Resultados 1 al 2 de 2

Tema: INGOBERNABILIDAD

Vista Híbrida

  1. #1

    INGOBERNABILIDAD

    INGOBERNABILIDAD
    Por Jorge Corrales Quesada

    Esta es una palabra que de pronto parece estar de moda, desaparece del panorama por un rato y luego regresa a la palestra. Creo es necesario meditar acerca de la forma en que se le suele emplear en algunos círculos, para ver si es así posible discernir su verdadero significado.

    A menudo por ella se suele entender la incapacidad de algún poder del Estado, normalmente el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo ciertas propuestas, en un tiempo el cual ese mismo ente u otros consideran apropiado. La dimensión tiempo es crucial y por ello, como ejemplos, es factible que se escuche la opinión de que la Contraloría contribuye a la ingobernabilidad, porque retarda mucho el proceso “ágil” de contratación requerido, o bien que la Asamblea Legislativa es el semillero de la ingobernabilidad, porque allí no se aprueban los proyectos urgentes y necesarios (a criterio de alguien), usualmente debido a un ambiente de discusión interminable e incluso por la imposibilidad de llevar a cabo una votación requerida, a causa de la manipulación de un reglamento legislativo operativamente ineficiente y engorroso.

    Los anteriores son tan sólo dos ejemplos de lo que algunos suelen llamar ingobernabilidad, aunque, sin duda, el más de moda es que la ingobernabilidad en este país tiene su fuente en el Poder Legislativo. Es por ello que me referiré a este último caso, más que a otras aplicaciones del término a otras entidades o situaciones.

    Quien más debe aborrecer la ingobernabilidad es el tirano. Dado que el Poder Legislativo es la expresión del poder legítimamente enraizado en el pueblo, en donde éste delega en aquél su poder, una voluntad diferente de la del dictador que emane de dicha institución, sin duda que constituye, como mínimo, un estorbo ante los ojos del tirano, quien así se ve impedido para ejercer su única voluntad. Por ello no es de extrañar que, por ejemplo, Hitler, el 2 de febrero de 1933, con sólo dos días de haber asumido como Canciller o Jefe de Estado de Alemania, lo primero que hizo fue disolver el Parlamento de ese país, para poder así ejercer dictatorialmente su capricho. Algo similar sucede hoy en Venezuela, en donde, por las razones que sean, el Poder Legislativo está casi copado por el partido de gobierno, razón por la cual el Presidente Chávez está en capacidad de lograr la aprobación de cualquier apetencia que se le ocurra.

    Fue con la aprobación de la Carta Magna en Inglaterra en 1215, que el rey quedó sujeto a la voluntad de la ley, al igual que lo estaba cualquier otro ciudadano, y se vio obligado a escuchar la opinión de los barones o señores, quienes con anterioridad estaban sujetos a obedecer sus deseos. En realidad no pasó mucho tiempo para que, de tan importante acuerdo, surgiera evolutivamente lo que se considera constituye el primer parlamento moderno, allá por el año 1265. Este desarrollo institucional del parlamento en mucho se debió a que, por necesidades militares reales, el rey simplemente imponía su voluntad sobre sus súbditos, cargándoles de impuestos para financiarlas. Pero lo que solía ser potestad incuestionable, se vio limitada por la voluntad del pueblo, que exigió que cualquier tributo debiera de obtener primero su aprobación. Esto es, el requisito de que los gravámenes no podían ser impuestos sin el consentimiento del “consejo general del reino”. Para ello se hizo necesario parlamentar (palabra de origen francés), que significó diálogo, acuerdo y, ante todo, limitación de la voluntad real.

    El tirano es antitético al parlamento por el simple hecho de que éste le limita en su arbitrio. El orden de la libertad en mucho descansa en instituciones destinadas a limitar el poder del Estado y, por supuesto, más para el caso hipotético de un gobernante que pueda pretender ser el único que defina las decisiones públicas. Las ideas de supremacía de la ley, de igualdad ante ella, de no impuestos sin representación, de un Estado limitado, del derecho a la resistencia, de compensación y representación, de una división de los poderes que integran el Estado, de la existencia de frenos y contrapesos entre esos poderes, son instituciones que han surgido para que ninguna persona pueda imponer al pueblo su única y propia voluntad, siendo que es en éste en donde en el poder reside en última instancia.

