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1990-11-08-ANUNCIO QUE SE LAS TRAE
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ANUNCIO QUE SE LAS TRAE
La Nación, 08 de noviembre de 1990.
Desde que el Banco Popular publicó un anuncio con el título de “Yo soy un trabajador igual a usted” con una inflación horrorosa en que el banco solo pagaba el 7% de interés sobre el ahorro forzoso y de lo que se regocijaba un burócrata, no había leído un anuncio de tan mal gusto como el publicado recientemente por el Instituto Nacional de Seguros y que tituló “Nuestros grandes liberales también fueron humanistas pragmáticos”.
No sólo cabe plantearse si los fondos del INS están para propaganda de ese tipo, en que no anuncia la venta de su producto, sino que también tergiversa las ideas que rodearon su creación, puesto que ese gran liberal que el INS señala, don Tomás Soley, también escribió profusamente sobre los males del monopolio en su libro Elementos de Ciencia Hacendaria, defectos de los que precisamente hace mucha gala el Instituto de Seguros.
El INS se creó para suplir en Costa Rica el servicio de los seguros, porque, como atinadamente lo creía don Tomas Soley, basado en el principio de subsidiariedad, “El Estado no debe hacer lo que la industria privada puede realizar…”, pues, en un momento de nuestra historia, las compañías de seguros –extranjeras– no querían asegurar la propiedad en Costa Rica, debido al riesgo moral reflejado en incendios dudosos y frecuentes. Para dar ese servicio, en ese momento, el Estado creó el INS. La pregunta elemental pragmática, que formulo a los conversos al paternalismo, es sí, ahora, en 1990, puede la industria (empresa) privada del país realizar el servicio del aseguramiento.
Hay más en el anuncio de marras: dice que “Gracias a su proclama visión (de don Ricardo Jiménez y de don Tomás Soley), los seguros no son un negocio de pocos”. Esto resulta interesante, pues dice, “explícitamente tácito”, como aseveró una vez cierto diputado, que ser un negocio o ser de pocos es nocivo, pues lo “bueno” es que sea de muchos y tampoco un negocio. Llama la atención esta visión en el INS, al suponer que gente ligada a la actividad privada en la economía, ahora directores de esa entidad, son personas quienes bien conocen la función social de los negocios y, posiblemente, participan de alguno que es de “pocos”, además de que no se les puede considerar como agentes de beneficencia. Ante el velado ataque de que, en tanto aquellos grandes liberales no eran dogmáticos, pero los pequeños liberales de ahora sí lo somos, cabe preguntarles una cosa: ¿Quiénes son los que disfrutan del monopolio de los seguros en Costa Rica? De su respuesta, se sabrá adónde muere el dogma.
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1990-11-14-ARGUMENTACIÓN FALAZ
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ARGUMENTACIÓN FALAZ
La Nación, 14 de noviembre de 1990.
También las fuerzas proteccionistas internas no descansan: ya han inventado un nuevo argumento para impedir que nuestro país progrese por el comercio internacional y la competencia que implica, lo cual se reflejaría en un beneficio para los consumidores costarricenses.
Ahora señalan que no es posible que Costa Rica reduzca aún más su arancel por un posible acuerdo con el Banco Mundial (denominado PAE III), puesto que, según indica el Ministro de Economía, al entrar Costa Rica al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (conocido como GATT), sólo en ese marco deberá nuestro país liberalizar su proteccionismo.
Lo que realmente concede la afirmación del Ministro de Economía es el deseo de impedir una mayor desgravación arancelaria o, por lo menos, su aceleración, lo que se lograría con un acuerdo con el Banco Mundial dado que la negociación de Costa Rica en el GATT tiene, de hecho, un arancel mayor que el acordado en el PAE II. Mientras que con este último nuestro país llegará a finales de 1990 a un arancel máximo del 40% sobre los bienes finales, excepto en el caso de textiles, confección y calzado, que no será sino hasta fines del 92, la incorporación de Costa Rica al GATT se negoció bajo un arancel superior. Bajo el GATT, Costa RICA ligó su ingreso a un arancel consolidado, en el primer año, del 60%, que se reducirá a un 55% en el lapso de tres años. Esto es, el arancel consolidado bajo el GATT es mayor que el acordado con el Banco Mundial, lo demás son pretextos para mantener el proteccionismo interno.
