.000 VIVIENDAS

La Nación, 05 de junio de 1987.

Circula por estos caminos de Dios, el chiste de que lo que tiene que hacer el próximo candidato presidencial del Partido Unidad, a fin de ganar las elecciones de 1990, es simplemente ofrecer amueblar las 80.000 viviendas prometidas por la administración de don Oscar Arias.

El chiste no parece estar muy alejado de la percepción de que lo que el político hace es prometer ganancias para grupos particulares concretos, a expensas de los recursos de todos los costarricenses, quienes son los que pagan ese reparto, de manera tal que, con ello, esos políticos se garantizan una maximización de los votos. Sin embargo, el programa de vivienda en mención también refleja una triste realidad que se impone sobre esas bien intencionadas promesas, cual es que los efectos totales de él no parecen haber sido plenamente contemplados por aquellos quienes profirieron el ofrecimiento.

En una reunión reciente en la cual participaron algunos altos funcionarios del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), organismo tradicionalmente encargado de esos programas de desarrollo habitacional y urbano, así como otras personas quienes hasta muy recientemente laboraron en esa entidad, en donde desempeñaron puestos de eleva responsabilidad, quedó patente el hecho de que la promesa de construir 80.000 viviendas durante la administración de don Oscar Arias, en caso de ser cumplida dará origen a una serie de resultados de un enorme impacto en la economía, los cuales no han sido contemplados en toda la extensión por esos mismos promotores del plan de construcción de casas.

El problema que enfrenta al país no radica tan sólo en construir las 80.000 casas y que ello basta para resolver una situación considerada indeseable, pues con esa decisión se afecta la provisión de una serie de servicios básicos indispensables, que están asociados con esas nuevas construcciones. Esto es, se requiere, entre otros, del suministro de servicios de transporte, de la creación de nuevos centros educativos, lo cual incluye, además, la de educadores, así como la generación de servicios hospitalarios, adicionado a los impostergables de agua, electricidad y hasta de telefonía, además de la forja de empleos para la población reubicada. En síntesis, el problema por resolver transciende al de una simple construcción de casas, el cual se traslada hacia el concepto de desarrollo urbano, que posee dimensiones mucho más amplias que el primero.

Uno de los participantes en dicha reunión, un distinguido arquitecto urbanista, señaló que, por cada 3 colones que se gastan en vivienda, se requiere de 7 colones adicionales para el suministro indispensable de servicios para esa vivienda, tales como agua, educación, salud, transporte, empleo, electricidad, etcétera. Ello quiere decir que, si se lleva a cabo la construcción de las 80.000 viviendas y si se supone que cada una de éstas, en promedio, cuesta unos ¢300.000, dicho programa requeriría de un monto total de 24.000.000.000 de colones. Pero, adicionalmente, nuestra colectividad tendrá, idealmente, que generar recursos adicionales por 56.000.000.000 de colones como soporte al programa de vivienda en mención, pero, se nos informó en esa tertulia, esto no ha sido tomado en cuenta por los actuales encargados de vigilar que la promesa de don Oscar Arias se convierta en una realidad.

De ser así, lo que el próximo candidato presidencial de la oposición tiene que hacer para ganar esas elecciones, no es ofrecer amueblar las 80.0000 casas sino asegurar, aunque sea en alguna porción, la respuesta correcta a los graves problemas originados por este programa de construcción. Sin duda alguna, la demanda de servicios públicos, tales como agua, electricidad, educación, además del transporte público, deberá ser satisfecha y, por supuesto, como no existe nada gratis, los recursos por 56 mil millones de colones habrán de venir de algún lado.

Una conclusión que puede derivarse de este asunto de las 80.000 viviendas es que, si bien es relativamente fácil decir que se construirán esas casas en cuatro años, lo cual , en si, no es nada del otro mundo, más compleja y costosa resulta la solución al problema del suministro de todos esos servicios públicos indispensables, asociado con la construcción de dichas casas y parece ser que, lamentablemente, tal jáquima deberá ser enfrentada por otro gobernante, pero, claro, pagada por todos nosotros.