LIBERTAD PARA TRABAJAR

LIBERTAD PARA TRABAJAR

Por Jorge Corrales Quesada

El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice lo siguiente: “Toda persona tiende derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.” Entonces, no entiendo cómo en nuestro país hay entidades públicas que sean capaces de hacer lo que sucedió recientemente, en un asunto relacionado con un estudio acerca de las necesidades financieras del fondo de pensiones del Magisterio.

No debe pasar desapercibido lo que consigna La Nación, en su edición del 6 de marzo, bajo el título “Supén rechaza estudio revelador de hueco en pensiones de maestros.” Dicho titular me llamó la atención, pues el estudio que había comentado previamente acerca del hueco financiero de ese fondo, me parecía, a simple vista, ser incluso más completo y correcto que otro previo que se había realizado para la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA). Cuando lo leí me impactó la razón por la que la Superintendencia de Pensiones rechazó ese estudio.

Juzgue usted: La Supén, dice el medio, “se vio obligada a no aceptar el informe de la auditoría actuarial debido a que, al no estar el profesional que lo elaboró afiliado al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, esto significaba que no se cumplía con los requisitos legales establecidos para el ejercicio de la profesión,” según palabras del pronto exjerarca de la Supén, Álvaro Ramos (no, no renunció por principios ante eso, sino por otras razones que no vienen al caso).

Todo esto me inquietó todavía más, pues hace poco en una discusión con el presidente de ese Colegio en Facebook, trató de darme a entender que allí no se perseguía a la gente, que no se perjudicaba a los consumidores ni a usuarios de los servicios de esos profesionales y nunca me dijo la razón por la cual era obligatorio colegiarse para ejercer esa profesión, excepto que por mandato legal. No es voluntario asociarse, si es que usted, habiendo estudiado lo suficiente y necesario y aprobado por universidades, desea trabajar. De hecho, pregúntese lo siguiente: ¿agrega algo al conocimiento o al desempeño de la persona que busca un trabajo, el que para obtenerlo se vea obligado a estar colegiado?

En el caso concreto que se comenta, el profesional “delincuente” o “en proceso de investigación por el crimen de elaborar un estudio profesional sin ser miembro de aquel Colegio” es el señor Rodrigo Arias, a quien no tengo el gusto de conocer. Resulta que, según indica el medio, ese señor Arias es “especialista en Matemáticas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y cuenta con una maestría en Matemática Actuarial (precisamente el trabajo de marras es un ejercicio actuarial) de la Universidad de Concordia (de buena reputación), en Canadá.” Además, no es un tipo desconocido que aterrizó por casualidad en esta tierra y está viendo a ver de qué vive (lo que tampoco sería, en todo caso, un delito). El señor Arias “fue por 13 años, Jefe del Departamento Actuarial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y, por ocho años, dirigió la Dirección Actuarial del Instituto Nacional de Seguros (INS).” ¡Todo un pelagatos inexperto! Pero, que Dios lo perdone, quiso ejercer su derecho a trabajar libremente, pero no era… Colegiado.

Y si de un puño de hierro se trata, el señor Arias está asociado a otro Colegio Profesional, el de Licenciados y Profesores de Costa Rica (COLYPRO). Ya entiendo, el Colegio de Economistas aborrece la competencia. Es más, si tanto dicen hablar de la voluntariedad de asociarse a dicho Colegio, ¿por qué no apoyan, ante la Asamblea Legislativa, la posibilidad de que en nuestro medio existan, en igualdad de condiciones, muchos y diversos Colegios de Economistas, en donde personas ya tituladas por universidades reconocidas pueden escoger libremente a cuál asociarse?

Me imagino que se han de estar revolviendo… en donde sea… aquellos amigos liberales que en el pasado contribuyeron a crear el Colegio de Economistas original, con el fin intelectual de que fuera un foro de opinión acerca de temas económicos, y que ahora se ha convertido en un perseguidor de gente que desea trabajar.

Pero esto se las trae. Ahora se está obligando a la JUPEMA a que haga un nuevo estudio sustitutivo del trabajo dirigido por el actuario Arias. Me imagino que este trabajo ha de haber costado buena plata, pues es muy delicado, y ahora se tira por la borda, no por falta de calidad, sino porque fue elaborado por un hereje del dogma Colegial. Esa plata adicional también será pagada por la JUPEMA; esto es, con fondos que en última instancia son de sus asociados, maestros y similares. De hecho, la colegiatura obligatoria siempre le impone costos no sólo al profesional, sino también a quien los contrate, pues se convierte en un impuesto disfrazado que en mucho se traslada o a los contribuyentes por el mayor costo a entes públicos, o a los consumidores, en el caso de que se trate de empresas.

¡Tanto que dicen algunos preocuparse por el problema del alto desempleo en el país (y, de paso, por los derechos humanos)! Pues aquí tienen un ejemplo de cómo la colegiación obligatoria a profesionales preparados por universidades reconocidas, impide que trabajo, haciendo burla del artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos.

Debemos evolucionar ante esas guildas medievales, aquellas que impedían a personas escoger libremente cómo ganarse la vida, pero parece que la acción estatal, en contubernio con cierto amiguismo, lo que pretende es imponer la voluntad del político sobre la de la persona. Esas guildas medievales no eran fuente de progreso, sino más bien lo frenaban, tanto así que terminaron por desaparecer con la Revolución Industrial. Pero, como la Hidra de Lerna, siempre aparece con nueva cabeza moderna, disfrazada de un honorable colegio profesional, para impedir que las personas puedan trabajar libremente.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 7 de marzo del 2020.