Así, no es cierto que Costa Rica deba, para negociar al amparo del GATT, sujetar sus aranceles máximos a ese organismo y olvidarse del Banco Mundial, pues, de hecho, eso ya lo realizó: ante el mundo comercial la única obligación de Costa Rica es lo que ha acordado con el GATT, que es un arancel superior al negociado con el Banco Mundial, aunque este nivel realmente determina nuestro proceso de apertura.
Los proteccionistas buscan, como siempre, usar cuanto argumento hallan en su camino, para mantener rentas y privilegios extraídos a toda la sociedad y, en especial, a los consumidores nacionales. Por ello, aducen que no debe reducirse el arancel en otro acuerdo con el Banco Mundial, el cual es más posible de lograr en el corto plazo, bajo el pretexto de esperar el resultado de negociaciones multilaterales bajo el GATT, en las que Costa Rica podría ofrecer el ya menor arancel negociado con el Banco Mundial bajo el PAE II.
Haría bien el Ministerio de Economía en asesorarse correctamente, por ejemplo, con el de Exportaciones, en donde sí se sabe de estos asuntos, para no salir con un domingo siete, más propio de protegidos que de quienes se supone que, ante el interés particular, anteponen el bienestar de toda la economía.
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1990-11-16-CUIDEMOS NUESTROS PARQUES
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CUIDEMOS NUESTROS PARQUES
La Nación, 16 de noviembre de 1990.
Gran parte de la belleza de Sabanilla de Montes de Oca radica en su único parque, el cual se encuentra pleno de frondosos árboles. En él hay un precioso higuerón, un madero negro que a mediados de año se llena de flores rosadas, también hay cipreses, urucas y otros cuyos nombres desconozco, pero que me embelezan el contemplarlos allí erguidos. En el parquecito había varios árboles de hule, pero lamentablemente son sumamente quebradizos y, ante vientos y lluvias, recientemente varias ramas de desgajaron, poniendo en peligro a quienes allí pasaban. Esto motivó, creo que con razón, que los responsables del buen estado del parque decidieran cortarlos, dándonos la esperanza de que otras especies pronto los sustituyeran.
Hasta aquí todo bien, se trata de mejorar el medio ambiente, bastante afectado en un pueblo que ha tenido un enorme influjo de nuevos habitantes y que se ha reflejado en la desaparición de espacios verdes, sustituidos por más y más casas y construcciones. Ese pequeño pulmón en el centro de Sabanilla mejoraría sus árboles, conservándose así como el oasis que es, en medio de un tránsito cada vez más gomoso y de una población creciente.
Pero la ilusión se muere aquí, pues, ante preguntas a quienes enarbolaron sierras para quitar a los incómodos árboles de hule, señalan que otras especies seguirán tan desagradable destino. De hecho, dicen, ya se ha obtenido un permiso de la Dirección Forestal –¡acaso pensaron en los vecinos!– para destrozar enhiestos cipreses en frente de la pequeña y agradable iglesia, que constituye el límite este del parquecito. Esto último me preocupa, pues, según parece, alguien decidió ensanchar esa capilla, usando parte del parque para tal expansión y, aunque podría hacerlo hacia su norte, donde la iglesia es propietaria, ha preferido hacerlo internándose en lo que va quedando del otrora bello parquecito.
No sé si legalmente es posible que la iglesia utilice terrenos de ese parque; es decir, desconozco si es propietaria de él, pero pienso que mejor sería orar en un marco en que se inculcara un mayor cariño por los árboles, donde nuestros niños puedan transitar admirando, por medio de ese árbol, la obra de Dios, a la vez que reconocen en su perpetuación la buena labor que un humano puede hacer para mayor gloria de Él. Dudo que se pueda, a conciencia, hablar de la Creación cuando para ello se acude a la destrucción. Espero, ante estas palabras, que se dé una explicación clara de todo esto a los vecinos de Sabanilla, quienes espero reaccionarán en defensa de la belleza de los árboles del parque de su pueblito.
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1990-11-26-DE TODOS MODOS, NOS MORIMOS
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DE TODOS MODOS, NOS MORIMOS
La Nación, 26 de noviembre de 1990.
Cuando le comenté a un vendedor en la feria del agricultor de Plaza Víquez acerca de la preocupación que muchos ciudadanos tenemos acerca del empleo de plaguicidas y similares en la producción de hortalizas, miró de frente a un colega suyo y me respondió a secas: “O se mueren con los plaguicidas que les echamos o se mueren de hambre, porque no habrá más hortalizas”.
