JAMES BOVARD-EL COMERCIO JUSTO SIGUE SIENDO UN FRAUDE

Hablar de “comercio justo” es más una maniobra de políticos para ver cómo protegen a algunos para obtener rentas a cambio de favores electorales de diversa índole, pero generalmente en contra de los consumidores, quienes siempre terminan pagando más de cómo podrían lograrlo bajo un comercio libre.

EL COMERCIO JUSTO SIGUE SIENDO UN FRAUDE

Por James Bovard
American Institute for Economic Research
20 de octubre del 2021

Nota del traductor: la fuente original en inglés de este artículo es james bovard american institute for economic research fair trade, October 20, 2021. En él podrá leer enlaces relevantes originalmente en letra azul en el texto.

La administración Biden está abrazando el mismo mantra fallido del “comercio justo,” que previas administraciones usaron para santificar sus políticas proteccionistas. El equipo de Biden “en mucho ha dispensado la idea del libre comercio como un objetivo en sí y por sí mismo,” reportó el New York Times. El Representante Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, recientemente pregonó los planes de la administración Biden para “dar forma a las reglas de un gobierno justo en el siglo XXI.” ¿Qué podría posiblemente salir mal con esa aspiración elevada?

Hace treinta años se publicó mi libro The Fair Trade Fraud por St. Martin’s Press. Ese libro se tradujo al japonés y al coreano, y se adoptó como libro de texto en la Universidad de Chicago, la Universidad Duke, la American University, la Universidad de Texas, y muchas otras. Ese libro exponía al comercio justo como uno de los grandes fraudes intelectuales de épocas modernas. Es también un engaño moral que podría conducir a conflictos interminables y una catástrofe económica.

Cuando los políticos les piden comercio justo a los extranjeros, aquellos usan un concepto de justicia diametralmente opuesto al uso normal en el mundo. En los intercambios entre individuos -en la ley contractual- la prueba de justicia es el consentimiento voluntario de cada parte a la negociación: “la libre voluntad que constituyen los intercambios justos,” como escribió en 1822 el senador John Taylor. Cuando los políticos hablan de comercio injusto, ellos no dan a entender que los comparadores y vendedores no estuvieron voluntariamente de acuerdo, sino que los funcionarios federales desaprueban las negociaciones que hicieron los ciudadanos estadounidenses Comercio justo significa intervención gubernamental para dirigir, controlar o restringir el comercio.

A menudo, el comercio justo consiste en algún político o burócrata escogiendo un número de la nada y lo impone por la fuerza a empresas extranjeras y consumidores estadounidenses. El comercio justo significó que a Jamaica se le permitiera vender sólo 970 galones de helado al año, que México pudiera vender a estadounidenses sólo 35.922 sostenes al año, y que Polonia pudiera enviarnos sólo 51.752 libras de alambres de púas. Comercio justo significó permitir que cada ciudadano estadounidense consumiera el equivalente de sólo una cucharadita de helado extranjero al año, dos maníes extranjeros al año, y una libra de queso importado al año.

Los proteccionistas estadounidenses siempre han encontrado pretextos morales para denunciar importaciones “injustas.” En los años de 1820, los proteccionistas proclamaron que el comercio entre Inglaterra y Estados Unidos no podía ser justo, pues Inglaterra era avanzada y Estados Unidos comparativamente retrasado. En los años de 1870, los proteccionistas anunciaron que el comercio entre Estados Unidos y América Latina no podía ser justo, pues Estados Unidos era comparativamente rico, mientras que los países latinoamericanos eran pobres. En los años de 1880, los proteccionistas advirtieron que el comercio no podía ser justo, si la tasa de interés entre naciones que intercambiaban difería en más de un dos por ciento. En 1922, de hecho, el Congreso definió la “competencia injusta” como cualquier ventaja en el costo de producción del extranjero, existía por cualquier razón para cualquier producto.

Desde ese entonces, las definiciones de Estados Unidos de comercio injusto han proliferado, casi tan rápidamente como el número de abogados comerciales en el Distrito de Columbia. En los años de 1980 y a principios de 1990, el gobierno de Estados Unidos penalizó a agricultores extranjeros por no pagar salarios a sus esposas e hijos, a gobiernos extranjeros por no obligar a empresas extranjeras a comprar más productos estadounidenses, y a compañías extranjeras por descansar en el trabajo a tiempo parcial, hacer donaciones caritativas, y fallar en cobrarles a los clientes estadounidenses los precios más altos en el mundo. Actualmente, la ley federal supone que la competencia externa, que impide a compañías estadounidenses elevar sus precios, injustamente las daña a ellas.

La “práctica de comercio injusto” extranjero más común es vender un producto mejor a un precio menor. La xenofobia es la base de la ley antidumping de Estados Unidos. El departamento de Comercio de Estados Unidos ve como Caballos de Troya a productos importados a bajo precio, que minan insidiosamente la economía estadounidense. El gobierno estadounidense ha impuesto más castigos por dumping contra importaciones de bajo precio, que como lo ha hecho cualquier otro gobierno en el mundo.

Las leyes antidumping obligan a empresas extranjeras a sufrir un desafío casi interminable de burócratas estadounidenses. Las leyes antidumping convierten en un crimen que una compañía venda el mismo producto a dos precios diferentes en dos mercados distintos 15.000 millas aparte. El dumping no se convirtió en tema crucial sino hasta el siglo XX, tal vez porque nuestros ancestros no habían estudiado suficiente economía como para hacerse paranoicos ante variaciones pequeñas de precios.

