Artículos publicados en Diario La Nación 1970-1979

[Elisa]

1974-08-16-CONTINÚAN DUDAS SOBRE EL ASUNTO DEL BANANO

CONTINÚAN DUDAS SOBRE EL ASUNTO DEL BANANO

La Nación, 16 de agosto de 1974.

Como considero que es un problema urgente proteger al consumidor de los actos del Gobierno, antes de que se les ocurra a nuestros políticos comprar la Standard, es necesario que realicemos nuestro examen de conciencia acerca de esto y para ello me atrevo a formular varias preguntas y opiniones para que el amigo lector se las plantee y analice.

En primer lugar, ¿estará administrativamente capacitado el Estado para convertirse en productor de banano? Si el Estado no fuera el que administra las plantaciones, ¿quién o quiénes van a estar cargo de la empresa bananera?

Segundo: la compra de la Standard asciende a $8.7 millones (o sea, casi ¢75 millones). Preguntémonos, ¿de dónde van a salir esos ¢75 millones? Es más, ¿es una buena inversión para la economía costarricense dedicar tal magnitud de recursos a la compra de la Standard? ¿No habrá un uso más productivo de esos ¢75 millones en vez de comprar la Standard?

En tercer lugar, no hay certeza de que, en caso de que el Estado adquiera las plantaciones de la Standard, se pueda vender la fruta. ¿Exista algún acuerdo para realizar la venta de la fruta o terminaremos comiendo bananos “a la Proterrico” o “a la Incaparina”, como sustitutos del escaso arroz con frijoles?

Se ha comentado en ciertos corrillos que la United Fruit va a encargarse de la venta del producto en los mercados de los Estados Unidos, lo cual, de paso, robustece su posición económica en dicho país al disminuirse la competencia de la Standard. Sin embargo, tal eventualidad no parece confirmada aún, posibilidad que no deja de ser interesante.

Cuarto: ¿cuál será la posición de los bananeros independientes quienes actualmente venden su producto a la Standard Fruit?

Para terminar, el pueblo costarricense debe meditar acerca de las implicaciones que tiene para la libertad individual el hecho de que el Estado asuma una actividad típicamente realizable por el sector privado. Si ya en nuestro país el Estado es el licorero, el asegurador, el banquero, ahora será bananero. ¡Al fin nos convertiremos en una verdadera “Banana Republic”!

[Elisa]

1974-08-25- ES LA DEVALUACIÓN INEVITABLE

¿ES LA DEVALUACIÓN INEVITABLE?

La Nación, 25 de agosto de 1974.

En Costa Rica anda el runrún de que el colón se va a devaluar frente al dólar; es decir, que para obtener un dólar el pueblo tendrá que pagar más de ¢8.60. Los rumores nos dicen que habremos de pagar ¢10 ó ¢12 por un dólar y a veces se escuchan cifras aún más elevadas.

Por otra parte, recientemente el Presidente de la República dijo que durante su Administración no se va a devaluar el colón y el eco del presidente ejecutivo del Banco Central, señor Claudio Alpízar, no se hizo esperar, corroborando la inflexibilidad de la paridad del colón.

Aún tomando en cuenta que la experiencia histórica costarricense nos demuestra que en diversas ocasiones se ha asegurado que el colón no se va a devaluar, y lo primero que sucede es que éste pierde su valor respecto al dólar, no sabemos a ciencia cierta si el colón se va devaluar.

¿Qué es lo que determina el valor del colón en términos del dólar? Si en Costa Rica existieran tasas de cambio flexibles, la oferta y la demanda en dólares determinarían el valor apropiado del dólar en términos de colones. Sin embargo, en nuestro país las tasas de cambio son fijas; así, por ejemplo, ahora el dólar vale ¢8.60 independientemente de que el mercado libre determine tal precio. El Gobierno, por medio del Banco Central, estabiliza las tasas de cambio con su propia participación en el mercado de dólares, exigiéndose, por tanto, una política sobre las reservas de divisas. Por ello, el valor del colón, en términos de dólares, depende de la política que siga el Banco Central respecto al monto de divisas en poder del Sistema Bancario Nacional.

Con el fin de tener alguna idea acerca de la posible estabilidad en el tipo de cambio, es necesario conocer el comportamiento de la balanza de pagos del país, tanto en la llamada balanza comercial; o sea, exportaciones menos importaciones, como en las cuentas de movimientos de capital.

Sin embargo, la información de nuestra balanza de pagos no parece estar muy actualizada o, por lo menos, si existen estimaciones en el Gobierno acerca del comportamiento esperado de la balanza de pagos, no es fácil que éstas vean la luz pública para que de esta manera se puedan obtener conclusiones relevantes sobre el valor del colón.