    El parlamento o Asamblea Legislativa se supone que constituye la representatividad del pueblo. Por ello los impuestos tienen que ser aprobados por el parlamento y no por la voluntad de un poder ejecutivo. Si bien dicha aprobación legislativa constituye una manera indirecta de aprobación popular, bien podría ser efectuado de manera directa, como sería el caso de hacerlo mediante un referendo en que se consulte la opinión ciudadana sobre el tema. Es así como se hace en lo que tal vez sea la democracia más avanzada, como es en los cantones suizos.

    Si se tiene en mente el origen de los parlamentos modernos, en mucho para refrenar las posibilidades del soberano de utilizar para sus propósitos los recursos de los ciudadanos -mediante impuestos principalmente usados para financiar guerras- se entiende porqué es que los temas impositivos son especialmente sensibles, en donde se debe tomar en cuenta, lo más ampliamente posible, la expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos. En una Asamblea Legislativa o parlamento se supone que los diputados son quienes deciden acerca de, por ejemplo, la propuesta tributaria proveniente de otro poder, como el ejecutivo. Pero, de nuevo, es una expresión indirecta de la voluntad popular, que bien podría ser directamente definida en este tema, por medio de la expresión en un referendo.

    La llamada ingobernabilidad actual se ha concentrado, a decir de algunos, en la incapacidad de nuestra Asamblea Legislativa, nuestro parlamento, para aprobar el proyecto de impuestos del momento, que el poder ejecutivo considera urgente para financiar su gasto excesivo. Se ha aseverado que se utilizan argucias procedimentales con el fin de entrabar el trámite (¿expedito? ¿apurado?) de aprobación de esos mayores gravámenes. Pero resulta interesante destacar que es de esperar que la aprobación de impuestos no sea una cosa fácil, rápida de lograr, en donde haya poca discusión del proyecto. Este principio, no debe olvidarse, de control profundo en cuanto a la aprobación de impuestos, fue factor esencial en la creación del parlamento moderno, tal como brevemente lo reseñamos con anterioridad.

    Así como es esencial el control que indirectamente puede ejercer el pueblo por medio de la Asamblea Legislativa, también lo es que la aprobación de gravámenes no sea un asunto de un simple trámite, de lo que se somete a la aprobación de esa Asamblea. Si hay algo, según históricamente lo ha determinado el poder popular, en lo cual es indispensable restringir el abuso potencial del Estado, es el caso de la imposición de gravámenes. Incluso este escrutinio escrupuloso puede ser aún mayor que el requerido en otros asuntos de interés ciudadano.

    La idea de que se requiere de un consentimiento del ciudadano para ser objeto del pago de impuestos, fue claramente expuesta por el político y estadista británico, William Pitt, al señalarnos que “la imposición no es parte del gobierno o del poder legislativo. Los impuestos son una concesión voluntaria o una donación tan sólo de la gente” [John Phillip Reid, The Constitutional History of the American Revolution, The Authority to Tax, Madison, Wisconsin, 1986, p. 145]. Por ello, mientras que otras leyes normalmente no tenían que ser objeto del consentimiento del ciudadano para ser aprobadas, ese no era el caso al tratarse de la imposición de gravámenes. De aquí es de esperar que la posible aprobación de impuestos no sea un proceso común, sino excepcional. Por supuesto, que esa excepcionalidad exige el mayor grado de vigilancia del contenido de la propuesta de impuestos, meticulosidad y recelo acerca de sus detalles, pero, sobre todo, precaución ante el abuso posible que se puede estar cometiendo, por parte del poder del Estado.

    “Un mal impuesto, entonces, es cualquier impuesto que la gente no quiere y que no apoya. No es un asunto de expertos decidir sobre el tema. Lo que la gente quiere deberá ser el árbitro final de la política impositiva. Cuando la evasión es generalizada, el gobierno deberá leer el mensaje. Una sociedad inclinada hacia la evasión, como lo fue en la España imperial, en su momento declinará. Algunas veces la coerción puede estabilizar una sociedad rebelde, como fue el caso de Roma bajo Diocleciano, quien solucionó el problema de la evasión mediante la fuerza y la esclavitud. En una democracia, ese no es un camino fácil, pero los gobiernos parecen pensar que es una buena política”, nos advierte Charles Adams (For Good and Evil: The Impact of Taxes on the Course of Civilization, Lanham, Maryland: Madison Books, 1999, p. 385). Por ello, debe darse un cuidado riguroso a cualquier proceso de aprobación de gravámenes y, sobre todo, que sean vislumbrados como apropiados, justos y mesurados por parte de los ciudadanos, quienes son los que en última instancia deben de pagarlos.