“Comercio justo” crecientemente se está convirtiendo en grito de batalla tanto de conservadores como intervencionistas, quienes, en apariencia, creen que existe alguna sabiduría oculta enterrada en el sótano de las agencias gubernamentales. Pero, es imposible exagerar la locura de algunos regímenes proteccionistas. En 1816, el Congreso impuso tarifas elevadas a importaciones de azúcar, en parte para elevar el valor de los esclavos en Luisiana. Los productores de azúcar han sido “protegidos” casi desde ese entonces. El programa de azúcar descansa en cuotas de importación y otras intervenciones, que elevan los precios del azúcar en Estados Unidos al doble o más del precio mundial, costándole a los consumidores $4 miles de millones al año. Desde 1997, la política azucarera de Washington ha electrocutado a más de 120.000 empleos estadounidense en la producción de alimentos. Más de 10 empleos se han perdido en manufactura por cada productor de azúcar que hay en Estados Unidos. Los productores estadounidenses nunca serán competitivos a menos que haya un calentamiento global mayor que el que predice la celeridad juvenil sueca Greta Thunberg.

El comercio justo intencionalmente dicta sacrificar algunas industrias para beneficio de otras. Un estudio de 1984 de la Comisión de Comercio Federal estimó que las cuotas de importación de acero le costaban a la economía estadounidense $25, por cada dólar adicional de ganancias de productores de acero estadounidense. Las restricciones a las importaciones de cigüeñales de acero en 1987 golpearon a os manufactureros de motores de camiones diésel, restricciones a importaciones de cojinetes de rodamiento en 1989 garrotearon a muchas industrias estadounidenses, y restricciones a importaciones de pantallas planas de computadoras devastaron a fabricantes de computadoras en 1991. Más recientemente, los aranceles de Trump al acero y aluminio, junto con la represalia extranjera a que dieron lugar, destruyeron un estimado de 300.000 empleos. Pero, el equipo de Biden está perpetuando los aranceles de Trump (que fueron ampliamente denunciados cuando se impusieron por primera vez).

Los políticos estadounidenses obtienen ganancias por denuncias de injusticia externa. Para la política comercial estadounidense, la necesidad es base del derecho, y las contribuciones para campañas políticas son la medida de la necesidad. Entre más prácticas extranjeras injustas los políticos aleguen descubrir, más poder logran sobre lo que a los estadounidenses se les permite comer, beber, manejar, y vestir. Cada nueva definición de comercio injusto se convierte en un pretexto para restringir más la libertad de los ciudadanos estadounidenses.

El mito del comercio justo es que los políticos y burócratas son más justos que los mercados -que la coerción y restricción gubernamental pueden crear un resultado más justo que el acuerdo voluntario- y que la prosperidad se logra mejor mediante la manipulación política arbitraria, en vez de permitirle a cada individuo y empresa perseguir su propio interés.

Si una nación extranjera bloquea nuestros puertos, es un acto de guerra. Pero, si los políticos estadounidenses bloquean nuestros puertos, supuestamente es un servicio público. El proteccionismo finge que el gobierno puede enriquecer a ciudadanos aumentando selectivamente los precios de ítems políticamente favorecidos. Los proteccionistas defienden la versión de Washington, D.C., de la Mano Invisible de Adam Smith: Que los estadounidenses se benefician automáticamente con cualquier restricción comercial en que los políticos son sobornados para imponerlas.

Tan pronto como un político o un burócrata federal acusa a extranjeros de comercio injusto, entonces, cualquier restricción al comercio subsecuente se supone que se justifica por sí sola. Los proteccionistas obtienen ganancias pues la mayoría de cuerpos de prensa de Washington son simplemente “estenógrafos con amnesia.” Los reporteros basan sus historias comerciales en los comunicados gubernamentales de prensa y, rara vez, hurgan debajo de la superficie del último edicto. Pocos periodistas toman el tiempo para tamizar los detalles de la perfidia extranjera, para reconocer qué tan a menudo las acusaciones del gobierno de Estados Unidos no pasan la prueba de la risa.

El comercio les permite a consumidores en todas partes una oportunidad de beneficiarse con aumentos de la productividad en cualquier parte. Como lo hizo ver Emerson, “Si un talento nace en alguna parte del mundo, la comunidad de naciones se enriquece.” El comercio une a la humanidad para trabajar para beneficios mutuos. La expansión del comercio entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y los años ochenta produjo la era de mayor prosperidad en la historia del mundo.

El gobierno no puede hacer más justo al comercio haciéndolo menos libre. No debería ser delito criminal cobrar precios bajos a consumidores estadounidenses. Ha llegado el momento de acabar con la búsqueda medieval de un “precio justo” de las importaciones y cesar el permiso para que funcionarios gubernamentales terminen su poder económico desenfrenado sobre consumidores y empresas estadounidenses. Por desgracia, la demagogia del comercio justo continuará cuando los políticos son ambiciosos, los cabilderos generosos y los periodistas despistados.

James Bovard es autor de diez libros, incluyendo Public Policy Hooligan, Attention Deficit Democracy, The Bush Betrayal, y Lost Rights: The Destruction of American Liberty. Ha escrito para el New York Times, Wall Street Journal, Playboy, Washington Post, New Republic, Reader’s Digest, y muchas otras publicaciones. Es miembro de la Junta de Colaboradores de USA Today, un contribuyente frecuente a The Hill, y editor contribuyente de American Conservative.

Traducido por Jorge Corrales Quesada.