La estabilidad del valor del colón respecto al dólar depende, en gran parte, del comportamiento de los precios nacionales respecto a los de países de donde se importan y exportan nuestros productos. Por ello, la fuerte inflación que sufre nuestra economía hace que los precios de los productos que importamos sean menores que los de bienes producidos internamente y que los precios de los artículos que Costa Rica exporta sean más elevados que los producidos en el extranjero. Por ejemplo, tasas de inflación menores en los países de donde importamos, en comparación con la de Costa Rica, estimulan las importaciones nacionales. Este es uno de los factores causantes del descenso de divisas en el país. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno utilice herramientas tendentes a contener la inflación interna; en especial, políticas restrictivas del gasto público y de la cantidad de dinero en la economía.

Desgraciadamente, por más decretos que dicte el Gobierno y por más deseos que tengan nuestras autoridades de evitar una devaluación, éstas no son medidas necesarias ni suficientes, en tanto no se ataque de lleno y en forma seria el grave problema de la inflación

[Elisa]

1974-08-26-UNA REFORMA APROPIADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

UNA REFORMA APROPIADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Nación, 26 de agosto de 1974.

Ante la excitativa que le formulara la Asociación Nacional de Empelados Públicos y otros grupos organizados, el Ministro de Hacienda, señor Porfirio Morera, decidió expresar su apoyo a la idea de que se amplíe el monto de ingresos básicos deducibles para efectos del pago de impuestos sobre la renta.

Esta petición tan apropiada de parte de los grupos citados, surge del hecho de que con la inflación se dio un aumento en los ingresos nominales de las personas, lo cual no necesariamente significa un aumento de los ingresos reales. Sin embargo, la deducción básica de ¢15.000 de ingresos tiene ahora un valor más bajo. Veamos un ejemplo, si tomamos como punto de partida la última reforma al impuesto sobre la renta efectuada en 1972 y si consideramos que la deducción de ¢15.000 es la cantidad de ingresos reales que la sociedad deseaba que no fuera objeto de ningún impuesto sobre la renta y luego, si en estos dos últimos años los precios han aumentado en, digamos, un 50 por ciento, entonces, para efectos del poder adquisitivo básico de las personas, en dos años la deducción real se redujo en un 50 por ciento; o sea, bajó de ¢15.000 a ¢7.500.

Dado lo anterior, si lo que se desea es que la persona tenga un ingreso mínimo exento de impuestos, esta cifra base debería ser ahora de ¢22.500. En general, una reforma tributaria sencilla sería ajustar, para efectos del pago de impuestos, todo tipo de exenciones y deducciones, así como los distintos grupos o intervalos de ingresos a los cuales se les aplican las tasas de impuestos, por medio de algún índice del costo de la vida.

Así, por ejemplo, si el índice del costo de la vida señala un aumento del 50 por ciento, la exención básica se elevaría a ¢22.500 automáticamente, o bien el máximo deducible por primas de vida pagaderas al INS, primas sobre títulos de capitalización del Sistema Bancario Nacional y las cuotas de Ahorro y Préstamo pagados al INVU, que ahora ascienden a ¢8.000, se elevaría a ¢12.000. También hoy las personas que tienen un impuesto del 7 por ciento sobre el exceso de ¢5.000 hasta ¢10.000 de ingreso gravable, sería objeto de una tasa impositiva del 7 por ciento, pero sobre el exceso de ¢7.500 hasta ¢15.000. Todos los ejemplos anteriores resultan de mantener una estructura de impuestos basada en consideraciones reales; es decir, en términos del poder adquisitivo de los ingresos de las personas, y no en factores nominales; o sea, en el simple valor facial de los ingresos.

Con esta reforma se evitará que el impuesto sobre la renta se apropie, cada vez más, de ingresos que son crecientes tan sólo debido a la inflación (llamados ingresos nominales) y no por aumentos verdaderos en el poder adquisitivo de las personas (ingresos reales).

[Elisa]

1974-08-28- RESPUESTA AL PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR

RESPUESTA AL PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR

La Nación, 28 de agosto de 1974.

En la Nación del 15 de agosto, el presidente de la Junta Directiva del Banco Popular, Sr. Jorge Salazar, se refiere a los comentarios que sobre este Banco hice en este mismo periódico el pasado día 12, en un artículo titulado “Yo soy un trabajador igual a usted…”.

