ENSAYOS DE ASOJOD
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ENSAYOS DE ASOJOD
2010-10-19-TRAMITES EXCESIVOS Y ABSURDOS
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TRÁMITES EXCESIVOS Y ABSURDOS
Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de octubre del 2010.
Este es el primero de lo que espero será mi comentario semanal en ACOJOD, que se caracterizará por tratar temas principalmente de actualidad, eso sí bajo un enfoque o marco general que llamo liberal: esto es, caracterizado por resaltar el valor de la libertad individual, en donde la coerción estatal se restringirá a un mínimo necesario para asegurar ese orden de libertad.
Con suma frecuencia uno escucha, ante cierta situación que no le place a alguien, decir que es necesario introducir regulaciones estatales para que no siga sucediendo, no se presente más o que simplemente cambie en el sentido deseado por quien solicita la regulación. Acuden a que el Estado intervenga en múltiples esferas, ambientes y órdenes: tal petición parte de que hay una capacidad especial del Estado, no sólo para interpretar correctamente las cosas (un burócrata diría en un curso universitario, que el Estado interpreta mejor la realidad nacional), sino para sean tomadas las medidas correctivas requeridas. Pero lo opuesto suele ser lo contrario: en el Estado no se dispone del conocimiento necesario, que si es factible encontrar en un orden de libertad o de mercado, en donde el conocimiento es distribuido entre muchísimos y por tanto la gente te especializa en saber lo que le interesa. El Estado nunca es capaz de saber en detalle lo que los individuos sí pueden saber en un orden en el cual se intercambia el conocimiento, que usualmente se traduce en precios que informan en un mercado. Este tema lo conocemos los liberales como la imposibilidad del cálculo en la economía de decisión centralizada, en contraste con el que surge en una economía descentralizada de mercado.
Pero, aún ante tal incapacidad natural, abundan las peticiones para que el Estado intervenga en cuanta cosa se le puede ocurrir a algunos. Por ello llama la atención lo que dijo la Presidenta Chinchilla en la inauguración de la construcción de viviendas en Nueva Cinchona, zona azotada por un terremoto a inicios del 2009. Como recordarán, hubo un gran esfuerzo de muchas personas, físicas y jurídicas, que recogieron fondos para que se desarrollara un programa de vivienda para la familias que perdieron sus casas por el terremoto. El caso es que ha pasado más de un año y medio para que con esos recursos principalmente “privados” se pudiera empezar a construirlas. Doña Laura señaló que ello “nos mostró lo absurdos que se pueden volver los procedimientos cuando se desconoce la necesidad de muchos costarricenses.” (La Nación, jueves 14 de octubre del 2010, p. 5 A).
Lo sorprendente no es la queja, que mucho la conocemos todos los costarricenses, sino que sea ella quien la formule, cuando lo que más bien podría esperarse de la Presidenta, justificadamente molesta por la actuación burocrática, es una decisión tajante de eliminar esas trabas impuestas por el Estado, del cual una parte primordial es el Poder Ejecutivo que ella preside. ¿Por qué simplemente, en vez de quejarse, no dio órdenes a sus subalternos y ad lateres de eliminar o variar significativamente los procedimientos actuales para hacerlos más expeditos? Se me ocurren tres posibles explicaciones de ello, aunque podría haber otras:
(1) que no tiene ni la más mínima idea de cómo actuar ante las circunstancias que ella misma expone, con lo cual no nos queda posiblemente nada más que seguir orando para que se dé cuenta de que ella “gobierna”;
(2) que apenas está insinuando sus órdenes a la burocracia, lo cual debía alegrarnos, pero hay que pedirle a doña Laura que no lo exprese tan etéreamente, sino que les ordene empezar a actuar de inmediato en tal sentido , para que conozcan “la necesidad de muchos costarricenses”, pero que también porque tales regulaciones tienen enormes costos para la ciudadanía y:
(3) que su queja ante esos procedimientos “absurdos” debe ser tomada como una orden, lo cual nos podría muy contentos, pero al mismo tiempo nos mueve a contar los días para ver resultados concretos. Ya hemos escuchado amplias promesas en tal sentido. Es más a inicios de su gobierno anunció que algo primordial sería la eliminación de trabas y obstáculos burocráticos que en muy diversos sentidos afecta a toda la población. Como aún no he visto resultado alguno, por las razones que sean, hoy, arrastrando los pies, me inclino por esta última explicación de la conducta presidencial, pero le ruego al amigo lector que dentro de un tiempo me recuerde si ha habido algo al respecto, para, muy posiblemente, enfrentarme con la realidad: en verdad dentro del Estado lo que importa es ver cómo se regula a las personas, en tanto ello les de poder a los burócratas.
Publicado el 19 de octubre de 2010 en el sitio de ASOJOD.
2010-10-26-PARTIDARIOS DE LA LIBERTAD
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PARTIDARIOS DE LA LIBERTAD
Publicado en el sitio de ASOJOD el 26 de octubre del 2010.
Hace doscientos años, en la Ciudad de Cádiz hubo una reunión de Las Cortes con el propósito de redactar una constitución que recogiera las ideas de libertad que empezaban a difundirse desenfrenadamente libres por el Imperio Español. De allí surgió la Constitución de Cádiz, aún hoy conocida -y más en aquella época- como “La Pepa”. Entre sus características únicas, dicha reunión fue la matriz de la palabra liberal, que se empleó por primera vez para designar a los partidarios de la libertad. Liberales fue el término usado para agrupar a los creyentes en limitar la coerción que algún estado podía ejercer sobre los individuos. La ausencia de coerción -o libertad- fue el principio vencedor en las Cortes de Cádiz.
En contraste con los partidarios de la libertad, sus oponentes en ese entonces reivindicaban el derecho real a someter a los súbditos a los imperios monárquicos, que ungidos, por la razón que fuera, divina o terrena, tenían un derecho natural a imponerse sobre las voluntades de los hombres libres, convirtiéndolos en simples receptores de las decisiones de algún soberano y no de actores de su propio destino. A estos partidarios de la monarquía se les llamó “serviles”, pues servían a los reyes gobernantes.
Afortunadamente, con el paso del tiempo la palabra libertad -al menos en Costa Rica y en muchas partes de Europa y de Oriente- ha conservado su esencia: “la independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero”. No ha sido lo mismo con la palabra servil, que de ser antes un simple servidor del rey, hoy más bien la asociamos de alguna manera con una conducta indigna. Por ejemplo, se oye hablar del “servilismo de un funcionario”, para dar a entender la entrega total de un funcionario segundón al poder de un burócrata superior, o la sumisión de algún individuo a la voluntad de algún otro aún cuando no se está de acuerdo con la bondad o conveniencia de sus órdenes. Pero ese sinónimo de bajeza aún va más allá; su cobertura se ha expandido de individuos a estados: así se dice de naciones serviles cuando renuncian a sus principios, de alguna manera definidos y aceptados, para aceptar sumisamente, y por las razones que fuere, las posiciones de naciones más poderosas, aunque estas vayan en contra de las propias. El silencio, el mutismo, la no-opinión, por el momento, característicamente suele ser su compañero.
Hace poco el Premio Nobel fue entregado en dos de sus versiones -a la literatura y a la paz- a dos grandes defensores de la libertad. Mario Vargas Llosa -Premio Nobel en Literatura 2010- es y ha sido un destacado promotor de ella. Manifestó, en su alegría al conocer la noticia, que su compromiso con el liberalismo se ve fortalecido con este reconocimiento. El chino Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz 2010, permanece en una prisión de su país, sin posibilidad actual de lograr ser un hombre físicamente libre, por el delito de pedir la libertad de su pueblo. El reconocimiento otorgado abrió una ventana para que los hombres y mujeres de los pueblos libres clamaran por la libertad física de aquel cuyo delito fue pregonar, desde los ecos de la Plaza Tien an Men, que era hora de que el ciudadano chino se emancipara del yugo opresor del dictador, que impone su voluntad sobre la de los ciudadanos. Tal afrenta lo mandó a prisión y por ella el gobierno chino lo convirtió en “un delincuente”.
