GARY M. GALLES-POR QUÉ NO HACER ALGO ANTES QUE LA SEGURIDAD SOCIAL SE QUEDE SIN DINERO

¿POR QUÉ NO HACER ALGO ANTES QUE LA SEGURIDAD SOCIAL SE QUEDE SIN DINERO?

Por Gary M. Galles
American Institute for Economic Research
8 de diciembre del 2023

Nota del traductor: la fuente original en inglés de este artículo es gary m. galles, american institute for economic research, social security, December 8, 2023. En él podrá leer enlaces relevantes originalmente en letra azul en el texto.

Según reportó recientemente Eric Boehm en la revista Reason, “87 por ciento de Estadounidenses Quiere que los Políticos Hagan Algo antes que la Seguridad Social se Quede sin Dinero.” Aún más, una nueva encuesta de la Taxpayer Protection Alliance revela que la vasta mayoría de estadounidenses cree que los responsables de políticas deberían hacer cambios, tan pronto como sea posible, para extender la vida de la Seguridad Social, a fin de evitar recortes automáticos al irse agotando su fondo fiduciario (que se estima se agota para el 2033), y sólo 5 por ciento piensa que no hacer nada para enfrentarlo es la cosa correcta por hacer.

Como lo resumió Boehm, “Tal vez más importante, 90 por ciento de los votantes dice que los candidatos a la presidencia y al Congreso que aspiran al cargo en el 2024, deberían discutir los desafíos financieros que encaran los programas de ayuda social,” pues “ignorar la crisis de deuda del gobierno impulsada para dar ayuda social no es una opción real.”

No obstante, el presidente Biden ha hecho demagogia contra la idea de que son necesarias reformas, como lo hizo en el Discurso sobre el Estado de la Unión. El anterior presidente y candidato actual Trump se ha comprometido repetidamente a no tocar los beneficios de la Seguridad Social, y es difícil encontrar muchos políticos que tomen en serio los problemas del programa.

Este vacío inmenso entre la voluntad de las personas y la voluntad de los políticos de Estados Unidos parece sorprender, dado que recientemente se ha dedicado mucha verborrea a “defender la democracia.”

No obstante, la disonancia entre la pose política y la realidad fiscal del “tercer riel” de la política [“tema considerado por políticos como siendo demasiado controversial para discutir sobre él”], puede entenderse en términos de justicia. Surge debido a que el gobierno federal ha prometido millones de millones de dólares más en beneficios de la Seguridad Social que los impuestos para financiarlos, y esas promesas exageradas no nos dejan una salida justa. Pero, ningún político quiere ser atacado por ser injusto. Así que la posposición política por mucho tiempo ha sido más atractiva que tratar con lo que involucra algún dolor de grandes ligas.

Desde que empezó la Seguridad Social, en cada uno de los muchos instantes en que se ha expandido (incluyendo su vástago, el Medicare), quienes están pensionados o están próximos a serlo obtuvieron beneficios que exceden en mucho sus costos. Aquellos ya pensionados no pagaron impuestos adicionales, y quienes están próximos a pensionarse pagaron más tan sólo durante unos pocos años. Pero, ambos grupos recibieron beneficios aumentados por el resto de sus vidas. Pero, tal “generosidad” no financiada debe ser pagada por alguien más, obligando no sólo a futuras generaciones a financiar su propia pensión, sino también a cubrir beneficios no financiados de pensionados previos. El buen trato que la Seguridad Social les ha dado a pensionados (por ejemplo, Ida Mae Fuller, primera pensionada de la Seguridad Social, recibió beneficios por 924 veces los aportes que hizo) por tanto, hace que pagar la factura actual sea muy costosa e inherentemente injusta.

La simple posibilidad de tener que pelear por esa cuenta energiza a quienes temen que un cambio en el statu quo les pueda dar o dejarlos con menos, aún cuando el enorme hoyo financiero no pueda ser sostenido, dando a entender que “hacer nada” por ahora garantiza que pronto habrá un trato menos justo para muchos. La situación significa que cualquier movimiento hacia mejores responsabilidad y sostenibilidad fiscal sería atacado por injusto. Pero, ahora, toda opción es injusta.

