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1974-03-19-SE AUMENTARÁ LA DESOCUPACIÓN
SE AUMENTARÁ LA DESOCUPACIÓN
La Nación, 19 de marzo de 1974.
En general, es sumamente agradable escuchar palabras que apelan a los sentimientos de justicia, de equidad y de espíritu democrático del pueblo costarricense. Y eso fue lo que efectivamente hizo el señor Ministro de Trabajo, don Francisco Morales, en su charla en la televisión el día jueves 14 de marzo, en la cual realizó una explicación acerca de lo que consiste el llamado Plan de Asignación Familiar.
Sin embargo, en una alocución que apelaba a la nobleza del costarricense, ostentosamente se ocultó o dejó de tratar una serie de implicaciones del Plan de Asignación Familiar.
El salario es el pago que recibe el trabajador por la venta de los servicios del trabajo. Por lo tanto, está íntimamente ligado a su productividad. A mayor productividad del trabajo, mayor salario real que recibe el trabajador.
El Plan de Asignación Familiar consiste en un suplemento al salario del trabajador, aparte del pago de su trabajo, por lo cual se va a romper la relación que existe entre la productividad del trabajo y el salario que se paga por ésta.
DESOCUPACIÓN
Lo que el Sr. Ministro ignora o quiso ignorar es que, si se aumenta el costo del trabajo, sin que se aumente su productividad, el empresario disminuirá la cantidad empleada de trabajo. Es decir, desocupará gente, pues ahora le rinde lo mismo pero le cuesta más. Para mí es un error básico del Plan de Asignación Familiar que se financie con un impuesto a los salarios, puesto que ahora el empresario encontrará que la maquinaria es más conveniente de utilizar, dado que es ahora relativamente más barata. Por otra parte, el trabajo más caro hay que economizarlo, desocupando trabajadores.
Lo que más lástima me da es ver organizaciones, tales como el Comité Unitario Sindical, quienes se suponen que defienden al trabajador, apoyar el Plan de Asignación Familiar que lo que va a causar es el desempleo de sus defendidos. Presumo que el Comité Unitario Sindical no se ha asesorado bien en cuanto a la defensa que debiera de ejercer de sus agremiados. Con los resultados sobre el desempleo del Plan de Asignación Familiar es muy posible que se cumpla el deseo de ver ejércitos de desocupados que formarían las bases de la revolución de los proletarios que predicara Carlos Marx. No sería de extrañar, siguiendo una lógica irreductible de ayudar a contribuir a la pronta caída del sistema de propiedad privada, que en el futuro líderes de corte marxista dieran el apoyo al plan de Asignación Familiar.
POCO EMPLEO
Lo que don Francisco Morales no dijo o no quiso decir es que el famoso plan va a contribuir a formar grupos de desocupados y que juzgue la moral de cada uno de sus proponentes si eso es lo deseable que suceda en nuestra nación.
Lo anterior es excesivamente delicado, en especial cuando es bien conocido que las tasas de crecimiento de la población de Costa Rica fueron excesivamente elevadas durante la década de los cincuentas y que esas masas juveniles constituyen un incremento impostergable de la fuerza de trabajo de la década de los setentas. Lo increíble es que, tras de que aumenta la oferta de trabajo en proporciones peligrosas, se disminuye la cantidad demanda de trabajadores por medio de impuestos a las planillas, como sucede con el Plan de Asignación Familiar, lo cual ocasiona niveles de empleo aún más bajos. La incompatibilidad es evidente cuando se lee en el Plan Nacional de Desarrollo que “la fuerza de trabajo crecerá a más de un 3.5 por ciento anual durante los próximos diez años… la continuación de la política social seguida hasta ahora, repercutirá en el encarecimiento relativo de la mano de obra, lo que creará condiciones que propiciarán su creciente sustitución por capital. Ello podría crear dificultades adicionales con el empleo en ciertos sectores, acentuando el problema de la brecha social…” (Plan Nacional de Desarrollo: Diagnóstico, p. 85).
PRECIOS
Lo que el señor Ministro no dijo o no quiso decir, es que el Plan de Asignación Familiar va a crear presiones inflacionarias sobre la economía. No es, tal como dijera en un programa de televisión, que hay “ciertas” presiones sobre los precios. Al contrario, existe una inflación sumamente grave en el país. Observe los índices de precios al por mayor, al por menor, los índices de costos de la construcción; ponga atención a las quejas de los constructores y de las amas de casa y no diga que son tan sólo “ciertas presiones inflacionarias”. De muchas fuentes, estimaciones de colegas basadas en datos fragmentarios, porque ya ni información existe ̶ y cuando hay la niegan ̶ se saca la conclusión de que la inflación ha estado entre un 25 por ciento y un 30 por ciento en los últimos meses.
¿Está usted, señor Ministro, dispuesto a asumir la responsabilidad de que con la Asignación Familiar se vayan a aumentar los costos de producción, los cuales van a significar mayores precios; o sea, inflación? A veces creo que se está perdiendo el sentido común y que aspiraciones falsamente justicieras se están traduciendo en una serie de errores que van a lanzar a la economía por la borda. La responsabilidad del gobernante hacia los gobernados es sumamente seria y ella exige estudios serios, de profesionales conocedores de las implicaciones económicas de esquemas tributarios y de mercados laborales quienes, en este caso específico de las Asignaciones Familiares, están ausentes. Se ha ignorado el estudio del economista de la reputada institución Brookings, John A. Brittan sobre el impacto de los impuestos al trabajo en el sistema de seguridad social de los Estados Unidos; se han dejado de lado los estudios del economista alemán Horst Claus Rechtenwald sobre la incidencia del impuesto sobre las planillas; se han lanzado al olvido los estudios de otros connotados economistas tributarios, los doctores Joseph A. Pechman, Henry J. Aaron y Michael K. Taussig. Todos los anteriores estudios señalan las características negativas de impuestos sobre los salarios. Pero, una vez más, la opinión del político, oh gloria excelsa, basta y sobra y el decreto se lanza como si las leyes pudieran sustituir la acción humana.
Lo que don Francisco Morales sí dijo, y equivocadamente, es que el empresario es “el que va a pagar la asignación.” No es así, serán los desocupados quienes liberarán recursos del fondo de salarios o serán los consumidores, a través de precios más altos que tendrán que pagar.
EMPRESAS
Lo que don Francisco Morales no dijo o no quiso decir es que se presenta una situación de precario a nuestras empresas frente a la competencia del mercado centroamericano y el resto del mundo. La poca visión de las Cámaras, que en diferentes formas veladas y abiertas se han manifestado a favor del impuesto a los salarios, es sorprendente. Si las empresas pueden trasladar ese aumento de costos en precios más altos que los consumidores estén dispuestos a pagar, bien, la situación no es crítica. En cuanto ese traslado de la carga de los costos no sea absorbido por el consumidor, entonces, señores de las Cámaras, las quiebras estarán a la orden del día, gracias a la poca visión actual. La economía es sumamente delicada para jugar de manera tal.
Lo que el señor Ministro no dijo o no quiso decir es que el patrono es partícipe de la obligación de brindar información fidedigna del número de hijos de sus obreros y en caso de que estos últimos “metan un gol”, el patrono será penado. O sea, el señor Ministro no señaló que los patronos tendrán que convertirse en guardas de la vida privada de sus trabajadores, para así estar en claro con la ley.
