Tenemos el agrado de presentarles los artículos que el Sr. Jorge Corrales Quesada publicó en el Diario La Nación de 1990 a 1999
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Tenemos el agrado de presentarles los artículos que el Sr. Jorge Corrales Quesada publicó en el Diario La Nación de 1990 a 1999
1990-01-05-AGENDA INCONCLUSA
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AGENDA INCONCLUSA
La Nación, 05 de enero de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 191-192.
El proceso de apertura de nuestra economía, el cual es visto por numerosos analistas como la mejor alternativa para que los costarricenses podamos disfrutar de un futuro mayor nivel de vida, ha estado dirigido por los cauces apropiados, sin que por ello debamos darnos por saciados con lo que, al momento se ha realizado.
No voy a insistir en que es necesario poner orden en el déficit del sector público, pues hasta los políticos de turno han pretendido legitimizar sus aspiraciones sustentados en promesa de responsabilidad financiera, que ni el más crédulo de lo electores seriamente los acepta. El déficit en el sector público se refleja en uno de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, de manera que, tarde o temprano, se requerirá un ajuste global del primero, a fin de evitar presiones indebidas en nuestras cuentas externas.
Hay, sí, otros elementos importantes en nuestra economía, a los cuales no se les ha prestado la atención debida. Por ejemplo, la cual legislación de quiebras contribuye a la inmovilización de valiosos activos de empresas en problemas, lo que impide su utilización en alternativas que podían contribuir a la producción nacional. Dado que el programa de ajuste estructural, para que tenga resultados deseables, requiere necesariamente del traslado de recursos de actividades relativamente ineficientes, hacia otras más eficientes, una moderna ley de quiebras deberá facilitar su movilización, en vez de constituirse en el grave obstáculo actual al uso eficiente de recursos escasos.
Asimismo, debe proseguirse con la privatización de la economía; no efectuando traslados de propiedad de una parte del sector público hacia otra, que es un engaño, sino sustituyendo al Estado por la actividad privada sujeta a la competencia. De esta manera se beneficiaria al consumidor, que es el fin último de la actividad económica. Para acabar con tabúes, a los que algunos son tan afectos, se podría aprender de las experiencias de gobiernos socialistas en Europa, quienes han llevado a cabo ambiciosos programas de privatización muchos de ellos con resultados positivos a relativamente corto plazo.
Igualmente, nuestro país deberá profundizar su proceso de desgravación arancelaria y, muy especialmente, eliminar las distorsiones internas que afectan nuestra competitividad internacional. El costo de 6.000 millones de colones en CATs es la mejor prueba de que las cosas no funcionan como lo deberían hacer, pues no debe olvidarse que todos pagamos las políticas económicas equivocadas, lo cual nos debería conducir a que exijamos inteligencia en la conducción de la cosa pública.
1990-01-09-EL EJÉRCITO PANAMEÑO
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EL EJÉRCITO PANAMEÑO
La Nación, 09 de enero de 1990.
Resultado de la evaporación de la dignidad de las huestes de Noriega y del ascenso al poder del gobierno libremente electo de Endara, a muchos compatriotas les ha dado, creo que con buenas intenciones, por aconsejar a nuestros vecinos acerca de cómo proceder con sus labores de defensa.
Por supuesto, todos han sugerido que el ejército panameño desaparezca ̶ recordando el acto de Figueres– dando lugar a una simple y sencilla guardia civil, encargada de cuidar el orden y la seguridad ciudadana.
Sin que mi opinión sea tomada por nadie como consejo, también creo que Panamá estaría mejor –en las circunstancias actuales– sin ejército y que el pueblo panameño, a través de sus legítimas autoridades, debe impedir el restablecimiento de un orden militar que degeneró en una narcocracia.
Si se les ocurre no tener ejército, sino alguna especie de “guardia civil”, que tampoco se vayan al otro extremo, en que los policías van en zapatillas de cuero, mientras socorren a sus compatriotas inundados, porque no hay plata para botas puesto que ello puede sonar a “militar” o, también, quitarles a los policías los grados de los que solíamos reírnos, para darles un matiz “progre” y denominarlos comisionados. Tampoco, como si el hábito hiciera al monje, que concluyan, como nosotros, por revestirlos de mariposas amarillas o algo parecido, en un arroz con mango muy a la tica, sólo para que se diga internacionalmente que así somos consistentes con la paz.
