UNA REALIDAD CON LAS PENSIONES DE LUJO DEL PODER JUDICIAL
UNA REALIDAD CON LAS PENSIONES DE LUJO DEL PODER JUDICIAL
Por Jorge Corrales Quesada
En el 2018, ante un déficit actuarial estimado de ¢5.3 billones en el sistema de pensiones del Poder Judicial, en él se aprobaron contribuciones solidarias a las pensiones más altas, pero, ciertamente, la medida se ha quedado muy corta para resolver el problema.
El sistema de pensiones de la Corte tiene más de 4.000 pensionados, pero, de los que 883 pensionados que reciben más de ¢2.6 millones de pensión al mes, sólo 111 (aproximadamente un 12.5%) de ellos paga esa contribución solidaria. Los pensionados que reciben entre ¢2.6 millones y ¢10.2 millones, “significan más de la mitad del gasto mensual bruto; ¢3.275 millones de ¢6.243 millones.” Obviamente, todas estas pensiones de lujo superan al tope de las del IVM de la Caja, que es de ¢1.6 millones. Estos datos aparecen en La Nación del 16 de setiembre, bajo el encabezado “Mayoría de pensiones de lujo de Corte se salva de aporte solidario.”
Entre los sistemas de pensiones dependientes del presupuesto gubernamental destacan los del Poder Judicial, los del régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional y los del régimen de Gobierno y Exdiputados, por lo que es interesante ver el grado de las contribuciones solidarias de sus correspondientes pensionados de lujo.
Basado en el ejemplo de una pensión en el Poder Judicial de ¢10.1 millones (la mayor), su aporte solidario es de ¢2.4 millones, lo que equivale a un 24.1%. En una hipotética pensión del mismo monto en el régimen Transitorio del Magisterio, se rebajarían ¢2.8 millones, equivalente a un 28%. En un caso igual, pero en el régimen de Gobierno y Exdiputados, la reducción sería de un ¢2.8 millones; esto es, del 28%.
Estas diferencias surgen pues, en primer lugar, en el Poder Judicial el aporte solidario se cobra en aquellas pensiones superiores a ¢4.4 millones, mientras que en el régimen Transitorio del Magisterio se aplica a las mayores de ¢3.9 millones y lo correspondiente en el régimen de Gobierno y Exdiputados es cuando superan ¢2.7 millones.
En segundo lugar, porque las tasas aplicables, como aporte solidario a aquellas pensiones de lujo citadas, está entre un 35% y un 55% en la Corte, mientras que, en el Magisterio y en el de Gobierno y Exdiputados, oscilan entre un 25% y un 75%.
El conjunto de las características citadas hace posible aseverar que el sistema de pensiones “de la Corte es el que cobra las contribuciones más bajas de todas,” seguido del sistema Transitorio de Reparto del Magisterio y, por último, entre esos sistemas, que las contribuciones más altas se dan en los de Gobierno y Exdiputados.
Esto contrasta con el proyecto de reforma a las pensiones de lujo propuesto por la diputada Xiomara Rodríguez para la aprobación legislativa, en donde el aporte solidario se aplicaría sobre las pensiones superiores a ¢2.7 millones, con tasas que oscilarían entre un 35% y un 75%. Esta propuesta parece ir en la dirección correcta, pero sigue existiendo un tratamiento preferencial comparado con las del IVM de la Caja, en donde la pensión tope es de ¢1.6 millones, lo que significa que el aporte equivalente al del aporte solidario citado sería de un 100% del exceso sobre esos ¢1.6 millones (pues ese el tope o máximo posible en el IVM).
Ojalá que los diputados se opongan a los intentos de mantener grupos de privilegio con esas injustas pensiones. Estaremos muy atentos a las discusiones en proceso en el seno legislativo, pues el pueblo está muy inquieto al ver ciertos comportamientos y planteamientos de los diputados en cuanto a la reforma impostergable y pretender, algunos, que se conserven ciertos privilegios. Con la actual disponibilidad de información, los electores sabremos valorar quiénes están en contra de la voluntad ciudadana y quienes y de qué partidos a favor de mantener los privilegios de algunos.
Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 31 de octubre del 2019.
