ACERCA DE LOS NUEVOS IMPUESTOS

La Nación, 27 de enero de 1975.

Hay una lección que todos los costarricenses debemos aprender de la reciente decisión del gobierno de elevar los impuestos de consumo. Esta consiste en reconocer que la capacidad arbitraria del Poder Ejecutivo de cambiar los impuestos a su gusto, no es conveniente.

Si bien es cierto que hace un par de años, la Asamblea Legislativa, que es el órgano representativo por excelencia de la voluntad popular, cedió al Poder Ejecutivo el derecho de variar los impuestos de consumo, debe meditarse acerca de si dicha cesión es conveniente para el pueblo. En la guerra de independencia de los Estados Unidos uno de los gritos de batalla del pueblo fue “No impuestos sin representación” (No taxation without representation). El origen de la reacción popular fue la protesta por la capacidad arbitraria de Inglaterra de gravar con impuestos al pueblo norteamericano, en tanto que éste no tenía representación en los cuerpos políticos que decidían las medidas arbitrarias.

El Poder Ejecutivo decidió hace poco elevar los impuestos de consumo. Con ello afectó de hecho, la capacidad adquisitiva del pueblo costarricense. Y, sin embargo, a pesar de existir un cuerpo legislativo representativo de la soberanía del pueblo, dicha Cámara no lo ha ejercido. No voy a discutir las razones que tuviera la Asamblea Legislativa anterior para ceder la soberanía del pueblo al Poder Ejecutivo. Sin embargo, lamentablemente ahora no existe ninguna protección para el ciudadano frente a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, en cuanto a los impuestos sobre el consumo. Suponga, por ejemplo, que nuestro omnisciente Poder Ejecutivo decide elevar el impuesto de consumo a un monto tan alto que nadie pueda adquirir los productos o, por lo menos gravarlos con impuestos tan elevados que sólo unos cuantos ricos puedan adquirirlos, ¿qué camino tiene el ciudadano, por medio de la representación democrática formal, personificada en la Asamblea Legislativa, para frenar los impulsos megalomaníacos del Poder Ejecutivo? Ninguno, lamentablemente, a no ser el derecho a la rebelión.

La situación es sumamente delicada, puesto que si se continúa erosionando el poder que yace soberanamente en el pueblo, delegado en una Asamblea que los represente en sus intereses frente a la comunidad y el Poder Ejecutivo, llegaremos a la desaparición del muro de contención de la arbitrariedad del Estado y pronto nos encontraremos con un totalitarismo que todos rechazamos.

De hecho el Estado cuenta con un mecanismo impositivo poderoso y eficaz originado en la capacidad de emitir dinero. Cuando dicha atribución se ejerce “sin medida ni clemencia”, llenando de billetes la economía nacional, el resultado es la inflación que todos conocemos. Y la inflación no es más que un impuesto que nos decreta el Estado, pues éste, al emitir billetes por medio del Banco Central por un valor nominal que todos conocemos, le permite adquirir productos por dicho valor; por ejemplo, cien colones. Sin embargo, el ciudadano, quien después utiliza dichos billetes para adquirir productos, se da cuenta que con aquel papelito, que valía 100 colones, adquiere ahora una cantidad real menor de productos, pues éstos han aumentado de precio. He aquí un impuesto disfrazado sobre todos los que aceptan los billetes que emite el Estado. Tan sólo la disciplina monetaria impuesta al Banco Central y, por ende, al Estado podría refrenar, una vez más, el poder discrecional del Leviatán que afecta los derechos y soberanía del pueblo.

La lección es evidente, el pueblo no debe ceder su soberanía al Estado. No existe razón para que la arbitrariedad impositiva tributaria del Estado continúe sin que el pueblo tenga injerencia, por medio de una representación constante, estable, permanente, siempre vigilante, a la hora en que al Estado se le ocurran nuevos o más impuestos. El pueblo tiene el derecho y la obligación de fijarle límites al papel del Estado.