Es muy loable la investigación que, sobre el tema del uso de los plaguicidas en nuestro país, realizo La Nación y sus resultados no puede ser desechados con una simplona expresión de que se trata de un enfoque “amarillista”, cuando lo que está en juego es la información adecuada que requerimos los consumidores, acerca de la calidad de los productos que estamos comprando. De dicho estudio se obtiene la conclusión de que hay un empleo alarmantemente elevado de agroquímicos para la producción de hortalizas y frutas que, principalmente, se venden en el mercado interno. Si estos productos se exportaran, los productores encontrarían que, en naciones como, por ejemplo, los Estados Unidos, se exige un uso adecuado de estos elementos, pues a largo plazo dañan al consumidor y que, por tanto, en los términos en que los producen en nuestro país, no serían aceptados en esos otros mercados, los cuales, casi sin duda, están más informados que en Costa Rica acerca de estos asuntos.
“Caveat emptor”. Que el consumidor se cuide, dice la vieja expresión romana y, en nuestro caso, el problema radica en la imposibilidad del consumidor para saber, a un cierto costo razonable, hasta qué grado está contaminado el producto que está adquiriendo. En mucho el problema radica en el desconocimiento que el agricultor tiene acerca del empleo apropiado de los agroquímicos. En apariencia, le ponen más de lo necesario para tener el resultado deseado, puesto que los agricultores han señalado que, en muchas ocasiones, las autoridades gubernamentales no les dan asistencia técnica necesaria acerca de las mezclas óptimas que deberían emplear. En este caso, el Estado parece fallar en cuanto al suministro de información adecuada a los agricultores, cuyo beneficio excede a los participantes directos en el intercambio.
Pero, por otra parte, hace falta una mayor conciencia en los consumidores acerca de qué es lo que están adquiriendo, de manera que una mayor educación al respecto posee ribetes de tener un alto beneficio social, que tal vez sea lo que permita asegurar una supervivencia a las personas en el largo plazo. El consumidor, al tener una mayor y mejor información, puede escoger de manera más apropiada qué es lo que le conviene. Así funciona mejor un sistema de mercado, en donde espero no se cumpla la premonición del vendedor de la feria de agricultor de Plaza Víquez.
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1990-11-26-DE TODOS MODOS, NOS MORIMOS
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DE TODOS MODOS, NOS MORIMOS
La Nación, 26 de noviembre de 1990.
Cuando le comenté a un vendedor en la feria del agricultor de Plaza Víquez acerca de la preocupación que muchos ciudadanos tenemos acerca del empleo de plaguicidas y similares en la producción de hortalizas, miró de frente a un colega suyo y me respondió a secas: “O se mueren con los plaguicidas que les echamos o se mueren de hambre, porque no habrá más hortalizas”.
Es muy loable la investigación que, sobre el tema del uso de los plaguicidas en nuestro país, realizo La Nación y sus resultados no puede ser desechados con una simplona expresión de que se trata de un enfoque “amarillista”, cuando lo que está en juego es la información adecuada que requerimos los consumidores, acerca de la calidad de los productos que estamos comprando. De dicho estudio se obtiene la conclusión de que hay un empleo alarmantemente elevado de agroquímicos para la producción de hortalizas y frutas que, principalmente, se venden en el mercado interno. Si estos productos se exportaran, los productores encontrarían que, en naciones como, por ejemplo, los Estados Unidos, se exige un uso adecuado de estos elementos, pues a largo plazo dañan al consumidor y que, por tanto, en los términos en que los producen en nuestro país, no serían aceptados en esos otros mercados, los cuales, casi sin duda, están más informados que en Costa Rica acerca de estos asuntos.
“Caveat emptor”. Que el consumidor se cuide, dice la vieja expresión romana y, en nuestro caso, el problema radica en la imposibilidad del consumidor para saber, a un cierto costo razonable, hasta qué grado está contaminado el producto que está adquiriendo. En mucho el problema radica en el desconocimiento que el agricultor tiene acerca del empleo apropiado de los agroquímicos. En apariencia, le ponen más de lo necesario para tener el resultado deseado, puesto que los agricultores han señalado que, en muchas ocasiones, las autoridades gubernamentales no les dan asistencia técnica necesaria acerca de las mezclas óptimas que deberían emplear. En este caso, el Estado parece fallar en cuanto al suministro de información adecuada a los agricultores, cuyo beneficio excede a los participantes directos en el intercambio.