Lo que dije del Banco Popular no le debe extrañar al Sr. Salazar. En efecto, a nadie le han extrañado mis comentarios por una razón muy simple. Es cosa sabida por nuestro pueblo el estado desastroso como opera el Banco Popular. Y yo, como un cotizante más, lo que hago es poner en el papel lo que mucha gente piensa acerca de la mediocridad del Banco. Mis preocupaciones personales sobre el estado del Banco se remontan a hace más o menos un año. En La Nación del 6 se setiembre de 1973 dije lo mismo que señalé hace una semana y a lo cual el Banco nunca se refirió públicamente: que el Banco Popular “no cumple con su función de promotor de los ahorros del trabajador”. Entonces, al Sr. Salazar no tienen por qué extrañarle mis comentarios sobre el Banco.

El Sr. Salazar dice que “no puedo disimular mi resentimiento contra el Banco por alguna tramitación que no le fue hecha en la forma diligente que él creyó merecedor”. Veámos cuál fue la tramitación a la que él se refiere: el pasado mes de abril me dirigí al Banco para que me devolvieran los fondos ahorrados desde hace más de un año. Se me indicó que hiciera fila en una de dos ventanas, las cuales tenían más cola que algunos políticos nacionales. Después de desperdiciar una hora, mi nombre no apareció en sus listas de ahorrantes. Al rato, casi perdida mi paciencia, me dijo un empleado que hasta julio de 1975 (obsérvese, julio de 1975) no se me devolvería la plata que tenía ahorrada desde hacía más de un año.

¿Qué camino me quedaba? Ir al tercer piso del Banco a ver quién me daba razón de la medida por la cual se congeló la devolución de mis ahorros. Allí alguien me explicó que, por una reforma a la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, mis fondos no serían entregados sino hasta julio de 1975, debido a que era necesario reorganizar el Banco. Esta reorganización, evidentemente, es una excusa para no devolver los fondos de los ahorrantes, esté o no esté la excusa basada en una sanción legal.

Quiero que el Sr. Salazar sepa que no culpo a su bando de la inflación, como él en su ignorancia me lo atribuye. Ese desmedro de la situación económica del pueblo, que él menciona, tiene orígenes muy distintos al Banco Popular y él, quien dice que mi “pensamiento es harto conocido por los costarricenses”, parece la excepción a esta regla que él fijó, pues en mis comentarios sobre la inflación jamás he mencionado al Banco como causante del alza en los precios. Tal vez, en lugar de fijarse en mis opiniones acerca de la asignación familiar que, a propósito, afectará principalmente a los obreros, por la desocupación y la inflación que este proyecto va a causar, el Sr. Salazar debería ver cómo se les garantizan los ahorros reales a los trabajadores, para que no sean objeto de la explotación de los ahorrantes que hoy día hace el Banco.

Ojalá que el Sr. Salazar entienda que, si bien es cierto que uno sufre la disminución de los ahorros en una época de inflación (en caso de que el pago de intereses no compense por la devaluación del colón), ya sea que ahorre en “el Banco Popular o en cualquier otro, incluyendo fiduciarias y bancos privados”, como él dice, también es cierto que no hay ley ni nadie me obliga a ahorrar mi plata en los bancos comerciales, públicos o privados, cooperativas de ahorro o lo que sea. La diferencia que el Señor Salazar trata de ignorar, y que es la esencia del problema, está en que el trabajador tiene que ahorrar forzosamente en el Banco Popular y ahí es donde, velis nolis, pierde uno los ingresos reales. ¡Que el estimable lector juzgue la lógica de este razonamiento!

Quedan por aclararle un par de cosillas al Sr. Salazar, quien dijo que, debido a mi permanencia en el extranjero, yo no me daba cuenta de que “nuestro trabajador no tiene la disciplina del ahorro, no ha sido educado para ello y de ahí las colas de retiro de ahorros” y, al mismo tiempo nos dice que las colas de gente son de “tan sólo 30 por ciento de los trabajadores del país”.

Quien sepa razonar lógicamente le pediría al Sr. Salazar que le aclare el enredo en que se metió. Si el trabador, tal como él dice, no tiene la disciplina del ahorro y que por ello retira los ahorros y también el Sr. Salazar nos dice que las colas son pequeñas, existe una contradicción porque si los retiros son escasos, entonces, será porque el trabajador sí sabe ahorrar. No se necesita haber vivido tiempo en el extranjero para aprender a razonar.

Es más, si lo que se desea es educar al trabajador para que ahorre, entonces, ¿por qué, por lo menos, no se le pagan intereses que conserven sus ahorros reales, promoviendo así en el trabajador la virtud de la capitalización y del ahorro? Por ello, con el fin de estimular la formación de ahorros, en mi artículo sugerí que se crearan, en vez del Banco Popular y por medio del INFOCOOP, cooperativas de ahorro y crédito para que el trabajador pueda disponer de mejores y más rentables medios para canalizar sus ahorros. El Sr. Salazar ignoró esta alternativa que permitiría al trabajador ser dueño de sus ingresos totales.