Lo que don Francisco Morales dijo a medias es que, por un lado, al ir creciendo los ingresos, las familias tienen menos hijos y que, por otra parte, se tiene cuidado en que no se estimule el crecimiento de la población. O una u otra: o el ingreso extra es un incentivo para tener más hijos o no es un estímulo para la procreación. Estudios del profesor Gary S. Becker han mostrado pruebas del carácter del juicio económico que explica parcialmente el número de hijos de una familia.
Lo que el señor Ministro no dijo y debería de haberlo dicho es por qué inicialmente el financiamiento del Plan de Asignaciones Familiares consistía de un impuesto del 5 por ciento de los salarios, luego era de un 7.5 por ciento, luego de un 10 por ciento y hoy día es de un15 por ciento, según el proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa. Señaló en una conferencia el licenciado Alberto Di Mare que no conoce de país en donde la carga sobre los salarios para propósitos de la Asignación Familiar sea inferior al 21 por ciento de los salarios. ¿Hacia allá vamos?
¿Sabe el señor Ministro del estudio de la ODECA titulado “La Incidencia de las Cargas Sociales en la Industria Manufacturera de Centro América”, en el que se ve claramente la desproporción de las cargas en Costa Rica respecto a las de otras naciones del istmo? ¿No considera usted que otro aumento de ellas acentuaría el grave problema de los costos ya de por sí más elevados de nuestros productos, respecto a los de los otros países? Creo que, más bien, es que no quiere o no desea ver la situación real.
LA ADMINISTRACIÓN
Lo que el señor Ministro no dijo y sí debería de haberlo dicho, es cómo va a ser el organismo administrador de la Asignación Familiar. ¿Se imaginan ustedes las implicaciones administrativas de la atención de 200.000 familias que, según el señor ministro, recibirían la Asignación Familiar? ¿Cómo harán para enviar los 200.000 cheques mensuales? ¿Cuál será el costo administrativo de la fastuosa burocracia que se va a asociar con la Asignación Familiar? Lo que sí dijo don Francisco es que el gobierno central no va a pagar la Asignación. Ja, vaya, ahora si vemos algo del truquito.
Los trabajadores desocupados y los consumidores que tendrán que pagar mayores precios por sus productos van a subsidiar la estructura burocrática del Gobierno Central. Todo el sector privado, que incluye a empresarios, trabajadores, consumidores, va a contribuir a que el Gobierno Central continúe con su expansión burocrática. Todos pagan el pato, excepto el que organizó e invitó a la fiesta. Eso se llama “habilidad financiera”.
Lo que don Francisco no dijo y sí debería de haberlo dicho es que los grupos asalariados no son los que se encuentran al extremos inferior de la llamada brecha social. Al contrario, son los grupos independientes, formados por personas no asalariadas, las cuales carecen del “ingreso básico” que se busca brindar con la Asignación Familiar. Al contrario, con este proyecto se comete la grave injusticia de dar ingreso a grupos militantes asalariados, que no necesariamente necesitan esos ingresos si los comparamos con los verdaderos pobres de nuestro país, que son los desocupados y algunos grupos no asalariados. Sí hay datos de este aspecto, señor Ministro. El valioso estudio del profesor Víctor Hugo Céspedes, cuyo trabajo usted sí conoce, es prueba evidente de mis afirmaciones.
¢650 MILLONES
No, señor Ministro, los ¢650 millones que cuesta el Plan de Asignación Familiar tienen que salir de algún lado. No son vanas afirmaciones de justicia, de equidad y otras cosas lindas las que pueden ocultar la cruel realidad del proyecto más mal concebido en los anales modernos de Costa Rica, ya que tiene como corolario la desocupación de los trabajadores y el aumento de la inflación, la cual es ya de por sí una pena sobre los hogares costarricenses.
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1974-04-03-OFRECÍ MI COLABORACIÓN GRATUITA PARA MEJORAR
OFRECÍ MI COLABORACIÓN GRATUITA PARA MEJORAR ASIGNACIÓN FAMILIAR
La Nación, 03 de abril de 1974.
El Lic. Alfonso Piedra Pereira, funcionario del Ministerio de Trabajo, escribió el día 23 de marzo del presente año un artículo que publicó La Nación, en el cual hace referencia a opiniones que yo expresé en el mismo periódico acerca del Plan de Asignación Familiar. Esta es mi respuesta.
Señala el Lic. Piedra que mis manifestaciones están “planteadas a un nivel abstracto y subjetivo sin base seria en algún estudio científico o experiencia”. Esperaba que el funcionario del Ministerio de Trabaja presentara algunas afirmaciones no abstractas y sí objetivas. Lamentablemente, él, quien ha trabajado en el Ministerio en el proyecto de asignaciones familiares, no aporta ningún dato que permita señalar que la colectividad costarricense se va a beneficiar con la Asignación Familiar. Al contrario, hace una serie de afirmaciones inconexas y erróneas.
El Lic. Pereira lamenta que no tomara en cuenta “la obligación moral que un catedrático de una universidad tiene de aportar sus conocimientos” para mejorar el Plan de Asignación Familiar.
Ha sido el Ministerio de Trabajo el que ha presentado el plan de Asignación Familiar y no este servidor. Es al Ministerio al que le corresponde presentar un proyecto consistente que no conduzca a los resultados que he señalado. En febrero del año pasado llamé la atención acerca de los problemas que el financiamiento del Plan de Asignación Familiar ocasionaría sobre el nivel de empleo y la inflación de Costa Rica. El Dr. Fernando Naranjo realizó un comentario acerca de mis opiniones, lo cual originó un intercambio público y personal de ideas que yo he valuado. A diferencia del Dr. Naranjo, el Sr. Danilo Jiménez Veiga hizo afirmaciones bastante fuertes y poco constructivas, como puede leerse en La Prensa Libre del 3 de febrero de 1973.
En el intercambio de opiniones con el Dr. Naranjo señalé que no debería de precipitarse la aprobación del proyecto de asignaciones familiares. Tal vez esto motivó que al actual Ministro de Trabajo, Sr. Francisco Morales, me llamara a su despacho, en donde expuse los problemas que origina un impuesto a los salarios sobre la economía y bienestar nacional. Le ofrecí mis servicios gratuitos con el fin de ver en qué podía mejorar el Plan de Asignación Familiar. Le señalé que un impuesto a la renta era una mejor alternativa y que un impuesto negativo a la renta era aún más apropiado. Por razones que desconozco el Sr. Ministro de Trabajo no utilizó mis conocimientos.
En julio de 1973, en un comentario a unas declaraciones del Lic. Juan Rafael Arias Trejos, quien sugería un aumento del impuesto territorial para financiar el Plan de Asignación Familiar, abogué otra vez por el uso del impuesto a la renta. También lo hice en otro intercambio de ideas con el Lic. Gonzalo Fajardo.
Comprendo que, para eruditos de la talla intelectual del Sr. Piedra, el hecho de que yo explique el fundamento de la productividad marginal de los factores le resulta ser sumamente prosaico y sin utilidad. Cabe señalar dos cosas: en mis artículos de febrero de 1973 hice un análisis más profundo del problema del impuesto a los salarios, lo cual impidió que el lego comprendiera en forma plena el sentido de mis afirmaciones. Por eso en este último artículo decidí explicar la verdadera situación que originaba un impuesto a los salarios. En segundo lugar, al decir que mi trabajo no hace mención “a la incidencia de los costos, a la relación de las utilidades con los empresarios y, por supuesto, a la situación concreta de Costa Rica en cuanto a la distribución del ingreso” no es como el diálogo prospera. El Lic. Piedra debería de leer mi artículo en donde hablo de la implicación sobre la estructura de costos del Plan de Asignación Familiar. No puedo saber, porque es algo muy complejo de determinar, cuál será la implicación del Plan sobre las utilidades de los empresarios y, en último lugar, menciono que el Plan va originar una transferencia de ingresos de quienes quedarán desocupados o del total de los consumidores, quien les pagarán precios más altos por los productos como resultado del impuesto a la planilla, hacia los que queden empleados y reciban el subsidio familiar.
