1985-09-24-ERRÓNEAS BUENAS INTENCIONES

ERRÓNEAS BUENAS INTENCIONES

La Nación, 24 de setiembre de 1985.

Actualmente se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa un proyecto denominado Ley de Garantía Sindical, el cual, entre otras cosas, busca que se reforme el actual Código de Trabajo, para que se aumente en dos meses más posteriores al parto, el período de descanso remunerado.

Puede suponerse que hay la buena intención del legislador de ayudar a la madre embarazada a sobrellevar su nueva situación; sin embargo, la pregunta que lógicamente debemos formularnos es, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de estas propuestas? Repito, no tengo interés en cuestionar las motivaciones de los proponentes de esta nueva legislación, la que, al menos en apariencia, se puede considerar que satisface el requisito que se impone a la hermandad entre los hombres.

¿Será suficiente con tener buenas intenciones? Por supuesto que con este artículo corro el riesgo de satisfacer al que desea mostrar que Jorge Corrales es un insensible a la miseria ajena, lo cual es de esperarse de un trasnochado creyente en la ley de la selva; o bien, para estar de moda con los apetitos de los politiquillos de turno, que así es como piensa un liberal. Sin embargo, lo que trato es de señalar mi preferencia por una mente fría, al servicio de un corazón ardiente, la cual contrasta con una mente ardiente al servicio de un corazón ardiente, que caracteriza a los bien intencionados de siempre.

¿De qué nos puede servir el análisis económico en este caso? Qué el resultado más probable, por el cual se eleva el pago por el trabajo de la mujer lactante –y, en general, de todas las mujeres potencialmente madres– sea el de provocar un descenso en el empleo de estas mujeres. Esto es, que la buena intención de ayudar a las madres embarazadas por medio de la legislación propuesta se transforma en un desempleo de aquéllas que se pretendió ayudar.

Simplemente, a la hora de contratar trabajo, el patrono toma en cuenta el costo que para su empresa significa el embarazo de una mujer y, en condiciones de igualdad, preferirá darles empleo a mujeres de mayor edad o bien a hombres. Es más, con el embarazo se pierde continuidad en el trabajo e incluso puede ocurrir que, en cierto momento, la mujer decida quedarse en su hogar y no proseguir en el empleo remunerado. Esto tiene como consecuencia que aquella enorme experiencia laboral adquirida en la empresa, se pierda. Ante esta circunstancia –todo lo demás igual– se preferirá dar empleo a quienes no presentan este problema.

Esto lo señaló muy bien Benjamín Rogge, quien explicó que “Nuestro mayor enemigo es aquel quien (ya sea por buena intención o por maldad) es totalmente desconsiderado al hecho de que hay un proceso en marcha en los asuntos económicos del ser humano, de que los efectos están relacionados con las causas, y que en este proceso es un gran dato de experiencia humana”. Evidentemente – y que se pregunte esto el bien intencionado legislador– ¿de qué le sirve a una madre lactante que se le reconozcan más meses de incapacidad, si ello tiene consecuencia de que se le dificulte encontrar empleo? De la respuesta que se brinde el legislador –y también todos nosotros– depende que podamos asegurar empleo, ingresos, bienestar y salud a la familia de una madre lactante, lo cual, supongo, es lo que todos deseamos obtener. Tiene que ser que el infierno esté pavimentado de buenas intenciones.