Tal como es tradicional en politiquillos de nuevo cuño, el Sr. Salazar no analiza las ideas con la razón, sino según quien sea el que las emite. Quiero dar un ejemplo de la demagogia del Sr. Salazar y cito la afirmación que él hizo de mi persona: “una alta remuneración y solvente económicamente desde hace mucho tiempo, tanto como su edad”. Con esto el Sr. Salazar se introduce en mi vida privada y desgraciadamente lo primero que hace es meter las patas. Muchas personas conocen el hogar de trabajo al que pertenezco y que cualquiera consideraría como de clase media. Para aclarar la confusa mente del Sr. Salazar, ha sido el esfuerzo familiar lo que me ha permitido vivir decorosamente por medio del trabajo arduo. Debo decirle al Sr. Salazar que, cuando vaya a referirse a algo tan delicado como la vida privada de las personas, por lo menos indague antes cuál es la realidad.

Pero el asunto de fondo es muy claro y muy directo. La institución que el Sr. Salazar preside se ha convertido en una máquina que ocasiona pérdidas progresivas a los ahorrantes forzados, a la vez que promueve el gasto no productivo. Ya el pueblo se ha dado cuenta de que el Banco Popular no sirve. Al mismo tiempo, la gente reconoce que la palabrería barata, la propaganda de “yo soy un trabajador igual a usted” y todo el aire de pretendido interés social del que esa institución cree rodearse, no son más que una cortina de humo que trata de ocultar la ineficiencia extrema del Banco.

[Elisa]

1974-08-30- LAS GANANCIAS DE RECOPE

LAS GANANCIAS DE RECOPE

La Nación, 30 de agosto de 1974.

Se supone que la razón fundamental por la cual el monopolio de la RECOPE pasó a manos del Estado, fue evitar que las ganancias derivadas de la compra y venta de hidrocarburos quedaran en manos de particulares y, en parte, propiedad de extranjeros.

Esto sonó muy bien en los oídos de los xenófobos e intervencionistas, pues de esta manera se protegería, supuestamente, al consumidor de la rapiña de los empresarios privados y de los trusts internacionales. Pero parece que la idea no ha caído tan bien en los bolsillos del pueblo consumidor.

Si el propósito por el cual el Gobierno interviene en los monopolios es la regulación de su actividad, con el fin de evitar que se cobren precios más elevados (o que se restrinja la producción) de los que determina el mercado libre, entonces mal hace el Gobierno en seguir una política tal como la efectuada con RECOPE.

Los propósitos de la regulación de las industrias monopólicas se fundamentan en la fijación de un precio máximo a sus productos, determinando así un margen “razonable” según el criterio político de las autoridades públicas acerca de la inversión de la empresa. Así, en muchos países occidentales existe la regulación pública de los precios de los monopolios privados. Por ejemplo, empresas de electricidad, transporte y teléfono, son objeto de limitaciones a sus márgenes de ganancias.

El problema se complica cuando es el Estado el dueño del monopolio y no ejerce una regulación sobre el precio cobrado por el producto monopolizado, de manera tal que no se presenten “ganancias extraordinarias”. De esta forma, con el pretexto de que las ganancias de RECOPE serán empleadas en un fondo para comprar frijoles, se han dejado que RECOPE fije el precio de la gasolina tal como lo haría cualquier monopolista privado. Dado este hecho, si la filosofía que subyace a la política de regulación del precio del producto monopolizado es la protección del consumidor, en este caso, en el que virtualmente no hay regulación en el precio de la gasolina, el consumidor otra vez, bajo el pretexto del gobierno de proteger los intereses del pueblo, termina pagando un precio más alto por el producto que compra; o sea, la gasolina.

Sin duda alguien exclamará que el objeto de las ganancias de RECOPE es beneficiar al consumidor, quien podrá adquirir frijoles subsidiados. Sin embargo, este argumento es erróneo por lo siguiente: supone que los beneficiarios por un consumo abaratado de los frijoles son más merecedores de la bondad gubernamental que lo que son los sufridos consumidores de la gasolina. Este problema debe ser resuelto por el político a través del sistema tributario. En efecto la política de subsidio del fríjol no requiere que RECOPE esté en manos del Estado. Perfectamente don Juan Pérez y otros pueden ser dueños particulares de la RECOPE, al mismo tiempo dejar que la empresa cobre el precio de mercado y las ganancias podrán, por medio de un impuesto, ser trasladadas al fisco para los efectos que este último considere necesarios.

