AUMENTARÁ EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Nación, 28 de abril de 1975.

Como parte del paquete de ingresos que el INVU pretende recaudar para su Fondo Nacional de la Vivienda, se busca retener una suma igual a un 10 por ciento más de lo que actualmente paga el contribuyente del impuesto sobre la renta.

Esta retención, según se propone en el proyecto de ley antes citado, devengará como mínimo un 6 por ciento de intereses y serán devueltos antes de 25 años. Como es de esperar, lo que se pague de intereses será un 6 por ciento anual ̶ no más ̶ y los fondos retenidos serán devueltos a su dueño a los 25 años ̶ no antes.

Este esquema de financiamiento promovido por el INVU reviste características muy similares a lo que actualmente hace el Banco Popular con nuestros fondos en cuanto a los intereses y a su plazo de devolución. Incluso en el Banco Popular se ha pensado en una devolución de los fondos en un período mucho más largo que el indefinido actual. Por la experiencia que tenemos los contribuyentes de ahorro forzoso con el Banco Popular, sabemos a qué atenernos con las ideas del INVU.

El deterioro en el uso correcto del lenguaje se ve ejemplificado en el nombre que en dicho proyecto de ley se da al nuevo impuesto sobre la renta: “inversiones”. ¡Así que uno paga un impuesto y se le llama inversión! Hay un caso semejante en nuestra historia económica reciente: se llamó “derechos de exportación” a unos impuestos sobre los productos que vendemos al exterior. Para empezar, debemos llamar al pan, pan, y al vino, vino: y voy a tratar de demostrar que esa mal llamada “inversión” constituye, ni más ni menos, que un claro impuesto sobre la renta.

Tiene, para empezar, un carácter netamente compulsivo, forzoso. En segundo lugar, constituye una desviación de ingresos del sector privado al sector público. Por ello el INVU hace un mal uso, por razones obvias, de las palabras impuesto e inversión.

Además, para ir más al fondo del asunto, lo que el INVU propone al pueblo costarricense es una pésima “inversión”; más bien es una nueva disminución de nuestro patrimonio lo que se tiene en mente. Cada uno de nosotros sabe lo que es la inflación: una pérdida constante en el valor de nuestra moneda. Si tenemos que ahorrar por fuerza durante 25 años, cuando nos devuelvan esa plata no va servir ni para comprar confites. He aquí presente el atraco social a que está sujeto el individuo por culpa del Estado: la moneda, cada vez más deteriorada por la inflación, no le permite comprar aquello que dejó de adquirir al aceptar quedarse con billetes o bien al verse forzado por el Estado a incorporarse a esquemas de ahorro forzoso, que no cubren el riesgo inflacionario. Claro, si el INVU pagara por esos ahorros los intereses de mercado, entonces no habría problemas en allegarse fondos, pero prefiere el camino fácil, y penoso al mismo tiempo, de recurrir una vez más a la coerción de nuestras libres voluntades, restringiendo nuestros ya exiguos ingresos y penalizándonos con una disminución de nuestros ahorros.

Al pueblo costarricense ya no le alcanza el dinero. Es poco lo que puede ahorrar con tanto impuesto y con tanta inflación. Es un engaño impío el que los pocos fondos que no consume se vean canalizados forzosamente hacia el Estado. La demagogia social nos está saliendo muy onerosa. El Estado se ha convertido no sólo en el árbitro de lo que ganamos, sino también de cómo, cuándo y cuánto podemos gastar. Yo creo que es hora de que la burocracia ponga los pies sobre la tierra y que se dé cuenta de que la carga impositiva ya es mucha.

Tal vez la solución sea que el pueblo apruebe un fuerte impuesto sobre cada proyecto absurdo que presenten los burócratas y que sean ellos quienes lo paguen. Una de dos: o se acaban los sueños estatistas de algunos, quienes entonces tendrían que pagar con su propio dinero sus trasnochadas ideas o bien el pueblo costarricense se bañaría con toda la plata que se recaudaría con esos impuestos sobre tanto proyecto absurdo que los burócratas nos proponen día tras día.