Pero, por otra parte, hace falta una mayor conciencia en los consumidores acerca de qué es lo que están adquiriendo, de manera que una mayor educación al respecto posee ribetes de tener un alto beneficio social, que tal vez sea lo que permita asegurar una supervivencia a las personas en el largo plazo. El consumidor, al tener una mayor y mejor información, puede escoger de manera más apropiada qué es lo que le conviene. Así funciona mejor un sistema de mercado, en donde espero no se cumpla la premonición del vendedor de la feria de agricultor de Plaza Víquez.
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1990-12-03-UNA FELICITACION MERECIDA
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UNA FELICITACIÓN MERECIDA
La Nación, 03 de diciembre de 1990.
Los directores de la Caja Costarricense del Seguro Social merecen la felicitación de todos los costarricenses, por su reciente decisión que fortalece al régimen de pensiones de esa entidad. Posiblemente el aumento de la edad para pensionarse no asegure dividendos electoreros, a lo que son tan proclives políticos mediocres que pululan en nuestro medio; sin embargo, estoy seguro que la inteligencia prima a largo plazo y, por lo tanto, recibirán dividendos bien merecidos por su decisiva actuación.
Debemos estar agradecidos con quienes, responsablemente, toman medidas inteligentes que aseguran la solvencia de nuestras pensiones, sistema que estaba al borde de su extinción por el expediente fácil de creer que, sin pagarlo, tanto muchachón se puede pensionar por muchos años. Si vivimos ahora mucho más que cuando se hizo la última reforma al plan de edad para el retiro y si pagamos la misma proporción de nuestro salario, entonces, no hay sistema que aguante a tanta persona cargada al régimen por muchos años de pensión, con el resultado inevitable de que, tarde o temprano, nos quedaremos sin recursos… y todo el problema fundado en un pobre deseo de querer vivir siempre a costas de los demás.
No me ha sorprendido la actitud de ciertos grupos sindicales de oponerse a esta decisión de la Caja. Si es que los cálculos actuariales, que le dan consistencia a la nueva propuesta, son correctos (este aspecto tan técnico no lo puedo evaluar dado mi limitado conocimiento), entonces, la oposición debe surgir o porque se les quita algún privilegio a algunos o porque, alternativamente, son tan estrechos de horizontes como para no entender que lo que está en juego es la propia institución que garantiza nuestras pensiones. Por otra parte, si es que, como públicamente lo manifestaron esos oponentes, la medida tomada por la Caja se debe a la mala inversión de las reservas hecha en el pasado, lo triste es que, si ello fuera cierto, pues así ya se hizo y lo vital ahora es salvar al régimen de retiro, aunque debería denunciarse a quienes correspondió administrar esas reservas, por una supuestamente mala utilización, para así fijar las responsabilidades.
Nosotros los trabajadores debemos de estar agradecidos ante la valiente decisión tomada por las autoridades de la Caja, por la cual se resguardan nuestros intereses ante el inevitable retiro de algún día, así como por haber evitado caer en el camino politiqueramente fácil, de aumentar las cargas al salario, que tanto daño han causado al trabajador nacional.
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1990-12-10-SEÑALES ERRADAS
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SEÑALES ERRADAS
La Nación 10 de diciembre de 1990.
En apariencia son relativamente pocos los asuntos pendientes de solución para que el país llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Concluir esta negociación contribuirá a lograr una muy necesitada calma en el medio económico nacional, pues indica la bondad de las políticas económicas que el gobierno proseguiría durante el año entrante.
Sin embargo, y se debe ser claro, ha habido señales erradas por parte de ciertas autoridades del gobierno que confunden la negociación. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy hablando: el programa para transferir empleados del sector público al privado es fundamental para lograr una cierta estabilidad en las finanzas estatales Es muy posible que en las proyecciones de gasto estatal barajadas ante el Fondo, se contemple el efecto reductor de erogaciones públicas que tiene este programa.
Mientras algunos funcionarios estatales atinadamente señalan el impacto positivo de este programa para bajar el déficit, otros súbitamente dicen que se dará una suma, por nueve meses, como subsidio a las empresas que acojan empleados públicos, implicando un aumento en el gasto estatal y, si fuera un traslado de recursos dentro del propio sector público, tampoco indican cómo llenarán el indudable hueco de recursos a que daría lugar.