Al criticar mi opinión de que el Plan de Asignación Familiar va a ocasionar la sustitución de mano de obra por capital, el Lic. Piedra dice que “el proceso hay que referirlo a la evolución de la maquinaria y no sólo al de la mano de obra”. Por supuesto que sí. ¿No es cierto que en Costa Rica los tipos de interés han permanecido estables durante lo últimos años, en tanto que el precio del trabajo ha ido aumentando? Tal problema lo descubrió aquí, en Costa Rica, el Dr. Bela Balassa, quien señaló que él veía como un problema grave la existencia de tipos de interés subsidiados, que promueven el uso de técnicas que utilizan intensivamente el capital, al mismo tiempo que se encarecía arbitrariamente el factor trabajo.
El Lic. Piedra hace mal uso del estudio de CESPO que realizó el Dr. Fernando Zumbado, pues afirma que el factor más importante en el uso de técnicas intensivas en el empleo de capital se debe al avance tecnológico. ¿Cómo puede ser posible que el Lic. Piedra no se dé cuenta de que el avance tecnológico se puede reducir a un problema de precios relativos de los factores? Le sugiero que lea el libro de Samuelson, capítulo 37, octava edición en inglés, texto que él menciona como apropiado para estudiantes de primer año de la facultad. Estoy seguro que encontrará una explicación clara y concisa del problema que no entiende.
El Lic. Piedra señala un estudio de la SIECA que dice que, no obstante que el costo de una hora de trabajo es más elevado en Costa Rica respecto a Centro América, el costo de la mano de obra dentro del valor bruto de la producción es el más bajo de la región. Por supuesto, si el trabajo es aquí más caro, es evidente que en el proceso productivo se tienda a economizarlo. Y es lo mismo que yo alego que va a ocasionar el Plan de Asignación Familiar: menor empleo del factor trabajo.
El Lic. Piedra dice que olvido el hecho de que la unificación cambiaria mejorará las condiciones de nuestros exportadores. No es así, pues, en primer lugar, la devaluación del colón trae aparejada un impuesto a las exportaciones. En segundo lugar, puede ser que los demás países del istmo tomen represalias y, en tercer lugar, no sabemos cómo son las elasticidades del comercio internacional, por lo que los resultados de la devaluación del colón pueden ser negativos.
Presumió mal el Sr. Piedra al decir que no he leído el Plan Nacional de Desarrollo. Éste, entre otras cosas buenas, tiene varios defectos. Creo que existe inconsistencia entre la cita que yo hice, en la que mostraba preocupación por el encarecimiento del relativo del trabajo ante el capital, y su defensa del Plan de Asignación Familiar, el cual promueve un uso más intensivo del capital respecto al trabajo.
No es necesario ser muy listo para darse cuenta de que el Plan de Asignación Familiar tiene que aparecer en el Plan Nacional de Desarrollo y que si el Plan Nacional de Desarrollo no trata de las asignaciones, implícitamente se dice lo que yo he dicho: que es un proyecto nocivo. O hay una contradicción e inconsistencia en el Plan Nacional de Desarrollo o se trata de incorporar el tema por razones políticas.
La xenofobia del Lic. Piedra es algo sui generis; lamenta que utilice las opiniones de profesores y economistas extranjeros para señalar el carácter inflacionario del Plan de Asignación Familiar y, por otro lado, nos señala experiencias con las asignaciones familiares “en diversos países del mundo y de la América Latina”. Es la oficina del Lic. Piedra la que tiene que probar al pueblo costarricense que el Plan de Asignación Familiar no va a causar los efectos sobre el desempleo y la inflación que esos autores señalan. Esa es la responsabilidad que el Ministerio de Trabajo ha eludido constantemente.
El Lic. Piedra dice que yo afirmé que “los sectores más pobres se encuentran en el grupo de los desocupados”. Deduzco que él no sabe leer con cuidado, pues yo señalé que “son los grupos no asalariados los cuales carecen del ingreso básico que se busca brindar con la Asignación Familiar”. O no entendió lo que yo escribí o bien el Sr. Piedra interpreta que tan sólo el asalariado es el ocupado y que, quien no es asalariado, luego, no está desocupado.
Nada se gana con que el Lic. Piedra diga que las asignaciones familiares van a contrarrestar la tendencia a que la brecha social siga ampliándose. Lo que yo alego es que se va a dar una transferencia de ingresos de los consumidores o los desocupados que resulten, hacia los asalariados que queden empleados. Va a ser una transferencia de ingresos entre los mismos o semejantes grupos de ingresos. Lo que el Lic. Piedra tiene que probar es que existe un beneficio neto para toda la colectividad si se aprueba como está discutido el Plan de Asignación Familiar.
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1974-06-27-EL CULPABLE DE LA INFLACIÓN
EL CULPABLE DE LA INFLACIÓN
La Nación, 27 de junio de 1974.
Es muy frecuente que ciudadanos o instituciones expongan en forma pública la utilización de mecanismos que resuelvan el “problema del aumento creciente de los precios”. En la mayoría de los casos existe un deseo sincero de llevar a cabo esta lucha, pero no siempre el remedio que sugieren resulta ser el más apropiado.
En mucha ocasiones los consumidores culpan de la elevación de los precios a los comerciantes minoristas, al mismo tiempo que estos señalan que los causantes de la especulación son los comerciante mayoristas, quienes a su vez ponen el dedo acusador hacia los productores agiotistas, continuando sin fin esta cadena de responsabilidad transferida.
Lo anterior recuerda un juego que se solía efectuar en algunos bailes, en los que un número impar de jóvenes bailarines se pasaba una escoba en mano y nadie quería ser sorprendido con el artefacto en mano, pues tendría que bailar la pieza musical con una compañía tan poco agraciada. Todos tratábamos de que fuera a otro a quien le tocara la escoba y nos deshacíamos de ella en el instante en que tocara nuestras manos. Igual sucede con la inflación: todos los diversos participantes en la economía nacional buscan hallar en otros a los culpables del alza de los precios para, de esta manera, poder continuar en el baile con la conciencia tranquila.
Pero resulta, y esto debe tenerse bien claro, que la inflación no es un juego ni siquiera un juego académico. Desgraciadamente su presencia es ahora tan real en la economía nacional, que ella exige señalar con claridad cuál es su causa. Existe una relación estrecha entre la cantidad de dinero que hay en una economía y el nivel de su producción. Si se aumenta exageradamente la cantidad de dinero respecto al crecimiento de todos los bienes y servicios que se producen en el país, el exceso se traduce en un aumento del precio de todos los artículos. Al tener la gente más billetes en las manos, procede a comprar diversos productos, los cuales necesariamente van a subir de precio si no ha aumentado lo suficiente su producción. El aumento en la cantidad de dinero ocasiona un alza en los precios.