Si me parecen ridículos algunos de los argumentos usados para incitar a los panameños a que den tan crucial paso. Un comentarista de la televisión dijo, a fines del año pasado, que siguieran el ejemplo de Costa Rica, la cual acaba de celebrar su 100 años de democracia debido a que no tenía ejército, lo cual implica que, si hay ejército, no hay democracia o que hay democracia, porque no hay ejército.
Pero, lo cierto es que si Costa Rica celebra 100 años de democracia, también lo es que no es sino a partir de 1948 (40 años) cuando no tiene ejército; o sea, por 50 años hemos tenido democracia con ejército. Además, es fácil señalar numerosos países en que, con ejército y hasta muy grandes, se vive en plena democracia. Conclusión: aunque abunde la verborrea, cuando se trata de dar un buen consejo a un amigo conviene utilizar la lógica. Hay muchos y muy fuertes argumentos para que Panamá se olvide de sus militares y para los que no hay necesidad de despreciar la inteligencia.
1990-01-14-CÓMO LOGRARLO
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¿CÓMO LOGRARLO?
La Nación, 14 de enero de 1990.
Al leer recientes opiniones expresada en relación con la situación actual de la economía del país y a lo que nos puede esperar en el año entrante, llego, primero que nada, a una conclusión muy general aunque básica: todas parecen concordar en los problemas que se padecen o se deben resolver, pero, lamentablemente, ninguna nos señala, con suficiente claridad y exactitud, qué o como debemos hacer para solucionarlos.
Como ejemplo de esta apreciación, voy a referirme al papel que se adscribe al exceso de gasto público, como factor causal de una serie de dificultades en nuestra economía. Casi todos lo que han opinado sobre estos asuntos, coinciden en que el exceso de gasto público, muy superior a las recaudaciones fiscales, ha ejercido o está provocando u ocasionará problemas tales como inflación, devaluación, líos en las cuentas de la balanza de pagos, entre otras que podría agregar, pero, lamentablemente, ninguno de los ensayistas nos dice cómo se debe resolver este punto del exceso del gasto público.
Podría haber razones de oportunidad política para no querer referirse con profundidad al asunto ( alguien creería que su puesto de Ministro actual o entrante se vería en peligro si lo hiciera), pero creo que se le hace un mal servicio al ciudadano interesado en distinguir la paja del arroz o en que se evolucione del lugar común, por el cual se acude el reputado villano del gasto público dispendioso, sin que el gobernante o quien pretende gobernar nos digan cómo hacer para equilibrar las finanzas públicas. Esto es, si deberán de aumentarse los impuestos o incrementarse la abultada deuda interna (la externa sigue refrenándonos) o acudir a la inflacionaria máquina de hacer billetes en el Banco Central o disminuir el gasto público.
Si alguien sugiere lo último, ojalá que señale en qué rubros o montos deberá reducirse el gasto público, qué programas habrá que recortar y que no se limiten a pregonar el enorme ahorro en las arcas nacionales, al sustituir un caro papel blanco que usa el burócrata, por uno más barato de color amarilloso. El asunto requiere de un análisis profundo y consistente.
Ese andarse por las ramas también se dio con el tema del CAT: al fin de cuentas, casi todo los involucrados estaban de acuerdo en que sirviera para compensar “distorsiones internas”, pero, a la hora de la negociación –el reparto de las platas de la colectividad– nunca se supo decir en qué y en cuánto consistían dichas distorsiones. De nuevo, para algunos lo mejor, tal vez, es dar un matiz intelectualmente sonoro a una circunstancia, al tiempo que evitan tomar decisiones concretas y correctas. ¿Palanganeo?; creo que así lo llama don Julio Rodríguez.
1990-01-24-REFORMAS A LA ECONOMÍA SOVIÉTICA
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REFORMAS A LA ECONOMÍA SOVIÉTICA
La Nación, 24 de enero de 1990.
Hace poco releí uno de mis primeros artículos titulado “Nuevas Tendencias Económicas en la U.R.S.S.”, que publiqué en 1966 en la revista El Zorro de la Escuela de Economía de la Universidad de Nuevo León, México. Ahí me referí a las propuestas liberizadoras que formulara el economista Yevsei Liberman, en un famoso ensayo de entonces bajo el nombre “El plan, las utilidades y las naciones socialistas y no-socialistas”.
En mi comentario cité al experto en asuntos soviéticos de la Universidad de Harvard, Abram Bergson, quien decía que “La erosión de la economía puede conducir a la erosión de otros dogmas comunistas. Por esa vía se puede extender el pragmatismo a la práctica, y de ahí, a la política internacional”. Agregaba de mi cosecha que “esto último está más sujeto a la refutación o no de los años”. Y la comprobación pasa por nuestros ojos.