Una vez aclarado el embrollo, surge, de la nada, un diputado oficial proponiendo, por un afán “no economicista”, como se dejó decir, una compensación a los trabajadores trasladados del sector público al privado, mediante un plan de seguro de desempleo que podría significar una enorme suma para el Estado, además de incitar a un parasitismo inconveniente (y por supuesto que pagado por todos los costarricenses), al estimular la conveniencia de estar desempleado antes de tener trabajo. El proyecto fue hecho de un momento a otro, por impulso, sin estudios actuariales, sin medir de dónde provendrán los recursos, con un errado romanticismo que no toma en cuenta que en Economía no hay nada gratis y que, para financiar tal programa, habrá que sacar recursos de otros sectores del fisco o de la parte privada del país. En síntesis, hay que llenar un nuevo hueco fiscal.
Esto tiene que confundir a los negociadores, tanto del Fondo como del gobierno; hay que unificar los criterios dentro del sector público para que no surja otro mago sacándonos, de pronto, de la manga, un nuevo conejito.
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1990-12-15-LAS RECIENTES MEDIDAS ECONÓMICAS
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LAS RECIENTES MEDIDAS ECONÓMICAS
La Nación, 15 de diciembre de 1990.
Hay algunos hechos evidentes acerca de la situación de nuestra economía, que deben ser establecidos antes de comentar las recientes medidas económicas tomadas por la actual administración.
A pesar de la apreciación de un ex ministro de Hacienda, de que en Costa Rica no existe una crisis fiscal, resulta innegable, tanto frente a los ojos de costarricenses interesados en estos asuntos, como ante los de organismos internacionales de ayuda multilateral, que nuestra economía enfrenta, desde fines de 1989, una severa crisis fiscal que, de no haberse aplicado medidas en este año, hubiera significado en 1991 un déficit del 7 por ciento del valor total de la producción de la economía costarricense. Por supuesto que alguien podría alegar que, en otros países, este problema es mayor, pero ello no reduce el que actualmente confronta Costa Rica.
Asimismo, quienes afirman que el gobierno centró su atención en asuntos fiscales, dejando de lado a problemas del sector externo, muestran con ello una manera muy peculiar de entender las interrelaciones en la economía, pues resulta elemental el reconocimiento de que, en países como el nuestro, rápidamente los desequilibrios del sector fiscal se reflejan en desequilibrios en sus cuentas externas. Por lo tanto, la atención al déficit fiscal implica una atención al de la balanza de pagos.
Además del impacto que ese déficit fiscal tiene sobre el de la cuenta corriente de la balanza de pagos, el deterioro en nuestros términos de intercambio, así como una posible sobrevaloración de colón, debido a que el tipo de cambio se ajustó ignorando la reducción arancelaria de nuestro país durante los últimos tiempos, son posibles explicaciones adicionales del déficit en nuestras cuentas externas, que bien puede haber requerido un ajuste apropiado y, en su momento, del tipo de cambio, para impedir resultados que hoy preocupen al país.
Tal vez la política de minidevaluaciones proseguida en tiempos recientes ha sido insuficiente para lograr un tipo de cambio real apropiado, por lo que el gobierno ha tratado de enfrentar el exceso de demanda agregada en la economía, por la vía de una reducción del déficit en el sector público, buscando reducir el gasto gubernamental así como aumentar sus ingresos.
En estos términos, no sólo la sana política económica requiere de una disminución del excesivo gasto doméstico, sino que también el reordenamiento de las políticas económicas y, en especial, la cambiaria, se convierte en una condición necesaria para lograr una posición adecuada en nuestras relaciones con organismos financieros multilaterales.
El paquete tributario que el gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa es cierto que puede contener defectos, dado que no satisface todas las preferencias de tantas personas quienes proponen medidas tributarias alternativas, pero esto no parece ser una razón de peso tal como para explicar la actitud asumida por una parte del grupo político de oposición en la Asamblea Legislativa, el cual no sólo ha mantenido posiciones zigzagueantes en cuanto a la bondad estabilizadora del paquete tributario, sino que también ha mostrado una actitud de “después de nosotros, que venga al diluvio”, caracterizada por un verdadero torrente de mociones tendientes a obstaculizar, más que a mejorar, el trámite del paquete tributario propuesto. Esas mociones en gran parte son producto de un enorme esfuerzo creativo por parte de algunos economistas afectos a ese grupo político, quienes han tenido como divisa impedir el arreglo fiscal del desorden que ellos heredaron al país.