Costa Rica siempre se ha sentido orgullosa de su tradición de defensa a ultranza de los derechos humanos. “No envidia las cortes de Europa ni las riquezas que en ella se encierran”, suele cantar refiriéndose, no a la moderna Europa libre, sino al Ancien Régime que yace en el basurero de la historia: el ciudadano costarricense no estaría dispuesto a que, por un plato de lentejas o un estadio florido -aunque el cínico recordaría que sólo bastaba con llegarle al precio adecuado- dejara de estar dispuesto a interceder respetuosamente y casi a manera de rogativa, por la libertad de Xiaobo. Dudo mucho que el costarricense libre escogería someterse servilmente, con un silencio cómplice, a la tiranía que quita la libertad a un individuo, que tan sólo desea que los ciudadanos de su país puedan escoger sin imposición.
Me parece que el pueblo costarricenses sigue creyendo en este principio, no así sus gobernantes, quienes, ante la petición de naciones civilizadas de Occidente para que las autoridades del estado chino liberaran al nuevo Premio Nobel de la Paz, optaron por guardar silencio, evidenciando que, “porque China nos ayudaba mucho, porque su gobierno aportó mucho en la crisis financiera para atender nuestra deuda y porque el estadio que se inaugurará pronto es una obra hermosa“, mejor el gobierno con oportunismo guardaba silencio. Y por supuesto, ya pronto se afinará un nuevo paquete de cooperación de China hacia Costa Rica: plata para terminar lo que falta de un estadio, que es el precio del silencio.
2010-11-02-REGULACIONES ABSURDAS E INSATISFACCIÓN CIUDADANA
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REGULACIONES ABSURDAS E INSATISFACCIÓN CIUDADANA
Publicado en el sitio de ASOJOD el 02 de noviembre del 2010.
Deprime ver, en una nación supuestamente de ciudadanos libres como la nuestra, qué gran cantidad de personas acude a solicitar mayor regulación o control estatal de la más diversa gama de actividades que desempeñan otras personas. Esa actitud puede deberse a una desconfianza generalizada en la capacidad de los individuos de realizar transacciones con otros individuos en donde ambas partes ganan, sin que necesariamente una tenga que ganar a costas de la otra. De ahí saltan a que en dichas transacciones debería participar la mano visible del estado, para que sea mejor llevada a cabo en forma regulada que voluntariamente.
Por ello no extraña que, citando tan sólo unos pocos ejemplos recientes, haya peticiones para que el estado regule los precios de una serie de artículos importados (Mayi Antillón del MEIC), sale un decreto reciente para regular el transporte especial de personas (MOPT) o inicialmente se prohíbe la realización de la Teletón, aunque afortunadamente tal decisión absurda se tuvo luego que echar para atrás (TSE). Pero todos estos ejemplos se caracterizan por la creencia de que el estado sabe mejor que las personas lo que hay que hacer y que si se regula de acuerdo con base esa idea las cosas van a estar mejor que antes.
Por naturaleza soy enemigo de manifestaciones en la vía pública que afecten la libertad de tránsito de las demás personas. Según ello debería estar en contra de la realizada por un grupo de transportistas de servicios especiales el pasado lunes 25, frente a la instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) en San José. Pero en verdad cuenta con todo mi apoyo, porque tienen toda la razón de protestar ante la incapacidad de aquella institución, pero ante todo por su arrogancia de creer que, limitando mediante regulaciones la libertad de las personas, van a resolver un supuesto problema con el transporte privado de ciudadanos.
Lo que al final de la jornada hace el MOPT es impedir una mayor competencia en el transporte de la ciudadanía, imponiendo una regulación que exige una serie de costosas transacciones a las partes -a los ciudadanos y a esos empresarios del transporte- quienes durante muchos años han acordado libremente realizar un contrato privado, por el cual no se afecta a terceros indebidamente.
Cuando joven iba a los partidos de futbol de un equipo de futbol de amigos de Barrio México y para ello contratábamos un bus que nos llevaba y traía de algún pueblo adonde se fuera a jugar. No había que pedir permiso a ninguna burocracia: simplemente nos poníamos de acuerdo con el propietario del busito en cosas básicas tales como el costo, la hora y el lugar. El estado no aparecía en nada, afortunadamente: no había que firmar papeles con pocos días de anticipación, ni llevarlos sellados ni autenticados ni ninguna otra majadería similar. Ningún burócrata se metía en el asunto y las partes estábamos contentos. Si algo fallaba, pues en la próxima ocasión se usaría a otro transportista.
Estos últimos, con tal de asegurarse la continuidad del cliente, siempre nos trataban de lo más bien.
Ahora, a algún genio brillante en la administración del MOPT -tal vez inducido por alguien que desea quedarse con un negocio que ha venido operando normalmente sin intervención burocrática- se le ocurrió poner en práctica un decreto (le agregan “de ley”, para que se vea como muy importante lo que es un acto insignificante en el fondo, pero oneroso en sus consecuencias), con el cual se introduce una serie de restricciones, regulaciones, obligaciones, molestias, necedades, para renovar los permisos de operación de empresas que hoy dan ese servicio de transporte especial a los ciudadanos. Esto es, el transporte de grupos a fiestas, funerales, partidos de futbol, tomatingas de amigos que afortunadamente así disponen de un chofer designado; en resumen, de todo aquel tipo transporte de pasajeros que no sea el remunerado de personas que de diario conocemos.
Con anterioridad los transportistas especiales podían disponer de permisos de operación que duraban un mes. Ahora se cambió para que duren sólo por tres días. Además -siempre presente la voracidad fiscal- cada vez que se solicita se impuso un costo de ¢7.500, monto que, sin duda, será trasladado a los consumidores que contraten el servicio. ¡Chingo de estímulo para que grupos de amigos los contraten para ir a tomar tragos! Así es como el MOPT contribuye a manejar sin alcohol Y, por supuesto, como la minita ya fue encontrada, los burócratas exigen tal pago cada vez que tenga que dar un servicio. A su vez, en el camino sancionador de los reguladores, si el transportista comete el pecado de alejarse de la ruta establecida en el permiso (no se si por cambiar de un camino a otro alternativo, como hay que hacer cuando se viaja a Caldera por la Ruta del Sol), podrían ser multados, se les quitarían las placas y quedarían inhabilitados para trabajar por tres años.
En su protesta cuentan con mi apoyo y estoy seguro que de los costarricenses quienes usan su servicio y los que lo verán encarecerse por la decisión burocrática. Como dijo Jesús Campos, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Servicios Especiales (ANATRANS), interpretando mejor que nadie lo que está en juego, “nosotros hacemos las cosas legales (y los reguladores del MOPT) deberían hacerlas más fáciles en lugar de complicarlas”. Y no encarecerlas, agrego yo.
2010-11-09-A RIESGO DE QUE ME LLAMEN
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A RIESGO DE QUE ME LLAMEN “INSENSIBLE”
Publicado en el sitio de ASOJOD el 09 de noviembre del 2010.
Como ser humano lamento la tragedia que hoy viven muchos costarricenses a consecuencia del paso del huracán Tomás por el Caribe. Esta no es nueva: en muchas ocasiones la atracción que hacen las fuerzas de los huracanes caribeños, de vientos húmedos provenientes de nuestro Océano Pacífico, han causado enormes daños por las enormes precipitaciones que provocó. Es bastante predecible que esto sucederá cada cierto número de años en nuestras costas del Pacífico. Igualmente, ya sabemos que, a principios de cada año, suele llover fuertemente en la región Atlántica, en donde se inundan las mismas zonas. De nuevo, tales fenómenos son altamente predecibles, pero todos los años vemos como muchas familias sufren graves daños por las inundaciones en esas mismas partes.
