EL ESTADO INEFICIENTE-ARROZ CON MANGO SALARIAL
EL ESTADO INEFICIENTE-ARROZ CON MANGO SALARIAL
Por Jorge Corrales Quesada
Es sorprendente el desorden con la política salarial de muchas instituciones del gobierno. Me refiero a que los salarios, que se supone son por esencia pagos por el esfuerzo desempeñado por el trabajador –por el valor que agrega al producto o servicio que sea- pasan a segundo plano con respecto a lo que se denominan como pluses. Es decir, ya los salarios son inferiores a los pluses pagados. ¿Es esto sorprendente en una política salarial sana? Pues sí, pero no es algo extraño en nuestro medio gubernamental. De hecho, ¡hay 82 instituciones del gobierno central en las que el total de pluses supera al monto de los salarios!
Pero, dicen que lo malo se reproduce, pues ahora la entidad del gobierno central que tiene el mayor número de empleados, el Ministerio de Educación Pública (MEP), con 85.140 trabajadores, formará parte a partir del 2018 de ese honroso club -la número 83- en donde los pluses superan a los salarios. Pero, en realidad se trata de volver al pasado, pues en el 2008, el MEP sufría de esa distorsión en sus remuneraciones.
La Nación del 21 de noviembre lo informa en su comentario titulado “MEP pagará en el 2108 más pluses que salarios: Contraloría advierte de desequilibrio en finanzas públicas por más beneficios.” Estoy seguro que cualquier especialista en el campo de la administración laboral cuestionará este concepto de remuneración del trabajo.
El problema es que, según el Informe Técnico de Presupuesto 2018 que hizo la Contraloría, “El crecimiento automático que muestra la estructura de pluses salariales vigente en un contexto de estrechez fiscal, incide en el incremento del desequilibrio en las finanzas públicas.” Muy cierto, pero, ¿es que acaso eso le importa a las autoridades de gobierno? Esta llamada de atención de la Contraloría, ¿sirve de algo para ordenar las cosas? ¿Va la burocracia a simplemente hacerse de oídos sordos? Creo que prima la realidad de los grupos de presión enquistados en los presupuestos de gasto del gobierno central, lo que impide que esa distorsión se elimine, pues es fuente, por su naturaleza, de aumentos de salarios por lo que subjetivamente se considera como “derechos adquiridos” o bien una manera de ejercer la “justicia social,” de acuerdo con las definiciones de lo que eso significa para cada grupo de justicieros sociales.
Por ello, el director de Planificación Institucional del MEP, señor Reinaldo Ruiz, dice con toda tranquilidad y, tal vez, como presunta excusa, que “Los sobresueldos o incentivos (o pluses agrego yo) ya existentes gozan de su respaldo técnico, jurídico y legal, y muchos de estos en razón de no poder contar con la autorización del total de plazas nuevas que se requieren para cubrir servicios esenciales en los centros educativos, se hace necesario utilizar la figura del recargo de funciones para poder solventar dichas necesidades (seguridad, limpieza, atención de estudiantes.”
Eso último puede ser cierto, pero no lo es para usar las figuras de los pluses, sino que una política salarial apropiadamente definida debería poder lograr el mismo objetivo. Me parece que lo que sucede es algo distinto: cada uno de los más de 50 sobresueldos o pluses que paga el MEP se justifica por sí mismo, separadamente, y con ello es más fácil lograr su aprobación, que si se tratara de un aumento general del salario. Paso a paso, de a poquito tras poquito, se ha podido aumentar el total de remuneraciones (esto es, el salario base más los pluses) presupuestadas anualmente de un total de ₡414.502 millones en el 2008 a ₡1.315.279 millones en el 2018. Esto es, un incremento aproximado del 217% -un aumento anual promedio del 21.7%). Obviamente mucho de eso es simple inflación, pero da una idea acerca de los presupuestos que se definen nominalmente.
La lista de sobresueldos -pluses- es amplia y lo que citaré son sólo ejemplos:
1.- Bonificación para empleados cuyo jefe les califica con más de “bueno” (anualidades).
2.- Incentivo por laborar en zonas de bajo desarrollo.
3.- Beneficio por trabajar en zonas insalubres o incómodas.
Y pongo un punto en este momento, para luego seguir con otros, pero debo señalar la evidencia de pluses superpuestos, pues es altamente posible que haya condiciones insalubres o incómodas en las zonas de bajo desarrollo. O sea, es privilegio sobre privilegio. Pero, sigamos:
4.-Pago equivalente a un 50% del salario base por dedicación a huertas escolares indígenas (también posiblemente en zonas de bajo desarrollo).
5.- Otro pago de un 50% del salario base por usar el llamado Programa de Informatización para el Alto Desempeño, que me parece es un programa de computación.
6.- Si se trabaja en liceos rurales, muchos de los cuales están en zonas de bajo desarrollo y en algunos han de haber huertas escolares que cuidar, se paga un 50% adicional del salario base.
7.- Si promueve cooperativas estudiantiles, se paga un 50% del salario base (¿qué significa promover y cuántos dicen hacerlo?
Y ya se negoció otro nuevo plus en este año, llamado de “peligrosidad” por laborar en zonas con riesgo de desastre, dengue o crímenes, que intuitivamente es posible que sea presenten zonas de bajo desarrollo: la pirámide crece.
¿Hasta cuándo podrá seguir la sociedad costarricense pagando, por medio de sus impuestos y contribuciones, todos estos privilegios, en un marco en que hay un déficit (exceso de gasto sobre impuestos) del gobierno central cercano a un 6% del PIB? No tengo ni idea y lo peor es que esta administración cree que la solución a todo este tipo de problemas está en aumentar los impuestos y gravámenes a la ciudadanía, y no en reducir el gasto gubernamental.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 28 de diciembre del 2017.