Vale la pena referirse a la decisión que tomó el gobierno, ante la presión política de un grupo de diputados liberacionistas, para separar el paquete de impuestos en dos partes, donde una de ellas contiene sólo el aumento temporal en el gravámen a las ventas de un 10 a un 13 por ciento, en tanto que la otra incorpora todo lo demás que incluía la propuesta original.
Desde una perspectiva keynesiana, es posible alegar que el impuesto a las ventas es regresivo, pero también es cierto que, bajo ciertos postulados como los del eximio seguidor de Keynes, el profesor Kaldor, existe una justificación moral y económica sólida para impulsar un impuesto al gasto. Sin embargo, tan sólo con el propósito de facilitar la discusión del tema, acepto que se considere como regresivo el gravamen de las ventas y que, por tanto, un aumento en su tasa impositiva lógicamente habrá de afectar, en proporción, más a los grupos de bajos ingresos (o de quienes consuman relativamente más), en comparación con grupos de ingresos relativamente mayores (o de quienes consuman comparativamente menos).
Así, gracias a la presión política de quienes se opusieron tenazmente a la aprobación del paquete tributario original, es de esperar que se acepte en la Asamblea el aumento temporal en dicho impuesto, lo cual desvirtuaría la prédica electorera de “luchar a favor de los pobres”, que con frecuencia y desfachatez ha esgrimido ese grupito.
Pero lo interesante es que la segunda parte del paquete tributario contiene propuestas que sí podrían inducir una mayor progresividad de la estructura tributaria del país, segmento cuya aprobación en la Asamblea parece más indefinida que en el caso de la primera.
Y veámos el porqué de mi aseveración: el segundo pedazo del paquete incluye un impuesto a los Certificados de Abono Tributario (CATs), tributo que se ha usado como medio para inducir un arreglo entre quienes actualmente perciben este subsidio y el Estado, en cuyas empobrecidas arcas más de 6.000 millones de colones de egresos por los CATs tiene un impacto muy significativo. Es más, un monto muy importante –creo que 120 millones de dólares ̶ del Segundo Préstamo de Ajuste Estructural, no será desembolsado por el Banco Mundial en tanto no se ponga algún orden en el monto del subsidio que para el país significan los CATs.
Ahora bien, por la forma en que se otorgan, y de acuerdo con un estudio que realicé a principios de este año junto con el Lic. Ricardo Monge, el CAT posee características harto regresivas; esto es, beneficia en mucho a un número muy reducido de empresas, por lo que, si se redujera tal subsidio, disminuiría su naturaleza regresiva. Así, gracias a los preocupados de oficio por una etérea justicia social, se mantendrá esa “injusticia social” definida en los términos de quienes esgrimen que la igualdad distributiva es la justa, por antonomasia.
Otro ejemplo, de cómo se pervierten los conceptos está en el hecho de que, en la segunda parte del paquete tributario, se incorpora un impuesto a ciertas pensiones, elevadas (a lo que aptamente se refirió Jorge Enrique Guier en La Nación del 13 de este mes, cuando escribió que había que distinguir entre “pensiones”, pues era diferente la de “una pobre maestra” a la de “un exjerarca liberacionista, que disfruta de exorbitante pensión, legal, es cierto, pero inmoral en cuanto a su monto”). Estas últimas pensiones son las que se gravarían y, al ser sumamente regresivas, contribuiría a promover la progresividad tributaria del país. Pero, gracias a la presión de ciertos oficiosos de la justicia social tiene poca oportunidad de ser aprobado.
Aquí no acaba la cosa: ¿A quienes favorece relativamente más un sistema ineficiente de control y administración tributaria? Parece lógico pensar que a quien tiene mayor ingreso, puesto que es muy posible que sea quien presuntamente deba pagar los impuestos, por lo que, para él, en el margen, es mayor el incentivo a la evasión. De aquí que si se dedicarán recursos a mejorar la administración tributaria es de esperar que traten de controlar a quienes les convienen más, relativamente, la evasión; esto es, los que marginalmente tendrían que pagar más. Al ser enviadas estas propuestas al segundo paquete de improbable aprobación, se favorecerá a quienes más tienen o puedan o deben. ¿Verdad que resulta extraña manera de entender la justicia de quienes provocaron el desmembramiento del paquete tributario original?
