Artículos publicados en Diario La Nación 1970-1979

1975-01-13-VOTE A PAGAR

VOTE A PAGAR

La Nación, 13 de enero de 1975.

¿Por qué será que siempre el que termina pagando los errores del gobierno es el pueblo consumidor?

Creo que ya es hora de que todos los ciudadanos costarricenses nos pongamos a razonar acerca de lo que está haciendo el gobierno últimamente.

En un magno discurso el día de la Nochebuena, el Presidente Oduber anunció un regalo al pueblo costarricense, el cual ya nos llegó aunque un poco tarde: una nueva alza en los impuestos que afectan al consumidor nacional.

Lo increíble de toda esta situación es que la gente no ha recapacitado acerca de las políticas intervencionistas y socialistas del gobierno. No bastó con que el Estado se deshiciera de su responsabilidad con la Caja del Seguro Social, trasladando su parte que le correspondía cotizar a lo que pagan los patronos. Sin embargo, sabemos que en realidad este impuesto no lo paga el patrón, sino el trabajador, significando otra carga más sobre el pueblo.

Luego vino la famosa ley de Asignaciones Familiares, la cual ha sido repudiada por técnicos, empresarios y trabajadores, pero un gobierno cabeza dura no cejó en su empeño estatista y hoy en día, al tener que ir de compras, ya aumentó nuestro impuesto sobre las ventas y también los pagos de impuestos sobre las planillas. ¿Quién paga todo esto? El pueblo trabajador y el pueblo consumidor, que viene a ser la misma cosa.

Más tarde se presentaron las regulaciones sobre la venta a plazos y al gobierno no le importó que los trabajadores fueran despedidos de empleos en que eran productivos, eficientes y especializados, pues así tal vez tendrían que engrosar las filas de aquellos que para vivir necesitan de los presupuestos públicos. Y al Estado tampoco le importó que los pobres no pudieran adquirir los artículos que deseaban.

Ahora vienen nuevos impuestos. Y otra vez no es el burócrata, no es el Estado, no son los intervencionistas y los estatistas quienes pagan los impuestos. Quienes sufren las consecuencias de la desmedida voracidad fiscal y del despilfarro de los dineros que todos hemos luchado por lograr con nuestro esfuerzo y nuestro riesgo, es de nuevo el pobre pueblo consumidor.

Ahora bien, ¿qué es lo que permite que el gobierno pueda hacer todas estas cosas contra el pueblo?
Hay varias razones, y oféndase quien se ofenda, es bueno decir claramente lo que está detrás de todo esto.

En primer lugar, el hecho de que el pueblo consumidor, quien siempre sale perdiendo, no está organizado en un cuerpo único, sino que los intereses particulares son difusos, aislados, duran por un poco tiempo y después se extinguen. De esta manera, el Estado puede hacer lo que le venga en gana y el consumidor dividido no se puede oponer a la voracidad fiscal.

En segundo lugar, el gobierno siempre toma medidas sumamente fuertes, de manera tal que, entonces, quienes se le opongan estarán dispuestos a transar en medidas más suaves o menos duras. Primero el gobierno les ofrece darles de garrotazos, para asustar a quienes se le opongan, los cuales estarán entonces dispuestos a que les den tan sólo un puñetazo, a cambio del garrotazo. Pero el gobierno logró lo que deseaba imponer.

Esto es posible de lograr porque los grupos organizados ideológicamente en forma débil, con principios en los que realmente no creen, en los últimos años han estado dispuestos a negociar con el gobierno y, bajo un supuesto diálogo, llegan a transar ambas partes, perjudicando al consumidor.

Un claro ejemplo de lo anterior fue la reacción de las llamadas Cámaras ante la Asignación Familiar. Siempre se anduvieron por las ramas, muchas veces con paños tibios y no fue sino hasta cuando todo estaba arreglado en la Asamblea Legislativa con la concupiscencia de algunos políticos, y cuando la Ley era inevitable, que las Cámaras realmente dieron la pelea. Cuando todo estaba perdido. Ah, porque lo importante era salvar la cara. Dios guarde acusaran a algunos de “carentes de conciencia social”. Y entonces era necesario “dialogar”. ¿Y quién salió perdiendo con todo esto?, el trabajador, el consumidor, como clara e hidalgamente lo expresaron algunos sindicatos.

En tercer lugar, el gobierno puede tomar medidas como las antes señaladas porque algunos empresarios con visión miope lo único que les preocupa es que no afecten a sus empresas, aún cuando el Estado lesiona directamente a algunas actividades particulares específicas. Divide y vencerás es la filosofía del Estado. Porque éste sabe que si pasa una ley fijando cuotas a la producción de cueros, atentando contra la libertad de comercio, empresarios de otras actividades, como avestruces que esconden la cabeza en la arena, no dirán nada al respecto.