Una reducción de los beneficios de la pensión de la Seguridad Social de una u otra forma no es justa, en el sentido que las promesas del gobierno de un apoyo continuo a la jubilación han hecho que las personas adapten su comportamiento a esas promesas. Habiéndolo hecho así, ellas se han convertido en dependientes de que el gobierno esté a la altura de esas promesas hechas a ellas.

Por supuesto, si continuamos sin hacer algo para arreglar el hueco fiscal, pronto el dinero se acabará y los beneficios tendrán que caer substancialmente, lo que, también, sería injusto para quienes los reciben, tal vez hasta más.

Estos tipos de alegaciones de injusticias fallan en tomar en cuenta la injusticia de las alternativas. Si bien los recortes en beneficios pueden considerarse como injustos para quienes ahora dependen y pronto dependerán de ellos, toda alternativa es, por igual, injusta. En vez de escoger ente opciones justas e injustas, como lo implica todo argumento de “no lo arregle de esa forma pues es injusta,” debemos elegir entre aquellas injustas.

Si imponemos gravámenes a la Seguridad Social substancialmente mayores, el problema es que la gente ha adaptado su comportamiento al alcance actual de esos impuestos (que son ya más altos que los gravámenes al ingreso de la mayoría de estadounidenses), y ahora algunos dependen de no perder más del dinero que llevan a sus casas, al igual que muchos receptores dependen de no perder beneficios previstos.

Proponer que sólo gravemos más a “los ricos,” aumentando o hasta eliminando los límites de ingreso sobre las “contribuciones” a la Seguridad Social, aumentaría en especial su injusticia sobre quienes ganan ingresos más altos, quienes ya pagan mucho más en impuestos para la Seguridad Social de lo que obtendrán de regreso como beneficios, y quienes también pagan una proporción altamente desproporcionada del ingreso, así como otros impuestos.

Se podrían conservar los beneficios sin aumentar los impuestos a la Seguridad Social si el gobierno federal pidiera prestado. Pero, pedir prestado es exactamente impuestos diferidos, así que eso sería injustamente una carga sobre cualesquiera contribuyentes que se queden con las facturas, además de aquellos necesarios para financiar déficits federales masivos provenientes de otras fuentes. También, aumentaría la incertidumbre tributaria enfrentada por todos los estadounidenses, quienes encaran una tarea más ardua en averiguar cómo, dónde, cuándo, y sobre quiénes se cargarán esos gravámenes futuros.

Y, ¿qué acerca de la privatización? Eso podría potencialmente aumentar la tasa de rendimiento obtenido por ahorros para la pensión, comparado con lo que ofrece la Seguridad Social, mejorando en adelante el sistema a partir de ese momento, pero no puede eliminar mágicamente sus pasivos actuales multimillonarios no financiados. Y, para que los beneficios futuros estén más claramente basados en contribuciones privadas que el sistema actual, como lo requeriría la privatización, tratar a esos ahorrantes con mayor justicia tomaría injustamente fondos ahora usados para subsidiar el retiro de los trabajadores actuales.

Es hora de darnos cuenta que no hay una salida justa a compromisos gubernamentales de Seguridad Social que exceden los fondos disponibles. Una historia de compromisos en exceso significa que todo mundo tiene una afirmación de equidad plausible de su parte. Pero, algo tiene que ceder. Lo más cerca que podemos estar de ser justos es evitar hacer nuevos compromisos en exceso, para buscar nuevas formas de hacer más sustentable el programa (para reducir problemas futuros de injusticia) y ver seriamente el problema contencioso de cuál de las opciones minimizará los impactos adversos de injusticia que del todo no se pueden eliminar. Demonizar cualquier consideración real de las diversas opciones sólo eleva la posibilidad de que, en última instancia, habrá más injusticia de la necesaria.

El Dr. Gary M. Galles es profesor de Economía en la Universidad Pepperdine. Su investigación se enfoca en las finanzas públicas, la elección pública, la teoría de la firma, la organización industrial y el papel de la libertad, incluyendo las ideas de muchos liberales clásicos y de fundadores de los Estados Unidos. Sus libros incluyen Pathways to Policy Failure, Faulty Premises, Faulty Policies, Apostle of Peace, y Lines of Liberty.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.