Aún hay más: del planteamiento tributario inicial se envían a la Siberia política las propuestas para reducir el gasto público contenidas en un aparte redactado por el diputado Miguel Ángel Rodríguez. Estas parecen ser el intento más formal que se ha planteado, a nivel de legislación, para poner un límite al enorme crecimiento del Estado. En esto, la experiencia reciente de Costa Rica ha sido aleccionadora. Con un paquete tributario se le dan recursos al fisco, con el que, supuestamente, se ordenan –los políticos de turno alegan que por siempre– las finanzas públicas.
Pasa un tiempo, se gastan esos recursos e incurren en déficit mayores, los que requieren de un nuevo paquete para arreglar el entuerto y en el proceso va emergiendo el tornillo sinfín que caracteriza la voracidad fiscal en el país. La propuesta de don Miguel Ángel, posiblemente por la usual politiquería de segunda, pasó a dormir el sueño de los justos en ese paquete cercenado, aunque la limitación al gasto público que propone es el sustento moral que justificaba aprobar el aumento de gravámenes originalmente propuesto.
Ante la no aprobación del paquete inicial, para “arreglar la torta”, el Banco Central impone ciertas medidas, usualmente favorecidos en algunos corrillos intervencionistas de Liberación Nacional, que provocan mayores distorsiones en la economía, tales como aumentar el diferencial cambiario y elevar los impuestos y depósitos previos a las importaciones. Es cierto que, se asevera, su naturaleza es temporal (las llamadas sobretasas a la importación, que por tanto tiempo nos recetaron ciertos gobiernos liberacionistas, se llamaron sobretasas temporales a la importación); en todo caso, esas medidas provocan, entre otros, dos importantes problemas.
El primero, y fundamental, es que relativamente se encarecen las exportaciones, al protegerse más la producción doméstica debido a una distorsión deliberada en el sistema de precios, a causa de las tres decisiones en referencia. La segunda consecuencia depende en mucho de la forma en que los actores en la economía perciban tales políticas. Si son vistas como temporales, su impacto posiblemente sea menor, pero sí, por el contrario, se consideran como de mayor permanencia y son así indicativas de una reversión del proceso de apertura de la economía, es de esperar una reducción sustancial en las exportaciones y una involución hacia un sistema económico del pasado que tan oneroso nos resultó.
Al aprobarse sólo la primera parte del paquete (esto es, el aumento en el impuesto a las ventas), habrá un hueco fiscal de aproximadamente unos 3.000 millones de colones y de algún lado tendrá que venir el recorte de gasto del gobierno, para cumplir con el requisito de llegar a un déficit del 1.5% del Producto Interno Bruto en 1991. Y aquí es donde se verán correr lágrimas (no las de los politiqueros, quienes buscarán una escabullida Houdinesca) sino las del pueblo, quien posiblemente pagará vía inflación, las políticas populistas que algunos pretenden que campeen.
Las políticas restrictivas del gasto agregado en la economía van por el camino correcto; el problema es que la indefinición causa mucho daño y mucho más cuando se empiezan a tomar decisiones inconsistentes con el proceso de apertura en que nos hemos involucrado en los últimos tiempos. Las medidas económicas deben aplicarse consistentemente para no dar señales erróneas al sistema de precios; la mentalidad de algunos de “antes partido que país” ya le ha costado mucho a nuestro pueblo; su bienestar no puede estar en juego por egoísmos polítiqueros y por la equivocación de tomar decisiones que obstaculizan la modernización de nuestra economía, asequible por su apertura al comercio internacional.
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1990-12-17-COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO
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COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO
La Nación, 17 de diciembre de 1990.
Releer conferencias como las que el economista Gottfried Haberler brindó en 1959, auspiciado por el Banco Central de Egipto, me revitaliza cuando en mi país anticipo vientos proteccionistas que no precisamente refrescan, sino que más bien tratan de entorpecer el ánimo. En ellas previó los resultados de políticas comerciales erróneas y, como lo señala el profesor W. Max Corden, “Haberler estaba en ese momento en lo correcto y no después”; Haberler ha criticado “la tendencia de deducir conclusiones de largo plazo a partir de acontecimientos de corto plazo. Siempre ha visto, en su momento, la tontera que significa eso”.