En Costa Rica, el crecimiento de la cantidad de dinero durante los primeros años de esta década ha sido sumamente elevado en relación con el crecimiento de la producción, lo cual ha originado el alza en los precios. Esto era inevitable y así lo pronosticó ANFE desde 1963, cuando la causa empezó a operar. Nótese que este comentario no dice que la inflación se debe sólo a factores internos. Es evidente que la inflación es hoy una epidemia con carácter mundial. Pero sí se puede alegar que, en nuestro proceso inflacionario, los factores nacionales o internos han sido unos motores bastante fuertes en la elevación del nivel general de precios.
Uno escucha muy a menudo que los empresarios con los culpables del crecimiento general de los precios. Los proponentes de este argumento fracasan al no conocer cuáles son las verdaderas causas de la inflación. Para ello, basta con preguntar a los que mantienen estas opiniones, ¿por qué es que hasta ahora los empresarios elevan los precios?; o, al menos, ¿por qué no lo hicieron antes? Es imposible admitir que, súbitamente en la década de los setenta, los empresarios han conocido la astucia y han empezado a darse cuenta de lo que es actuar según su propio interés. Si los mismos empresarios no actuaron así antes, ¿por qué ahora sí?
La explicación del fenómeno es relativamente sencilla, ya que no puede creerse que se haya originado en un cambio en la naturaleza humana en el transcurso de unos pocos años. Lo que sucede es que los empresarios, quienes siempre buscan obtener las mayores utilidades posibles, antes no podían elevar los precios porque se quedaban sin vender sus productos. En cambio, ahora, debido a que la cantidad de dinero es excesiva, la gente como un todo podrá pagar esos precios más elevados por los productos, que es lo que caracteriza a la inflación. Por lo tanto, resulta incorrecta la interpretación de que la inflación se debe a los “comerciantes especuladores”. Ojalá la explicación fuera tan simple como esa.
El argumento de que las presiones inflacionarias se deben a los aumentos de salarios impulsados por los sindicatos es igualmente inapropiado. Este fenómeno cobra una actualidad especial con la huelga bananera, la cual tiene como objetivo principal el aumento de salarios que permita a los obreros reponer las pérdidas debidas a la inflación. La petición de un aumento del 36 por ciento en sus salarios es una cifra que no asusta a quienes conocemos la gravedad del alza reciente de los índices de precios.
No se puede deducir que la causa de la inflación se deba al aumento de los salarios puesto que el proceso es exactamente al revés. Es la inflación la que causa las peticiones del aumento de los salarios. Y la inflación es originada por el exceso de circulante en relación con el aumento de la producción.
El responsable de la inflación es el Estado, pues es el único que por ley puede emitir dinero. El uso excesivo de las máquinas impresoras de billetes, más allá de lo requerido por la producción, ocasiona la inflación. Es necesario que todas las partes que colaboran en la producción nacional dejen de culparse mutuamente y que se den cuenta de que el órgano emisor de dinero (el Banco Central) es el que determina el comportamiento de los precios, porque es el que controla el volumen de los medios de pago en el país.
No debemos olvidar que el gran negociante y beneficiario de la inflación es el Estado, puesto que compra bienes y servicios al sector privado con billetes que al mismo tiempo han perdido su valor. He aquí la lucha a que debe abocarse el hombre libre: forzar al Estado a que no siga políticas inflacionarias, las cuales ocasionan el deterioro individual por causa de ese Estado.
En Costa Rica aún no se ha señalado la índole de la política monetaria que seguirá el actual gobierno, Es necesario que a la mayor brevedad se traduzca la incertidumbre económica que afecta al país. El tema de las políticas anti-inflacionarias, así como el estudio de algunas supuestas medidas muy en boga que han sido sugeridas, serán objeto de análisis en otro trabajo.
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1974-07-01-EL CONGELAMIENTO DE LOS PRECIOS ES UN ERROR
EL CONGELAMIENTO DE LOS PRECIOS ES UN ERROR
La Nación, 01 de julio de 1974.
En mi artículo anterior señalé la necesidad de que el nuevo gobierno defina las políticas monetaria y fiscal que va a proseguir durante su gestión. Esto se debe a la importancia que reviste la existencia de una moneda sana en la estabilidad económica del país.
La definición de las políticas económicas del gobierno cobra una trascendencia especial cuando se observan las muchas sugerencias orientadas a la aplicación de alguna forma de congelamiento de los precios. Es interesante recordar cómo, hace varios años, en Costa Rica se hablaba del problema con la inflación de otros países, con su secuela de congelamiento de precios y de retroceso en los niveles de producción y, hoy día, la inflación en nuestro país se agrava cada vez más y dolorosamente se observa cómo las personas se dejan seducir por los cantos de las sirenas, que piden el control de precios.
A veces dudo acerca de si la gente aprende lecciones de la Historia, como puede deducirse al observar los múltiples intentos de congelamiento de los precios que se han ensayado a lo largo de los siglos.
Puedo señalar el edicto del emperador Diocleciano en el año 301, el cual fijaba controles de precios y que terminó en el fracaso más rotundo, incluyendo derramamientos de sangre en la consecución de provisiones.
Poco tiempo después, el emperador Julián de Antioquía utilizó un sistema de controles semejantes y gracias al mercado negro fue que se suministró algún alimento a la hambrienta comunidad.
En la época de la guerra de la independencia de los Estados Unidos se impuso el control de los precios, lo cual casi ocasionó la muerte por hambre de los ejércitos de Washington en Valley Forge.
Los nazis controlaron los precios en la Alemania de la segunda guerra y, al termina ésta, durante tres años más se mantuvo un control estricto de los precios. No fue sino hasta que los valores de los artículos se dejaron al libre mercado, que los alemanes pudieron tener productos en los cuales gastar sus marcos.
Recientemente, Richard Nixon, quien meses antes había asegurado que no congelaría los precios y salarios, haciendo cálculo político decidió en agosto de 1971 fijar los precios y salarios como una medida para combatir la inflación. Hoy día, casi tres años después, el veredicto ampliamente generalizado de los técnicos entendidos en la materia es totalmente negativo y, al contrario, muchos economistas explican que los problemas económicos actuales de ese país se deben, en gran parte, a las erróneas políticas de control de precios proclamadas por el señor Nixon.
Las experiencias históricas acabadas de describir deberían de hacer meditar a muchos de los encargados de fijar las políticas nacionales. Es obvio que ordenar una limitación a los precios suena sumamente placentero a los oídos de muchos. Después de todo, ¿por qué no fijar un precio de cero o casi cero a todas las cosas y de esta manera lograr un caudal de satisfacciones sin paralelo? Es por esta razón que el político generalmente acepta medidas de control de precios, pues ello, por lo menos durante un tiempo, le asegura el favor popular. Sin embargo, las distorsiones que ocasionan a la economía medidas como esas, terminan por imponerse: la escasez hace surgir los mercados negros y la ausencia de incentivos normales a la producción terminan por dislocar los sistemas de abastecimiento.
Los controles generales de precios que se han aplicado en Costa Rica han funcionado por una razón muy sencilla: igual hubiera sucedido si tales leyes de control de precios no hubieran existido; han sido totalmente innecesarias e irrelevantes. (Dejo de lado, por supuesto, a ciertos productos específicos, como, por ejemplo, la leche; tal vez los pasajes de autobuses). El problema surge cuando el gobierno cree que en una situación inflacionaria puede controlar por decreto todos los precios de los bienes y servicios que se producen en la economía. Lo anterior no sólo requiere de un ejército contralor de precios, sino que es una lucha realmente estéril.