Honestamente hay momentos dolorosos en que uno tiende a alegrarse cuando ve brincar a algunos empresarios que, antes cuando no eran sus problemas, estaban calladititicos.

Falta de visión, exceso de debilidad ideológica, actitudes convenencieras: esos son los problemas.

En cuarto lugar, el otro culpable de permitir la omnipotencia estatal es el pueblo costarricense. ¿Si el monopolio estatal de los teléfonos eleva sus tarifas inmisericordemente?, la gente se enoja, grita y nada más. ¿Si se duplican los costos del agua y las familias sufren?, en nada para la cosa. ¿Si se aumentan los impuesto a diestra y siniestra, con dudosas intenciones?, el pueblo ruge minutos y después todo pasa al olvido.

Creo que ya nos hemos dado cuenta de que, efectivamente, somos un pueblo domesticado. Nada nos ha importado que un “vote a ganar” se haya convertido en un “vote a pagar”, aún cuando sea todo el pueblo el que pague ahora los errores de algunos. Ya es hora de que nos pongamos bien vivos. Obliguemos al Estado a que se cumpla la voluntad del pueblo. Después de todo, el Estado es sólo nuestro administrador y, como tal, está obligado a acatar la voluntad general, a riesgo de que si así no lo hace, el pueblo asumirá la soberanía, como muchas veces en la historia lo ha hecho.

1975-01-24- LA LEY DE DESPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

LA LEY DE DESPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

La Nación, 24 de enero de 1975.

En estos días se debate en la Asamblea Legislativa la llamada Ley de Protección al Consumidor.

A pesar de tener un nombre tan llamativo, me recuerda la leyenda de la cegua, que tras un bello rostro de mujer escondía dientes horripilantes.

El gobierno aduce que, con el fin de detener el proceso inflacionario en Costa Rica, es necesario poner coto a los llamados especuladores, pues estos son los culpables de las alzas en los precios de los artículos. Con este fin en mente, el Estado cree que congelando los precios de los artículos se va a acabar la inflación. Este es otro engaño que se le hace al pueblo: el alza de los precios es un reflejo, es un resultado, tanto del excesivo aumento de la cantidad de dinero como del excesivo gasto público. El alza en los precios es un resultado y no una causa; por ello, mal hace en engañarse a la gente diciéndole que la inflación se va a detener si se congelan los precios. Un ejemplo semejante sería tapar totalmente una olla que está sobre el fuego, el cual terminaría por explotar si no se que quita el fuego o si no se deja una válvula para que escape la presión. Los precios son esa válvula y no es sino bajando la llama del fuego como se detienen esas presiones. Así, en tanto el Estado no tome las medidas monetarias y fiscales restrictivas, tendremos más y más presión sobre los precios.

El adefesio llamado ley de protección al consumidor va a lograr lo opuesto a lo que pregona en su nombre. Al fijar precios un burócrata, que muy posiblemente no conozca nada del asunto, va a hacer que no se produzca eficientemente, puesto que impide que haya un incentivo para que la economía canalice los recursos hacia aquellas actividades en que son más necesitados. Es más, si no se cubren los costos de producción, se dejará de producir. Uno no es tan tonto como para no darse cuenta de que los precios tan bajos que pagaba el Consejo Nacional de la Producción a los campesinos por sus frijoles, fue la causa de que escasera tanto ese grano. Pero ahora el Estado, que nunca termina de meter las patas, va a cometer el error en grande: fijar precios tanto a los artículos que se producen, como a los mismos factores que se utilizan en la producción. Imagínese Ud., apreciado lector, ¿qué haría si el Estado decide fijarle un salario de un colón por mes? Obviamente es mejor, como me comentaba un amigo, irse a Cahuita de hippie y dedicarse a vivir de la asignación familiar a costas del pueblo costarricense. Pues bien, estimado lector, la ley de protección al consumidor deja al arbitrio del Estado fijar los salarios que le vengan en gana y poner precios máximos que podrían llevar a la ruina a cualquier productor y, por ende, al desaparecer el productor, se acaban los artículos y el pobre consumidor, por enésima vez, sale pagando los platos rotos.

La ley, además, crea juntas de vecinos que se encargarán de vigilar que los precios sean justos. Aquí se está alborotando un panal, pues ¿quién asegura que no habrá razones personales, políticas, ideológicas y de cualquier otra índole para acusar injustamente a algún comerciante? Es más, perfectamente un comerciante que desee competir con otro deshonestamente, puede plantar a un espía suyo en el negocio del competidor para que incorrectamente eleve los precios y ocasionar así la intervención policíaca con el transtorno consiguiente. En síntesis, estaremos a merced del temor, la desconfianza y la arbitraria intervención gubernamental. Un vez más, que no nos agarren dormidos, ya hemos tenido bastantes experiencias recientes o ¿es que queremos más?