El grave problema de las economías socialistas radica en su pobre crecimiento y en la incapacidad de satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Una de las alternativas que tiene para solucionarlo es su apertura al comercio internacional, basadas en sus ventajas comparativas. Sin embargo, la ausencia del sistema de precios, como guía en la asignación de recursos, les impide practicar en él con eficiencia.
El profesor Bela Balassa, de Johns Hopkins y del Banco Mundial, en su reciente ensayo “Reflections on Perestroyka and the Foreign Economic Ties of the USSR”, señala que la “La descentralización de la toma de decisiones en el comercio internacional deberá ser acompañada por la descentralización en la economía doméstica, para ser complementada por la introducción del motivo de las ganancias y de la competencia. En efecto, precios racionales, descentralización, maximización de utilidades, incentivos a los administradores y la competencia, son interdependientes y tendrán que ser proseguidos simultáneamente para que se dé una eficiente asignación de recursos”.(World Bank, Staff Working Paper 149, enero 1989, p.19).
Lo anterior manifiesta con claridad algunos de los rasgos institucionales de una economía del mercado, que están ausentes en los actuales órdenes socialistas. En esencia, la falta de crecimiento de una sociedad radica en que no existen los incentivos requeridos para una actividad económica. Lamentablemente, entre las condiciones esenciales citadas hay ausencia de una sumamente importante, la cual gravita como una sombra tras las sugerencias de Balassa: la necesidad de disponer de propiedad privada, en un sistema en que los derechos de propiedad estén claramente definidos, que sean aplicables y que garanticen aquellos que estimulen la eficiencia en la economía.
1990-02-05-EL POPULISMO TRÁGICO
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EL POPULISMO TRÁGICO
La Nación, 05 de febrero de 1990.
Un trabajo reciente de dos economistas, Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, titulado The Macroeconomics of Populism in Latin America, ilustra, basado en los casos de Chile con Allende y del Perú de Alan García, cómo la irresponsable conducción de la cosa pública, bajo el pretexto de proteger a los más desvalidos, da lugar a gravosos resultados que terminan por afectar en mayor grado a quienes se intentó beneficiar.
Las políticas macroeconómicas de corte populista poseen tres características que interesa destacar: la reactivación de la economía bajo el supuesto de que existe subutilización de la capacidad productiva instalada; la redistribución del ingreso debido a las grandes desigualdades evidentes y la reestructuración de la economía para ahorrar divisas y permitir mayores niveles de salarios, así como un crecimiento más alto que el previo. Como dicen los autores citados “El hilo común aquí es la ‘reactivación con redistribución’. La política recomendada es una redistribución del ingreso, típicamente por grandes incrementos en los salarios reales que no serán trasladados a precios mayores.” (Página 6).
El enfoque populista desprecia la devaluación porque dará lugar a la inflación; el déficit en el sector público constituye más bien una herramienta para el logro de un aumento en la demanda interna, del empleo y de los salarios reales; la política monetaria es vista de soslayo, en cuanto que se presume inexistente su efecto sobre la inflación, convirtiéndose sólo en un instrumento generador de recursos para el fisco.
Como recién lo ejemplifica el caso del Perú, si bien en un principio se observan resultados positivos, a mediano plazo surgen las escaseces de bienes, la carencia de divisas, el aumento de la inflación, los déficit en el presupuesto, ocasionado generalmente por amplios subsidios, dando lugar posteriormente a fugas de capital y a la desmonetización de las economías, al igual que a un descenso en las recaudaciones fiscales.
Los problemas anteriores conducen a que el Estado decida, entonces, tardíamente ajustar el valor de la divisa, pero esto no impide una caída masiva de los salarios reales, incluso a niveles inferiores a los previos a la puesta en marcha de las medidas populistas. La pérdida en el valor real de los salarios es permanente, debido al desmoronamiento del aparato productivo y a la fuga del capital móvil. Así, quien más pierde con las políticas económicas populistas son precisamente aquellos en cuyo nombre fueron impulsadas por gobernantes irresponsables. Alan García es un buen ejemplo para nuestras naciones, acerca de lo que no se debe hacer en la conducción de la cosa pública.
1990-02-20-TEMAS ECONÓMICOS
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TEMAS ECONÓMICOS
La Nación, 20 de febrero de 1990.
