OTRA BURLA A LA CIUDADANÍA CON LAS PENSIONES DE LUJO

OTRA BURLA A LA CIUDADANÍA CON LAS PENSIONES DE LUJO

Por Jorge Corrales Quesada

Hace 27 años, mediante decisión legislativa, se cerraron varios regímenes de pensiones a cargo del presupuesto público. Se cita al régimen de pensiones de los exdiputados, al del ministerio de Hacienda, al del ministerio de Obras Públicas, al de Ferrocarriles, al de la Guardia Civil, al de expresidentes de la República y al de excombatientes. La razón de ello ya nos es bien conocida: las pensiones recibidas no iban acordes con lo cotizado, más los intereses generados por ese ahorro, de forma que la diferencia se cargaba al presupuesto de la República; esto es, a los bolsillos de los contribuyentes. Sí, a esas, así como de algunos otros regímenes, se les conoce como pensiones de lujo.

Al cerrarse aquellos regímenes citados, los trabajadores siguieron aportando al régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social, conocido como IVM. Pero, al llegar la hora de jubilación, que se suponía sería bajo las condiciones usuales para todos los trabajadores cotizantes del IVM, los pensionados del momento reclamaron que se aplicara una serie de condiciones privilegiadas, pues la ley era vigente para las pensiones posteriores a 1992 y no para los que empezaron a trabajar antes de ese año en esos entes.

Así, a ese grupo de pensionados se les permitió evitar el tope actual de la Caja de ¢1.6 millones, comparado con el tope de ¢2.7 que hoy aplicado a aquellos otros regímenes. A la vez, en estos el monto de la pensión se calcula en un 100%, basado en los 12 mejores salarios de los últimos 24 percibidos. En el IVM, el monto de la pensión se estima con base en un promedio de los últimos 60 salarios (note: tenga en cuenta que los salarios van aumentando a lo largo del tiempo laborado, por eso, entre más se ponderen los “últimos” salarios como base, mayor es la pensión). Y, del monto así resultante, se paga sólo un porcentaje, que oscila entre un 43% y un 52.5%, no del 100% como aquellos de lujo. Además, en el IVM la pensión se otorga a partir de los 65 años, mientras que los que están a cargo del presupuesto gubernamental lo hacen desde los 60 años.

Obviamente, el incentivo era claro: no quedarse bajo el IVM y que la pensión pasara a cargo del presupuesto gubernamental y no de la Caja.
La información la presenta La Nación, en su edición del 18 de febrero, bajo el titular “Gobierno forzado a pagar pensiones de lujo sin recibir una sola cuota.”

Pero, el pleito entre familia -la Caja y el Gobierno- es que Hacienda le pide a la Caja que le entregue los aportes que aquellos trabajadores, hoy beneficiados con una pensión de privilegio a cargo del presupuesto de la República, lo hicieron en su momento al IVM. Se estima que el monto por trasladar ascendería a cerca de ¢40.000 millones, lo que, de darse, pondría en serios problemas a la Caja, cuyo sistema de pensiones financieramente está débil. Se estima que los trabajadores salvados por ese portillo citado ascienden a unos 10.000. El tema del traslado de los fondos, aparentemente lo decidiría la Procuraduría General de la República, que a la fecha no lo ha definido.
Dejando de lado este estira y encoje dentro del estado, resulta grave que la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), a cargo de los regímenes cargados al presupuesto de la República, las haya otorgado sin siquiera tener los recursos cotizados por esos pensionados al IVM. Sin tener esos fondos, la DNP simplemente le pasó el costo de aquellas pensiones de lujo al presupuesto gubernamental, el cual, al fin de cuentas, está a cargo de los ciudadanos contribuyentes. No hay nada como gastar la plata sin tenerla. Ahora el gobierno le reclama esos fondos a la Caja. Las pensiones de privilegio siguen vivitas y coleando… y, los contribuyentes al fisco, pagando.

Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 26 de marzo del 2019.