OTRO ENTE ESTATAL PRETENDE HACER LO QUE LE DA LA GANA EN CUANTO A LA REFORMA FISCAL

OTRO ENTE ESTATAL PRETENDE HACER LO QUE LE DA LA GANA EN CUANTO A LA REFORMA FISCAL

Por Jorge Corrales Quesada

Es el caso de la Junta de Protección Social (JPS), que no cumple con lo que ordenó la ley de reforma fiscal aprobada hace más de un año. Lo presenta La Nación del 7 de enero, bajo el encabezado “Hacienda: JPS incumple medidas de ahorro en pluses,” basada en un informe de noviembre del año pasado de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestario, dependencia del ministerio de Hacienda, que valora que los presupuestos de entes gubernamentales que requieren aprobarse por la Contraloría General de la República, cumplan con lo establecido en dicha ley.

Hay dos aspectos esenciales de la ley de reforma fiscal, que la JPS incumple:

1. Las anualidades: como es sabido, la reforma exige que los llamados pluses sean un monto fijo, en vez de un porcentaje del salario, que no supere el equivalente de un 2.54% para los salarios más bajos. La JPS desacata la ley y el presupuesto presentado para el 2020 pagará hasta un 6% sobre los salarios más bajos y una doble anualidad cada quinquenio. Además, pagará un plus por peligrosidad de un 18% del salario, basada en una convención colectiva ya vencida, pero que se está renegociando.

2. La regla fiscal: esto es, la ley de reforma establece que el gasto corriente pueda crecer este año hasta un tope del 4.67% (para todos los entes estatales), pero el presupuesto que presentó la JPS mostró un crecimiento del 7% para el 2020.

En cuanto a lo primero, el alegato de la presidenta de la JPS, Esmeralda Britton, es que está renegociando la convención colectiva y que aplicará lo dispuesto sobre los pluses por la ley cuando se firme la nueva convención. Esto ignora que, “desde setiembre del 2009, la Procuraduría General de la República (PGR) le aclaró a la jerarca de la JPS que la reforma fiscal está por encima de las cláusulas colectivas.” Y, lo sorprendente posiblemente por incompleto, es que el medio señala que “la Contraloría General de la República aprobó el presupuesto de la institución para este año… el pasado 20 de diciembre.” Entonces, ¿cómo es que es? ¿Se cumple o no se cumple la ley en la aprobación de presupuestos por la Contraloría?

En relación con la segunda, la regla fiscal, la Contraloría ordenó a la JPS “hacer un reajuste en sus partidas, pues se pusieron allí gastos que son calificados como capital. Con ese cambio, la entidad estaría en regla.” No quiero pensar que se trata sólo de que el presupuesto de la JPS fue mal presentado, lo que diría mucho de la calidad de la administración de la JPS, sino que, con la petición de la Contraloría, el problema del cumplimiento de la regla fiscal -tope del 4.67% de crecimiento en el gasto corriente- se está permitiendo maquillar, mediante el cambio de nombre, al pasar gastos corrientes como gastos de capital. Eso impide que se apliquen los frenos al gasto (se ha definido por dicha ley un freno al gasto corriente, pero, en realidad, al gasto de capital, como si no fuera otro gasto, la ley no le impone limitantes).

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 21 de febrero del 2020.