DEBER CUMPLIDO DE LA SALA CUARTA

DEBER CUMPLIDO DE LA SALA CUARTA
Por Jorge Corrales Quesada

Ha actuado muy bien la Sala Constitucional en dos decisiones recientes, pues ha preservado los principios de un gobierno limitado y la regla de la ley. Son dos decisiones que han provocado la ira de quien, ante el fracaso personal auto infligido, ha mostrado una enorme incapacidad para gobernar y ahora cree que su salida política fácil es acusando a la Sala Constitucional, con sus dos últimos fallos, como la causante de sus propios problemas.

Que quede claro que la Sala Constitucional tiene la potestad de señalar cuando una pena puede transgredir un ámbito de razonabilidad, aunque dicha penalidad haya sido definida por el Poder Legislativo. Este tiene límites cuando toma decisiones que van más allá de las restricciones establecidas por la Constitución, que existen para la defensa de la libertad de los ciudadanos. La función de los diputados de un Poder Legislativo es representar a esos ciudadanos ante la creación de leyes y de garantizar sus libertades inherentes, no de destruirlas ni restringirlas indebidamente. Una multa desproporcionada que aprueba un Poder Legislativo restringe indebidamente la libertad de los ciudadanos. Y es la Sala la que debe indicar ese límite de proporcionalidad, tal como lo ha hecho.

Este asunto ha servido tanto para fortalecer principios que definen la actuación de la Sala Constitucional, como para mostrar mala fe de cierta parte involucrada. Cuando la Sala echa para atrás una multa desproporcionada no es porque no le interesa el valor de una vida humana, como públicamente se le ha pretendido descalificar. Lo que la Sala hace al decir que una nueva ley es inconstitucional por la razón expuesta, lo que nos está diciendo es que la ley anterior está vigente, aunque la multa vieja pueda parecer irrisoria al momento. Lo anterior es lo vigente porque la nueva pretendida ley es inconstitucional. Enfatizo “al momento”, porque es aquí en donde está el meollo de la infame acusación a la Sala Cuarta: Para resolver el problema es la Asamblea Legislativa la que debe formular una nueva Ley de Tránsito que incorpore multas razonables y así sustituya una ley vieja, que tan sólo está en vigor como sustituto temporal, como de hecho resulta del fallo de la Sala. No le echen la culpa a la Sala de ese enredo: échensela al Poder Ejecutivo, que no ha podido presentar ante la Asamblea Legislativa una ley razonable, y un Poder Legislativo que actúa incapazmente para que la ciudadanía tenga una ley supuestamente deseable, adecuada y sobre todo, proporcionada en sus multas.

Otra decisión de la Sala Cuarta provocó la ira del gobernante que cree que es posible actuar sin frenos ni contrapesos. Personalmente no me agradó que la Sala haya dado espacio a la llamada “vía rápida”, pero acato su decisión. Le agradezco que haya señalado como violatorio de la Constitución, el comportamiento específico de la Asamblea Legislativa, en su reciente aprobación del llamado paquete tributario. Es la obligación de la Sala señalar cuando hay abusos de poder y es obligación del Poder Ejecutivo, obedecer esa decisión. Ni siquiera se vale que éste se queje, porque el mal viene de un proceso legislativo abusivo, a contrapelo de los procedimientos establecidos en el Congreso para la aprobación de las leyes y en contra de los principios que defienden constitucionalmente al individuo del abuso del Estado. Políticos de turno, de paso por la administración estatal, pueden proponer aumentos a los tributos sobre la ciudadanía, pero deben hacerlo correctamente bajo el principio de la regla de la ley, y no de la prepotencia y del abuso.

Gracias Sala Cuarta por cumplir con su deber de guardar nuestra Constitución del abuso pretendido de algunos, por encima de los derechos fundamentales de las personas.

Publicado en La Extra del 08 de mayo del 2012.