1986-10-11-EL CAMINO AL FUTURO
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EL CAMINO AL FUTURO

La Nación, 11 de octubre de 1986.

En días recientes se han escuchado algunos comentarios de parte de diversos ciudadanos relacionados con las posibles reformas que se deben introducir a la actual Ley de Inquilinato.

En esencia, todos parecen estar de acuerdo con que es necesario cambiar la legislación vigente sobre el tema, pero a la hora de las cosas muestran un divorcio entre sus afanes reformistas y el mantenimiento del statu quo. Predican que es necesario eliminar las políticas de control de los alquileres de las viviendas por el efecto nocivo que causan en la economía, pero al mismo tiempo, basados en ese curalotodo llamado “justicia social”, propugnan porque no haya libertad de contratación en el caso de viviendas de tipo “popular”, cualquier cosa que eso signifique.

Se puede aceptar esa preocupación de parte de ciertos ciudadanos para que no se afecte a los grupos de menos ingresos que actualmente alquilan vivienda. Estoy seguro de que, en general, ninguno de nosotros desea que, en serio, se perjudique al más débil. Pero aunque se parta de esa buena voluntad, deducir que la forma de evitar el daño a los más desvalidos, quienes arriendan vivienda, consiste precisamente en congelar los alquileres, simplemente refleja un desconocimiento de cómo es que opera ese mercado.
Muchas personas, entre las cuales creo que hay un número significativo de ellas cuyos ingresos precisamente los calificaría como entre los relativamente pobres de nuestra colectividad, ahorran (invierten) durante mucho tiempo para construirse una casa para alquilar y asegurarse de esta manera una renta en el futuro. Interesa destacar que la decisión de construir una casa para alquilar se toma en comparación con otras maneras en las cuales las personas podrían colocar el resultado de gastar menos de lo que ingresan; esto es, sus ahorros.

Así, es factible que dirijan sus fondos a comprar un certificado de depósito en un banco, una acción de una empresa, una máquina que le sirva para producir bienes futuros o lo que sea y, por supuesto, una vivienda para alquilarla. El lector puede imaginar la multiplicidad de inversiones que un ciudadano puede escoger llevar a cabo.

Ahora bien, para ver cuál inversión efectuar, la persona evalúa, entre otras cosas, los distintos rendimientos de los proyectos que tiene en mente, De manera que, si por alguna disposición legal se fija un máximo al alquiler de vivienda, muy posiblemente decida no invertir en ella, sino que, por el contrario, dirige sus ahorros hacia otras actividades en las cuales nos existe limitación por parte de leyes como la mencionada.

Las propuestas para reformar la Ley de Inquilinato, de forma tal que se libere del control de los alquileres a viviendas que tengan más allá de cierto valor y que presuntamente serían alquiladas por personas de ingresos medio-altos, en tanto que se sujete al control de aquellas que supuestamente alquilan los grupos de menores ingresos, tiene un bemol sumamente interesante y, a la vez, triste.

Parece que, de alguna forma u otra, los costarricenses están decididos a que se dediquen muchos recursos escasos de nuestra economía hacia la construcción de vivienda, en especial de aquella que algunos llaman de tipo popular. Evidentemente, para ello se requiere que del esfuerzo se haga partícipe al ciudadano privado, Esto es, que invierta en este tipo de viviendas, que ahorre para construir más casas para los grupos de bajos ingresos, que en vez de dedicar sus recursos hacia otras actividades se haga partícipe de la solución del supuestamente alto déficit de vivienda en el país.

La otra alternativa es que el Estado decida construir por el sólo tales viviendas, pero, al fin y al cabo, el resultado es semejante, y si no peor, pues de algún lado éste tiene que percibir recursos con qué hacerlas, lo cual significa que habrá de acudir a inflación, impuestos, endeudamiento o una mezcla, pero que, en todo caso, se traduce en el hecho de que al dirigir recursos hacia vivienda, ello le impide usar esos mismos fondos en otras actividades, tales como, por ejemplo, hospitales, maestros, escuelas, carreteras, etcétera. El problema no se resuelve simplemente cambiando de constructor.

Pues bien, ¿de qué manera cree el lector que actuarán nuestros ahorrantes-inversionistas en vivienda, si se mantiene el control de los alquileres de las casas “populares”? Mejor dedicará sus recursos a construir vivienda para grupos no pobres; esto es, para los de ingresos medios-altos, cuyas moradas no están reguladas. De esta manera, si se prosigue con la política de “ayudar” a los desvalidos por medio de la fijación de los alquileres de las casas que arriendan, lo único de lo cual sus promotores podrán estar seguros es que no habrá nuevas viviendas para esos sectores, al canalizarse la inversión hacia otras actividades. Este es un ejemplo claro del “no me ayudes, compadre”.
Pero, aún hay más. Si se congela el alquiler de las actuales viviendas para gentes relativamente “pobres”, el dueño de éstas tratará, por muchos medios, de obtener un rendimiento semejante al que puede lograr en otras actividades, Esto es, buscará acelerar la depreciación de las actuales casas de alquiler y la forma más sencilla de hacerlo es no dándole el tratamiento adecuado a las casas o bien trasladando el costo de los arreglos a los actuales inquilinos. En todo caso, de nuevo se perjudica a las personas de menores recursos que arriendan casas.

Hay muchas otras razones por las cuales los bien intencionados propósitos de ciertas personas de mantener fijos los alquileres de las casas resultan ser un absurdo de gran monta. En todo caso, debe tenerse presente el divorcio entre los buenos propósitos y las buenas acciones. De no ser así, resultará que el camino al futuro, al igual que el camino al infierno, se encontrará pavimentado de buenas intenciones… y sin casas para los grupos más desvalidos del país.