El sistema de mercado es tan complejo que lo mejor que el hombre puede hacer es dejar que las miríadas de decisiones individuales se conjuguen en la oferta y la demanda para la determinación de los precios.
Hace muchos años que en Costa Rica se han venido exponiendo los peligros de la inflación: ahora la tragedia está presente en nuestra nación. Es necesario, ahora, llamar la atención acerca de los costos sociales elevados que ocasiona una supuesta política social de fijación de precios. Espero que la sabiduría humana se imponga y que nuestras autoridades no prosigan el camino fácil, alejado de la ciencia, de atacar los síntomas y no las causas de la inflación.
Lo impostergable es que el gobierno busque una solución al problema. Hace bastante tiempo que se espera que el Estado fije clara y concretamente su posición frente a la inflación: es necesario conocer qué medidas de tipo fiscal y monetario se piensa utilizar. La incertidumbre entre los productores privados es enorme. El consumidor no sabe cómo ajustar sus presupuestos familiares ante las variaciones cada vez más fuertes de los precios y los ahorrantes e inversionistas tienen complicaciones cada vez mayores en la determinación de sus políticas de precios.
El problema de la inflación y del control de precios me recuerda el ejemplo que señalaba un distinguido economista; es como tener una caldera u olla de presión, con el fuego a todo meter. Mientras haya un escape, la situación no es peligrosa. Si se le pone una tapa, terminará por explotar. Si nuestra economía está siendo objeto de presiones sumamente fuertes, los precios al alza son esa válvula de escape. Si se congelan los precios; o sea, se le pone esa tapa a la olla, la economía terminará desintegrándose. Lo conveniente es reducir las llamas que están recalentando nuestra economía y no poner un control de precios.
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1974-07-09-GENERACIONES Y RECURSOS NATURALES
GENERACIONES Y RECURSOS NATURALES
La Nación, 09 de julio de 1974.
Uno de los temas que más han sido objeto de recientes comentarios es el de la contaminación ambiental y la depredación de los recursos naturales. Alrededor de estos asuntos se ha dicho que son un problema que trasciende lo económico y que “el ambiente ecológico tiene no sólo valor económico sino un decisivo valor humano” (Contratos, extremismos y desarrollo, por José A. Sáenz Renauld, La Nación, 19 de junio de 1974).
La preocupación que comparto es la búsqueda de una utilización de los recursos y la conservación de un ambiente apropiado para las generaciones venideras, con “un sentido económico”, como apunta el Prof. Sáenz. Debemos por tanto, definir claramente el criterio que se deberá seguir en el empleo de los recursos naturales, de manera tal que tanto las generaciones actuales como las futuras, usen óptimamente los recursos escasos que brinda la naturaleza.
Si bien la tecnología, la política, la ética y otras ciencias tienen que ver con el problema de la utilización de los recursos naturales, la característica definidora de la ciencia económica es la optimización en el uso de los recursos escasos cuando hay fines alternativos. Por ello, yerran en su enfoque acerca del problema de la contaminación ambiental y el empleo de los recursos quienes dejan de lado el análisis económico.
El punto fundamental de la discusión es cómo deben utilizarse los recursos naturales. Es obvio que si lo que se desea es mantener en existencia los recursos naturales no renovables por el mayor tiempo posible, entonces, lo óptimo es que nunca sean utilizados. Sin embargo, no creo que los “conservacionistas” estén dispuestos a que se congele el empleo de los recursos no renovables, aunque de esta forma los nietos y los tataranietos heredarían el máximo de recursos naturales.
Por lo tanto, debemos buscar un medio racional para la utilización de los dones de la naturaleza. Para ello, supongamos que poseemos un bosque. Podríamos, como una alternativa, no cortar el bosque y dejar que termine su ciclo natural. Esto implica que se está incurriendo en un costo al dejar de ganar por no cortar los árboles. Entonces, ¿deberíamos cortarlos ahora? Veámos: si vendo la madera hoy obtendré ciertos ingresos; pero si dejo que los árboles crezcan por otro año éstos me redituarán más. Por lo tanto, tiene que existir algún punto en la vida de los árboles en el cual su corte rinde las mayores ganancias.
La regla que el economista brinda es que los árboles deben ser cortados a lo largo del tiempo, de manera tal que se haga máximo el valor presente o descontado de esos árboles. Se habla de valor presente porque los costos en que incurran en el futuro serán una carga menor que si tuvieran que ser pagados hoy y los beneficios cada vez valen menos mientras más en el futuro se perciban.
La regla sugerida aparece, entonces, de la comparación de los beneficios de no cortar el bosque (el terreno puede ser usado como un centro de recreación o de campamento) con los costos de no cortar los árboles (los costos alternativos de no vender la madera por lo que se le pueda sacar).
Por lo tanto, un significado operativo del concepto de conservación es el uso óptimo a lo largo del tiempo de nuestros recursos naturales fijos.
Veamos un ejemplo, no ya de bosque, puesto que los árboles pueden siempre volverse a plantar, sino de un recurso no renovable, tal como el caso de las calizas que se utilizan en la producción del cemento (pueden ser, también petróleo, gas natural, hierro, níquel, etcétera, pero no parece que los haya en Costa Rica hasta este momento).
Creo que si la caliza no se usa nunca; es decir, es totalmente “conservada” ni nosotros ni nuestros tataranietos recibirán beneficios por el empleo de ella. Dado lo absurdo de esta situación, ¿cómo decidimos cuál ha de ser la tasa a que utilizaremos estos recursos? De nuevo el criterio es emplearlos de manera tal que el valor presente de este recursos sea el máximo. Por lo tanto, eventualmente es posible que en la alguna fecha del futuro se agoten las calizas. Y ello es resultado de una utilización óptima de los recursos porque, si se paralizara o detuviera el uso de las calizas, muy posiblemente se empleará algún otro recurso en forma más intensiva o se desarrollarán sustitutivos. Es decir, se gastarán más rápidamente que en la forma alternativa. Debemos recordar que es imposible “conservar” todo. Si así lo fuera, el hombre no hubiera existido desde hace mucho tiempo. El criterio de uso óptimo requiere que utilicemos antes los recursos que nos son más baratos y los más caros, luego. Si decidimos emplear ahora una combinación de recursos que tiene un costo mayor que otra, estaremos engañando a las generaciones futuras, las cuales heredarán una riqueza menor. Con su “conservacionismo” así les hacemos un flaco servicio a nuestros descendientes. “Conservacionismo” no puede significar un uso erróneo de nuestros recursos mediante limitaciones emotivas; al contrario, el verdadero conservacionismo significa la obtención máxima de los beneficios derivados de la utilización de nuestros recursos naturales escasos.
Si nuestra preocupación es el bienestar de las generaciones futuras, los “conservacionistas” no deben olvidar que el bienestar de la población venidera depende del comportamiento de los ahorrantes actuales. Por ello, el criterio del máximo valor presente es el conducente al empleo mejor de nuestros recursos naturales escasos. Es un error definitivo el dejar de lado o subestimar el criterio económico. No existe un divorcio entre el valor económico y el valor humano, puesto que, al fin y al cabo, la economía es una ciencia social al servicio del hombre y no se trata de algo extrahumano.
