RECOPE ES IMPOSIBLE DE OLVIDAR

RECOPE ES IMPOSIBLE DE OLVIDAR

Por Jorge Corrales Quesada

Ni el escándalo del cementazo ha podido lograr que los ciudadanos nos olvidemos de la existencia de RECOPE. Difícilmente alguna otra cosa de nuestra politiquería y corruptela pueden lograr el milagro de que RECOPE pase al baúl de los recuerdos. Pues bien, según un informe de La Nación del 31 de octubre, titulado “Alza de ₡28 en combustibles pagará convención de RECOPE: Ajuste en febrero devolverá casi ₡5.000 millones por orden de la Sala IV,” pronto los consumidores nos veremos obligados a pagar por los privilegios de una burocracia enquistada en el monopolio. Y ese gravamen es producto de que en las tarifas del 2015 se habían excluido gastos de la convención colectiva que cubre a 1.742 empleados y que ahora la Sala Constitucional ha ordenado que esa “deuda” se incorpore a las tarifas que, definidas en enero, rijan en todo el mes de febrero del 2018. Equivale a otro aguinaldo -o la reposición de un “aguinaldo”- que no se pagó el año pasado.

Tal aumento se deriva de un fallo de la Sala Constitucional de junio del 2016, por el cual rechazó una decisión de ARESEP que había rehusado cargar a las tarifas de los consumidores la bicoca de ₡5.000 millones. Se trata de privilegios tales como el “fondo de ahorro del personal, préstamos, el servicio de la soda, así como útiles y becas a hijos de los empleados” los cuales, de acuerdo con la ARESEP eran “gastos que no tenían relación con el servicio público de distribuir combustibles que brinda RECOPE.”

La apelación ante la Sala IV de la decisión de RECOPE fue formulada por -obviamente- empleados de RECOPE, quienes habían visto menguados sus derechos (o sea, privilegios) de la convención colectiva, por la que RECOPE si podía “cargar a los precios de los combustibles los gastos del acuerdo laboral.” Seamos muy claros: esa cláusula no es más que una confabulación entre una administración (la de RECOPE) que también se beneficia con esos privilegios de la convención y los trabajadores de la entidad, para que todos los consumidores nos veamos obligados a pagar esos privilegios mediante aumentos en las tarifas.

El argumento de la Sala IV es que “las convenciones colectivas deben revisarse únicamente mediante la vía judicial (no administrativamente, como fue hecha) o por una acción de constitucionalidad y no desde tarifas.” En sencillo, la cuerda se rompe por lo más delgado: los consumidores, que no tienen otra alternativa más que RECOPE para adquirir sus combustibles. De paso, me imagino que la gasolina de los vehículos de los magistrados les es provista por el estado; esto es, que nosotros, los consumidores cautivos del estado, terminamos pagándola.

La medida regirá sólo por el mes de febrero entrante, porque, después de todo, dada la demanda obligada de los productos de RECOPE, es tiempo suficiente para reponer el monto de ₡5.000 millones, que se dejó de pagar a la burocracia producto de la convención colectiva. Pero, eso está muy lejos del costo total de esa convención que en gran parte ya hemos tenido que pagar, pues en su momento no fueron excluidos, como sí lo fueron esos ₡5.000 millones. El costo total de la convención colectiva para el 2017, que por la fuerza del monopolio estatal los consumidores nos vemos forzados a pagar, asciende a ₡24.179 millones; esto es, ₡13.8 millones por cada empleado.

Estamos atados de manos... RECOPE se ha convertido en Behemoth (versión criolla).

Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 28 de noviembre del 2017.