ACCION FISCAL TARDÍA, DESVIADA, ONEROSA Y ABUSIVA SOBRE LOS CIUDADANOS CONTRIBUYENTES
ACCION FISCAL TARDÍA, DESVIADA, ONEROSA Y ABUSIVA SOBRE LOS CIUDADANOS CONTRIBUYENTES
Por Jorge Corrales Quesada
Debo agradecer a la presentación que hace La Nación del 11 de febrero, titulada “Gobierno lanza plan para reducir deuda sin despidos ni impuestos,” acerca de la reciente exposición del ministro de Hacienda ante la Asamblea Legislativa. Lo digo, pues facilita ordenar mi comentario. Y, desde ya, señalo que posiblemente las medidas en cuanto al gasto son tardías: hace buen rato que deberían haberse dado.
La primera de las medidas que, según el medio, propuso el ministro de Hacienda, se refiere a bajar la deuda pública, desde un 58.2% del PIB al cerrar el 2019, y proyectada, si no se hiciera nada adicional, a un 62.61% en este año, a que sea de un 47.6% en el 2024. La deuda pública actual es de $36.500 millones.
Para lograr ese fin, se destinarían “los superávits de 11 instituciones, por un total de ¢226.000 millones,” además de la venta de BICSA y la venta/concesión de FANAL. Esta medida generaría aproximadamente $1.500 millones, que se usarían en bajar la deuda pública citada. (Pensemos cuántas otras instituciones inservibles o duplicadas podrían igualmente venderse o fusionarse económicamente.)
Me imagino que el reciente interés del ministerio de Hacienda de poner orden en tan elevado endeudamiento, surge de la reducción de la calificación del país por la agencia Moody’s, desde B1 con perspectiva negativa a B2 estable. Esto se reflejaría en un aumento en los intereses por pagar ante un nuevo endeudamiento. Además, la acción de Hacienda se motiva por una amenaza latente a la tranquilidad burocrática del manejo financiero, cual es que, si el endeudamiento del gobierno excede al 60% del PIB, la ley de reforma fiscal aprobada introduce “una limitación muy fuerte al gasto corriente y al gasto para infraestructura” del Gobierno. Tal vez, ello pone a pensar o temblar a la burocracia.
Es posible que, ante la circunstancia, el gobierno prefiera una relativamente menor restricción al gasto gubernamental, para así verse sumido en el marco de una relación deuda pública/PIB inferior al 60%, preferible ante una mucho mayor restricción que obligadamente tendría que hacer, si esa relación excediera al 60%, como todo parecería apuntarlo.
Esto es importante, pues hace poco circuló la información de que la llamada regla fiscal se “suavizaría.” Debe recordarse que la regla señala que “Cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al 60% del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el 65% del promedio del crecimiento del PIB nominal.” ¡Ups…!
Francamente, tal vez esta última sea la única forma de arreglar, de manera más permanente, el serio problema del excesivo gasto gubernamental reflejado en un creciente endeudamiento. No sólo en el 2019 se presentó un déficit gubernamental elevado, de casi el 7% (6.96%), el cual se había estimado que este sería menor, de un 5.9%, sino que, el analista de Moody’s, Gabriel Torres indicó que el déficit del gobierno a futuro tendrá un cambio muy lento y “por encima del 4% del PIB por lo menos hasta el 2024 y es un nivel alto.” Esto es, se podría estar optando por un camino de un ajuste fiscal relativamente más suave, que el que se requeriría si la relación deuda pública/PIB se pasara del 60%. Esto significa que sería el próximo gobierno, optimistamente, el que tenga que hacer el verdadero ajuste fuerte requerido. Sabemos que, en estas cosas, el que venga atrás, sea el que arreé con todo.
Es interesante que, al menos en las informaciones diversas de los medios sobre este tema en concreto, no aparece una estimación del parte de las autoridades gubernamentales del comportamiento esperado en este año y los siguientes, del déficit gubernamental, como resultado de las medidas que está proponiendo el ministro de Hacienda.
