BREVE COMENTARIO SOBRE PROFESIONALES PÚBLICOS QUE EMIGRAN HACIA LA ACTIVIDAD PRIVADA

BREVE COMENTARIO SOBRE PROFESIONALES PÚBLICOS QUE EMIGRAN HACIA LA ACTIVIDAD PRIVADA

Por Jorge Corrales Quesada

Hace poco, autoridades de salud apuntaron al serio problema en la Caja Costarricense de Seguro Social por la salida de muchos especialistas calificados, las cuales fueron seguidas pocos días después por el presidente de la Corte, quien expuso la pérdida de excelentes profesionales en el poder judicial, en ambos casos porque renunciarían o ya se fueron a trabajar en lo privado.

Una de las propuestas que ha circulado en medios para resolver el problema y retenerlos en el empleo público es que se eleve el salario de esos especialistas y abogados a fin de que no hagan tal migración laboral. Sin embargo, ella omite una diferencia importante que hay entre la contratación usual de profesionales (de personal en general) entre la actividad privada y la gubernamental. Me concentraré en comentar sobre esa propuesta en concreto.

En la primera de ellas, si un profesional busca salir de la empresa para supuestamente obtener un ingreso mayor, el empresario -propietario o administrador- lo primero que hace es valorar cuánto está agregando esa persona a la producción y, dependiendo de ello, le haría una oferta superior a su salario o ingreso actual que, tal vez, pueda ser aceptada por la persona que se estaría yendo para seguir en dicho empleo. En caso contrario, en que el trabajador la deja ir, el propietario o administrador acude al mercado en busca de un substituto, supuestamente a un precio (salario) que en el margen compense el valor agregado por esa nueva persona. Y la empresa continúa operando bajo relativa normalidad.

Por el contrario, las propuestas de alzas salariarles en el sector público ante un hecho como el arriba citado, se enfrentan a un aspecto muy concreto, como son políticas laborales usualmente establecidas por acuerdos sindicales o leyes nacionales, por las que no se pueden dar aumentos a individuos específicos para retenerlos como empleados, sino que los aumentos deben darse a una clase o grupo de ellos.

Es así como, para detener la salida de aquel “excelente profesional” o “especialista calificado,” se presenta la propuesta de solución elevando el salario a una categoría o grupo, lo que termina beneficiando a terceros, entre los que, muy posiblemente, habría unos menos productivos e incluso hasta improductivos, quienes recibirían el aumento por encima del salario vigente y que no tenían la decisión (o posibilidad) de irse a trabajar privadamente. Es decir, con la intención de conservar a un supuestamente bueno “excelente profesional” o “especialista calificado” quien quería irse, se estimula, con esa forma de subsidio inesperado del aumento salarial al “grupo” o a “todos”, a trabajadores ya existentes (y potenciales) del sector público hacia la indolencia y mediocridad, pues no hay relación entre el salario percibido y el trabajo desempeñado por cada uno de los miembros de ese grupo.

Por tal razón, podemos esperar que difícilmente la propuesta de elevar el salario de los profesionales buenos, cuya salida se pretende impedir, sea una solución en el sector público (sector salud y poder judicial): retener ese individuo potencialmente saliente tiene casi siempre un enorme costo para todos los ciudadanos contribuyentes, debido a los beneficios totalmente indebidos a terceros “similares en categoría laboral.” Es el pueblo contribuyente el que así termina pagando más de lo que sería necesario para retener a ese “buen profesional” en el sector público.

De hecho, la migración de esos funcionarios públicos “excelentes y calificados” hacia la actividad privada en que ganan más, refleja que la decisión así tomada le da un beneficio neto a la sociedad como un todo, pues ese mayor ingreso es resultado de una valoración subjetiva voluntaria de los consumidores, quienes están dispuestos a pagar libremente (a pesar de que suelen ser contribuyentes, por ejemplo, a la Caja, en el caso de los especialistas médicos referidos) por el servicio suministrada por esos antiguos funcionarios públicos “excelentes y calificados.”

Publicado en mis sitios en Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad y en el sitio del Instituto Libertad, el 21 de febrero del 2023.