LA REGULACIÓN NO ES GRATUITA
LA REGULACIÓN NO ES GRATUITA
Por Jorge Corrales Quesada
Hace muchos años, tal vez hará unos 25 años, propuse una reforma sustancial al sistema de control estatal sobre alimentos, medicinas y otros productos, que no sólo ocasionaba grandes costos a la ciudadanía, sino también para quien los pretendiera importar al país para su uso y venta, al igual que se estaba llegando a extremos ridículos, como lo narro a continuación, en una historia absurda de hace veintitantos años.
Resulta que, mientras estaba sentado haciendo antesala en el ministerio de Salud, para hablar con un alto funcionario acerca de una investigación que estaba realizando sobre el sistema de registro, basado en la Ley de Salud de aquel entonces, me saludó una persona que me conocía y en la conversación le pregunté en qué andaba por allí. Me contó algo increíble: él importaba una especie de sacarina en paquetes de 200 gramos para comercializar y ese producto ya tenía la aprobación para importarlo del ministerio de Salud. Pero, ahora traía al país una nueva versión de ese mismo producto, sólo que venía en bolsitas pequeñas (como las del té), y el ministerio le prohibió su importación si no registraba ese “nuevo” producto, registro que significaba un calvario informativo y de procedimientos muy onerosos.
No sé en que terminó el pobre ciudadano, pero, obviamente, me di cuenta del absurdo sistema de control existente. En el reporte que hice luego propuse que, incluso para evitar un costo enorme de procedimientos burocráticos de todo tipo, nos podíamos ahorrar todo ese esfuerzo, gracias a que en el mundo ya existía suficiente difusión del conocimiento correspondiente. Específicamente, que si un producto -medicamento, alimento o productos químicos, como fertilizantes y similares- cuyo uso era regulado en naciones que ejercían un control estricto por sus posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente, entre otros, y que nosotros considerábamos que sus controles eran los debidos y correctos, se pudieran traer al país ante una aprobación por una simple presentación de la documentación de visado de aquellas naciones, en donde ya se le había otorgado el permiso para comercializarlo entre sus habitantes.
Gracias a la Internet, era posible comprobar la veracidad de esa aprobación en el exterior, pues aparecía en los diferentes listados de los países con la regulación apropiada y presuntamente aceptada. Pero, aquí la multitud de leyes y regulaciones del proceso administrativo impedía y sujetaba todo a un inmovilismo oneroso y hasta dañino para las personas, pues incluso medicinas muy modernas, que podían curarle, sufrían un largo proceso de aprobación para que pudieran entrar al país.
De nuevo vuelve a surgir la evidencia del inmovilismo y la arrogancia burocrática que les impide reconocer que hay otras naciones que pueden tener y tienen mejores sistemas de control que el ejercido aquí. Tal estasis lo confirma una información de La Nación del 13 de julio, titulada “Defensoría impugna reglas para registrar plaguicidas: Nueva norma buscaba resolver atrasos en trámite.”
El argumento, el mismo de siempre, es que la norma propuesta de permitir el ingreso a un producto ya aprobado en otros países, a los que ya Costa Rica ha aceptado como poseedores de procedimientos correctos y rigurosos, según la Defensoría, esas normas liberalizadoras y eficientes propuestas “podrían poner en riesgo la salud de los consumidores y el ambiente.”
Esto es un absurdo desde varios puntos de vista. Primero, que esas normas propuestas ya están vigentes en naciones muy desarrolladas y estrictas, de naciones que el órgano regulatorio nacional aceptaría de previo (no sería el sistema regulatorio de Sumbambia o de la República Independiente de Macondo; se trataría de organismos avalados por la FAO o de la Unión Europea o de los Estados Unidos). Segundo, que no se defiende el interés del consumidor pues el proceso administrativo se traduce en costos nuevos para registrar el producto, costos mayores que se trasladan a los consumidores. Tercero, que no pone a la disponibilidad del país rápidamente productos de punta, provenientes de naciones que son las principales en desarrollarlo, sino es hasta que el burócrata nacional (tal vez hasta de varios ministerios diferentes; a veces hasta de tres) decide aprobarlo. Y, si fuera el caso de medicinas, como indiqué, ese atraso en aprobación podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de un habitante.
A los burócratas de la Defensoría de los Habitantes, tan sólo les digo “no me defiendas compadre.” Pero, por lo que veo, sólo terminan defendiendo chambas onerosas de varias otras burocracias, no el interés del consumidor final, de las personas que habitamos aquí.
Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales q y Jcorralesq Libertad, el 18 de agosto del 2018.
