UNA DÉCADA HACIA EL DESPEÑADERO, SEGUNDA PARTE
UNA DÉCADA HACIA EL DESPEÑADERO, SEGUNDA PARTE
Por Jorge Corrales Quesada
En la primera parte de este comentario se expuso en términos reales el comportamiento de los ingresos y los gastos del Gobierno Central –es decir, ajustando las cifras nominales por el efecto de la inflación. La conclusión general más importante es que, en los 10 años que han pasado de las administraciones Arias (su segunda), Chinchilla y Solís, los gastos reales crecieron al doble de los ingresos reales del Gobierno Central. Ahora analizaré algunos de los acontecimientos más significativos de esas tres administraciones que subyacen a ese comportamiento citado del gasto público, con base en lo publicado en la edición del 14 de agosto, bajo el título “Gastos crecieron el doble que ingresos en una década: Presupuesto del Gobierno Central subió un 83%, mientras que los ingresos, en un 42%.”.
Parte de esa década comprende los dos últimos años de la segunda administración de don Oscar Arias (mayo del 2008 a mayo del 2010), cuyos principales impactos en el gasto señalo a continuación:
En primer lugar, señala el medio que “en la última década ningún gobierno subió tanto la erogación en los salarios de los empleados públicos como el Oscar Arias”.
En segundo término, en lo que corresponde al 2009, “esa administración elevó el gasto en remuneraciones en un 25.5%, el mayor porcentaje de la década.”
En tercer lugar, el año siguiente, elevó (los gastos en remuneraciones en) un 12.5%, la segunda mayor alza de ese lapso.”
Lo interesante es que esos aumentos en los dos años citados -de casi un 38%- fueron en mucho resultado de medidas de inspiración keynesiana contenidas en lo que el gobernante denominó Plan Escudo, orientado a mitigar -ese era el objetivo declarado- los efectos de la recesión mundial a causa de la caída del sector financiero de los Estados Unidos en el 2008. Se juzgó que esa recesión disminuiría la demanda de Costa Rica al caer sus exportaciones, lo cual generaría un aumento del desempleo y, de nuevo, siguiendo lineamientos keynesianos, se hacía necesario aumentar el empleo y los ingresos de los trabajadores del estado, para amortiguar los efectos externos.
Con tino el medio recuerda que ese aumento salarial en el Gobierno Central se “hizo con el argumento de que era necesario cerrar la brecha salarial entre los empleados de los ministerios y los del resto de instituciones públicas...” Esa fue la razón esbozada, pero subyacía una política salarial expansiva del Gobierno Central para amortiguar los efectos de la recesión internacional. Pero, incluso ese pretendido cierre de la brecha fracasó, pues provocó aumentos en los salarios del resto del estado. Pero, además, con esa visión keynesiana se contrató más personal en el Gobierno Central, si bien de forma permanente y no interina como era lo deseable ante una crisis que tendría tuviera un comportamiento temporal. Esto incidió en que se consolidara una planilla gubernamental más elevada en el largo plazo.
En cuarto lugar, en el 2009 se dio una de “las mayores alzas de la década para el Poder Judicial (28%),” debido a que, si bien existía el fundamento constitucional que otorgaba a la Corte al menos el 6% del presupuesto del Gobierno Central, la norma se llegó a cumplir en el 2009.
En quinta instancia, también en el 2009 hubo un fuerte aumento en las partidas presupuestarias destinadas al ministerio de Educación Pública (28%) y a las universidades estatales (25%).
En este último caso, la administración Arias propuso se propuso superar el porcentaje existente de un 6% del PIB y en el 2009 asignó un 6.4% del PIB y en el 2010 un 6.5%.
Sexto, en el 2010 el rubro de destinos específicos legales del presupuesto del Gobierno Central creció en un 54%, al aumentarse el presupuesto de FODESAF (uno de los destinos específicos incluidos en esta partida) en un 1.084%.
Séptimo, la impactante -fiscalmente- modificación a la Constitución para pasar del 6% del PIB al 8% del PIB el aporte del Gobierno Central a la educación, se definió en junio del 2010, por lo que para ese fin el monto “creció como la espuma hasta acaparar casi el 30% del Presupuesto.”
