1986-01-27-EL ESTADO INTERVENCIONISTA

EL ESTADO INTERVENCIONISTA

La Nación, 27 de enero de 1986. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 115-116.

Sin duda alguna, ciertos sectores políticos de nuestro país continúan creyendo, dogmáticamente, en las virtudes del intervencionismo estatal. Claramente lo mostró recientemente don Thelmo Vargas, en un artículo en esta misma página, basado en los escritos de un borrador de programa de cierta agrupación política. Se continúa, en este boceto que no vio la luz, insistiendo en la intervención del Estado como una herramienta capaz de resolver los fracasos del mercado.

El dogma socialista intervencionista radica en que creen irreflexivamente en que la intervención estatal, per se, es capaz de mejorar los resultados que pueden ser imperfectos de una economía del mercado. Esto es, que la acción del burócrata, por sí misma, es capaz de lograr el óptimo pleno que no es factible obtener en un imperfecto sistema de mercado. El economista acepta que, si se presentan distorsiones en el mercado, existe un argumento para la intervención estatal, pero ello está muy lejos de ser un argumento de que esa intervención estatal sea más eficiente que la alternativa, además de indicarnos ello, como todo en la vida, que la intervención del Estado tiene un costo.

Recientes acontecimientos, en muy diversos órdenes económicos, parecen indicar un hecho muy significativo: el creciente abandono del sistema de planificación central y la evolución hacia órdenes económicos en que más decisiones son efectuadas por entes descentralizados; esto es, individuos y empresas, en contraste con un ministerio de la planificación. Tal como lo señaló el distinguido economista Miguel Ángel Rodríguez, el problema con la economía de la decisión central radica en que “carece de un medio racional de cálculo que le permita asignar en forma óptima los recursos de que dispone, a fin de satisfacer al máximo las necesidades de la comunidad”. (Tomado de El Mito de la Racionalidad del Socialismo, p.29).

Sin embargo, ciertos grupos continúan creyendo que la autoridad central es omnisciente; que todo lo sabe; que calcula mejor y que es también omnipotente –para que pueda llevar a cabo sus deseos, aunque sea lo contrario de lo que otras personas desean hacer– a la vez que benévolo; o sea, que busca el bien del pueblo y no del Estado en sí.
Tal vez una de las expresiones más lapidarias sobre este tema fue la formulada por el economista Deepak Lal, quien indicó que “Por la experiencia de gran número de países en desarrollo en el período de posguerra, sería un justo criterio profesional decir que la mayor parte de las distorsiones graves no se deben a imperfecciones inherentes del mecanismo del mercado, sino a las intervenciones irracionales del gobierno…” (Tomado de Finanzas y Desarrollo, junio de 1985, p.13).

La lección que podemos derivar los costarricenses del consejo del economista Lal radica en que no debemos caer en el mito de la intervención estatal como solución a los problemas que pueden surgir de las ineficiencias del mercado y tener presente, en especial nuestros gobernantes, tanto los actuales, como los que pronto elegiremos, que la actuación del Estado tiene un costo. Además, que muchas veces es la propia acción del Estado la que nos impide tener un mayor bienestar social y privado.

El tema es de profunda trascendencia, pues si se tiene claro el papel que debe cumplir el Estado en nuestro orden económico, se debe tener cuidado de que, los que de una forma u otra activamente participan en la acción gubernamental, tengan igualmente límpidas esta concepciones y así nos evitaremos costosos errores que tendremos todos que pagar, tarde o temprano.