A pesar de la, en general, buena conducción de la política económica bajo la administración de don Eduardo Lizano en el Banco Central, es necesario que los gobernantes entrantes –al igual que el público– se den cuenta de algunos de los más inmediatos problemas que tendrán que enfrentar, a riesgo de que, si no lo hacen, podría provocarse un serio descalabro en la economía, con muy elevados costos sobre nuestro bienestar.
En primer lugar, el proceso de apertura de la economía debe profundizarse. Es notorio que, a casi un 70% del proceso de desgravación arancelario acordado con el Banco Mundial, se requiere reducir el fuerte sesgo antiexportador, originado en mucho por la aún elevada protección efectiva. Debe rebajarse más a los aranceles (y, más que todo, ser uniformados entre productos e insumos), lo cual originaría un descenso en la protección efectiva y, por lo tanto, en el sesgo antiexportador, lo cual permitiría disminuir los gastos en los CATs pues habría una menor distorsión que requeriría de su compensación.
Un segundo tema de gran importancia es la indispensable reducción del déficit gubernamental. Es posible que, en 1989, como porcentaje del Producto Nacional Bruto el déficit sea casi el doble del negociado con el Fondo Monetario Internacional. Esto significa que, ante la necesidad de un nuevo acuerdo con el Fondo, se exija un reajuste más profundo a nuestra economía.
El elevado déficit del sector público puede estar generando serias presiones en las cuentas internacionales, como ha sido el caso para 1989. De aquí que, posiblemente, ante una reducción en el déficit del sector público se requiera de un ajuste simultáneo en el tipo de cambio.
Por supuesto que las opciones deben ser evaluadas. Si se financia el déficit gubernamental con emisión monetaria, se terminaría con un proceso inflacionario mucho mayor que el actual. Si, alternativamente, se busca financiarlo colocando deuda interna (la cual de por sí ya es muy abultada), se terminaría por disminuir el crédito al sector privado o por elevar las tasas de interés, lo cual retraería la inversión y el crecimiento económico. Si se busca plata afuera, debe serse realista sobre su actual limitación.
Por su parte, la alternativa de mayores impuestos no parece ser políticamente aceptable, además de que debe evitarse que constituyan una distorsión adicional en la economía. Por lo tanto, todo apunta a que la estabilidad deberá lograrse a través de una reducción efectiva y sustancial del gasto público.
Una vez más se requiere de inteligencia, decisión y, sobre todo, congruencia en las políticas económicas. El costo de no hacerlo así posiblemente recaería sobre aquellos a quienes se busca proteger y ayudar: los más pobres.
1990-02-21-NI QUEMÁNDOLE EL HOCICO
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NI QUEMÁNDOLE EL HOCICO
La Nación, 21 de febrero de 1990.
Como parte del acuerdo denominado SAL II entre el Gobierno de Costa Rica el Banco Mundial, CODESA dispondrá de 30 millones de dólares para programas de reconversión industrial, además de otros 65 millones de colones aportados por las Naciones Unidas.
CODESA ya ha definido cuáles son las actividades “prioritarias” para asignar esos recursos en su reconversión y menciona, por el momento, que textiles, calzado e industria alimenticia serán objeto de ese programa preferencial, para que compitan internacionalmente con eficiencia.
Llama la atención que CODESA defina a unas cuantas actividades como “prioritarias”, posiblemente basada en criterios como integración vertical, generación de empleo, formación neta de divisas ¿y vaya usted a saber cuáles otros?, que le permitan a un burócrata, desde un escritorio, decir cuáles han de ser aquellas industrias que tienen asegurado un exitoso futuro, todo por la bondad o la clarividencia estatal. Esto, ni más ni menos, es un refrito del antiguo propósito de CODESA de dar a luz empresas claves o estratégicas en nuestra economía, que el sector privado no estaba dispuesto a llevarlas a cabo.
Lo que nos dice el omnisapiente burócrata es que él sabe mejor que nadie, cuáles son los sectores en que el país puede competir internacionalmente, que está en capacidad de decidir, más que el propio empresario interesado, qué actividades son prioritarias para que el Estado financie su reconversión, en tanto que otras quedan fuera de su favor, pues él juzga, ¿quién sabe cómo?, que no pueden competir con eficiencia en los mercados mundiales. El afán dirigista no se ha terminado: continúa vigente en la que alguien de paso por ella la definió como “la nueva CODESA”.