El segundo conjunto de medidas se refiere a reducir el gasto público, que se esperaría lograr con la aprobación de la nueva ley de empleo público, que lograría una reducción de gasto equivalente a un 1% del PIB. Obviamente, dicha aprobación está por verse y, en particular, si es que, a la hora de las cosas, no se legislan compensaciones de posibles disminuciones salariales o de privilegios por el nuevo esquema, con lo que el gasto terminaría siendo mayor. (Me recuerda una reforma salarial en un banco, en donde, después de ella, el gasto en salarios no se redujo, sino que terminó aumentando).
Nada de la comparecencia que narra el medio enfatiza la puesta en plena vigencia de las restricciones -relativamente pocas, si bien es cierto- ya legisladas con la Ley 9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a las que importantes entidades del estado costarricense (por ejemplo, el Poder Judicial y las universidades públicas, entre otras) continúan oponiéndose.
Es crucial concentrarse en la reducción del gasto gubernamental, pues dicho gasto es la demanda que de los recursos productivos de una economía hace el gobierno, y que, por tanto, ya no estarán en disposición del sector productivo privado, en el cual su crecimiento reciente y su impacto negativo sobre el empleo, sin duda que preocupan y se hace esencial su recuperación para aumentar el bienestar de la economía nacional.
El tercer elemento de las medidas propuestas por Hacienda es reemplazar deuda pública relativamente más cara, por otra más barata. Lamentablemente, ello ahora resulta ser comparativamente menos ganancioso que antes, debido a la reciente rebaja de la clasificación de Moody’s a la perspectiva económica de la economía, que, sin duda, se reflejaría en intereses más altos por préstamos de mercados internacionales al gobierno nacional. Pero, de ser posible, esa medida propuesta es conveniente, pero creo que, para que tenga un efecto estabilizador a plazo de la economía, la aprobación del nuevo endeudamiento legislativo debe incorporar una clara restricción, de que esos fondos del todo no se dedicarán a financiar gasto corriente o bien que, dada la fungibilidad del dinero, el gobierno sólo lo pueda dirigir a reemplazar deuda y no a gasto, tanto corriente como de inversión.
El cuarto factor es incrementar los ingresos del fisco. Según un editorial de La Nación, el ministro de Hacienda en su comparecencia ante el Congreso, dijo que las medidas eran para lograr la reactivación económica y generar más empleo, “’sin tocar el bolsillo de las personas,’” e interpreta a esas palabras como que el ministro no procurará “más impuestos y sin menos servicios públicos.”
Esto da lugar a señalar que se deben tomar en cuenta los efectos de la enorme alza de impuestos aprobada a fines del 2018 (en especial ante la alternativa de una mayor y real reducción del gasto gubernamental en vez de mayores impuestos), lo cual se ha reflejado en un muy pobre crecimiento, si es que alguno, de la economía nacional, a la vez que el subempleo y la economía subterránea siguen creciendo, y no se diga del efecto negativo que ha tenido sobre el nivel del empleo nacional. El empleo ha crecido en zonas francas no sujetas a muchos de esos mayores impuestos, pero ha llegado a niveles muy altos en nuestra economía, de alrededor de un 12% de la fuerza de trabajo; o sea, el poco o no crecimiento del empleo se da esencialmente en el llamado régimen definitivo (sector productivo que no está exento de impuestos). Si a alguien le pasa por la mente poner nuevos gravámenes -o aumentar los costos de diversos servicios estatales, como en algún grado se ha venido haciendo- logrará que la economía siga decreciendo y que empeore la situación del empleo.