Podemos deducir que el Estado no ha seguido una política congruente con la regulación de un monopolio; específicamente, RECOPE. Esto trae el consiguiente perjuicio al público consumidor. Es más, no hay necesidad de que RECOPE esté en manos del Estado para que de esta manera se puedan lograr los fines de subsidiar al consumidor de frijoles, dado que, según el gobierno, en esto se utilizarán las ganancias de la RECOPE. Se puede sugerir, por tanto, que se permita la existencia de cuantas empresas deseen trabajar en la producción y venta de hidrocarburos y que, en caso de que existiera un monopolio privado, el gobierno podría pensar en regularlo, pero no necesariamente hacerlo su propiedad, ¡Cuándo se aprenderá a reconocer las virtudes de la eficiencia de la empresa privada!

[Elisa]

1974-09-03-CON SÓLO QUE DIGA SOCIAL ES BUENO

CON SÓLO QUE DIGA “SOCIAL” ES BUENO

La Nación, 03 de setiembre de 1974.

Ya todos conocemos la popular frase “¡Libertad, libertad, cuántos crímenes no se cometen en tu nombre!” Ahora, en Costa Rica, la moda ha cambiado y así, aún el proyecto más absurdo que ustedes se pueden imaginar, recibe la bendición de los exégetas del intervencionismo con sólo agregarle la etiqueta de “social”.

La razón de por qué se acepta esta manera de operar es evidente. Tal como sucedió con la Santa Inquisición, en nombre de Cristo se martirizó a los humanos y esto permitió una aceptación casi general del populacho, que se extasiaba con los actos del Santo Oficio. Hoy, muchos, al oír el adjetivo “social” adscrito a un proyecto, sienten la imperiosa necesidad de darle su aprobación sin pensar en las implicaciones que éste tiene.

Lo anterior es justificable: ¿quién quiere exponerse a que le digan ricacho, enemigo del pueblo, esbirro del capitalismo y toda la serie de epítetos que se le enrostran a quienes se oponen a la demagogia populachera?

A veces es más fácil congraciarse con la masa o con los de arriba que viven a costas de la misma masa, por medio del expediente fácil de dar rienda suelta a la irresponsabilidad social y, al mismo tiempo, a la conveniencia personal.

Los estrategas de la “conciencia social” tienen su mecanismo de defensa. Cualquier ciudadano, quien piense distinto de la concepción particular que estos “líderes” tienen acerca de la sociedad, necesariamente debe estar motivado por algún interés económico particular, en tanto que ellos no, pues supuestamente defienden los derechos del pueblo. De esta manera, si alguien critica a alguno de los llamados “proyectos sociales”, éste no tiene razón en sus críticas porque el comentario viene de algún “rico”. Lo más divertido del caso es que, entonces, ser rico o no pobre es una condición excluyente de la capacidad de poder ejercer una opinión lógica o racional. Si así fuera el caso, Engels, el famoso compañero de Carlos Marx, o algunos de los líderes de la llamada izquierda, democrática o no, para no ir muy lejos, realmente tampoco tienen ni la autoridad moral ni la intelectual para poder opinar sobre algo “social”.

Lo que los intocables de lo “social” quieren evadir es enfrentarse con el hecho de que las ideas deben ser analizadas por su contenido, por el mensaje que éstas traen y por las implicaciones que tienen sobre el quehacer humano. ¿Desde cuándo, para que una idea sea buena, tiene que provenir necesariamente de alguien que tenga esa supuesta “conciencia social”?

En Costa Rica la moda de lo “social” hace su agosto; si uno señala filas estructurales en el Banco Popular, tal capacidad de diagnóstico queda anulada porque uno no es “social”; si algún ciudadano, basado en la solidez del conocimiento profesional se opone al Proyecto de Asignaciones Profesionales, dicha posición queda en entredicho porque el ciudadano no tiene ”conciencia social”; si algún individuo se atreve a opinar en contra de la Ley de Protección al Consumidor, que supuestamente lo defiende, al momento se descalifica su opinión porque se le acusa de defender algunos intereses oscuros opuestos al “interés social”.

El pueblo costarricense sabe que el mero hecho de llamar “social” a algún proyecto no lo va a convertir necesariamente en algo bueno. No debe permitirse que los cantos de sirena de algunos nos vayan a conducir a situaciones peores que la actual. El pueblo debe exigirles a sus dirigentes una explicación completa y concreta de los llamados proyectos “sociales”.

Déjenme darles un ejemplo de lo que menciono. Pregunte usted a los proponentes del Proyecto de Asignaciones Familiares si ¿su financiamiento, por medio de un impuesto a los salarios (que comienza con un 2 por ciento y termina en un 5 por ciento) y por un aumento del impuesto a las ventas, que se elevará a un 8 por ciento, no va a ocasionar desempleo y, al que no quiere caldo que le den dos tazas, si eso no va a causar inflación? Comprueben luego si la interpelación del ciudadano vigilante es contestada o no; si la respuesta es seria, basada en verdaderos argumentos o en estudios de conocedores de la materia o si, por el contrario, no hay en ella análisis, ni seriedad, y sólo unas frases sin contenido, que nos hablan de lo “social”, pero sin explicarnos realmente las razones del proyecto.