    Por ello es de cierta manera sorprendente, que lo que exige la revisión más profunda y exhaustiva del ejercicio del poder del Estado, cual es la imposición de gravámenes, en el caso actual se le aplique el procedimiento parlamentario conocido en nuestro país como de “vía rápida”, el cual incluso se ha ejercitado, aparentemente, mediante formas indebidas; esto es, a contrapelo de ley, como lo ha indicado el propio Presidente de la actual Asamblea Legislativa.

    La llamada “ingobernabilidad”, entendida como el impedimento en la aprobación de leyes, más bien resulta ser una virtud, cuando se pretende sancionar un proyecto de ley inconveniente, malévolo, grosero, abusivo e indeseado, tan sólo con fundamento en que hay una mayoría relativa, obediente de los ordenamientos que le envía un poder particular, deseosa de su rápida aprobación. Pero se efectúa con insuficiente discusión, sin que medie negociación de cara al pueblo que en algún grado pueda equilibrar daños, sin que se escuche, con posibilidades de una efectiva variación de la propuesta inicial del rey (perdón, del gobierno), la voz popular en contra del proyecto en mención. Una ciudadanía que, al menos según encuestas al respecto, ha señalado, en cerca de un 75% de los entrevistados, que el pretendido aumento de impuestos no reducirá el problema del déficit gubernamental. Más bien propone otras medidas, como reducir el gasto, disminuir tareas del gobierno, vender activos públicos, entre otras soluciones para un problema actual.

    En ese sentido, la ingobernabilidad” deviene en una virtud: impedir el abuso del soberano contra el pueblo. Evitar un estricto y amplio escrutinio de las pretensiones impositivas del gobierno, mediante una aprobación “rápida”, “fácil”, “expedita” como lo quieren algunos, principalmente los gobernantes de turno, puede ser el mejor resultado que nos puede suceder a los ciudadanos.
    En este sainete incluso sorprende ver a algunos que se quejan, ante una presunta variación en los gravámenes a ciertos sectores hoy favorecidos con una excepción impositiva, clamar porque se pretende afectar sus derechos consolidados y hablan de “inseguridad jurídica”, pero al mismo tiempo se lamentan de la “ingobernabilidad” en el país, por la no aprobación del nuevo paquete de impuestos que el gobierno propone. To be or not to be that is the question.

    Si los impuestos son indeseables por su naturaleza, como se ha mostrado a través de la Historia, un mayor escrutinio, un mejor coladero, es algo conveniente, en especial cuando se tiene una Asamblea Legislativa compuesta, en parte importante, por diputados que no parecen haberse dado cuenta de que ellos no son sino representantes del pueblo, el cual no quiere este paquete de gravámenes, y que más bien parecen actuar como simples siervos del poder, ejercido por algunos otros políticos de turno.

    Si un proyecto está mal concebido, si va a generar más daño que bienestar al ciudadano, si simplonamente se trata de poner impuestos a cuanta cosa se mueva, respire o exista en la Tierra, con independencia de los efectos nocivos que pueda causar sobre la acción del ser humano, si impulsando su aprobación algunos creen que es así como se gobierna, pues prefiero un país ingobernable, como el nuestro, pues es la única manera de proteger al ciudadano de un daño mayor, de la violencia del poder.

    Escrito el 06 de marzo del 2012.

  2. #2
    ¡Simplemente excelente!

Información de Tema

Usuarios Viendo este Tema

Actualmente hay 1 usuarios viendo este tema. (0 miembros y 1 visitantes)

Marcadores

Permisos de Publicación

  • No puedes crear nuevos temas
  • No puedes responder temas
  • No puedes subir archivos adjuntos
  • No puedes editar tus mensajes
  •