1975-01-27-ACERCA DE LOS NUEVOS IMPUESTOS

ACERCA DE LOS NUEVOS IMPUESTOS

La Nación, 27 de enero de 1975.

Hay una lección que todos los costarricenses debemos aprender de la reciente decisión del gobierno de elevar los impuestos de consumo. Esta consiste en reconocer que la capacidad arbitraria del Poder Ejecutivo de cambiar los impuestos a su gusto, no es conveniente.

Si bien es cierto que hace un par de años, la Asamblea Legislativa, que es el órgano representativo por excelencia de la voluntad popular, cedió al Poder Ejecutivo el derecho de variar los impuestos de consumo, debe meditarse acerca de si dicha cesión es conveniente para el pueblo. En la guerra de independencia de los Estados Unidos uno de los gritos de batalla del pueblo fue “No impuestos sin representación” (No taxation without representation). El origen de la reacción popular fue la protesta por la capacidad arbitraria de Inglaterra de gravar con impuestos al pueblo norteamericano, en tanto que éste no tenía representación en los cuerpos políticos que decidían las medidas arbitrarias.

El Poder Ejecutivo decidió hace poco elevar los impuestos de consumo. Con ello afectó de hecho, la capacidad adquisitiva del pueblo costarricense. Y, sin embargo, a pesar de existir un cuerpo legislativo representativo de la soberanía del pueblo, dicha Cámara no lo ha ejercido. No voy a discutir las razones que tuviera la Asamblea Legislativa anterior para ceder la soberanía del pueblo al Poder Ejecutivo. Sin embargo, lamentablemente ahora no existe ninguna protección para el ciudadano frente a la arbitrariedad del Poder Ejecutivo, en cuanto a los impuestos sobre el consumo. Suponga, por ejemplo, que nuestro omnisciente Poder Ejecutivo decide elevar el impuesto de consumo a un monto tan alto que nadie pueda adquirir los productos o, por lo menos gravarlos con impuestos tan elevados que sólo unos cuantos ricos puedan adquirirlos, ¿qué camino tiene el ciudadano, por medio de la representación democrática formal, personificada en la Asamblea Legislativa, para frenar los impulsos megalomaníacos del Poder Ejecutivo? Ninguno, lamentablemente, a no ser el derecho a la rebelión.

La situación es sumamente delicada, puesto que si se continúa erosionando el poder que yace soberanamente en el pueblo, delegado en una Asamblea que los represente en sus intereses frente a la comunidad y el Poder Ejecutivo, llegaremos a la desaparición del muro de contención de la arbitrariedad del Estado y pronto nos encontraremos con un totalitarismo que todos rechazamos.

De hecho el Estado cuenta con un mecanismo impositivo poderoso y eficaz originado en la capacidad de emitir dinero. Cuando dicha atribución se ejerce “sin medida ni clemencia”, llenando de billetes la economía nacional, el resultado es la inflación que todos conocemos. Y la inflación no es más que un impuesto que nos decreta el Estado, pues éste, al emitir billetes por medio del Banco Central por un valor nominal que todos conocemos, le permite adquirir productos por dicho valor; por ejemplo, cien colones. Sin embargo, el ciudadano, quien después utiliza dichos billetes para adquirir productos, se da cuenta que con aquel papelito, que valía 100 colones, adquiere ahora una cantidad real menor de productos, pues éstos han aumentado de precio. He aquí un impuesto disfrazado sobre todos los que aceptan los billetes que emite el Estado. Tan sólo la disciplina monetaria impuesta al Banco Central y, por ende, al Estado podría refrenar, una vez más, el poder discrecional del Leviatán que afecta los derechos y soberanía del pueblo.

La lección es evidente, el pueblo no debe ceder su soberanía al Estado. No existe razón para que la arbitrariedad impositiva tributaria del Estado continúe sin que el pueblo tenga injerencia, por medio de una representación constante, estable, permanente, siempre vigilante, a la hora en que al Estado se le ocurran nuevos o más impuestos. El pueblo tiene el derecho y la obligación de fijarle límites al papel del Estado.

1975-02-13-RAFAEL ÁNGEL PÉREZ

RAFAEL ÁNGEL PÉREZ

La Nación, 13 de febrero 1975.

El triunfo indiscutible de nuestro compatriota Rafael Ángel Pérez destaca no sólo por el hecho en sí, sino por el significado que el mismo tiene sobre la manera de ser del costarricense.

Quisiera por este medio expresar un homenaje al mérito individual de Rafael Ángel Pérez, que contrasta tan violentamente con la búsqueda de metas colectivistas para un orden social que algunos pretenden.