Una de las pocas ideas rescatables de la administración Pacheco fue que en ciertas zonas de Costa Rica, las viviendas se deberían construir hacia lo alto en pilotes. Esa idea no fue producto de algún nuevo descubrimiento de alguien en ese momento, sino simplemente el reconocimiento de cómo era que las compañía bananeras de antaño construían las casas de sus funcionarios y peones. Con la salida de tales empresas (por ejemplo, la United Fruit), esa forma de construir casas varió, dando lugar a que se edificaran a ras del suelo. La idea del gobierno de la administración Pacheco fue que, al menos, las casas que construía el estado o fueran financiadas con programas gubernamentales específicos, en esas zonas concretas, fueran construidas sobre pilotes. Resultado: como me dijo un amigo vendedor en la Feria del Agricultor de Plaza Víquez, “no conozco allá (en el Atlántico que se inunda) casas nuevas construidas en pilotes”.
El problema es que la acción estatal para paliar desgracias como la que acaba de suceder siguen el camino asistencialista de siempre. Me imagino que creyendo en que la mejor forma de ayudar a los perjudicados es dándoles asistencia ante la emergencia para que sigan viviendo en el mismo lugar de siempre, o con el mismo tipo de vivienda a ras del suelo, se resuelve el problema de la emergencia. Pero esta es una ilusión, porque el incentivo no es para que la gente busque otros sitios relativamente más protegidos para vivir o construir en alto para protegerse de la próxima “llena”, sino todo lo contrario, pues se minimiza el costo de una decisión incorrecta. En tanto se les siga dando la ayuda en esa forma inapropiada, los problemas vendrán de nuevo, una vez más, el próximo año.
No es insensibilidad ante el dolor ajeno el que me mueve a reiterar la necesidad de redefinir la asistencia en estas emergencias: sólo pretendo que se busque alinear los incentivos correctamente, para no sufrir de nuevo el dolor en la próxima. Por supuesto, también los gobiernos locales deberán ser más responsables en dónde es que otorgan los permisos para construir: como respondió en la televisión un vecino, quien lamentablemente perdió familiares y amigos en Las Lajas de San Antonio de Escazú, ante una pregunta de cómo era que vivían desde hace varios años a la orilla de un riachuelo, que ante la caída de un cerro vecino podía provocar la desgracia que luego sucedió, dijo: “fue porque la Muni nos dio esos terrenos para poder construir”. Mejor muestra de la incapacidad de ciertos gobiernos locales para tomar decisiones apropiadas no he podido encontrar. Si aprendieran la lección, de ser responsables en su actuar, tal vez el pueblo podría sufrir un poco menos.
2010-11-16-LA DEUDA DEL ESTADIO
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LA DEUDA DEL ESTADIO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 16 de noviembre del 2010.
Generalmente se dice “estar en deuda” para dar a entender que se debe estar agradecido con alguien por algún gesto o cosa que dicha persona efectuó para beneficio de uno. Así se ha dicho que estamos en deuda con el pueblo de China (continental) por el obsequio de la construcción del nuevo estadio nacional. No le hagamos caso al cínico quien -con toda razón- nos dice que no fue por nuestro bello rostro que se nos obsequió el estadio, sino que es el pago por la decisión de la administración Arias de terminar relaciones con China (Taiwan) y abrirlas, con razón o sin ella, con la antigua China comunista.
Siempre me pregunté si en el país no había mejores y más productivas opciones para usar la “donación” china que la de un estadio. Creo que la decisión facilona, torpemente opuesta en su momento por el ex ministro de Cultura Sáenz, que más bien estimuló a los proponentes de ese estadio, pronto empezará a mostrar que no fue la más inteligente.
Hoy día da pena ver a los ciudadanos de San Carlos realizar protestas respetuosas por el abandono de más de 25 años de la promesa de dotar a ese cantón de una carretera más adecuada que el viejo, sinuoso, si bien lindo, camino -porque eso es lo que en realidad es: un camino- para comunicarse con el Valle Central.
Fue hasta hace pocos años que con el apoyo de China (Taiwan) se había avanzado en dicha construcción, después de infructuosos intentos de arranques o labores a medias. Aquel mismo cínico me puede decir que esa carretera fue financiada por Taiwan a cambio de las relaciones que manteníamos con ellos. Eso es muy posible, pero el hecho es que gracias a esa decisión de los chinos de Taiwan la carretera venía avanzando.
En eso se tomó, sorpresivamente, la decisión de la administración Arias de terminar relaciones con China (Taiwan) y hasta allí llegaron los aportes de este país para financiar la carretera a San Carlos. Uno creía que los chinos continentales dejarían de financiar esa carretera: que quedara inconclusa, como las relaciones con China (Taiwan). Sin embargo, recientes declaraciones de una diputada de la zona de San Carlos señalan que de ninguna manera los chinos continentales excluyeron apoyar la terminación de esa vía. Es más, en palabras -digámoslo mejor, en denuncia- de la diputada, China continental donó $30 millones de dólares para que se continuara la construcción de la carretera que estaba a medias. Ella dijo que tal cosa se lo manifestó el Encargado de Negocios de China continental y, continuó con la denuncia de que “ahora no se sabía adónde estaban esos fondos”. Yo, como creyente en la “limpieza” gubernamental, creo que estas afirmaciones de la diputada de San Carlos constituyen una denuncia pública que debe ser atendida de inmediato, no sólo por los medios, los cuales casi que han sido omisos al respecto, sino también por quienes tienen la obligación formal de actuar, como son la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
Lo triste es que se les pidió a los nuevos chinitos que construyeran un estadio, pues en el país no había algo similar. Evidentemente las autoridades gubernamentales no se preguntaron la razón por la cual no había en el país una edificación de tal magnificencia: simplemente, porque, al menos para el futbol, no hay demanda tal como para ameritar una inversión así. Si no creen en esto, piensen porque el empresario Jorge Vergara, así como otros, no ha invertido en ampliar y modernizar al estadio Saprissa para hacerlo algo similar al nuevo estadio nacional.
Lo más grave ahora es que las nuevas instalaciones exigen un mantenimiento que resulta ser muy elevado y no parece haber la demanda suficiente de ellas como para se generen los recursos necesarios. Así, los gastos terminarán siendo cubiertos con fondos públicos, ya sea mediante impuestos que pagamos todos los costarricenses o por cobros en algún servicio que presta el estado. Por supuesto, las autoridades gubernamentales tienen una posible salida a la que casi siempre han acudido: pedir a los nuevos chinitos que se nos regalen más plata, quien sabe ahora a cambio de qué. Así podrán cubrir el mantenimiento indispensable del elefante blanco que se vislumbra trotar en la distancia. En tanto, la carretera a San Carlos, algo productivo que podía haberse financiado si así lo hubieran solicitado los gobernantes de ese entonces, sigue en penurias, embalsamada en las promesas a ser incumplidas por los políticos de siempre. Pero, ahora si vamos a estar en deuda por el estadio…
2010-11-23-UNA DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO
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UNA DE LAS FUNCIONES DEL ESTADO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 23 de noviembre del 2010.
Adam Smith es uno de los más importante pensadores del liberalismo clásico. Suelo leerlo pues siempre de él derivo grandes enseñanzas. Lo que experimentamos actualmente en nuestras relaciones con la vecina Nicaragua, me animó a releer parte de su libro La Riqueza de las Naciones, en la sección en donde expone lo que considera son las funciones esenciales del Soberano: o sea, la República o el Estado. Dice Adam Smith:
“La primera obligación del Soberano, que es la de proteger a la sociedad de la invasión y violencia de otras sociedades independientes, no puede desempeñarse por otro medio que el de la fuerza militar.” (La Riqueza de las Naciones, Tomo III, Libro V, Cap. 1, Parte 1, San José: Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 5).
Y agrega luego,
“Cuando una nación fía enteramente su defensa a una milicia, se encuentra en todo tiempo expuesta a ser vencida y conquistada por cualquier otra bárbara nación que pueda habitar en sus fronteras… Ahora bien, como un ejército de esta especie no lo puede mantener sino una nación civilizada y culta, pudiendo solo él defenderla de las invasiones enemigas, no existe otro medio de conservar o perpetuar la propia cultura y civilización que el de sostener un ejército de tal naturaleza.” (Op. Cit., p. p. 20-21).