Tanto en este caso, como en el previo referido a FODESAF, esos enormes aumentos en el gasto no tenían aparejados incrementos en los ingresos para hacerles frente.
El resumen de este episodio durante los dos últimos años de la administración Arias lo expone así el medio: “Al final de cuentas, Arias subió los presupuestos nacionales, en el ámbito general, en alrededor de un 9% cada año porque gozó de una caída en el gasto de deuda pública [recuerden que con la caída de la economía mundial, los gastos por intereses cayeron fuertemente], que bajó casi un 10% en el 2009 y se mantuvo estable en el 2010.”
Pasemos ahora a los cuatro años de la administración Chinchilla Miranda, que van de mayo del 2010 a mayo del 2014.
Tengo presentes los penares de su ministro de Hacienda, don Edgar Ayales, en torno a la situación fiscal heredada, por el efecto continuado de la fuerte expansión del gasto de la administración que le antecedió. Pero, también, hubo elementos que se deben señalar que se reflejaron en el crecimiento del gasto del gobierno.
En primer lugar, aumentó la amortización de la deuda pública, particularmente al pagarse una obligación de $250 millones que había sido colocada en el 2001.
Pero, también, en segundo lugar, en el 2012 se le pagó a la Caja del Seguro Social una deuda que el estado tenía con ella, en un monto de ₡79.000 millones y en el 2013 se elevaron los gastos para destinos específicos legales; así, al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) se le aumentó el aporte estatal en un 41%, al pasar de ₡8.051 millones en el 2012 a ₡11.373 millones en el 2013.
Se debe resaltar la opinión del medio acerca de los dos últimos años de esa administración en lo pertinente: la administración “Chinchilla no incurrió en fuertes alzas en los presupuestos en el ámbito general. Para el 2015, el presupuesto más bien decreció en un -1%.”
La administración Solís Rivera es la última de esa década que se analizada en el comentario de La Nación citada; en concreto, desde mayo del 2014 a la fecha.
Primeramente, en el segundo semestre del primer año esa administración colocó a un año plazo más de ₡500.000 millones, lo que se reflejó en la partida de amortizaciones de deuda en el 2015 (casi en un 28% de la amortización total de ese año). El aumento en el 2015 de la partida de amortizaciones fue de un 50.5%.
En segundo lugar, en el 2014 los salarios del gobierno aumentaron en un 7.7%, lo cual fue muy superior a la inflación del año y en el segundo semestre hubo un incremento de entre 4% y 5.1%, que, al darse en la base salarial, se reflejó en aumentos en las anualidades y la dedicación exclusiva, lo que excedió al crecimiento de la inflación.
Tercero, en el 2015 la partida presupuestaria dedicada al financiamiento de las universidades estatales subió en un 13.1% y para el ministerio de Educación Pública el aumento presupuestario fue de un 12.6%, al igual que al Poder Judicial se le dio el mayor incremento de su presupuesto desde el 2010, de un 13.6%.
En cuarto término, ya en el 2017 hubo una alza en la partida de destinos específicos legales, que creció en un 16.4%, debido a que una ley sin contenido -esto es, sin crear fondos adicionales para el estado- traspasó a las municipalidades el mantenimiento de las vías cantonales, a la vez que no se redujo el presupuesto de gastos del MOPT, como era de esperarse ante este cambio de responsabilidades.
En todo caso, como señala el medio, “Solís otorgó el mayor incremento presupuestario, en el ámbito general, de la década, con un 18.7% en el 2015.”
En resumen, al hacer este análisis del comportamiento del gasto según sea la administración en los últimos diez años, su crecimiento ha sido la constante, lo que explica mucho del problema actual que hoy vivimos y que nos tiene cerca de un abismo a lo Grecia, que ha requerido un tremendo sacrificio en esa sociedad, a fin de frenar el derroche de recursos que representa el gasto gubernamental desaforado.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 7 de setiembre del 2017.
