INCONSISTENCIA Y DAÑO

INCONSISTENCIA Y DAÑO

Por Jorge Corrales Quesada

Soy consciente de que lo trágicamente sucedido con el cementazo, puede haber provocado que diputados aprobaran una ley que grava con un 5% al cemento importado para el consumo de los costarricenses, para emparejarlo con un impuesto que, con la misma tasa, rige para la producción doméstica. Eso sí, con una ligera diferencia, pues, en el primer caso, la base imponible es el valor aduanero del cemento que se importa, más los aranceles de ley, mientras que, en el segundo, el impuesto recae sobre el precio de venta, excluyendo el IVA. Esto, de hecho, significa que no se empareja totalmente el efecto del impuesto aprobado por diversas razones, siendo una que la base imponible sea la determinación aduanera y no el valor declarado del bien importado o, bien, el precio al consumidor final de ese bien importado. Además, en el caso de la importación se puede considerar que, en comparación con el cemento producido internamente, su base imponible es mayor pues incorpora el arancel. Esto último podría parecer una especie doble imposición, pues el nuevo impuesto también recae sobre otro impuesto (el arancel) para efectos del nuevo gravamen.

Me opongo al proteccionismo de cualquier tipo e independientemente del grado de protección, pues considero que lo deseable es que no haya impuesto alguno sobre el cemento que se importa, pero, eso sí, que sea gravado -si es que gravarlo es lo conveniente para los ciudadanos consumidores- a igual tasa, cualesquiera que sea el origen del producto, cuando se vende al consumidor final. Así, el bien importado no se encarece relativamente comparado con el doméstico, debido a la acción intrusiva y sesgada del estado. Que se importe o no debe resultar de la eficiencia comparativa en la producción del cemento, venga de donde venga.

Me imagino que entre los diputados que apoyaron el proyecto mayoritariamente, hubo algunos que lo hicieron con desgano, por el resultado de la distribución del impuesto, ya sea sobre la producción nacional o la importada, según ciertas localidades geográficas. Alguien en la Asamblea dijo que, con esta ley, “se pone la cancha pareja para todos. Estoy seguro de que estos recursos se utilizarán, adecuadamente, en todas las municipalidades.” El hecho es que ahora, con la nueva ley, los cantones que hasta hoy reciben más ingresos por impuestos a la producción interna, dada la ubicación de las plantas nacionales, no van a recibir tanto, pues no sólo la producción importada no tiene ese arraigo cantonal, sino, también, porque la demanda de producción importada sustituiría en algún grado a la demanda de producción doméstica (por eso es que, me imagino, le quieren cargar más impuestos al cemento importado que al doméstico).

En todo caso, esa redistribución les va a doler más a algunos cantones que a otros y de ahí los resentimientos de los intereses pueblerinos observados en la aprobación del gravamen. Es una especie de rebatiña de los dineros.

En estos momentos, el tema crucial es otro, cuando el gobierno y los políticos, manifiestan su preocupación por el desempleo y que dicen tratar de buscar formas de alentar que aumente la demanda de mano de obra en el sector privado. Pero, lo sucedido con esta nueva ley señala la inconsistencia de los políticos en general: con una situación de grave desempleo (poco más del 12% de la fuerza de trabajo), con este impuesto, (además del IVA reciente), se encarece el costo de la construcción, sector que caracterizado por ejercer una fuerte demanda de trabajadores.

Si se quiere aumentar el empleo, como dicen pretenderlo, más bien deberían reducir los impuestos -más en este caso de un sector que demanda mucha mano de obra- no aumentarlos. Eso no parece importarles a los políticos, que sólo pretender seguir protegiendo a algunos ante la competencia externa y en dar más recursos a ciertas áreas que, tal vez, deberían ser mejor asignados que por una simple ubicación geográfica (es algo así como si el impuesto a la Coca Cola se asignara a los cantones de Guadalupe o Liberia, pues allí están las fábricas). Creo que el diputado que dice que esos recursos municipales, con seguridad “se utilizarían, adecuadamente, en todas las municipalidades” tiene más fe que San Roque. Los ciudadanos hemos sido testigos del uso ineficiente de recursos en muchos municipios: no es una ilusión óptica, pero que, ahora, un diputado quiere darnos fe de lo contrario.

En resumen, lo único que vemos es más y más impuestos y, por ningún lado, menos gasto gubernamental. Y que se el pueblo el que se aguante la falta de crecimiento económico y el elevado desempleo.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 19 de febrero del 2020.