Además de esa función del estado, Smith señala otras dos. Una de ella es:
“proteger a cada individuo de las injusticias y opresiones de cualquier otro miembro de la sociedad, o sea establecer una recta administración de justicia…” (Op. Cit., p. 23),
en tanto que la tercera obligación es:
“erigir y mantener aquellos públicos establecimientos y obras públicas, que aunque ventajosos en sumo grado a toda sociedad, son no obstante de tal naturaleza que la utilidad nunca podría recompensar su coste a un individuo o a un corto número de ellos, y que por lo mismo no debe esperarse se aventurasen a erigirlos ni a mantenerlos.” (Op. Cit., p. 36).
En el ideario liberal no hay en realidad un límite definitivo a la cantidad de funciones que puede desempeñar el estado; de hecho hay pensadores liberales, como Hayek o Friedman o Epstein, quienes adicionan otras labores, pero lo característico de todos ellos es que suelen ser relativamente pocas y por ello se dice que son proponentes de lo que se considera como un estado mínimo.
La posición de Costa Rica en torno a su defensa ante la amenaza externa es relativamente reciente: la posición formalmente expuesta durante la administración Monge Alvarez tiene si acaso cerca de 30 años. Es una ilusión pensar que es una posición que va más allá de la liberal clásica expuesta por Adam Smith. No se trata de eliminar esa función al estado, sino que, de alguna forma, la obligación del estado costarricense de defendernos ante el enemigo externo fue trasladada hacia organismos o acuerdos internacionales, en mucho por la decisión de abolir el ejército tomada por don José Figueres a finales de los años cuarenta.
El estado costarricense, en lo referente a su obligación de defender a los ciudadanos de los enemigos externos, dejó de lado lo que se denomina el principio de jurisdicción territorial, mediante el cual los fallos de los jueces se enmarcan en la generalidad institucional del estado. Por ello acude a organismos supranacionales o acuerdos internacionales que garanticen tal defensa, en vez de asumirla el estado costarricense. En sencillo, nuestra defensa ya no depende de nosotros mismos sino de un conjunto de instituciones externas al país.
Hasta el momento esa política ha tenido un buen resultado, si se tiene presente que tener un ejército para ejercitar tal defensa no suele ser muy barato y los recursos así liberados pueden dedicarse a otras actividades que la sociedad costarricense pueda considerar más apropiadas, como educación y medicina pública. Hasta hoy, cuando el país ha sido objeto de amenazas significativas de parte de otra nación, ha existido una reacción apropiada de tales entidades internaciones que han garantizado la integridad del ciudadano costarricense ente la invasión del exterior.
El problema con tal política puede radicar en la precariedad de sustentar tal obligación básica del estado en organismos que bien pueden ser incapaces de reaccionar de forma que garantice la seguridad del costarricense. Por ejemplo, es notorio que los Estados Unidos, nación que solía ser clara defensora de la integridad de naciones amigas, hoy no muestra tal disposición, tal vez abrumado por la enorme carga que impone sobre su país la amenaza del terrorismo internacional, en especial en estos momentos económicos difíciles, y muy posiblemente por la desaparición de un mundo bipolar, que se caracterizaba por la existencia de un orden liberal enfrentado al comunismo, hoy casi desaparecido de la faz de la Tierra.
Pero también debe tenerse presente que no siempre esas entidades alheñen defensa del agredido o del agraviado. Por ejemplo, en el orden judicial internacional se ha podido observar cómo dictadores como Pinochet o los militares argentinos de la Guerra Sucia han sido debidamente enfrentados a las coartes, pero también lo han experimentado personas como Ariel Sharon o Donald Rumsfeld, que si bien son polémicos están lejos de ser tiranos. Pero, por aún. Aún si dejo de lado lo sucedido en Ruanda ante los ojos torvos de cierto organismos, ¿acaso vio usted un proceso internacional contra Yasser Arafat, quien hasta fue homenajeado por algún ex diputado y una ex diputada en nuestra Asamblea?; asimismo, ¿se ha enfrentado a algún tribunal internacional el dictador de 50 años, para dar cuentas del sufrimiento y daño practicado a su pueblo, como lo es Fidel Castro?, y acaso se ha acercado el brazo de la justicia a ese asesino de su pueblo en África como es el tirano Mugabe?
En cuanto al tema de nuestra defensa ante la agresión externa podríamos mirar hacia una nación que por muchos siglos no ha sido objeto “de invasión y violencia de otras sociedades independientes”, como escribió Smith, a la vez que se caracteriza por su profunda democracia, el respeto a los derechos humanos y la plena vigencia de la libertad.
Se trata de Suiza (tal vez se le pegue a la que se ha llamado la “Suiza de América“), la cual posee un poderoso ejército que nunca ha participado en guerra alguna contra nadie y menos contra sus propios ciudadanos a los cuales sirve. Vale la pena pensar -enfatizo, pensar- en una posibilidad similar para Costa Rica, mediante la cual dependeríamos de nosotros mismos, manteniendo nuestra posición de paz hacia el mundo y teniendo la capacidad de defendernos a quien intente invadirnos o ejercer violencia contra nosotros.
Publicado el 23 de noviembre del 2010 en el sitio de ASOJOD
2010-11-30- PAR DE GASTOS EJEMPLARES
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PAR DE GASTOS EJEMPLARES
Publicado en el sitio de ASOJOD el 30 de noviembre del 2010.
Hay gente que se especializa en decir que “no es posible reducir el gasto estatal”. En realidad no es sino una excusa para promover el crecimiento de la burocracia gubernamental. En esta ocasión no haré un recuento de posibles reducciones del gasto público. Si hay alguien interesado en ello podría leer el artículo de don Carlos Federico Smith en el Boletín de ANFE del mes de noviembre, el cual se espera salga a la luz en una semana. Pero hay ocasiones, como ésta, en que me cuesta refrenarme en mis propósitos de reducir el gasto público. Hoy daré dos ejemplos que me han molestado, tal vez por ser de reciente factura y que aún no se han consolidado en el ego estatista de la ciudadanía como para excusar su existencia. Prueba de esta última afirmación mía es formular la pregunta de si alguien recuerda cuál fue la última reducción de gasto significativa en el estado costarricense o si puede traer a colación el cierre de alguna institución gubernamental una vez que fue creada en, digamos, estos últimos diez años. Me quedaré esperando una respuesta y si fuera afirmativa, al menos eso a mí me alegraría, aunque se me desmienta.
En días recientes en distintos medios (prensa y televisión) apareció la noticia de una propuesta para subsidiar o garantizar un auxilio a los toreros aficionados que participen en nuestras corridas criollas. Yo, como aficionado, no logré entender cómo es posible que se vaya a subsidiar alguien quien voluntariamente se lanza a un ruedo dizque torear. M imagino que quienes así lo hacen son conscientes de que se arriesgan al hacerlo y que no hay razón alguna para que Juan Pérez en Machorcado de Güelta de Jorco tenga que pagar impuestos para subsidiar a ese osado torero. Sé que es muy fácil pedir fondos públicos y algo más difícil el que se otorguen, pero en asuntos de gasto estatal es fácil observar la mayor diversidad imaginable, resultado de presiones políticas que ejercen algunos grupos específicos o bien de la actitud de políticos de usar el gasto estatal para lograr atraerse votantes. No sería nada raro ver que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para subsidiar a los toreros improvisados, pero tendría que apurarla, pues las Fiestas de Fin de Año ya están a la puerta y es la hora de dispensar favores con platas ajenas que pertenecen a la ciudadanía.
Más triste es lo sucedido con una oleada de anuncios reciente de Acueductos y Alcantarillados; “anunciadera” en televisión que cuesta toda una bicoca. En parte por la naturaleza inclemente, así como por haber la Municipalidad de Escazú otorgado tierra hace varios años a gente relativamente pobre para que allí construyeran sus casitas en Calle Lajas (o Río Lajas), las recientes inundaciones hicieron que esa pobre gente se quedara en la calle, sin casa en donde morar. Pero también hubo pérdidas al destruirse sistemas para el suministro de agua, entre otros daños graves.
