ALEGRONAZO DE BURROS

¿ALEGRONAZO DE BURROS?

Por Jorge Corrales Quesada

Los ciudadanos de bien estamos muy preocupados por el abuso de las llamadas pensiones de lujo. Estas son aquellas pensiones que reciben algunos, para las cuales los beneficiados no cotizaron lo suficiente a lo largo de su vida laboral, de forma que ahora la diferencia entre lo cotizado (más los intereses que habrían recibido esos aportes a lo largo del tiempo) y lo que efectivamente perciben, proviene, por medio del presupuesto del gobierno de la República, de los impuestos gravados a todos los ciudadanos contribuyentes. En sencillo: un privilegio para unos pocos, pagados por todos los ciudadanos. Pero, además, quienes se acogieron a pensiones en condiciones mejores, como edades menores a las de la Caja o pensionados con el 100% del salario más alto percibido en su vida como trabajador o que reciben otras pensiones del mismo estado (no privadas, que es con el ahorro de parte del beneficiado), todo es, asimismo, pagado por los contribuyentes, en general.

En el marco de esa evidente injusticia, hay que agregar que el gobierno, los diputados (y obvio que la ciudadanía) consideran que los recortes hasta el momento efectuados a esas pensiones de lujo, son insuficientes para evitar esa indebida transferencia a unos pocos, por lo que es indispensable entrarle con mayor decisión a resolver tan serio problema. Se estima que ese subsidio o transferencia o privilegio, como se le llame, se lleva el 9.7% de todo el presupuesto del gobierno y que en este año ascenderá a la enorme suma de ¢1.060.437 millones. Si se compara con el presupuesto gubernamental a agosto del 2018, habría aumentado, en el 2019, en un 11.2% adicional.

La buena noticia es que, según el comentario en La Nación del 10 de enero, el “Gobierno y diputados procuran bajar más las pensiones de lujo,” y que, recogiendo aportes de diputados de diversos partidos, “la expectativa es contar con el documento nuevo [de reforma legal a las pensiones de lujo] para inicios de febrero,” según lo dijo al medio, el diputado Vítor Morales, jefe de fracción del PAC.

La mala noticia es que ya terminó febrero y todavía no contamos con el “documento nuevo,” ni se han escuchado más noticias relevantes al respecto. Tanto nos han rodado, que no sería de extrañar que lo pretendan y logren una vez más.

Pero, veamos algunas de las medidas que se propone incorporar en el nuevo documento de reforma:

1. Habría un tope más bajo. Recuerden que ya se había reducido en el paquete tributario reciente y que la Sala IV había aprobado un tope de ¢2.7 millones, pero eso sólo logró un ahorro del 0.08% (casi nada relativamente hablando). A su vez, el tope para el régimen del Magisterio es de ¢3.9 millones al mes y el del Poder Judicial, de ¢4 millones. Muchos quieren unificar esos topes al del IVM de la Caja (de casi ¢1.6 millones), pero eso todavía no está definido.

2. Las pensiones hoy sin tope, pagarían contribuciones solidarias. Ello porque la decisión de la Sala IV sobre el tope decidió que se podía aplicar sólo a las pensiones otorgadas después del 28 de diciembre de 1998, que fue cuando entró a regir la Ley con ese tope citado. La posibilidad de aumentar las contribuciones solidarias surge porque “la ley permite rebajar hasta un 55% mensual y todavía hay margen para hacerlo,” según señaló la dirección de pensiones del ministerio de Trabajo.

3. Edad de retiro. Mientras que en el IVM de la Caja es de 65 años, en el del Magisterio es de 55 años, en el gobierno puede ser hasta de 60 años y en el Poder Judicial es de 65 años. Además de pretender la unificación a 65 años (eso sí, no me lo imagino sin discriminación por sexo), y de que se tomará en cuenta la expectativa de vida promedio del costarricense (se señala que es de 80 años en el 2016), hay que enfrentar la realidad de tener que pagar pensiones por muchos años, ante una mayor posibilidad de vida de los cotizantes.

4. Revisar el aporte estatal. Mientras que en el régimen tripartita del IVM de la Caja, el estado da un 1.24% del aporte (el trabajador un 3.84% y el patrono un 5.08%), en el del Magisterio es de casi un 8%; esto es, 6.75% como patrono y 1.24% como estado y en el Poder Judicial un 15.6%; esto es, como patrono un 14.36% y como estado un 1.24%. En estos dos sistemas, los trabajadores aportan porcentajes más altos que los de la Caja. Se busca homogeneizar los aportes estatales, pero se desconoce el porcentaje.

5. Aumento anual de las pensiones. En el IVM de la Caja, el del Poder Judicial y el del Magisterio, se ajusta según aumente el costo de la vida expresado por el índice de precios al consumidor elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos, pero en las pensiones del gobierno, el ajuste se hace según aumentos de costo de vida específico de los funcionarios públicos.

6. Duplicación de pensiones y relación con otras remuneraciones. Hay gente que recibe más de una pensión por regímenes distintos en el gobierno. Este no sucede con el IVM, pues no lo permite, pero hay casos en instituciones autónomas en que se reciben pensiones propias de sistemas internos, en donde el patrón, la institución, parte del estado, aporta una parte sustancial de las pensiones, costo que es trasladado a los consumidores por aumentos en el costo del servicio que esos entes dan. Asimismo, “se quiere acabar con los casos de quienes, además de recibir una pensión, tienen un sueldo porque siguieron laborando después de haberse acogido a retiro,” además, si no me falla la memoria, en el Poder Judicial, por ejemplo, se vuelve a contratar a funcionarios que ya se han pensionado, para que realicen tareas no permanentes, pero sí sucesivas, para su antiguo patrono.

Agregue que hay pensionados que pueden recibir dietas en juntas directivas de entes públicos, lo cual me hizo recordar a cierto pensionado del magisterio, quien se pensionó juvenilmente a los 48 años de edad, y ahora genera altos ingresos como directivo en el Banco Popular. Se busca reformar las leyes para que ahora escojan entre pensión o dietas de juntas directivas estatales, mas no ambas.

La reforma es impostergable, tanto por exigencias fiscales obvias (la reducción de gasto gubernamental en este rubro es relativamente ínfima), y por decisiones judiciales, así como porque estamos en presencia de una injusticia evidente, obvia, en donde unos privilegiados son mantenidos en sus pensiones de lujo por una ciudadanía que, en promedio, tiene ingresos mucho más bajos que los de los elegidos. Que no se nos engañe una vez más y que se avance seriamente en esa reforma indispensable. Debemos estar atentos ante esto (en especial cuando salgan a pedirles sus votos).

Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 10 de marzo del 2019.