[Elisa]

1974-09-04-EL ÍNDICE DEL COSTO DE LA VIDA

EL ÍNDICE DEL COSTO DE LA VIDA

La Nación, 04 de setiembre de 1974.

Uno de los aspectos más importantes en la economía es disponer de buena información. Poco gana la persona si actúa basada en un conocimiento errado o parcial. Con el fin de poder tomar decisiones apropiadas, es indispensable que existan datos que le permitan formarse un juicio inteligente.

El aspecto económico de mayor actualidad es la inflación. Ésta se define como el crecimiento sostenido en el nivel de precios. Uno de los indicadores de la inflación es el comportamiento del índice general de precios. En Costa Rica se han utilizado diversos índices de precios, tales como el de precios al por mayor y el de precios para el consumidor. Sin embargo, el indicador más significativo en la medición de la inflación es el índice general de precios al consumidor.

¿En qué consiste el índice de precios al consumidor? Es una medida del cambio de los precios que, en promedio, paga el consumidor, en el cual se le da importancia mayor al precio de los artículos más importantes en el gasto familiar. De esta forma, es posible tener una aproximación de cómo se comportan los precios de los artículos consumidos por las familias, adecuándolos según la importancia económica de los productos.

Podemos deducir que el índice de precios al consumidor es sumamente importante. Veamos un ejemplo de su uso: supongamos que hace un año el ingreso mensual de una familia era de ¢5.000 y con ello compraba toda una serie de artículos y de servicios. Sin embargo, con la inflación supongamos que todos los precios se doblaron. Entonces, con esos mismos ¢5.000 tan sólo podrá adquirir en realidad ¢2.500 a los precios actuales, pues ahora todo cuesta el doble.

También a un país le interesa medir el aumento de la producción nacional en términos reales, no en términos nominales y, por ello, para evitar el efecto de la inflación en la medición de la producción nacional, se utiliza el índice de precios para ajustar las cifras elevadas artificialmente por el efecto de la inflación. Igualmente, muchos trabajadores quienes solicitan aumento en sus salarios utilizan el índice general de precios como indicador del alza en el costo de la vida, a lo cual se debe ajustar el incremento en sus ingresos por salarios.

Esto último es muy interesante, pues en una alocución televisada pre-eleccionaria del entonces Presidente de la República, don José Figueres, afirmó que en 1973 el índice de salarios; o sea, los indicadores del aumento de salarios pagados, había aumentado más que el índice del costo de la vida, lo cual significa que el trabajador, en promedio, tenía un salario real mayor. Veamos qué fundamento tiene dicha opinión.

¿Existen en Costa Rica índices del costo de la vida y de salarios? ¡Ya no! El índice general de precios para el consumidor dejó de publicarse en diciembre de 1972.
Por una “coincidencia” el índice desapareció en una época de enorme inflación y, por otra “coincidencia de la vida” esto sucedió poco antes de que se iniciara la campaña electoral que culminó en febrero de 1974. Igualmente, el índice de salarios dejó de publicarse en junio de 1971. Por lo anterior, no sé de dónde el ex presidente obtuvo los datos de 1973.
Podemos deducir varias cosas. En Costa Rica, el Estado no brinda siquiera cierta información indispensable, como son los índices de precios para el consumidor y el de salarios, lo cual brinda una perspectiva real a la verdadera situación del asalariado y del alza en el costo de la vida, en general. Es indispensable que dichos índices vuelvan a salir a la luz pública: febrero de 1978 está bastante lejos.

[Elisa]

1974-09-06-LA INFLACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE 1975

LA INFLACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE 1975

La Nación, 06 de setiembre de 1974.

Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la “economía planificada” acuden con tan encendido entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico.” Henry Hazlitt, La Economía en una Lección, Biblioteca de la Libertad, Unión Editorial S. A., p. 187).

En el periódico La Nación del pasado 31 de agosto, el Ministro de Planificación señaló que el presupuesto nacional para 1975 supera los ¢600.000.000 con respecto al presupuesto presentado para el año 1974.

Es interesante señalar que uno de los argumentos que esboza el gobierno actual (y que endosaron ciertos economistas durante la campaña electoral pasada) es que la inflación que azota a Costa Rica tiene un origen externo. Es decir, el alza en los precios de los artículos se debe a factores internacionales que han sido importados por Costa Rica.

