NO LO CREÍ AL LEER EL TITULAR

NO LO CREÍ AL LEER EL TITULAR

Por Jorge Corrales Quesada

Cuando leí el encabezado de La Nación del 22 de agosto, “Límite a las pensiones de lujo nunca se aplicó,” no sólo sufrí un enorme desengaño pues había creído que, aunque muy poco, algo se había logrado para moderar las enormes pensiones de un grupo de privilegiados, pagadas con aportes de los ciudadanos contribuyentes, sino que, también, no me había imaginado que pudiera haberse presentado una movida tal, exhibiéndome al haber así subestimado la capacidad de una burocracia enquistada y en donde mucha de ella es potencialmente beneficiaria de las pensiones de lujo.

Con base en el artículo 3 de la ley 7605, de 1998, el Poder Ejecutivo había impuesto un tope a las pensiones de lujo de ¢2.7 millones al mes (monto muy superior al tope impuesto a las pensiones de la Caja, de alrededor de ¢1.6 millones al mes). Dicha medida no sólo fue defendida por el gobierno ante la Sala IV, sino que esta avaló la decisión en diciembre del 2018. Pero, resulta que, como señala el medio, ¡sorpresa!, en palabras del director de pensiones del ministerio de Trabajo, don Luis Paulino Mora, “a ningún pensionado se le recortó la jubilación a este límite.”

Más bien, ahora el gobierno ahora tiene que devolverle la plata a los pensionados de lujo que les fuera retenida en setiembre del 2014, incluso “con el inconveniente de que algunos de ellos recibían montos de hasta ¢16 millones en ese entonces.”

Lo cierto es que no fue sino hasta el 2014, cuando el, en esa oportunidad, ministro de Trabajo, ordenó aplicar el tope citado (definido como 10 veces el salario más bajo de la administración pública, que en la actualidad es de ¢274.500). Entre los pensionados acogidos a la pensión bajo el llamado Régimen Transitorio de Reparto (1.800) y al régimen de pensionados del Gobierno y Exdiputados (380), el total de pensiones a las que se le habría aplicado ese tope es de poco menos de 2.200.

Al aprobar la Sala IV ese tope en noviembre del 2008, puso dos condiciones: (1) sólo a pensiones otorgadas después de establecido ese tope (diciembre de 1998) y (2) sólo a jubilados que no hubieran pospuesto su retiro, aunque fuera por sólo un día. Pero, ya en noviembre del 2008, el tope había sido derogado por los diputados en el 2016. Así. no había posibilidad de reducir las pensiones de lujo a un tope de ¢2.7 millones.

Según el señor Mora, esa ley sólo se aplicó en setiembre del 2014 y que “la ley no decía que ese tope se aplicara inmediatamente,” sino hasta después de un informe que mostrara que los pagos por tales pensiones eran mayores que los fondos ingresados para ella (o sea, que no fueran de lujo), y “ese informe se hizo hasta el 2014.” (¡Claro que dan ganas de llorar!).

Ante esto, agregó el señor Mora, los diputados crearon un impuesto (o contribución solidaria) sobre las pensiones de lujo para aquellas superiores a ¢2.7 millones. Pero, y he aquí la diferencia: en tanto que en el primer trato era una pensión máxima de ¢2.7 millones, en el nuevo, las pensiones de lujo (superiores a esos ¢2.7 millones) quedaban sujetas a tasas que oscilaban entre un 25% y un 65% del exceso de esa cifra. Por tanto, el impacto sobre las pensiones de lujo fue mucho menor que con la primera propuesta del tope de ¢2.7 millones.

Lo que no me queda claro del artículo citado es que este señala que “en el Magisterio, donde está la mayoría de las pensiones de lujo, la contribución se cobra a las pensiones de ¢3.8 millones en adelante,” pues tenía entendido que era aplicable a las pensiones superiores a ¢2.7 millones. En lo que trata de “los regímenes de Gobierno y Exdiputados, a una pensión de ¢10 millones lo que se le rebaja por contribución solidaria son ¢4.2 millones” (un 41% de tasa media), con lo que la pensión que queda es de ¢5,8 millones, muy superior a aquellos ¢2.7 millones.

En todo caso, aquel tope de ¢2.7 millones no fue más que un alegrón de burro para los ciudadanos contribuyentes, quienes ahora, con el nuevo “arreglo,” estamos obligados a desembolsar más para conservar los privilegios de algunos. ¿Hasta cuándo se hará justicia frente a todo este abuso cargado sobre la espalda de la ciudadanía, para beneficio exclusivo, pero sustancioso, de unos pocos privilegiados?

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 9 de setiembre del 2019.