Es bueno recordar el pasaje de una carta que en 1779 John Adams escribió a su rival político, Thomas Jefferson, en que señala que “las desigualdades de la mente y el cuerpo son establecidas de tal manera por el Dios Todopoderoso en su constitución de la naturaleza humana, que ningún arte o política puede reducirlas alguna vez a un solo nivel. Nunca he leído su razonamiento más absurdo, una sofisticación más burda… que los trabajos sutiles de Helvetius y Rousseau para demostrar la igualdad natural de la humanidad”.

El esfuerzo de Rafael Ángel Pérez es muestra de lo que un hombre joven puede lograr con su esfuerzo personal, sin recurrir al paternalismo estatal ni a la ayuda de la burocracia. Rafael Ángel Pérez es un ejemplo de aquellos “hombres selectos, para quienes vivir es una perpetua tensión, un incesante entrenamiento”, que contrasta con el hombre-causa, cuya vida es vulgar y plena de inercia, del que tanto nos habla Ortega y Gasset.

Perdone Rafael Ángel Pérez el insulto que se le hizo, al despedirse a una burocracia por dos horas para que fueran a colmarle de vítores en las calles. Rafael Ángel Pérez es un ejemplo del esfuerzo, del trabajo, del pundonor y es esforzándonos, trabajando y actuando noblemente como se le rinden merecidos homenajes y como se estimula al hombre emprendedor. No desperdiciando el tiempo ni gastando los dineros de los nacionales que pagamos muchos impuestos. ¿Cuánto desperdició nuestra sociedad pobre, cuando el Estado irresponsable decretó dos horas de asueto? La verdad es que a Rafael Ángel Pérez se le homenajea más limpiamente si uno trabaja emulando un esfuerzo individual. Doña Carmen Naranjo pronunció ese día un discurso que se resumió en la exaltación del esfuerzo del individuo. Sabias palabras de la señora Ministra. Me hizo recordar los tiempos en que el esfuerzo se reconocía, en que el individuo destacaba por sus méritos individuales y no por las posiciones conformistas de la mediocridad actual.

Que siga luchando Rafael Ángel. Tanto doña Carmen Naranjo, como este humilde servidor, sabremos aprender de su ejemplo.

1975-02-21-CÓMO RECUPERAR ALGO DE NUESTRO DINERO

CÓMO RECUPERAR ALGO DE NUESTRO DINERO

La Nación, 21 de febrero de 1975.

Muy atinadamente nuestros tribunales resolvieron que el cobro de impuesto de la renta había sido efectuado incorrectamente por parte del Estado. Puesto que la nueva ley sobre el impuesto a la renta fue aprobada en marzo de 1972, entonces el impuesto con las nuevas tasas no podía ser aplicado a los ingresos percibidos durante el período noviembre 1971 a marzo de 1972. Por lo tanto, los contribuyentes tienen el derecho de que sobre una porción de la renta se les aplique el impuesto antiguo más bajo y, a partir de marzo de 1972, se les grave con el impuesto más elevado.

¿En que forma podríamos recuperar parte del exceso de impuestos que pagamos? Lo más conveniente es que el Sr. Ministro de Hacienda Lic. Porfirio Morera, ateniéndose a la decisión de los tribunales y facilitando al contribuyente la tarea administrativa, decretara que se efectúe dicha devolución. Creemos que don Porfirio, funcionario con una gran visión, conocimiento y buen sentido, atenderá nuestra sugerencia.

Por otra parte se ha dado un fenómeno muy desagradable, al cual se le aplica aquella desaforada expresión de un diputado actual de ser “explícitamente tácito”. Existe un gran deseo por parte de algunos funcionarios de la Tributación Directa de devolver esos dineros sujetos a que se haga una investigación exhaustiva de las declaraciones de renta de las personas. Es algo así como decir que, si uno solicita una devolución se buscarán esqueletos en los closets, para averiguar si más bien no queda uno debiéndole plata a la Tributación. O sea, “no revuelvan la cosa, porque más bien van y salen perdiendo”. Este espíritu inquisidor es lamentable, porque si bien es indispensable que en un sistema tributario moderno, exista un procedimiento administrativo que permita detectar las declaraciones de impuestos defectuosas, es incorrecto utilizar esta arma para atemorizar al peticionario que solicita sus fondos, con el fin de que se quede callado.

Si esta situación previamente descrita fuera la del caso, entonces, una alternativa seria la petición colectiva, ya sea de todos los trabajadores en una empresa o grupo de empresas, o bien de sindicatos o de cámaras y asociaciones o de instituciones autónomas. Esto lograría obstaculizar el sistema de represión disimulada, en forma tal que no podría operar. Pero estamos seguros de que el Sr. Ministro de Hacienda es una persona con gran sentido práctico, quien ateniéndose a la ley y evitando un entrabamiento innecesario en su dependencia, amén de evitar el disgusto del ciudadano que tributa, pondrá orden en este posible desaguisado contra los contribuyentes.