Si bien es cierto que parte de nuestra inflación es importada —nadie puede negar el alza del precio del petróleo— también es muy cierto que hay muchos elementos de política económica nacional que son causantes de la inflación. Así, por ejemplo, podemos destacar el exagerado aumento en el crédito bancario durante los primeros años de la inflacionaria administración Figueres; igualmente, la elevación reciente de impuestos indirectos, tales como el de consumo, conducen a una elevación mayor en los precios y, para poner la albarda sobre aparejo, en la administración Figueres el gasto público aumentó en una forma violenta, ocasionando presiones en la demanda que, ante una oferta poco creciente, trajo como resultado el alza de los precios.

El gobierno actual ha dicho hasta la saciedad que desea combatir la inflación. Que para ello ha tomado las medidas técnicas que lograrán evitar un alza mayor en los precios. Así, el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de protección al consumidor, el cual, por medio de la fijación de precios máximos pretende controlar la inflación. El error de estos señores radica en el no reconocimiento de que el alza de los precios es el resultado de la inflación; es un reflejo de comportamiento de la oferta y de la demanda. Por ello, en tanto que se controlen los precios y no las presiones de la demanda, nada se va a lograr, excepto escaseces, mercados negros, colas y corruptela de toda índole. Controlar los precios es como controlar la calentura, sin darse cuenta que ella es causada por alguna infección en nuestro cuerpo. En tanto no se cure la infección, no cederá la calentura. Así, en tanto no se controle el exceso de demanda en la economía, los precios no van a bajar.

Veamos si el gobierno está atacando la infección; es decir, si está tomando medidas que van a reducir las presiones de demanda en el país. Según la información proporcionada por el Ministerio de Planificación, en el presupuesto de 1975 se da un aumento de ¢800 millones de colones; o sea, de un 33.6 por ciento sobre el presupuesto enviado el año anterior. Si bien es cierto que el gasto público final es el que cuenta; es decir, incluyendo los presupuestos extraordinarios, el presupuesto actual es un mal precedente y un indicador de presiones inflacionarias adicionales en la economía nacional.

Lo conveniente en un país con inflación es disminuir el gasto público: de esta forma se reducen las presiones que la demanda ocasiona sobre los precios. Una de las funciones del gobierno es la de estabilizar los precios y parece que en Costa Rica el síntoma es hacer lo opuesto de lo que se debería hacerse. Los señores diputados son quienes en última instancia aprueban el presupuesto nacional; si desean traer algún alivio al sufrido consumidor, quien ya no sabe qué hacer con el exagerado crecimiento de los precios, tendrán que armarse de unas tijeras para recortar el presupuesto, que es lo que el interés nacional reclama.

En todo caso, esperamos que el gobierno asuma, por lo menos, parte de la responsabilidad del grave proceso inflacionario que continúa sufriendo el país, y que no nos venga a dar atolillo con el dedo, aduciendo que son impersonales “extranjeros” los culpables de nuestras malas políticas financieras, que afectan aún más los exiguos ingresos del pueblo.

[Elisa]

1974-09-09-EL CUERO DE ALGUNOS

EL CUERO DE ALGUNOS


La Nación, 09 de setiembre de 1974 y reproducido en ese periódico el 15 de setiembre de dicho año.

El Poder Ejecutivo acaba de emitir un decreto en el cual se fijan cuotas a la distribución y venta de cueros producidos en el país.

Algunos pensarán que este decreto es uno más de tantos que hay por allí y probablemente, en su adentros, se dirán que, al fin y al cabo, a uno qué le importa les fijen cuotas a los productores de cueros.

Una de las enfermedades más comunes de la vista es la miopía, que consiste en no poder ver más allá de las propias narices, la cual está haciendo estragos en Costa Rica. Y creo que es hora de pensar acerca de cómo debemos curar esa cegatería, que me atrevo a llamar miopía empresarial. Existen algunos productores a los cuales no les preocupa el hecho de que el Estado súbitamente decida, por decreto, a quién y cuánto debe vender uno lo que ha producido. Y digo que nos les preocupa puesto que no lo están experimentando en carne propia. Puede uno pensar que lo mejor es el lema “zapatero a tus zapatos” y que así el perjudicado directamente, en este caso, el productor de cueros y el consumidor que paga por la ineficiencia de algunos empresarios protegidos por decretos estatales, sea quien lleve la batuta en la lucha contra los impedimentos a la libre compra y venta de los productos.

