EL FONDO DE VIVIENDA: INTERPELACIÓN PÚBLICA

La Nación, 22 de abril de 1975.

En su búsqueda por obtener fondos para financiar el Fondo Nacional de Vivienda, el INVU propone utilizar las reservas de varias instituciones nacionales. Debido a que muchos utilizamos los servicios de esos organismos o bien cotizamos para ellos, es necesario que esas instituciones garanticen al pueblo costarricense que su estabilidad financiera no se verá afectada por el traspaso forzoso de las colocaciones que tendrán que efectuar, en caso de que el proyecto de ley que propone el INVU sea aceptado por la Asamblea Legislativa.

La Caja del Seguro Social tendrá que canalizar el 50 por ciento de las colocaciones anuales que efectúe de sus reservas. Como cotizante de la Caja y como ciudadano me preocupa que el INVU interfiera en las reservas que mantenemos los cotizantes de la Caja. No sólo esta transferencia forzosa podrá tener implicaciones actuariales nocivas al sistema de capitalización de la Caja, al percibir un rendimiento relativamente bajo y a largo plazo de sus colocaciones, sino que los planes de universalización del Seguro Social recibirán un fuerte retraso y probablemente una posposición total. Ambos aspectos son sumamente alarmantes, puesto que parece existir un consenso acerca de la necesidad de universalizar los seguros sociales, como sustituto del aparato burocrático dedicado “a resolver el problema de la pobreza” y que más bien ha empobrecido a la nación, ya que dicha universalización del Seguro Social llegaría efectivamente a los grupos de más bajos recursos, que están fuera del sistema. Además, el proyecto del INVU afectaría los regímenes actuales a los que estamos cotizando los costarricenses, pudiendo perfectamente desfinanciarse la Caja.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá dar el 40% de sus colocaciones anuales al INVU. En esto parece ser más aceptable el plan del INVU, porque tanto el Fondo de Vivienda como el Banco Popular poseen, además de su carácter compulsivo, sin beneficio directo al cotizante en muchos casos, un pago de intereses menores que los del mercado y con una duración bastante incierta en la devolución de los fondos. Sin embargo, el llamado “banco de los trabajadores” tiene que abocarse al problema de la canalización forzosa de nuestros ahorros hacia actividades de otras instituciones, que bien puede implicar un menor rendimiento de nuestros fondos.

En el proyecto del INVU, el Instituto Nacional de Seguros tendrá que entregar al Fondo de Vivienda el 40% de sus colocaciones anuales en viviendas y construcciones particulares. Esta idea tiene tres defectos. En primer lugar, va a disminuir los dividendos que paga el INS en sus pólizas de vida. En segundo lugar, tal vez ocasione una elevación de las primas que hay que pagar por la pólizas, puesto que los cálculos actuariales del INS se verían afectados al recibir intereses menores y a más largo plazo por las colocaciones que hace y, en tercer lugar, va a sufrir una disminución en las ventas de pólizas de vida, pues la gente las adquiere como un medio para poder construir y protegerse de la inflación. El Instituto Nacional de Seguros tiene la obligación de defender el patrimonio de los tendedores de pólizas, por lo cual debe manifestarse sobre este proyecto.

Demasiados costarricenses tiene cuentas de cheques en el Sistema Bancario Nacional y el INVU propone que el 25% de los préstamos que dedica a construcciones particulares sea entregado al Fondo de Vivienda. Por razonamientos similares a los anteriores, nuestro Sistema Bancario debe estar presto a defender los ingresos de los cuenta-habientes y manifestarse sobre la colocación forzosa de préstamos que conlleva el plan del INVU.

De paso, el Gobierno Central posiblemente se vea seriamente afectado con este proyecto del INVU, pues las colocaciones de particulares en bonos del Estado se verían reducidas, dado que, al verse forzados los individuos y las empresas a cotizar con un 10% extra del impuesto sobre la renta, se desharán de esos activos sumamente líquidos, como son los bonos, para hacer frente a esta nueva obligación tributaria.

Por todas estas razones, lo menos que puedo pedir es que tanto la Caja, como el Banco Popular, el INS, el Sistema Bancario y el Sr. Ministro de Hacienda, se pronuncien sobre el proyecto del Fondo de la Vivienda que propone el INVU.