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1974-07-24- EL ESPECULADOR EN LA PICOTA
EL ESPECULADOR DE LA PICOTA
La Nación, 24 de julio de 1974.
Gracias a Dios, al fin y al cabo se le ocurrió a nuestro bondadoso gobierno tomar cartas en el asunto: la especulación está llegando a niveles insuperables. Se imagina tener que pagar ¢1,50 por una Coca Cola o ¢7,00 por entrar al cine a ver una película mejicana. Gracias a la ley de protección al consumidor ahora se le acabará el negocito a los tagarotes, que lo único que tienen en mente es amasar más y más billetes a costa de las pobres amas de casa, de los trabajadores y, en general, de todos los grupos desvalidos de Costa Rica.
Después de todo, ¿qué es lo que hace el especulador? Compra barato para vender luego más caro. Compra frijoles a peso en los Chiles y después los vende en San José ¢3,50 y eso con suerte de que no tengamos que pagar ¢4,00; o bien compra naranjas en marzo en Villa Colón en plena cosecha, las almacenan, las someten a refrigeración y luego, para que compitan con las uvas y manzanas decembrinas, nos las venden ¢0,50.
Pero, eso se va a acabar. Se arreglará el problema de la inflación. Vamos a fijar el precio de los frijoles en ¢0,50, como el de aquellos tiempos y las naranjas costarán un cinco, como solíamos pagarlas antes de que los especuladores causaran esta inflación.
Suena bien a los oídos de los costarricenses este asunto de fijar los precios. ¿Qué les parece si también congelamos el precio del Neutrodor, en ¢2,50?, así tendremos menos olorosos en los camiones de mediodía.
Me puse muy contento al leer el artículo primero a la Ley de Protección al Consumidor, que propone el Gobierno “Es atribución del Ministerio de Economía, Industria y Comercio fijar precios oficiales a los bienes y servicios necesarios para la producción y el consumo nacional, así como procurar un adecuado abastecimiento”. Me parece que la intención es muy buena, aún cuando exija un esfuerzo enorme de la burocracia estatal el tener que determinar los precios oficiales de los automóviles, de las casas, de los perfumes, de las lámparas, del arroz, de los chumicos; en fin, de cuanto chunche se utilice en la producción y consumo nacional. Tal vez ello requiera que 1.846.200 costarricenses, según estimación preliminar del censo de 1973, tengan que dedicarse a ver cuál debe ser el precio del chayote, según sea blanco o verde, tierno o sazón, con pepa o sin ella, según venga de Alajuela o de La Línea. Nada importa, al fin y al cabo están protegiendo al consumidor. Ahora hablemos en serio. En realidad, lo absurdo de la ley de protección al consumidor exige analizar claramente cuál es la raíz del problema.
En primer lugar, no es congelando los precios como se resuelve el problema de la inflación. En tanto el Estado no tome medidas restrictivas de la cantidad de dinero en la economía, así como del gasto público, la inflación no cederá. Al contrario, con esta medida lo que va a ocasionarnos es la escasez de los productos esenciales en la economía. Lo que el Estado debería de hacer es promover la producción nacional: si el problema es el de precios elevados, aumentando la producción logrará, por lo menos, aminorar el alza de los precios. Creo que la fijación de precios lo que va a obtener es un aumento en la escasez de los productos, lo cual muy posiblemente ocasione que surjan mercados negros, contrabandos, colas para adquirir productos, tarjetas de racionamiento, envidias de los vecinos que pueden delatar a una persona por venganza, sabotaje y espionaje industrial que lesionan la competencia y, sobre todo, la omnipotencia del Estado determinado quiénes son los favorecidos con sus políticas.
Es más, ¿qué garantiza al productor o consumidor que los precios que fije el Estado nos son arbitrarios? ¿Quién garantiza al ciudadano que, por razones políticas, ideológicas, o lo que fuere, no habrá persecución por medio de la fijación de precios, que ocasionen pérdidas en los negocios de los opositores o no simpatizantes del Gobierno? Debe el pueblo costarricense meditar sobre las implicaciones que tiene para la libertad individual el que un burócrata pueda decidir el destino de su empresa. Si lo que se desea es que el Estado, con su sabiduría omnipotente, determine los precios sustituyendo a la infinidad de productores y consumidores que actúan a través del mercado, entonces, los costarricenses debemos estar dispuestos a ceder nuestra autonomía individual.
El artículo primero de la ley, cuyo texto cité anteriormente, no sólo permite fijar los precios de los productos: si se lee cuidadosamente se podrá observar que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene la atribución de fijar precios a los servicios. Entonces, perfectamente el día de mañana el burócrata en turno puede determinar la congelación de los salarios, si así le place. Es de esperar que todo productor desee que los precios de los artículos y servicios que compra para ser usados en la manufactura de su producto, sean congelados, pero, al mismo tiempo, desea que su producto no sufra la fijación de su precio. También es de esperar que a los consumidores les agrade que se fije un precio máximo a los productos que compran, pero no al trabajo o al producto que venden. El juego es muy peligroso, porque la presión política se convierte en determinante acerca de qué artículos o servicios deben tener precios máximos o el nivel de esos precios.
Para terminar, la existencia de cuerpos de vigilancia de precios es el preámbulo de la chilenización en Costa Rica. No permitamos, como hombres libres que formamos el pueblo costarricense, que la demagogia barata se refleje en sueños de opio como en la propuesta ley de protección al consumidor. Combatamos los monopolios, luchemos porque en nuestro país se vuelva a la disciplina financiera y monetaria, disminuyamos la protección arancelaria excesiva, pero no nos hagamos ilusiones de que con el congelamiento de precios se resuelve el problema de la inflación. Al contrario, se presentará el hambre, la corrupción proliferará y disminuirá la libertad fundamental en la vida de cada uno de los costarricenses.
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1974-07-26-LA BRECHOLOGÍA Y LA BRECHA SOCIAL EN COSTA RICA
LA BRECHOLOGÍA Y LA BRECHA SOCIAL EN COSTA RICA
La Nación, 26 de julio de 1974.
Uno de los conceptos de nuevo cuño empleado algunas veces por políticos estudiosos y algunas otras por políticos menos estudiosos, por tratadistas sumamente serios de la economía y también utilizado en documentos como el Plan Nacional de Desarrollo, es la llamada brecha social.
Mi búsqueda en el Plan Nacional de Desarrollo de una definición operativa de la llamada brecha social, terminó en un fracaso rotundo, pero sirvió de estímulo para realizar una incursión académica en la “brechología” o estudio de las brechas. Mi preocupación creció al darme cuenta de que, como ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo, se habla ya no sólo de la existencia de una brecha social, sino del aumento de ella, lo cual es un concepto que, aunque relacionado, es totalmente distinto.
La idea de brecha social la fundamentan algunos autores en la diferencia de ingresos existente entre grupos sociales, ya sea en un momento dado o a lo largo del tiempo.
Este punto de partida es importante porque, después de todo, la división que se hace entre ricos y pobres no deja de ser arbitraria y, además, muchos de los ricos actuales pueden perfectamente haber sido pobres en épocas pasadas o viceversa. De esto se deduce que se presenta un grave problema para definir la dimensión de la llamada brecha social. Por ello, diría yo, el concepto de desigualdad que se suele utilizar implícitamente en los estudios de la brecha social, debería más correctamente ser enfocados en términos de diferencias de ingresos, lo que constituye un concepto éticamente neutral, tal como lo requiere la metodología de la ciencia económica.
