JENNA MOLL-HAY ESPERANZAS DE TERMINAR LA LEY DE DECOMISO CIVIL DE ACTIVOS
Un artículo interesante acerca de un tema de relevancia actual en nuestro medio.
HAY ESPERANZAS DE TERMINAR EL DECOMISO CIVIL DE ACTIVOS
Por Jenna Moll
Fundación para la Educación Económica
Sábado 18 de marzo del 2017
NOTA DEL TRADUCTOR: Para utilizar los ligámenes de las fuentes del artículo, entre paréntesis, con letra en roja y subrayada, si es de su interés puede verlo en https://fee.org/articles/theres-hope...et-forfeiture/
Este tipo de sustracción gubernamental es histórica y constitucionalmente injustificable.
En 1762, los agentes del rey de Inglaterra ingresaron a la casa de John Entick sin su autorización, buscaron de arriba a abajo y se apropiaron de documentos y otros materiales impresos.
Entick no fue acusado de un crimen, sino, más bien, los hombres del rey hacían una búsqueda de aliados y materiales asociados con John Wilkes, un crítico del gobierno y del rey británico destacado.
Entick planteó un juicio y el resultado del fallo de la corte, junto con otras injusticias sufridas por los habitantes de las colonias estadounidenses bajo el asedio de agresivas búsquedas y apropiaciones de los británicos, brindaron el antecedente cuando John Adams y los Padres Fundadores establecieron la base filosófica de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.
Los Padres Fundadores, que juntaron las piezas del estatuto de gobierno que más ha sobrevivido en el mundo, estarían horrorizados ante una práctica actual que a ellos les parecería -y a muchos otros- que entra en conflicto directo con la Cuarta Enmienda: el decomiso civil de activos.
ROBO, PARA LLAMARLO DE OTRA MANERA
La semana pasada, al rehusarse a considerar un caso de decomiso civil de activos por razones procedimentales, el Juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Clarence Thomas, lanzó dudas acerca de si esas prácticas se podían sostener constitucionalmente o ser sustentadas por la práctica histórica.
Compartimos su duda. El decomiso civil es un procedimiento por el cual actores de los gobiernos estatales o federales se apoderan de la propiedad de ciudadanos privados, bajo la sospecha de que la propiedad, de alguna manera, está involucrada en un crimen. Esos ciudadanos rara vez son cargados o convictos de comportamiento criminal, pero la propiedad es llevada a una corte civil, en donde el gobierno debe satisfacer lo que usualmente es una carga no muy estricta de “probar” la culpabilidad de esa propiedad.
Dejando de lado los temas de llevar acusaciones criminales a una corte civil, a un dueño de propiedad que es inocente se le obliga a ir a esa corte civil, a menudo sin asistencia legal, para que intente probar un negativo [reversión de la prueba] (prove a negative) -de que su propiedad no es culpable- ante la fuerza plena de una agencia gubernamental.
Por ejemplo, a un administrador voluntario de una banda cristiana de rock, quien recorría el país para lograr fondos para caridad, se le detuvo en Oklahoma porque su carro tenía una luz trasera rota. El gobierno halló y se apropió de $53.000 de él, sin tener evidencia de que el efectivo se obtuvo en conflicto con alguna ley. El administrador, Eh Wah, tan solo obtuvo de regreso el dinero de la banda después de que plantearon un juicio y que el malestar ciudadano fuera lo suficientemente escandaloso como para que el gobierno no lo aguantara.
Nuestras nociones de gobierno, nuestras razones para crear este gran país, se basaron en la creencia sagrada de que nosotros nunca permitiríamos que un ciudadano estadounidense se viera atrapado en tal esquema bizantino en contra de su gobierno.
MOVIÉNDOSE EN LA DIRECCIÓN CORRECTA
Afortunadamente, muchos estados están abriendo camino para proteger a dueños de propiedades inocentes ante extralimitaciones gubernamentales.
En el 2015, hacedores de política de Nuevo México pasaron legislación que trasladaron las prácticas de decomiso civil hacia el sistema de justicia criminal, sabiamente razonando que, cuando un agente gubernamental plantea un alegato criminal, tal demanda debería estar bajo la jurisdicción de una corte criminal.
Ese mismo año, Montana exigió un prerrequisito de convicción criminal a sus decomisos civiles, asegurando que, al menos, la actividad criminal era, en cierto momento, probada más allá de una duda razonable, antes de que el estado tomara la propiedad de sus ciudadanos.
En el 2016. Nebraska y New Hampshire hicieron lo mismo, requiriendo una convicción criminal para poder decomisar, mientras que Maryland elevó la carga de la prueba que el gobierno debe satisfacer en una corte civil, que fuera “clara y convincente.”
Florida dio un paso más hacia adelante, haciendo que la carga de la prueba para decomisar fuera “más allá de una duda razonable.”
En el 2017, formuladores de políticas inclinados hacia la constitucionalidad de diversos estados, se están posicionando como líderes en este tema, permaneciendo fieles a los Padres Fundadores al proteger los derechos a la propiedad de sus ciudadanos.
Michigan, que hace tan sólo dos años elevó la carga de la prueba requerida para el decomiso, ahora busca trasladar las prácticas de decomiso más cerca del modelo que Adams encontraría constitucionalmente aceptable.
Arizona está trabajando para requerir una carga de la prueba mayor en el caso de decomisos, a la vez que se retracta de una anomalía particularmente onerosa y flagrante de su ley, que permite que propietarios inocentes sean considerados responsables de los honorarios de los abogados del gobierno, si aquellos llegan a la corte y pierden. Legisladores en Pennsylvania, Texas, Idaho y Tennessee, en todos, están considerando reformar sus leyes de decomiso.
Pero, hay mucho más por hacer.
MILES DE MILLONES DE RAZONES
Docenas de estados todavía tienen prácticas arcaicas y constitucionalmente poco sólidas, y el gobierno federal, incluyendo el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos, continúa involucrado en amplios decomisos.
Es un flujo multimillonario de dólares: $4.5 miles de millones (netos) fueron depositados en el Fondo Federal de Decomiso de Activos tan sólo en el 2014, seguido de $1.6 miles de millones en el 2015 y de casi $2 miles de millones en el 2016.
Los decomisos del gobierno federal son tan rampantes y carentes de protecciones constitucionalmente adecuadas, que muchos de los estados que han pasado reformas, se vieron obligados a incluir medidas contra la evasión, para impedir que leyes federales minaran el trabajo del estado de proteger la propiedad de sus ciudadanos.
Al concurrir con la decisión de la Corte Suprema de no escuchar un caso de decomiso civil de activos de Texas, Thomas hizo notar: “Que el tratamiento de la Corte de la práctica moderna y amplia del decomiso pueda justificarse por una historia estrecha, ciertamente vale la pena que se le considere en mayor detalle.”
En tanto que la corte espera lista un caso para asumir esa consideración, más y más estados se están moviendo hacia adelante con protecciones legislativas, haciendo claro que ellos no encuentran una justificación adecuada a las prácticas actuales de decomiso.
Estamos con esos estados, y con Entick, Adams y nuestros Padres Fundadores.
Reimpreso de The Daily Signal.
Jenna Moll es subdirectora de la U.S. Justice Action Network.