1975-03-21- NUEVOS IMPUESTOS

NUEVOS IMPUESTOS

La Nación, 21 de marzo de 1975.

Una vez más se ha presentado ante el pueblo costarricense un programa del Estado, para cuyo financiamiento se recurre al expediente fácil de gravar con nuevos impuestos.

La tragedia que el ciudadano encara es que, estando hasta el cuello de impuestos y habiendo elegido a diputados para que lleven a cabo los deseos del costarricense y no los de ellos, son varios los miembros de la Asamblea que han presentado proyectos para crear nuevos y más gravosos impuestos.

Uno de estos gravámenes es sobre los licores, propuesto por el diputado Deseado Barboza, quien paradójicamente propone algo que el pueblo no desea. Igualmente, para poner la albarda sobre el aparejo, el diputado León Villalobos, en unión de otro colega, propone otro impuesto sobre los elíxires de Baco.

En una de las mejores tesis de grado presentadas recientemente en la escuela de Ciencias Económicas, la Lic. Lilia Montero concluye, refiriéndose a varios productos, entre ellos los licores, que “un aumento excesivo de las tasas (de impuestos) puede incluso frustrar los propósitos fiscales que se persiguen, es decir, que se puede producir una reducción de la base imposible que anule el incremento esperado en la recaudación”. (Evolución del Sistema Tributario de Costa Rica y Análisis Económico de Algunos impuestos al Consumo Interno, p.186).

Lo que la Lic. Montero nos dice es que podemos llegar a matar la gallina de los huevos de oro, si no nos andamos con cuidado. En efecto, si se eleva el impuesto sobre los licores causará una elevación en el precio, lo cual puede provocar una reducción tal en el consumo, que lo que se recaude en impuestos sobre los licores va a disminuir. En dos palabras, ahora el pastel va ser más pequeño y dividido a la vez entre más instituciones.

¿A qué podemos atribuir el hecho de que a un señor diputado se le ocurra súbitamente que es deseable poner un nuevo impuesto al licor? Aparte de que él cree que el uso de los fondos recaudados es el deseado por la sociedad, considera que el impuesto que propone es el correcto o apropiado. Lo que lógicamente se exige, desde el punto de vista técnico, es estudiar si el impuesto a los licores no tiene efectos nocivos sobre la recaudación. Éste parece ser el resultado obtenido en el estudio de la licenciada Montero. Por lo tanto, los diputados proponentes deberían de sustituir su impuesto.

El otro aspecto que debe plantearse el legislador es si las personas desean más impuestos. Claro, el defecto de nuestro sistema político está en que los ciudadanos no tienen un medio fácil de ordenarles a sus representantes sobre qué, cómo, cuán y cuánto de impuestos deberán proponer en la Asamblea Legislativa. Lo que se exige es una reforma radical de nuestro sistema político, en donde el pueblo, que es el que paga los impuestos, tenga un medio efectivo y rápido de fijar los gravámenes que el Estado pretende imponerle.

El día en que el pueblo efectivamente pueda decidir sobre qué leyes deberán regir la República, entonces habrá verdadera democracia en Costa Rica.

1975-03-26-MÁS IMPUESTOS ABSURDOS

MÁS IMPUESTOS ABSURDOS

La Nación, 26 de marzo de 1975.

Parece que se está poniendo de moda el que, cuanto proyecto tiene en mente el Estado, deberá ser financiado a costa de impuestos que sufre el pueblo. Y lo más lamentable es que dichos impuestos no siempre son concebidos de la manera racional que determina la ciencia económica. Un caso típico de este fenómeno es el financiamiento para el Plan Nacional de Vivienda que propone el INVU, cuyo fin es procurarse recursos para realizar un aumento de la producción de casas baratas, que dicha institución hace llegar a familias de bajos ingresos.

El INVU propone, entre otras cosas, que los recibos de las casas de alquiler sean vendidos en dicha dependencia, por supuesto que a un precio mayor de lo que cuestan los talonarios simples en cualquier librería. Claro, dicho cobro más elevado constituye un impuesto a los alquileres, aún cuando no se le quiera adscribir dicho calificativo.

Ahora bien, ¿qué resultados ocasiona dicho impuesto sobre la inversión privada en vivienda y qué efecto tiene sobre las familias que actualmente alquilan su casa?