Dejo de lado estos problemas de definición del concepto de brecha social popularizado recientemente en Costa Rica y me refiero a la utilización que de éste hace el Plan Nacional de Desarrollo. Para este análisis, el Plan se fundamenta en el valioso estudio de la distribución del ingreso de Costa Rica realizado por el profesor Víctor Hugo Céspedes, el cual constituye una muestra de la seriedad científica con que debe realizarse una investigación económica. El trabajo del profesor Céspedes se refiere al año 1971, pero, infortunadamente, no es analizado en forma apropiada en el documento de OFIPLAN, pues se le compara indebidamente con otra distribución del ingreso realizada en 1961, que tiene una dudosa calidad científica (ver OFIPLAN, Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo, p.p. 75-76). El profesor Céspedes hace una comparación de ambas distribuciones de ingresos, pero, como científico serio que es, no habla de que pueda alegarse que exista algo así como la llamada brecha social; al contrario, son otros quienes han utilizado su estudio para derivar conclusiones erróneas dentro del marco de la brechología.
Por lo tanto, no es necesariamente válida la comparación que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo de las distribuciones de ingresos de 1961 y 1971, puesto que sus bases metodológicas son muy distintas, dudándose de la calidad del primer estudio en 1961. Pero, aún cuando este problema de comparación no existiera, ¿es válido hablar de brecha social? Los economistas saben que existen muchos productos y servicios que son consumidos por las mismas familias que los producen y que no son objeto de medición en el mercado, lo cual implica un grave problema en la valoración de los ingresos reales, También los economistas saben que algunos bienes o servicios que se toman como ingresos, realmente constituyen costos de producción y que, como tales, deberían de excluirse de los cálculos de ingresos. Además, los economistas reconocen que las actitudes respecto al ocio varían entre grupos diferentes, por lo cual las medidas del ingreso pueden tener un margen de error elevado. Y, para terminar, los estadísticos acentúan la importancia de tomar en cuenta la composición por edades de los distintos grupos, puesto que, de no hacerlo así, las comparaciones de ingresos pierden sentido.
El problema más grave, aunque todo lo que he dicho no fuera importante o relevante, es que el concepto de brecha social nunca ha sido aclarado acerca de si se refiere a las diferencias de ingreso absolutas o relativas. Es muy posible que, por ejemplo, hace 10 años los grupos o familias tenían 500 y 1.000 unidades de ingresos respectivamente, y que ahora esos mismos tengan 9.000 y 10.000 unidades de ingresos.
Puede decirse que la brecha absoluta de ingresos se ha duplicado, pero, al mismo tiempo, se ha dado una reducción en la diferencia relativa de ingresos, puesto que hace 10 años los grupos o familias pobres tenían un ingreso igual al 50 por ciento de aquél de los grupos o familias ricas, en tanto que ahora los grupos o familias pobres un ingreso igual al 90 por ciento de los grupos o familias ricas; es decir, se ha dado una reducción porcentual o relativa de la brecha de un 40 por ciento (antes la diferencia era de un 50%, ahora es de sólo un 10%; la brecha se redujo en términos relativos en un 40%),
Por ello, si bien la posibilidad de que en Costa Rica la diferencia absoluta entre los ingresos más elevados y los menos elevados pueda haber aumentado, la diferencia proporcional o relativa puede haberse reducido. Por ello, es factible que la llamada brecha social incremente nuestra mitología política.
Es más, al hablar de la existencia de una brecha social basadas únicamente en las magnitudes de los ingresos familiares, se ignora que los indicadores deberían de referirse a estado sicológico y que una simple reducción a un número, tal como el ingreso per cápita o familiar, constituye un grave error de orden conceptual.
Economistas distinguidos como los profesores Frankel, Bauer, Berenson y otros resaltan la existencia de este problema cuando se hacen comparaciones de grupos con modos de vida distintos y con satisfacciones sicológicas disímiles.
Cabe, por tanto, pedir a los “brechólogos” que definan el concepto de brecha social para, de esta manera, saber no sólo cuándo es que tal brecha existe, sino su magnitud, para con ello establecer si esta brecha aumenta o disminuye a través de los años, además de que se pueda señalar con propiedad acerca de entre cuáles grupos es lícito hablar de la existencia de una brecha. Me parece que el idioma de los “brechólogos” es únicamente una herramienta más al servicio de políticos quienes desean, sin preocuparse por la coherencia, utilizar un nuevo medio intervencionista del Estado, ante la decadencia de los viejos clisés que han probado carecer de bases razonables.
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1974-08-01- LA INFLACIÓN Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
LA INFLACIÓN Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
La Nación, 01 de agosto de 1974.
En una información suministrada por el periódico La Nación el 22 de junio del presente año, la Lic. Violeta Pino, asesora de la Tributación Directa, señaló el aumento considerable obtenido en el impuesto sobre la renta en comparación con el de períodos anteriores.
Esto es evidente debido a la progresividad que tiene nuestro impuesto sobre la renta; es decir, ante un aumento de la renta gravable, la porción que pasa a manos del Estado es proporcionalmente mayor.
Así, supongamos que don Juan Pérez, quien es empleado de una empresa en donde gana ¢4.000.00 mensuales, es casado tiene dos hijos y un dependiente. El total de renta de don Juan en un año, incluyendo aguinaldo, se eleva a ¢52.000.00 y, si suponemos que no tiene ninguna otra deducción o exención, la parte deducible por sí mismo y su familia asciende a ¢17.000.00, lo cual, unido a la deducción estándar de ¢15.000.00, determina una renta objeto del impuesto de ¢20.000.00.
El total del impuesto que paga don Juan al fisco, según nuestras tasas actuales, es de ¢1.500.00. Ahora, dado que la inflación en Costa Rica durante el último año fue de aproximadamente un 30%, según diversas estimaciones, podemos suponer que a don Juan se le aumentó el salario de manera tal que su ingreso real permaneció constante (o, como se dice a veces, de manera tal que se conserva su poder adquisitivo). Su renta anual será ahora de ¢67.600.00 (¢5.200.00 mensuales durante 13 meses). Como las deducciones familiares no han variado y aún es conveniente deducir los ¢15.000.00 por deducción personal, don Juan tendrá ahora una renta gravable de ¢35.600.00, lo cual le ocasiona un pago de impuestos de ¢3.596.00.
¿Cuál es el problema? Antes del aumento de sus salarios por la inflación, don Juan Pérez pagó ¢1.500.00 de impuestos sobre la renta; ahora él paga ¢3.596.00. Pero, aún cuando su ingresó aumento en sólo un 30%, el impuesto que tienen que pagar se elevó en aproximadamente un 140 %. Es decir, el Estado aumentó sus ingresos reales a costas de una disminución del ingreso real de la familia de don Juan Pérez.
Muchos economistas alaban esta propiedad del impuesto sobre la renta pues es anti-inflacionaria, debido a que sustrae ingresos de las personas las cuales se ven forzadas a disminuir sus gastos, lo cual es lo deseable en una situación en que haya inflación.
El nombre técnico de esta propiedad es de “flexibilidad intrínseca” del impuesto sobe la renta (built in flexibility). Sin embargo, es indispensable aclarar cuál es el supuesto fundamental para que el mecanismo descrito sea anti-inflacionario: al darse un aumento de los ingresos del Estado por el impuesto sobre las rentas, éste tiene que ahorrar más de esos ingresos, que en lo que se reduce el gasto de los individuos al tener que pagar esos mismos impuestos.