Me interesa este aspecto del suministro de aguas: el país ha incurrido en grandes pérdidas financieras por los temporales y con los recursos tan limitados de que se dispone, no es posible que, de la noche a la mañana, se recuperen todos los daños. Uno esperaría que el gobierno fuera especialmente frugal en estas circunstancias y que hiciera todos los esfuerzos posibles para redirigir los escasos fondos hacia la reposición de los daños. Obligado a cumplir con su deber de restablecer el servicio de agua, Acueductos y Alcantarillados paga un costoso programa de anuncios en diversos medios para decirnos a los ticos que ha cumplido con su deber. Esa era su obligación y blasonar con tal actuación es una muestra de una gran insensibilidad e irresponsabilidad que debería ser políticamente castigada. El montón de plata que Acueductos y Alcantarillados desperdicia hubiera sido mejor empleada si la dedicara a reparar los enormes daños. Eso se lo agradecerían los ciudadanos. El tema es que como no son fondos de alguien, sino públicos, los jerarcas de esa entidad estatal no tienen reparo en gastarlos, aunque sea en su autobombo.
2010-12-07-RELAJO SINDICAL
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RELAJO SINDICAL
Publicado en el sitio de ASOJOD el 07 de diciembre del 2010.
No puede pasar inadvertida la información suministrada por La Nación del pasado lunes 29 de noviembre acerca de cómo un empleado de JAPDEVA termina ganando más si se incapacita que si labora. El privilegio es claro. Hoy cualquier persona que no sea un trabajador en JAPDEVA si es incapacitada por la Caja Costarricense de Seguro Social recibe como compensación un 60% de su salario mensual, aproximadamente. Por el contrario, el privilegiado trabajador de JAPDEVA, gracias a la leonina convención laboral de que disfruta, además de aquel 60% recibe un 40% proveniente de la misma JAPDEVA. El relajo evidente no acaba aquí: durante su periodo de incapacidad tampoco se le pueden cobrar las cuotas del Fondo de Mutualidad que tienen los trabajadores, además de recibir el aguinaldo completo aún cuando se ausenten de su trabajo.
El incentivo es muy claro: vale más, para efectos de los ingresos que se llevan a la casa, estar incapacitado que trabajando. El resto de trabajadores del país no recibe tal gollería, precisamente para evitar este tipo de práctica nefasta. Adicionalmente, este privilegio a unos cuantos que laboran en JAPDEVA lo cubre el resto de los costarricenses, mediante los impuestos que pagamos. De acuerdo con la información periodística, “a la fecha, en la institución hay 47 empleados que cumplen un año o más de incapacitados”, agregando, que “los casos más graves son de personal con licencia por enfermedad que están fuera de los puertos desde enero del 2005.”
Pues, ¿cómo no iba a ser así? Todo el incentivo diseñado para los privilegiados trabajadores de JAPDEVA está para lograr incapacitarse y con ello poder “ganar más”. Lo que el periódico no dice (en esta ocasión) es que muchos dirigentes del Sindicato de JADEVA se han acogido a tales incapacidades, hecho que ha sido públicamente denunciado. La Caja dice aún estar en proceso de investigación de estas denuncias, pero ya lleva muchos meses sin decirnos qué resultó de la investigación. Producto de mi malicia indígena o del escepticismo que ya ha hecho callo sobre el accionar del estado, no me queda más que dudar acerca de un deseo de la Caja de aclarar las cosas y señalar las responsabilidades de aquellos médicos que otorgaron las incapacidades que ya llevan muchos, pero muchos, meses. Casualmente, muchas de esas incapacidades son de dirigentes del Sindicato de JAPDEVA.
Para agregar mayor malestar a la conciencia de los ciudadanos, quienes somos los que pagamos todo este tipo de desmadres, el dirigente napoleoncillo de JAPDEVA, Ronaldo Blear, al quejarse acerca de la información que sobre este privilegio difundió el actual Gerente de JAPDEVA, don Allan Hidalgo, sentenció que los días de don Allan “están contados en JAPDEVA” y lanzó el reto ante la ciudadanía de que irá “a defender los derechos de los trabajadores” y que no va “a permitir más que se esté ensuciando el nombre de los trabajadores”. No sólo el Secretario General del Sindicato de JAPDEVA nos golpea con una clara amenaza, sino que aprovecha para hacerse el ofendido tan sólo porque el Gerente de JAPDEVA denunció el privilegio ante la ciudadanía: ante nosotros quienes somos quienes los que pagamos esa gollería. Se necesita tener una cara de barro para todavía querer cobrarnos por medio de la amenaza, aunada al simple desaguisado que el Sindicato ha impuesto a todo el país.
Es hora de que la ciudadanía despierte y recupere el sentido de decencia elemental extirpado por la convención de JAPDEVA. Esta denuncia no debe pasar inadvertida. Si se siente mal por este abuso, reaccione. Si lo hace por escrito, mándele una copiecita a la Sala Constitucional, que tal vez la tendrá presente la próxima vez que tenga que pronunciarse sobre privilegios arrancados a toda la ciudadanía costarricense.
2010-12-14-INCONSISTENCIA LIBERTARIA
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INCONSISTENCIA LIBERTARIA
Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de diciembre del 2010.
Por alguna razón la mayoría de los ticos se considera que pertenecen a la llamada clase media. Si es rico, más allá de lo que poseen las familias de clase media, me imagino que aseveran pertenecer a ella para no darse color ante los que ponen impuestos y si es relativamente más pobre, creo que se puede deber a que hay un deseo de que el progreso que suele implicar la clase media ya se encuentra en sus hogares. Por eso casi siempre responden que pertenecen a la “clase media”. Obviamente los tecnócratas sociólogos, expertos en asuntos de clases, rechazarán mis hipótesis, lo cual no me preocupa, aunque si debo señalar, recordando mis lecturas de Pitirim Sorokin cuando era joven y estudioso, de que en asuntos de clases el análisis caía en una especie de arroz con mango; por ello los conceptos de clases ya no son tan útiles como se creyó hace algún tiempo. Mi familia, que es de clase media, obviamente que se beneficiaría directamente si se aprobara un subsidio que la favoreciera, como el que analizaré a continuación, pero tal práctica extraordinaria iría en contra de mis principios, por lo cual deseo escribir esta nota de hoy.
Tengo enorme aprecio personal por la diputada libertaria doña Patricia Pérez, por ello me sorprendió -y no de forma agradable- el proyecto de ley que presentó ante la Asamblea Legislativa para lograr que hubiera mayores fondos para que la clase media obtuviera vivienda. Como era de esperar, tan noble propósito encontró amplio eco en el resto de los diputados, quienes, ni lerdos ni perezosos, ya han indicado estar a favor de la propuesta. Muchos de ellos, casi que estoy seguro, lo hacen porque están a favor de “ayudar” a la clase media (ninguno están en contra de la clase media), pero estoy seguro que no han pensado en las implicaciones derivadas de la aprobación de una ley como esta.
Conociendo el conocimiento profesional privada de la diputada Pérez, con gran experiencia en las Mutuales, más bien me extraña que la solución que propone para dotar con casa a las familias de clase media, lo sea mediante un subsidio a los intereses que tendrían que pagar, los cuales, concuerdo con ello, son muy elevados. Estoy seguro de que doña Patricia conoce los numerosos estudios que a través de los años han hecho muchos economistas acerca de las razones por las cuales, en nuestro país, el diferencial entre las tasas pasivas que un banco comercial le paga a sus ahorrantes es tan grande con respecto a las tasas activas que le cobra a quienes les presta. De paso recuerdo los innumerables trabajos para la Academia de Centro América, de Edna Camacho, Rodolfo Quirós, Ronulfo Jiménez, Thelmo Vargas, Oswald Céspedes y muchos otros, que bien debe recordar don Patricia.
Si fuera así, Doña Patricia no abogaría por subsidiar intereses para ningún grupo en particular, sino en reducir ese “spread” tan elevado, el cual se origina en la obligación de mantener altas reservas legales, el pago de impuestos locales, los altos gastos operativos de los bancos (estatales), entre otros. En síntesis, más bien debería proponer que legalmente se diera una reducción significativa de esos elevados costos de transacción hoy trasladados a todos quienes piden prestado en los bancos, incluyendo los de clase media que solicitan préstamos para su vivienda.