Según un estudio reciente, ya mucha de la llamada reconversión industrial ha sido llevada a cabo por números empresarios ̶ por supuesto que sin esperar a que se lo dijera el burócrata todo-lo-sabe encargado de definir las prioridades ̶ y que más bien el problema que enfrentan es la restricción en el financiamiento. Lo conveniente parece ser ampliar el crédito al sector productivo (en vez de ir al Estado), pero no dirigiéndolo a la “reconversión” definida por un burócrata, sino hacia lo que el empresario juzga apropiado financiar, En resumen, esta nueva aventura financiera de CODESA es ejemplo del dictum de que al Estado que interviene, ni quemándole el hocico.
1990-03-01-LAS ELECCIONES EN NICARAGUA
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LAS ELECCIONES EN NICARAGUA
La Nación, 01 de marzo de 1990.
El hermoso resultado de las recientes elecciones nicaragüenses sin duda alguna que tendrá una enorme importancia para la evolución de nuestra economía.
En primer lugar, bajo el régimen de doña Violeta seguramente Nicaragua recuperará el crecimiento económico que tenia años atrás y que el gobierno sandinista logró hacer retroceder. Nicaragua siempre ha sido, excepto recién, un excelente socio comercial de Costa Rica y es muy posible que con el nuevo gobierno se restablezcan a plenitud las mutuamente benéficas relaciones comerciales entre nuestros países.
En segundo lugar, hace algún tiempo prima entre algunas personas el deseo de restablecer el Mercado Común Centroamericano y, sin duda, la existencia de un orden económico en Nicaragua radicalmente distinto al de los demás países del Área, constituía una limitante para cualquier proceso de integración. Con el cambio sucedido en ese país se elimina un escollo adicional en la posible restauración del Mercado Común.
Sin embargo, es importante que, si se piensa en rehabilitar esa entidad, se tenga presente que el esquema proteccionista, de economía cerrada ante el resto del mundo que generó al desaparecido Mercomún, ahora no tiene razón de ser. Por lo tanto, una reformulación deberá tomar en cuenta los diversos procesos de apertura que se llevan a cabo en las distintas economías centroamericanas, para no caer en el error de restaurar un elevado arancel común en la región, como forma de separarla económicamente del resto del mundo.
Por el contrario, un proceso de reinstalación del Mercomún debe basarse en un arancel en el área bajo y uniforme ante el resto del mundo, con flexibilidad para que cada nación pueda reducir aún más su barrera proteccionista. Por lo tanto, el proceso de convergencia a dicha base es vital para la puesta en marcha del nuevo Mercomún.
Adicionalmente, debe garantizarse el libre movimiento de capitales, así como el libre comercio de productos agrícolas, que otrora se marginaron del proceso de integración. De igual manera, deberá buscarse una homogenización de los diferentes esquemas tributarios y de incentivos de los países, así como una uniformización en la conducción de la política cambiaria en el área.
Estos dos aspectos, entre otros, sin duda que gravitarán en nuestro país, como resultado de la vuelta de Nicaragua a un orden económico y político básicamente liberal.
1990-03-01-RESPUESTA AL PRESIDENTE DE CODESA
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RESPUESTA AL PRESIDENTE DE CODESA
La Nación, 01 de marzo de 1990.
Don José Manuel Salazar, Presidente Ejecutivo de CODESA, en referencia a mi artículo “Ni quemándole el hocico”, precisamente me da razón en lo siguiente: CODESA debe ser cerrada, en este caso por inanición, pues si, tal como él nos señala, son pocas las empresas que le quedan por vender y si esa entidad no va a tener ningún papel en el llamado Programa de Reconversión Industrial, entonces que regrese al basurero de la historia, en donde descansan los intentos del paternalismo que otrora abrazaron los afectos domésticos al social-estatismo.
En segundo lugar, don José Manuel Salazar indica en su réplica que las prioridades del programa de reconversión industrial no han sido producto de un burócrata sabelotodo, sino de la convergencia de intereses públicos y privados, lo cual me mueve a sugerirle, aprovechando la visita al país a finales de marzo de la economista Anne Krueger, que le pida le cuente acerca de su artículo “La economía política de la sociedad en busca de rentas”, lo que, estoy seguro, le permitirá comprender cómo empresarios emprenden actividades que no son directamente productivas, a fin de obtener alguna renta que les faculte generar mayores ingresos . Esta renta se obtiene por alguna concesión del Estado, que en tal caso puede ser disponer de recursos financieros favorables que alternativamente no obtendrían en el mercado. Es mucha la intervención estatal observada, que resulta del acuerdo entre el gobierno y un sector particular para lograr un beneficio concreto de este último.