Del caso anterior podemos derivar dos lecciones. En primer lugar, los aumentos en los ingresos de muchas familias se van en un pago de impuestos al fisco, proporcionalmente mayor que su ingreso y, en segundo lugar, a no ser que el Estado ahorre proporcionalmente más por lo recaudado en impuestos, estos no tendrán ningún efecto anti-inflacionario.
Por ello, debemos primeramente pensar en no lesionar seriamente los ingresos de las familias que tributan y, luego, debemos asegurarnos que el Estado siga una política fiscal anti-inflacionaria; es decir que el Estado disminuya relativamente el gasto público.
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1974-08-12-YO SOY UN TRABAJADOR IGUAL A USTED
YO SOY UN TRABAJADOR IGUAL A USTED…
La Nación, 12 de agosto de 1974.
…Y por eso me preocupan los fondos que pago al Banco Popular. A pesar de una campaña reciente, bastante insólita por cierto, en la que el Banco Popular trata de lograr la solidaridad de los trabajadores, no ha logrado convencerme de que allí se cumplen los dos objetivos básicos del Banco: el fomento del ahorro popular y una utilización eficiente del crédito.
Hay una explicación bastante simple del porqué existen grandes colas de trabajadores retirando sus ahorros: dado el carácter coercitivo de la cotización al Banco, nos hemos dado cuenta de que la inflación ha erosionado nuestros ahorros y es por ello que sacamos nuestra plata apenas se pueda. Veamos un ejemplo: supongamos que durante un año el Banco ha recibido cien colones de ahorros de un trabajador. El interés que allí ha ganado la plata es de 6 por ciento; o sea, el trabajador al final del año tiene derecho a ¢106,00. Sin embargo, debemos señalar que no es cierto que uno pueda retirar los ahorros al año de haber cotizado. El Banco se ha valido de una serie de excusas, apoyado en argumentos de reorganización interna, para no entregarnos los ahorros anuales, tal como todos teníamos entendido
Bien, supongamos que efectivamente podemos retirar nuestros ¢106 al año de ahorrado. Con una tasa de inflación anual del 30 por ciento, yo necesito, al final del año, ¢130 para comprar lo mismo que hace un año me costaba ¢100, y ahora, ¿qué me ocurre?, que mis ahorros de ¢100 tan sólo equivalen a ¢81,50; o sea, la inflación ha disminuido mis ahorros reales. ¿Puede, de esta manera, alegar el Banco Popular que se ha convertido en promotor del ahorro nacional? Como no cotizamos voluntariamente, lo que hacemos es perder recursos a los cuales los trabajadores podemos darles un mejor uso. Las colas, cada vez más largas y deprimentes, son el mejor respaldo a mis argumentos. Es más, ¿cuánto pierde la economía nacional por las horas que desperdicia el pueblo haciendo fila para retirar sus ahorros? Si el Banco tuviera esa mentalidad tan dinámica como pretende demostrarlo con su propaganda, sería mejor que atacara la raíz del problema: los trabajadores experimentamos una reducción constante en el ingreso real de los fondos que allí nos tienen congelados y esto será así en tanto que los intereses que se paguen no compensen ni tan siquiera el alza de los precios por la inflación.
El segundo principio en el cual falla el Banco Popular es la eficiencia en el uso de los créditos.
Se dice que, si bien es cierto que el trabajador recibe intereses bajos por sus ahorros, éste al mismo tiempo se ve compensado por los intereses bajos que tiene que pagar por los préstamos que le hace el Banco. Este argumento no es correcto, pues confunde a los que ahorran con los que solicitan como préstamos los fondos ahorrados. No necesariamente don Juan Pérez, quien ahorra ¢100 anuales, es el mismo quien recibe un préstamo de ¢100. Dada la forma en que está estructurada su política de intereses, el Banco Popular está castigando al que ahorra y premiando al que gasta.
Mi propuesta es radical y bastante clara, para que así los trabajadores le demos vuelta al asunto: que el Instituto de Fomento de las Cooperativas sustituya al Banco Popular y que el primero se dedique a la promoción de nuevas cooperativas de ahorros y crédito. Entonces, y sólo entonces, estaremos los trabajadores decidiendo el uso apropiado de los fondos que nos pertenecen, sin que un burócrata tenga que decirnos que es un trabajador igual a nosotros, para tratar, de esa manera, de encubrir la ineficiencia completa de una institución que más bien ha causado disgusto y pérdidas en los ingresos de los trabajadores.
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1974-08-14-ALGUNAS DUDAS SOBRE EL ASUNTO DEL BANANO
ALGUNAS DUDAS SOBRE EL ASUNTO DEL BANANO
La Nación, 14 de agosto de 1974.
En una época en que en nuestro país se escucharon demasiados gritos, que me situaron en medio de un coro de plañideras ̶ aquellas mujeres que los antiguos pagaban para acompañar llorando en los entierros ̶ alguien lanzó el famoso grito de Tres Ríos, por el cual, a machetazo limpio, se pondría un impuesto de un dólar por cada caja de banano que se exportara de Costa Rica.
Era una exigencia patriótica estar a favor de la lucha del banano. En caso de pensar distinto, se exponía uno a las acusaciones de estar vendido a los intereses extranjeros, al imperialismo y a que le endilgaran toda la pléyade de atavíos con que suele adornársele, a quien a veces desea plantear dudas acerca de la corrección de ciertas posiciones demagógicas.
En ciertos círculos de economistas se comentó dubitativamente acerca de si el mercado es capaz de absorber el impuesto de un dólar. Varios de nosotros dudamos de la viabilidad de poner en práctica dicho impuesto y el hecho de que un dólar inicial del impuesto terminara en un “quarter” (25 centavos de dólar) fortaleció nuestras primeras impresiones.
Lo importante es recalcar que no basta con lanzar un “grito” para asegurarse un aumento en los ingresos por exportaciones, Si así fuera, se aplicaría el dicho de que “quien más llora, más mama” y creo que la realidad económica demuestra que eso son es así. Al contrario, en los mercados internacionales opera infinidad de fuerzas económicas que se encuentran resumidas en la oferta y la demanda y no en las estridencias vocales.
En todo caso, la UPEB (Unión de Países Exportadores de Banano) fue un intento de conformar un “cartel” de los productores de banano, el cual supuestamente permitiría elevar los precios del producto, por medio de la manipulación de la oferta. Sin embargo, tal como la teoría económica de los “carteles” lo señala, estos son intentos que por lo general traen su propio germen de destrucción, como se evidenció al no ingresar Ecuador al cartel, muy inteligentemente, por cierto.
Hay una derivación interesante de todo este asunto. Generalmente se escucha el argumento de que los distribuidores del banano en los grandes mercados mundiales son virtuales monopolistas, entonces, si suponemos que así lo son, ¿por qué estas grandes compañías no elevaron, por sí solas, los precios del banano en un dólar (equivalente al famoso impuesto) y de esta manera quedarse ellos con las ganancias? Yo creo que las condiciones de la demanda de banano, determinada por la infinidad de consumidores, no permite un alza de los actuales niveles de precios. Muy posiblemente el descenso que se ocasionaría en las ventas sería proporcionalmente mucho mayor que el aumento en los ingresos que traería el precio más elevado.
El asunto del banano se ha complicado bastante. Más bien diría yo, se ha oscurecido, En mi próximo artículo me referiré a esto.