El problema con estos últimos préstamos más bien parece estar en el plazo tan corto a que se otorgan, lo que contrasta con la situación de, por ejemplo, los Estados Unidos, o Panamá y más recientemente El Salvador. Una propuesta que permitiría que nuestro país tuviera préstamos a plazos tan largos como los citados lo sería mediante la aprobación de un proyecto de ley precisamente acogido por el Movimiento Libertario para su trámite legislativo, como es la dolarización de nuestra economía. Esta posibilitaría ayudar a que la clase media adquiera vivienda en un plazo factible para este tipo de inversiones. En el caso de El Salvador, antes de que se dolarizara, tales préstamos eran de una duración parecida a la actual de Costa Rica; ahora tienen una duración similar a la estándar de Panamá: 30 años.
Finalmente, aprovecho para referirme a una coyuntura actual de la economía costarricense, que la propuesta de la diputada Pérez deja de lado. El déficit actual del sector público puede llegar a un 5% este año y a un 6% en el próximo, principalmente por un exagerado gasto gubernamental. Históricamente los libertarios han indicado su disposición para introducir algún grado de racionalidad en ese desbocado gasto estatal, pero la propuesta de la diputada Pérez propone todo lo contrario. Más bien aumentaría el gasto gubernamental porque con el presupuesto público es que se financiaría el 50% de los intereses que tienen que pagar las familias de clase media a quienes se les otorguen préstamos bajo la propuesta bajo comentario. Esos gastos irían a aumentar el déficit en momentos en que más bien los gobernantes nos dicen que pedirán ante el Congreso en aumento de los impuestos que paga la ciudadanía. Triste papel hacen quienes por años han señalado posiciones contrarías a los subsidios estatales y el excesivo gasto público.
En lo personal tengo un gran aprecio por la diputada Pérez, por lo que aprovecho para recordarle la cita de Aristóteles: “Amicus Plato, sed magis amica veritas” (Soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad).
Presentado el martes 14 de diciembre del 2010 en el sitio de ASOJOD
2010-12-21-ESTÁ PERDIDO EL CASO A FAVOR DE LA DEMOCRACIA
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¿ESTÁ PERDIDO EL CASO A FAVOR DE LA DEMOCRACIA?
Publicado en el sitio de ASOJOD el 21 de diciembre del 2010.
La antítesis de la visión liberal de la economía es la planificación central, tal como lo conceptualizaron el fascismo y el comunismo -los “primos” ideológicos- durante el siglo veinte. En tanto que bajo la visión liberal es la libre concurrencia en los mercados la que esencialmente determina las relaciones económicas, en donde intervienen miríadas de decisiones individuales, en los órdenes económicos centralizados es algún grupo de individuos dentro del estado el que define esas relaciones. Aquí algún ente gubernamental central -usualmente un muy pequeño grupo- sustituye por las suyas a esas decisiones individuales
La otra amenaza que enfrenta el orden liberal es más sutil: proviene de lo que Sanford Ikeda llama el intervencionismo y que lo define como “la doctrina o sistema basado en el principio del uso limitado de medios políticos para enfrentar los problemas identificados con el capitalismo de laissez-faire… Debido a que el intervencionismo le asigna al gobierno poderes discrecionales para interceder dentro del proceso de mercado que van más allá de un estado mínimo, difiere del capitalismo de laissez-faire en donde el objetivo primario de un gobierno es la protección de la integridad del sistema de mercado basado en la propiedad privada.” (Sanford Ikeda, Dynamics of the Mixed Economy: Toward a Theory of Interventionism, New York: Routledge, 1997, p. p. 35 y 36.).
No hay duda de que una de las formas más evidentes de esta amenaza intervencionista lo constituye la incorporación de esa prédica constante por redistribuir los ingresos provenientes de los resultados que determina el mercado hacia otra definida por políticas gubernamentales, muy visiblemente mediante el uso de tributos sobre quienes obtienen ingresos más allá de cierto nivel, que se trasladan (asumamos que no hay costo por la intermediación gubernamental) hacia quienes obtienen ingresos inferiores a ese nivel.
Una muestra de este intervencionismo es la pretensión politiquera de lograr que esa palabrería repetitiva de que “los ricos paguen como ricos” se haga una realidad (aunque muestren la ignorancia usual de confundir riqueza con ingresos). En resumen, tratar de gravar progresivamente con impuestos a quienes tienen ingresos por encima de cierto monto predeterminado. La otra porción del esquema redistributivo los políticos lo buscan justificar con un “ayudar a los pobres” (de nuevo confundiendo riqueza con ingresos) que en resumen se traduce en un redireccionamiento de esos gravámenes hacia quienes hipotéticamente poseen ingresos inferiores a cierto nivel.
En todo caso, no parece haber duda de que las políticas redistributivas constituyen un claro caso del intervencionismo gubernamental al cual nos hemos venido refiriendo.
Este propósito redistribucionista suele ser claramente promovido durante los procesos electorales: es en las campañas políticas cuando se suelen presentar propuestas para trasladar recursos provenientes de algunas personas -hipotéticamente de ingresos relativamente más elevados- hacia otras con ingresos relativamente menores. Con base en un principio de votación al que se le considera democrático, en donde cada persona tiene un voto, puede darse un sesgo hacia la profundización del redistribucionismo.
Imaginemos, por un momento, que los electores enfrentan una votación acerca de una propuesta en la cual aquellos que tienen un ingreso superior a un nivel X predefinido, deberán pagar un gravamen de un cierto porcentaje sobre dicho exceso, mientras que aquellos que no alcanzan ese nivel X, quedan exentos del pago del impuesto y que los ingresos recaudados del primer grupo son trasladados (digamos que íntegros) hacia el segundo grupo de votantes. A primera vista los votantes de este segundo grupo votarían a favor de la propuesta, mientras que en contra lo harían los del primer grupo. Como en una democracia se supone que una persona (adulta, nacional) tiene derecho a un voto, si lo ejercieran simplemente se requeriría que el monto X que separa los grupos de ingresos sea lo suficientemente alto como para que una mayoría simple pueda decidir aprobar el proyecto redistributivo. La clave estaría en la definición de ese monto X clave.
¿Conduciría el ejercicio democrático -así simple e hipotéticamente expuesto- a una redistribución tal de los ingresos, que al final de cuentas cada votante terminaría por recibir un monto neto idéntico? En nuestro ejemplo ultra-simplificado dicho monto universal surgiría cuando se defina un monto X tal que logre una votación en su favor por un voto más que el que en comparación lograría el grupo opuesto perdidoso. Sabemos que en la realidad, por ejemplo, el estado (los burócratas, los gobernantes) se quedará con una buena tajada en esa intermediación redistributiva, por lo cual podría evitarse esa igualdad tan socialista, además de que en la política suelen participar muy diversas coaliciones que buscan lograr otros intereses distintos de la redistribución de los ingresos, pero parece que abría una tendencia hacia tal igualación de ingresos netos sobre todo si se amplía el rango de votantes, principalmente de niveles de ingresos relativamente más bajos.
Como yo he considerado por mucho tiempo que la democracia es el mejor sistema posible para cambiar de gobernantes sin que medie el derramamiento de sangre, ¿me debería ahora de entristecer este prospecto redistribucionista de una mayoría votante (conceptualmente la de un simple voto más que el resto de votantes)?
Hay un argumento que me revive la fe: las políticas redistributivas tienen un efecto negativo sobre el crecimiento económico al romper el lazo esencial que hay entre producción e ingresos en una economía. Quienes arriesgan, innovan, crean, los que tienen espíritu empresarial, se dan cuenta de que las políticas redistributivas minan los incentivos que tienen para producir (creo que Obama ya debe haberse dado cuenta de esto). Lamentablemente ello termina afectando el crecimiento de la economía. Los pobres suelen ser grandes beneficiados del crecimiento económico, como lo puede atestiguar la historia económica de los últimos trescientos años. Por ello prefieren vivir en un sistema político-económico que les brinde oportunidades para progresar y vivir mejor. Creo que ya los griegos de hoy (entre otros europeos) se han estado dando cuenta plena de cómo el distribucionismo termina provocando pobreza. Habría que esperar que en la cuna de la democracia logren pensar mejor acerca de los efectos que pueden tener sus votos; concretamente como un redistribucionismo demagógico los termina afectando Veo al ejercicio democrático convertido en un proceso de aprendizaje que les permitirá -lamentablemente a plazo- darse cuenta de que la demagogia del distribucionismo es su verdadero enemigo. Ojalá que nosotros no tengamos que aprender la lección sufriéndola en carne propia. Nada más vean lo que está pasando en gran parte de Europa y, en mucho, en los Estados Unidos de hoy.