Si uno de los fines principales para los cuales fue creado el INVU es la resolución del problema de la insuficiencia habitacional en el país, entonces, con su propuesta de gravar los alquileres ha escogido un medio inadecuado para lograr ese fin. Al encarecerse los alquileres de las casas por un impuesto, es evidente que muchas personas no van a desear invertir en dicho sector, puesto que hay otros renglones de inversión que relativamente están menos gravados o bien exentos de impuestos; por lo tanto, existe un incentivo para no invertir en nuevas casas de alquiler, que es lo opuesto de lo deseable cuando hay escasez de vivienda. Por otra parte, las personas que actualmente tienen casas de alquiler no van a desear mejorarlas, repararlas o ampliarlas, puesto que, de hacerlo así, sus alquileres subirían y, como está diseñado el impuesto que propone el INVU, a mayores alquileres, mayor será la carga fiscal.

Una vez más se cae en la trampa malévola de muchos bienintencionados, quienes creen que basta con que la ley diga que cierta persona será quien pague el impuesto, para que así lo sea efectivamente. Se olvidan de que muchos impuestos tienen la particularidad de poder ser trasladados a terceros. Así, en el caso del impuesto a los alquileres, no es la persona dueña de la casa de alquiler quien va a pagar el gravamen, sino que éste será trasladado a las familias que alquilan las viviendas. Diversos estudios realizados acerca de en quién recaen los impuestos a la propiedad, y el propuesto por el INVU es uno de ellos, han demostrado que quienes terminan pagando esta carga tributaria son quienes alquilan vivienda.

Y lo más trágico es que las familias que viven en las casas alquiladas suelen generalmente ser de bajos ingresos y con poca riqueza o bien familias recién constituidas, las que alquilan en tanto aumentan sus ahorros para poder construir su propia casa.

Por esto, un impuesto como el que propone el INVU sufre de dos defectos fundamentales: en primer lugar, constituye un detrimento más para la formación de capital privado en el país, al originarse un descenso en la inversión privada, hecho no deseable a todas luces especialmente en estos momentos cruciales. En segundo lugar, constituye otra carga más sobre las familias relativamente más pobres y sobre los matrimonios jóvenes que apenas empiezan a surgir. Este impuesto nació renco, pero, como tantas cosas que han sucedido recientemente, es muy probable que ya tenga la bendición estatal, lo que le traería muletas al INVU aún cuando todos tengamos que pagarlas.

1975-04-10-LA DECONFIANZA EN EL ESTADO

LA DESCONFIANZA EN EL ESTADO

La Nación, 10 abril de 1975.

Richard Nixon cayó porque el pueblo norteamericano dejó de tener confianza en su gobierno. Fue muy interesante observar cómo día tras día se erosionaba la autoridad presidencial en los Estados Unidos, motivado por el escandaloso caso Watergate. Días tras día leía uno los resultados de las encuestas Gallup, Harris y otras, en las que se mostraba indefectiblemente que el señor Nixon no merecía la confianza para la dirección de su nación.

En Costa Rica está viviéndose una situación harto alarmante y con matices de similitud con lo sucedido en los Estados Unidos: no hay confianza en el gobierno. El ciudadano costarricense, como apuntó inteligentemente el columnista Enrique Benavides, tiene mucho de fenicio: todos tenemos mucho de empresarios privados, porque ser hombre de empresa es tanto el dueño de grandes consorcios financieros como el pulpero de la esquina, la costurera del barrio, el profesional, el ganadero, el pequeño agricultor, el participante de una cooperativa de productores, etcétera. Todas estas personas tienen propiedades que van desde la gran hacienda hasta la pequeña máquina de moler maíz o el tramo de flores en el mercado y todos estos ciudadanos se sienten alarmados por la inseguridad de que dicha propiedad pueda continuar produciendo riqueza, ante los embates de la burocracia y la socialización rampante que pretende impedir la libertad de sus empresas.

Igualmente, el ciudadano en el seno de su familia siente el temor derivado de la política de impuestos que, sin ton ni son, decreta el gobierno, amén de la creciente inseguridad derivada de la grisácea permanencia en un empleo seguro y de la política demagógica que ha ofrecido alivio a nuestros problemas, pero sin verse un botón de muestra de la realidad. Tal como me señaló un amigo, la gente se ha dado en cuenta de que ha sido engañada por el Estado, al elegir a un grupo de personas para que se aboquen a resolver nuestros problemas y hoy han sido quienes nos los han estado creando.


Cada uno de los ciudadanos debe recordar las promesas de moralización proferidas en la campaña anterior y en el discurso inaugural del actual presidente, pero aún tenemos muy presente a Saopim, a Vesco, las declaraciones de bienes de ciertos políticos y otras cosas que nos dejan un amargor en nuestra conciencia ciudadana. Igualmente recordamos como se nos prometió un gobierno de corte eminentemente costarricense, de nuestra democracia liberal que todos apreciamos, con respeto por la propiedad de cada uno de los costarricenses y, de pronto, nos zarandea el Presidente con una declaración de que Costa Rica debería de proseguir el camino del socialismo y, por otro lado, la minifalda del partido en el poder, en una Asamblea Legislativa en donde parte de la llamada oposición le hace el juego, aprueba leyes que sólo traen angustia e incertidumbre al ciudadano común e inteligente.