El ministro de Hacienda dice que esos nuevos recursos para el fisco provendrán del aporte de los superávits de entes gubernamental al gobierno central, que equivaldrían a un 6.5% del PIB. Por otra parte, según el medio, lo lograría, además, modificando exenciones fiscales, lo que uno entendería como un aumento de impuestos, que en muchos casos tendrían el efecto nocivo citado antes. Tal vez el gobierno haría bien si le entra a subsidios proteccionistas y exenciones resultantes del capitalismo de los amigotes. Pero, lamentablemente, como lo describe el medio, esa eliminación de exenciones fiscales más bien parece equivaler a mayores gravámenes, que dañarían el crecimiento de la economía y, por ende, del empleo. Tal vez lo que el gobierno debería considerar para estimular el crecimiento, sin privilegios a sectores, es reducir esas exenciones, pero, compensatoriamente, rebajar otros impuestos, de forma que no crezca el peso de la imposición total sobre el sector productivo.
Además, la afirmación “modificación de exenciones,” así tan amplia y poco definida, bien podría significar que se eliminarán exenciones básicas, como las de las familias para el pago impuesto sobre la renta, lo cual es impensable.
Pero, hay otro tema íntimamente relacionado con este punto general de “aumentar los ingresos,” cual es que, si se trata de usar los superávits, estos surgen, grosso modo, de la comparación de ingresos menos gastos. Por tanto, es perfectamente posible, dada en mucho la naturaleza monopólica no competitiva de entes gubernamentales, que se pretenda aumentar los ingresos elevando las tarifas correspondientes, que no son más que mayores costos para los presupuestos de familias y empresas, encontrando estas últimas un desincentivo para crecer y una disminución de los ingresos reales de las primeras. Si lo que se piensa es reducir los costos (aunque se dijo que “no habrá despidos”) en esas entidades, sería bueno que lo hagan saber con plena claridad.
Otra forma en que el gobierno pretende aumentar los ingresos, es entrándole a la evasión. Algunos estiman que en el país es de entre un 5% y un 6%, tasa que podría ser similar en muchas otras naciones, además de que la estimación suele confundir evasión con elusión, siendo legal esta última. Se trata de un viejo deseo de muchas personas, quienes deberían tomar un momento para pensar si esa evasión no se debe, en mucho, a los altos impuestos y cargas que el estado grava sobre personas y empresas y que, natural e históricamente, la gente de todos los niveles de recursos busca eludir o evitar. La economía subterránea crece constantemente, no por la beatitud de ser informal, sino porque pagar tan altos impuestos, entre otras cosas, estimula a la gente productiva que excluirse de la formalidad. El problema de la informalidad es grave; es resultado de cargas impositivas de todo tipo que, en conjunto, son muy elevadas; es criatura del excesivo peso del estado sobre la vida económica de los ciudadanos.
Ante el daño que se les pretende causar a las personas en sus derechos de privacidad, con la propuesta del ministro de Hacienda de que el gobierno tenga acceso a todas las transacciones financieras de los individuos, en donde cualquier burócrata de turno podría meterse a revisar todo tipo de movimiento financiero, debemos estar muy atentos en resguardar nuestra privacidad. Si de lo que se trata es castigar a evasores tributarios, para eso Hacienda, con la autorización de un juez correspondiente, puede tener acceso a dichas cuentas. El estado sin frenos o limitaciones no parará en mientes en lo que se refiere a expropiar a las personas de sus haberes. Esta medida punitiva apriorísticamente se traduce en que la inversión privada y la acción económica, tanto de nacionales como de extranjeros, se verá sumamente afectada. A nadie dueño de las cosas le parece bien que cualquier burócrata entre a husmear, según su disposición, en las finanzas privadas de personas o empresas. Ante este abuso tan peligroso en ciernes, debemos estar muy atentos. No debemos permitir que un fisco, causante de su propio desorden financiero en el cual nos ha sumido, pueda dañar todavía más a los contribuyentes, al no haber incentivos para que frene su gastadera a manos llenas. Entre más dinero se les dé a los gobernantes, más tendrán para gastarlo en lo que ellos consideran mejor, en vez de ser usted quien lo gaste, según mejor le parezca.
Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 12 de febrero del 2020.