Sé que estas reflexiones son muy burdas; muy primeras, pero vale la pena pensar.
Presentado el martes 21 de diciembre del 2010 en el sitio de ASOJOD
2010-12-28-SE VISLUMBRA UNA BUENA DECISIÓN
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SE VISLUMBRA UNA BUENA DECISIÓN
Publicado en el sitio de ASOJOD el 28 de diciembre del 2010.
El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Ingeniero Francisco Jiménez, ha empezado bien el año 2011 con su decisión de ir moderando la limitación a la libre circulación que el estado costarricense impuso hace varios años al libre tránsito en la ciudad de San José.
He dicho que “se vislumbra” porque a la fecha en que esto se escribe la restricción vehicular, así llamada, se ha suspendido gracias a la ineficiencia (para nuestra suerte) de ese Ministerio en enviar a tiempo a la Imprenta Nacional un nuevo decreto que mantuviera la restricción actual. Por eso es que no tenemos en esta primera semana de enero limitación alguna para circular. Pero el Ministro nos anuncia que la nueva restricción (cuando manden a tiempo el decreto para su publicación, que estoy seguro no fallará esta vez) en vez de ser de un día entero según la placa, como era hasta ahora, será de acuerdo con el número de placas pero sólo para ciertas horas: de 6 a 7 y media en la mañana y de 4 y media a 7 en la noche.
Esto permitirá que los costarricenses estemos menos limitados en nuestro derecho a circular libremente, pero también mejorará lo que hoy tarda un ciudadano en acudir a sus centros de trabajo al verse impedido de manejar por la carretera de circunvalación o por el centro de San José. Esto se traducirá en una menor utilización de combustible que la actual, pues se le venía obligando a tomar desvíos que alargaban su ruta normal y así gastaba más gasolina. Posiblemente hasta lograremos ahorros en el tiempo de tránsito, pues los desvíos que había que tomar se saturaban fuertemente al vernos los ciudadanos obligados a usar rutas menos eficientes.
El ahorro previsto en la cantidad de combustibles va a ser muy útil porque ya se avecinan fuertes aumentos en sus precios (y les apuesto que aumentará la inflación importada, lo cual mostrará como las tasas relativamente bajas se debían a la moderación del alza en los precios internacionales y no a la magia del Banco Central, como nos lo ha querido demostrar).
Estos incrementos en los precios de los combustibles espero que no vayan a impulsar a quienes erróneamente promovieron la restricción vehicular bajo el pretexto de que se lograría un ahorro. Algunos datos, que luego dejaron de brindarse al público, nunca mostraron ese ahorro de combustibles que juraron se daría. Espero que el Ministro, que me parece ser una persona bastante razonable, no haga caso a estos futuros y repetidos cantos de sirenas, que más bien terminan por causar un grave daño. Espero que más bien se resista a volver a una restricción torpe que hoy está decidido a abandonar y que en realidad es poco lo que puede haber permitido de ahorro en combustibles para todo el país.
Habrá otro factor que jugará en contra de la inteligente decisión del Ministro de Transportes: la angurria del estado. Acaso no se han dado cuenta de la jugosísima fuente de ingresos que constituyen las multas por violar las actuales restricciones. El monto de esas multas no es sólo asombrosamente alto para el tipo de “delito”, sino que su recaudación es relativamente barata para el estado costarricense: varios tráficos estratégicamente ubicados para atrapar al osado que se atreva a romper esa infame ley de tránsito actual. Si se quitan las restricciones (o se reducen) se eliminan los ingresos (o se reducen): muerto el perro se acabó la rabia.
Le deseo el mayor de los éxitos al Ingeniero Francisco Jiménez por enfrentar el dogma de la regulación de la conducta humana por la decisión de algún burócrata arrogante que cree saber más que todos nosotros actuando libremente. Sé que tiene muchas otras tareas por delante para dignificar la gestión gubernamental en el sector de transportes en el país. En ellas los costarricenses lo debemos apoyar insistiendo en que no las deje de lado, Puede hasta ser necesario defenderlo de los “amigos” que tiene adentro o cerca y que en verdad sólo desean que las personas no seamos libres de circular en nuestro país, aunque con ello sólo logran disminuir nuestro bienestar.
2011-01-18-ESCASA VISION UNIVERSITARIA
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ESCASA VISION UNIVERSITARIA
Publicado en el sitio de ASOJOD el 18 de enero del 2011.
Este año lectivo la Universidad de Costa Rica rechazó más de 3.000 estudiantes, quienes no pudieron ingresar por falta de cupo. La principal razón para ese rechazo, de acuerdo con la rectora de la Universidad, doña Yamileth González, es la falta de aulas en la sede central en San Pedro de Montes de Oca. Ella aseveró lo siguiente: “La falta de espacio físico es el mayor limitante para a ampliar la cobertura; a veces tenemos dinero para pagar a los docentes, pero no las aulas para asignarlas a los grupos.” (La Nación, 15 de enero del 2011).
Desde hace muchos años me había dado cuenta de la mala utilización de las instalaciones físicas que había en esa universidad. En cierto momento daba clases de Economía en la Facultad de Dentistería (o como se le llame) y al ser las seis y media de la tarde en el edificio no se encontraba un alma. En realidad era toda una aventura salir del edificio si uno se tenía que quedar unos minutos con los alumnos, pues las puertas principales de acceso se cerraban y para salir había que caminar por algunos pasillos que daba horror: en todo momento pensaba que era un lugar en que apropiadamente Freddy Krüeger podía aparecerse. Con suerte aparecía un guarda nos guiaba a través del laberinto pues todo estaba ya a media luz.
El contraste con las universidades privadas era notorio. En estas tanto los fines de semana como durante las primeras horas de la noche la actividad estudiantil bulle. En las públicas casi que asustan. Como economista tan sólo digo que en las primeras suele tenderse a un uso eficiente del capital físico, en tanto que su subutilización es la regla en las universidades públicas (como lo había comprobado en la Universidad de Costa Rica). Tal ello se debe a que en la universidad privada es obligatorio lograr un rendimiento de la inversión, mientras que en las públicas no. En sencillo, se trata de sacarle el jugo a las aulas y edificaciones, en tanto que en la universidad pública como los administradores no son los dueños que deben recuperar la inversión, no parece importar mucho el que se desperdicie su utilización. Tal vez se debe a que no son responsables de proveer de su bolsillo el gasto en que se debe incurrir para prestar el servicio, pues simplemente su financiamiento proviene principalmente de los impuestos que pagan los ciudadanos; esto es, del presupuesto público, y una parte menor de las cuotas relativamente bajas que cobran a los estudiantes.
Por ello la señora rectora de la Universidad de Costa Rica es capaz de lamentarse de que el problema con la falta de admisión es la carencia de edificaciones y no parece importarle el que se usen menos de lo que podrían esperarse.
La genialidad de la gestión pública no llega hasta aquí: ya los gobernantes anuncian que propondrán un impuesto a las ventas del 15% en el pago por la educación en las universidades privadas. A ellas posiblemente acuden muchos hijos de familias que pagan los impuestos que a la vez son la fuente principal del financiamiento de las universidades estatales. En sencillo, hoy no sólo tienen que pagar por su educación en las universidades privadas, sino que también contribuyen a sufragar los gastos de la educación universitaria pública mediante los impuestos que deben pagar. De aprobarse la propuesta del gobierno, este doble pago va aumentarse pues se les ha ocurrido que además deben pagar el impuesto sobre las ventas.