Incluso, por razones no del todo claras, puesto que no rechazó el acomodamiento político electoral, el Sr. Luis Alberto Monge declaró, en una entrevista en la Nación, que “el Estado debe organizar y asumir únicamente aquellas actividades en que el sector privado no quiera o no pueda emprender o bien en áreas que por su incidencia o volumen constituyan peligro para el desarrollo normal y democrático”. Esta afirmación, en labios del Sr. Luis Alberto Monge, es, ni más ni menos, el credo liberal moderno, pues se trata del postulado fundamental de la acción, política, social y económica de la economía social del mercado. Pero estas declaraciones contrastan enormemente con un Estado como el de Costa Rica, en donde los seguros, la banca, la producción de licor, la educación superior universitaria, entre otras cosas, son sus monopolios y en donde la empresa privada tiene un papel de acción eficiente que cumplir. Contrasta también la afirmación del Sr. Monge con la actividad reciente del Estado, con su demagogia, politiquería, socialismo-comunistoide, coqueteos con los enemigos de los sistemas de libre empresa, política de impuestos a rajatabla, leyes expropiatorias de corte fascista, como la de “desprotección” al consumidor, que lo único que hace es sembrar zozobra, desconfianza y temor en el costarricense.

Estoy seguro de que el gobierno actual está muy preocupado por la situación económica que él mismo ha provocado y sabe que es hora de empezar a coquetear con las personas que tienen preocupación por los acontecimientos. Han visto que el costarricense ya no confía en sus gobernantes y que por ello hay una grave crisis de autoridad. Pero sépanlo aquellos que pagan páginas a granel proclamando el amor hacia la propiedad, la empresa y los hombres de trabajo: No es con cantos de sirenas como se arreglan las cosas. Hay que ver para creer. Obra son amores y no buenas razones o, como dice el tico. “dejen de hablar paja” y veámos la realidad de la cosas. El costarricense está cada vez más preocupado y desconfía más y más del Estado y del gobierno: mientras las cosas sigan así como están, los discursos bonitos no van a convencer a nadie; lo que se necesita son hechos.

1975-04-17-QUÉ LE PARECEN ESTOS NUEVOS IMPUESTOS

¿QUÉ LE PARECEN ESTOS NUEVOS IMPUESTOS?

La Nación, 17 de abril de 1975.

Cualquier persona sabe que, en general, cuando aumenta el precio de un artículo que se utiliza en la creación de otro producto, este último va a sufrir un alza en el precio. De esta manera, si aumenta el precio de la masa pues no habrá más camino que una elevación en el precio de la tortilla.

Pues bien, el INVU, con el fin de financiar ciertos programas de vivienda, ha propuesto un nuevo gravamen sobre la varilla de construcción y sobre el cemento. Ambos materiales son indispensables para hacer edificaciones. Con un impuesto sobre dichos suministros tendrá que aumentar indefectiblemente el costo de la construcción. Con este aumento habrá un incentivo para utilizar materiales más malos o bien realizar construcciones menos sólidas y por ende menos seguras. Simple y llanamente va a disminuir la inversión en construcción.

Por lo anterior, resulta sumamente paradójico que el INVU vaya a promover un descenso en la construcción, cuando uno de los problemas más grandes en los países subdesarrollados, tal como el nuestro, es la formación de capital y la promoción de inversiones reales y no financieras. Es desconcertante porque la propuesta tributaria surge de una institución entre cuyos fines está la promoción de la formación de capital privado en el ramo de la construcción.

En épocas de relativa inestabilidad económica, como la que vive Costa Rica, es indispensable promover la acción de individuos con habilidad para producir, y la industria de la construcción es un sector básico en la creación de riqueza nacional; ahora se le pretende penalizar. En general, el empleo en esta industria es sumamente elevado, normalmente de obreros poco calificados o bien con conocimientos fácilmente adquiribles por otros trabajadores. La industria de la construcción es sumamente sensible al ciclo económico y una mala medida tomada por el Estado puede afectar no sólo la inversión nacional, sino también lanzar a la calle a un gran número de trabajadores. Parece que ahora le llegó el turno a otra industria nacional y la burocracia estatal no vacila en alistar otro golpe más a quienes trabajan arduamente, arriesgando su inversión día tras día y brindando empleo a miles de costarricenses.

