LAS GANANCIAS DE RECOPE

La Nación, 30 de agosto de 1974.

Se supone que la razón fundamental por la cual el monopolio de la RECOPE pasó a manos del Estado, fue evitar que las ganancias derivadas de la compra y venta de hidrocarburos quedaran en manos de particulares y, en parte, propiedad de extranjeros.

Esto sonó muy bien en los oídos de los xenófobos e intervencionistas, pues de esta manera se protegería, supuestamente, al consumidor de la rapiña de los empresarios privados y de los trusts internacionales. Pero parece que la idea no ha caído tan bien en los bolsillos del pueblo consumidor.
Si el propósito por el cual el Gobierno interviene en los monopolios es la regulación de su actividad, con el fin de evitar que se cobren precios más elevados (o que se restrinja la producción) de los que determina el mercado libre, entonces mal hace el Gobierno en seguir una política tal como la efectuada con RECOPE.
Los propósitos de la regulación de las industrias monopólicas se fundamentan en la fijación de un precio máximo a sus productos, determinando así un margen “razonable” según el criterio político de las autoridades públicas acerca de la inversión de la empresa. Así, en muchos países occidentales existe la regulación pública de los precios de los monopolios privados. Por ejemplo, empresas de electricidad, transporte y teléfono, son objeto de limitaciones a sus márgenes de ganancias.

El problema se complica cuando es el Estado el dueño del monopolio y no ejerce una regulación sobre el precio cobrado por el producto monopolizado, de manera tal que no se presenten “ganancias extraordinarias”. De esta forma, con el pretexto de que las ganancias de RECOPE serán empleadas en un fondo para comprar frijoles, se han dejado que RECOPE fije el precio de la gasolina tal como lo haría cualquier monopolista privado. Dado este hecho, si la filosofía que subyace a la política de regulación del precio del producto monopolizado es la protección del consumidor, en este caso, en el que virtualmente no hay regulación en el precio de la gasolina, el consumidor otra vez, bajo el pretexto del gobierno de proteger los intereses del pueblo, termina pagando un precio más alto por el producto que compra; o sea, la gasolina.

Sin duda alguien exclamará que el objeto de las ganancias de RECOPE es beneficiar al consumidor, quien podrá adquirir frijoles subsidiados. Sin embargo, este argumento es erróneo por lo siguiente: supone que los beneficiarios por un consumo abaratado de los frijoles son más merecedores de la bondad gubernamental que lo que son los sufridos consumidores de la gasolina. Este problema debe ser resuelto por el político a través del sistema tributario. En efecto la política de subsidio del fríjol no requiere que RECOPE esté en manos del Estado. Perfectamente don Juan Pérez y otros pueden ser dueños particulares de la RECOPE, al mismo tiempo dejar que la empresa cobre el precio de mercado y las ganancias podrán, por medio de un impuesto, ser trasladadas al fisco para los efectos que este último considere necesarios.

Podemos deducir que el Estado no ha seguido una política congruente con la regulación de un monopolio; específicamente, RECOPE. Esto trae el consiguiente perjuicio al público consumidor. Es más, no hay necesidad de que RECOPE esté en manos del Estado para que de esta manera se puedan lograr los fines de subsidiar al consumidor de frijoles, dado que, según el gobierno, en esto se utilizarán las ganancias de la RECOPE. Se puede sugerir, por tanto, que se permita la existencia de cuantas empresas deseen trabajar en la producción y venta de hidrocarburos y que, en caso de que existiera un monopolio privado, el gobierno podría pensar en regularlo, pero no necesariamente hacerlo su propiedad, ¡Cuándo se aprenderá a reconocer las virtudes de la eficiencia de la empresa privada!