¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

La Nación, 7 de octubre de 1974.

A veces se llega al cansancio cuando se trata el mismo tema una y otra vez. Sin embargo, después de tomar la pausa necesaria, es indispensable machacar sobre el tópico de nuevo. Se imaginarán que voy a referirme al tema de la inflación en Costa Rica: pero ahora el enfoque será desde el punto de vista de las implicaciones que tiene la Ley de Protección al Consumidor en relación con el problema del alza de los precios.

Se dice hasta la saciedad, por parte de políticos, que los culpables del alza en los precios son el comerciante, el productor y el intermediario, porque, quienes eso dicen, saben que siempre es fácil culpar a quienes las apariencias presentan como los causantes de la inflación.

Se ha demostrado en distintas ocasiones que la inflación en Costa Rica tiene tanto un origen interno como externo. Sin embargo, los políticos polivoces continúan recurriendo a “echarle los muertos” de la inflación a los extranjeros. Claro que esta forma es muy fácil para satisfacer una conciencia repleta de ineficiencias económicas y políticas. ¿Cuál extranjero reclama o vota en las próximas elecciones? Ninguno. Entonces los políticos pueden hacer lo que les venga en gana; siempre les queda la posibilidad de apuntar el dedo acusador al fantasma del extranjero, puesto que el costo de hacerlo así es nulo para el gobierno. De esta manera quedan protegidos los ineficientes y los culpables de la inflación: se aduce que los causantes del alza de los precios son los extranjeros o los comerciantes y, después, que venga la orgía del gasto público y del crédito fácil, que siempre otros pagan el festín.

Pensemos cuidadosamente sobre las “bellezas” que promueve la Ley de Protección al Consumidor. Los políticos polivoces piensan que si controlan a los productores, intermediarios y comerciantes, como por arte de magia se acabará la inflación porque, dicen ellos, son estos últimos los causantes del alza de los precios.

Pregúntese usted, apreciado lector, ¿por qué, anteriormente, hace unos cuántos años, los comerciantes productores e intermediarios no eran los glotones que son ahora? ¿Por qué hace varios años, antes del 70, los comerciantes, intermediarios y productores no cobraban lo que les daba la gana y ahora sí? ¿No cree usted que hay algo raro en que antes los empresarios fueran “buenos”, y ahora son “malos”? Yo creo que los empresarios, como entes económicos que logran la eficiencia mediante la búsqueda de utilidades máximas y la reducción de costo al mínimo, siempre han querido el mayor precio posible por su producto. Así, yo como trabajador que soy, siempre he deseado tener el mayor salario posible. Sin embargo, tanto yo, como cualquier otro cristiano, ya sea empresario, asalariado, rentista o lo que sea, estamos limitados en lo que podemos cobrar por nuestro trabajo, por nuestros productos o por nuestros servicios. Esta limitación está dada por la demanda de todo ello que exista en el mercado.

Se deduce que las condiciones de la demanda eran distintas antes de 1970 de lo que son ahora. De esta forma los precios de los productos y servicios, dada la oferta, están sujetos a distintos niveles de demanda y por ello los precios se han elevado. Es más, supongamos que yo quiero cobrar ¢10.00 por una libra de frijoles. Ustedes se darán cuenta inmediata de que me quedaré con mis frijoles, pues nadie pagará ese precio; pero al mismo tiempo en el mercado es posible que la gente sí esté dispuesta a pagar ¢2.25 o ¢2.50 (precios posibles) por esa misma libra. Es decir, aunque la voracidad de los comerciantes y productores fuera tal como la describen los politicastros, siempre ésta tendría un límite, el cual está determinado, simplemente, por la demanda.

Veamos otro factor que los políticos han dejado de lado, uniéndose al coro de demagogos, en lugar de utilizar los conocimientos elementales de economía. Supóngase que usted es un comerciante; usted va y compra una camisa en ¢30.00 la cual espera revender en ¢35.00. Sin embargo, usted sabe que, si quiere reponer el inventario dentro de un mes, esa misma camisa le costará ¢40.00. Entonces, si usted no desea descapitalizarse, ¿cuánto tendría que cobrar por la camisa ahora, si sabe que reponerla le costará ¢40.00? La respuesta es obvia. El costo de reposición del inventario es algo que toma en cuenta cualquier persona que ejerza alguna actividad económica.

Ahora, ¿qué hace el gobierno al respecto? No ataca las raíces del problema, sino que se guía por las apariencias. Por ello acude al intervencionismo extremo, presente, por ejemplo, en la Ley de Protección al Consumidor. Pero no restringe el gasto público, ni la cantidad de dinero en la economía, que es lo recomendable hacer en épocas de inflación. Al contrario ¡oh benditos demagogos!, al presupuesto del sector público lo aumentan en ¢600 millones y la oferta de dinero crece de julio de 1973 a julio de 1974 en un 27.7 por ciento. Y esto no le preocupa a los políticos polivoces: ellos siempre terminarán por culpar a los extranjeros o a los comerciantes y productores. Y el intervencionismo estatal crece y el sector comerciante y productor duerme, mientras que a los consumidores nos agarran de tontos. Tal como dice el profesor universitario, Dr. Roberto Murillo, el ideal casi inalcanzable del liberal es llegar al liberalismo por medio de la educación. Creo que la inflación actual nos está educando a todos para que reconozcamos, aunque sea poco a poco, cómo la irresponsabilidad monetaria y fiscal del Estado puede dar al traste con la economía de una nación. Lo peor del caso es que no sólo se pierde la libertad económica, sino también la política y social. Tal vez mañana tengamos que pedir permiso al burócrata hasta para poder sobrevivir.