El resultado de estos impuestos es evidente: menos y más malas edificaciones, menor inversión nacional y más desempleo. Pero esto no es todo: los costos y precios de la construcción y los alquileres van a subir. Pero no nos preocupemos; como tantas veces lo hemos oído, se va a decir que el alza en el costo de la vida se debe a los especuladores, a la inflación mundial, a la crisis del petróleo, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, una vez más el Estado provoca un aumento en el costo de la vida, que perjudica a nuestro sufrido pueblo, a la vez que se ocasiona un mayor desempleo y un estrangulamiento de los sectores nacionales que verdaderamente producen.

1975-04-22-EL FONDO DE VIVIENDA-INTERPELACIÓN PÚBLICA

EL FONDO DE VIVIENDA: INTERPELACIÓN PÚBLICA

La Nación, 22 de abril de 1975.

En su búsqueda por obtener fondos para financiar el Fondo Nacional de Vivienda, el INVU propone utilizar las reservas de varias instituciones nacionales. Debido a que muchos utilizamos los servicios de esos organismos o bien cotizamos para ellos, es necesario que esas instituciones garanticen al pueblo costarricense que su estabilidad financiera no se verá afectada por el traspaso forzoso de las colocaciones que tendrán que efectuar, en caso de que el proyecto de ley que propone el INVU sea aceptado por la Asamblea Legislativa.

La Caja del Seguro Social tendrá que canalizar el 50 por ciento de las colocaciones anuales que efectúe de sus reservas. Como cotizante de la Caja y como ciudadano me preocupa que el INVU interfiera en las reservas que mantenemos los cotizantes de la Caja. No sólo esta transferencia forzosa podrá tener implicaciones actuariales nocivas al sistema de capitalización de la Caja, al percibir un rendimiento relativamente bajo y a largo plazo de sus colocaciones, sino que los planes de universalización del Seguro Social recibirán un fuerte retraso y probablemente una posposición total. Ambos aspectos son sumamente alarmantes, puesto que parece existir un consenso acerca de la necesidad de universalizar los seguros sociales, como sustituto del aparato burocrático dedicado “a resolver el problema de la pobreza” y que más bien ha empobrecido a la nación, ya que dicha universalización del Seguro Social llegaría efectivamente a los grupos de más bajos recursos, que están fuera del sistema. Además, el proyecto del INVU afectaría los regímenes actuales a los que estamos cotizando los costarricenses, pudiendo perfectamente desfinanciarse la Caja.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá dar el 40% de sus colocaciones anuales al INVU. En esto parece ser más aceptable el plan del INVU, porque tanto el Fondo de Vivienda como el Banco Popular poseen, además de su carácter compulsivo, sin beneficio directo al cotizante en muchos casos, un pago de intereses menores que los del mercado y con una duración bastante incierta en la devolución de los fondos. Sin embargo, el llamado “banco de los trabajadores” tiene que abocarse al problema de la canalización forzosa de nuestros ahorros hacia actividades de otras instituciones, que bien puede implicar un menor rendimiento de nuestros fondos.

En el proyecto del INVU, el Instituto Nacional de Seguros tendrá que entregar al Fondo de Vivienda el 40% de sus colocaciones anuales en viviendas y construcciones particulares. Esta idea tiene tres defectos. En primer lugar, va a disminuir los dividendos que paga el INS en sus pólizas de vida. En segundo lugar, tal vez ocasione una elevación de las primas que hay que pagar por la pólizas, puesto que los cálculos actuariales del INS se verían afectados al recibir intereses menores y a más largo plazo por las colocaciones que hace y, en tercer lugar, va a sufrir una disminución en las ventas de pólizas de vida, pues la gente las adquiere como un medio para poder construir y protegerse de la inflación. El Instituto Nacional de Seguros tiene la obligación de defender el patrimonio de los tendedores de pólizas, por lo cual debe manifestarse sobre este proyecto.

Demasiados costarricenses tiene cuentas de cheques en el Sistema Bancario Nacional y el INVU propone que el 25% de los préstamos que dedica a construcciones particulares sea entregado al Fondo de Vivienda. Por razonamientos similares a los anteriores, nuestro Sistema Bancario debe estar presto a defender los ingresos de los cuenta-habientes y manifestarse sobre la colocación forzosa de préstamos que conlleva el plan del INVU.

De paso, el Gobierno Central posiblemente se vea seriamente afectado con este proyecto del INVU, pues las colocaciones de particulares en bonos del Estado se verían reducidas, dado que, al verse forzados los individuos y las empresas a cotizar con un 10% extra del impuesto sobre la renta, se desharán de esos activos sumamente líquidos, como son los bonos, para hacer frente a esta nueva obligación tributaria.

Por todas estas razones, lo menos que puedo pedir es que tanto la Caja, como el Banco Popular, el INS, el Sistema Bancario y el Sr. Ministro de Hacienda, se pronuncien sobre el proyecto del Fondo de la Vivienda que propone el INVU.