¿En qué radica, entonces, la miopía empresarial? En que no se dan cuenta de que la fijación de cuotas en la venta de cueros, que ahora afecta a algunos productores, el día de mañana puede, perfectamente, hacerse extensivo a su propio producto. Y entonces, señores, esos mismos empresarios que hoy muestran indiferencia ante el decreto presidencial porque no afecta sus bolsillos, serán los primeros en cacarear por lo que entonces les hagan. Permítanme hacer varias preguntas muy concretas: ¿Qué creen ustedes que harían los comerciantes si el día de mañana se emite un decreto por el cual se les obliga a vender una cuota de su producto a ciertos individuos o grupos o lo que sea, impidiéndoles venderlo a quien les dé la regalada gana o al mejor postor? ¿Qué piensa usted que harían los trabajadores si el gobierno emite otro decreto ordenando que tengan que trabajar cierto número de horas en ciertas empresas y a un salario menor que el que les pagarían en otras? ¿Qué cree usted que vayan a decir los agricultores si el Poder Ejecutivo les ordena el día de mañana que tengan que entregar una cuota de su producción de caña, de café, de chayotes o de lo que sea, a alguna empresa que por ahí tuvo el beneficio de satisfacer ciertos apetitos de algunos políticos por hacer “algo social”? ¿Qué opina usted sobre lo que clamarán los industriales si de pronto se ven obligados a vender su materia prima o sus productos acabados en cuotas para favorecer a ciertos beneficiarios de la bondad de Papá Estado?

Creo que es hora de que el empresario se dé cuenta de que aún cuando hay ciertas medidas que ahora aparentemente no le perjudican, nada garantiza que mañana sea él quien clame en el desierto por ayuda para poder operar libremente. Es necesario eliminar esa miopía empresarial basada en el error craso de no mirar más allá de sus propios intereses personales del momento. Tal vez debemos deducir algo de la regla de oro de “no hacer a los demás lo que no se quiere que los demás le hagan a uno”, como sería “hoy por ti y mañana por mí”.

[Elisa]

1974-09-17-EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y EL SERVICIO DE CORREOS

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y EL SERVICIO DE CORREOS

La Nación, 17 de setiembre 1974.

En declaraciones del Ministro de Gobernación, Sr. Edgar Arroyo, que fueron reproducidas en el periódico La Nación del día 9 del presente mes, éste señaló que, dados los gastos tan elevados en el transporte de la correspondencia en avión y camiones del aeropuerto, propondrá que se “obligue al transporte automotor a traer la correspondencia sin costo para el Estado”.

No deja de causar sorpresa tal declaración, puesto que desafía nuestro conocimiento de las reglas del juego de la economía el que, aduciendo razones de altos costos, el Estado obligue a que una persona o empresa le trabajen gratuitamente.

Si así lo fuera, en múltiples ocasiones funcionarios públicos se han quejado de lo oneroso que resultan para el presupuesto de la República, las partidas correspondientes al Ministerio de Educación. Entonces, perfectamente siguiendo la lógica del Sr. Ministro de Gobernación, su colega de Educación podría proponer que se obligue a los maestros a que trabajen, sin costo alguno para el Estado. O bien, tal como me comentaba un amigo, si la idea del Ministro de Gobernación se debe a que su dependencia no tiene servicio propio de transporte y por ello fuerza a empresas o individuos particulares a que transporten el correo, entonces eso equivaldría a pedir a las personas que tienen pistolas a que disparen a los delincuentes, aduciendo que nuestros policías no tienen pistolas.

Evidentemente, las declaraciones del Sr. Ministro de Gobernación no tienen la intención de obligar al “transporte automotor” a traer la correspondencia sin costo del aeropuerto al correo. No sabemos a qué transporte automotor se refiere puesto que, me imagino, aquellos que hemos pagado ¢2,50 por el estacionamiento de nuestro vehículo automotor en el Coco, no tendremos la obligación de hacer de carteros y menos gratuitamente al regresar a San José, por lo cual deduzco que se trata de usar los camiones de transportes de carga, lo cual los hace sujetos, por la medida propuesta por el Ministro de Gobernación, de la coerción estatal en la libre disposición de su producto.

Recientemente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio decretó que los productores de cuero están obligados a entregar cuotas de su producto a cierto grupo de tenerías. Ahora se perfila un caso semejante en contra de la libertad de comercio, puesto que habrá alguien que se verá obligado, y aún peor, porque será sin costo para el Estado, a realizar el transporte del correo. Los síntomas son muy malos, pues en este último caso significan ni más ni menos que una forma de eliminación de la propiedad privada, pues se obliga a la persona a trabajarle gratuitamente al Estado. Dado lo anterior, estoy seguro que el Sr. Ministro de Gobernación tiene que haber dicho otra cosa, diferente de lo indicado en sus declaraciones.
Si así fuera, hay más de una cosa que está resultando muy cara para el erario y no tan sólo el transporte de los paquetes de correo desde el Coco al centro de San José.