Haberler, recordando los Principios de Mill, expresó lo que considera son los beneficios directos del comercio internacional sobre el desarrollo de la economía: aquellos derivados de la especialización en la producción de lo que se tiene ventaja comparativa y del intercambio que se deriva. En palabras de Alberto Di Mare, permite comprar donde es más barato y vender donde es más caro. El proceso beneficia al consumidor, cuyos deseos y necesidades se satisfacen, lo cual es el fin último en un orden económico.
Haberler expone cuatro importantes efectos indirectos del comercio, que llama beneficios dinámicos, al ampliarse nuestras posibilidades de producción y consumo. En primer lugar, por el comercio es posible que las naciones con escasez de bienes de capital (maquinaria, equipo, materias primas y productos intermedios) dispongan de ellos, Con tales bienes materiales, nuestras naciones (y los consumidores, en particular) se benefician del progreso tecnológico de las naciones más desarrolladas.
En segundo lugar, Haberler nos refiere al efecto de la importación de ideas, de conocimiento (del know-how tecnológico), de habilidades, de talento, de capacidad empresarial, por las que nos beneficiamos del éxito y también del fracaso y error de quienes se anticiparon en su desarrollo. Haberler juzga que “el comercio es el vehículo más importante para la transmisión del know-how tecnológico”, lo cual, sin duda, nos permite disponer de más y mejores bienes y servicios, beneficiándonos así a los consumidores.
En tercer término, el comercio internacional constituye asimismo el mecanismo más apto para el movimiento mundial del capital, puesto que, a mayor volumen de aquél, mayor es el monto de capital extranjero que bajo supuestos realistas estará a disposición de los países subdesarrollados, lo cual se traduce en un incremento de nuestra producción y consumo.
Finalmente, es importante para nuestro país, en donde algunas críticas al proceso de apertura se basan en la ausencia de competencia local, es precisamente por el comercio internacional que se logra un mayor grado de competencia ante los presuntos monopolios domésticos ,así como permite conservar un grado saludable de libre competencia. Esto, innegablemente, también redunda en beneficio del consumidor.
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1990-12-23-EVIDENCIA INTERESANTE
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EVIDENCIA INTERESANTE
La Nación, 23 de diciembre de 1990.
Va surgiendo evidencia de interés sobre los procesos de ajuste estructural de diversos países. Un reciente trabajo de Vinod Thomas, Developing Country Experience in Trade Reform, escrito para el Banco Mundial, evalúa la diferencia de la actuación económica de países que han realizado préstamos de ajuste estructural en contraste con aquellos que no lo han hecho, lo cual da una indicación acerca de la utilidad de esos programas.
Si bien cada nación realiza un ajuste adaptado a sus condiciones particulares, son varias las características comunes, tales como la eliminación de restricciones a la importación y a la exportación y un mayor uso del sistema de precios, en especial en la determinación del tipo de cambio, así como al sustituir restricciones cuantitativas por aranceles.
El estudio de Thomas compara los resultados de 26 países receptores de préstamos de ajuste estructural antes de 1986, con los de 48 países que no lo hicieron. Los indicadores económicos evaluados son el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), el cociente de la inversión con respecto al PIB, la tasa de cambio real, el crecimiento de la exportación de bienes manufacturados, el crecimiento de las importaciones, el balance de recursos con respecto al PIB, la tasa de inflación, el cociente de la deuda externa con respecto a las exportaciones y el servicio de esa deuda con respecto a aquéllas.
Al comparar estos nueve indicadores para el período post-préstamo (1985-87) con el período antes del préstamo (1981-83) se concluye, aunque se reconocen limitaciones al análisis, en que los países que recibieron préstamos de ajuste estructural mostraron una mejora superior en su desempeño, al comparárseles con los que no recibieron tales préstamos, en cerca de dos terceras partes de los casos. Además, los cambios en las importaciones fueron un determinante importante de los cambios en el crecimiento del PIB, posiblemente a causa de limitaciones de divisas y por las restricciones al comercio que hay en esos países; el impacto de esas importaciones, a su vez, se ha reflejado en un crecimiento mayor en los países que realizan reformas estructurales, en comparación con los que no las efectúan.