Pero hay más: las universidades públicas se han convertido en una salvada ante la incapacidad de las universidades públicas de absorber la demanda de educación universitaria. La mejor prueba de ello es que son muchos los estudiantes que no pueden entrar por falta de cupo en las universidades públicas, por lo cual deben acudir a las privadas. Dada la genialidad de la propuesta de este gobierno de gravar con el impuesto de ventas a los costos de la universidad privada (que son ya relativamente mucho más altos que en las públicas) este impuesto provocará que surja una mayor demanda por educación en las universidades públicas ante el descenso en la capacidad de “comprar” la educación universitaria privada. Lo grave es que este traslado de la demanda de educación universitaria no podrá ser absorbido por las universidades estatales, lo cual significa que habrá estudiantes que ahora no podrán realizar estudios universitarios. Y “albarda sobre aparejo“, mayor el daño ante la incapacidad de absorber esta demanda exceso de la educación universitaria pública, pues como señala, insensible o desconocedora, doña Yamileth, la falta de capacidad instalada es el principal factor que impide ampliar la matrícula. ¿Qué espera para usar más intensivamente la capacidad actual instalada?
2011-01-25-VERDAD QUE NOS LO PROMETIERON
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¿VERDAD QUE NOS LO PROMETIERON?
Publicado en el sitio de ASOJOD el 25 de enero del 2011.
La incapacidad del estado para hacer las cosas bien nunca se reflejó mejor que en lo que ha tenido que ver con la famosa platina y su reparación. No voy a hablar más de esa experiencia -según algunos risible en tanto que triste para otros- sino acerca de la dificultad que tienen los políticos de hablar con la verdad a los ciudadanos, como lo ejemplifican algunas de las promesas que tanto el Ministro como la Viceministra de Trasportes hicieron en torno a la reparación que al fin se lleva a cabo en la famosa platina.
Creo que los costarricenses somos conscientes que estas obras iban a causarnos muchos trastornos, pero sabíamos que era urgente proceder a su reparación para evitar un mayor daño ulterior. Vimos, más que con agrado, con resignación la decisión anunciada por las autoridades del MOPT de proceder, a partir de la pasada Navidad, a repararla.
Digo resignación porque sabíamos que nos iba a causar enormes enredos, pero había disposición para soportarlos, en especial porque con precisión esos funcionarios nos anunciaron un plan que mitigaría nuestra angustia. Nos lo hicieron saber en distintos medios: tomarían una serie de medidas que aliviarían la presión natural que surgiría sobre el tráfico usual al repararse el puente de la platina. Tristemente algunas de las más importantes promesas no se han llevado a cabo y otras han tardado tanto en ejecutarlas que cuando las hayan hecho, es de esperar que ya los trabajos en la platina estén concluidos.
Se prometió ampliar el servicio de trenes hasta San Antonio de Belén, de forma que aliviaría la demanda de tránsito que fluía por la platina. Pero, ¿qué pasó? Que al momento en que esto se escribe -el 21 de enero- no hay tal servicio. Lo anunciado a principios de diciembre aún no se ha llevado a cabo. Se habló de traer unos trenes de España, pero la verdad es que no tenían el dinero para hacerlo. Luego, como excusa caída como anillo al dedo, dijeron que el atraso se ocasionó por las fuertes nevadas en España que impedían el embarque de los trenes. Hace mucho que pasó eso y dudo que afectara en tal grado al embarque en los puertos. La verdad es que no se tenía los fondos disponibles para pagarlo y posiblemente por ello no se nos envió. Ahora (a mediados de enero) se asevera que, en lugar de los trenes españoles, usarán los algo viejos del antiguo ferrocarril a Puntarenas, y que empezarán a alistarlos para eso. Es decir, empezarán a funcionar cuando se haya terminado (ojalá) el arreglo de la platina. En síntesis, nunca se prestó el servicio de trenes a San Antonio de Belén anunciado para aliviar la presión por los trabajos en la autopista a Alajuela.
Caso similar de vía alterna ante esos arreglos que nunca existió fue la conclusión y reparación de tramos de la antigua carretera que va de Heredia a Alajuela. Lo que muestran ciertos noticieros es que es todavía se trata de un polvazal al que los viajeros le rehúyen por incómodo e inservible como vía alterna a la autopista en reparación. De nuevo, los trabajos no se han hecho con la celeridad requerida para que sirviera de desahogo y, si acaso estarán listos, lo será tal vez meses después de que la platina se arregló (si Dios quiere).
También increíble es lo sucedido con la puesta de un puente Bailey frente al Colegio Castella que aliviara el tránsito proveniente de la Valencia. Era de sentido común que, como estaban las cosas con un solo puente de acceso de una sola vía, al tratar de desfogar por allí el tránsito debido a la reparación de la platina, iban a darse enormes presas. Así ha sucedido, pero no es sino hasta ahora -esta semana- cuando se va a instalar ese puente Bailey, en lugar de haberlo hecho con tiempo antes de iniciar la reparación. O sea, ¡albarda sobre aparejo!: las obras para aliviar el tránsito se realizan en momentos en que se hacen los trabajos de reparación. No sé en qué mente encargada de la planificación de estas obras puede caber algo tan improvisado e inoportuno.
Sabíamos que las obras en el puente de la platina nos iban a causar enorme incomodidad, pero confiábamos en que las medidas que el Ministerio de Transportes nos había anunciado para aplacarla efectivamente y oportunamente iban a ejecutarse. La verdad es que más parece que se trató de una burla, un engaño, que la implementación de un propósito para aliviar un problema. Tal vez las autoridades piensan que, una vez reparada la platina, estos episodios serán olvidados. Puede que tengan razón, pero podría ser que al fin, alguna vez, los ciudadanos estarán dispuestos a exigir cuentas ante tanta ineficiencia.
2011-02-01-LOS MISMOS DE SIEMPRE
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LOS MISMOS DE SIEMPRE
Publicado en el sitio de ASOJOD el 01 de febrero del 2011.
En la administración tributaria hay que hacer una diferencia entre lo que se llama evasión del impuesto y evitación del gravamen. Traigo esto a colación por la facilidad con que se confunden los conceptos, en especial cuando se menciona que, por una falta de pago malévola de parte de algunos, se hace necesario aumentar los gravámenes que paga el resto de ciudadanos.
La evasión tributaria se refiere a la falta del pago de un impuesto que debería, de acuerdo con la ley, ser pagado por alguien. Por ejemplo, Al Capone, el famoso criminal estadounidense, en su momento fue detenido por dejar de pagar los impuestos a que legalmente estaba obligado. En cambio, la evitación tributaria es el no pago de un impuesto cuando éste legalmente no tenía que ser pagado por esa persona; o sea, legalmente se puede utilizar la ley para no tener que pagar tantos impuestos como lo sería sin dicha autorización. Por ejemplo, Usted recibe ingresos como profesor aquí de una universidad ubicada en Costa Rica, sobre los cuales, en la práctica usual tributaria, debería pagar impuestos, pero, gracias a un acuerdo legal especial, el estado exime dichos ingresos del pago del tributo. Usted, si no declara esos ingresos está evitando impuestos. Si, por el contrario, no existe tal acuerdo jurídico y solicita que sus salarios sean pagados en una sede en el exterior de esa universidad, a fin de que no se considere como un ingreso disponible generado en el país, se le podría llamar evasión del gravamen, aunque alguien, sin duda, podría alegar que más bien es una evitación del impuesto. Una clara evasión sería recibir el ingreso en el país y no declararlo del todo.
Señalo todo esto porque hay diversos estudios que se han mencionado acerca de la evasión y la evitación en el país, pero a veces revuelven ambos conceptos y así se le utiliza como argumento para justificar aumentos en los tributos. Me parece importante separar ambos -la evitación y la evasión- pues, de no ser así, se podría incurrir en graves errores. ¿Cuál es el más grave de ellos? Que la evasión es ilegal, en tanto que la evitación se lleva a cabo acogiéndose al marco jurídico. Mientras que en el primer caso posiblemente se acepte más la acción del estado para sancionar tal conducta, no lo es así en el segundo. Ciertamente podría ser que la sociedad acepte la evasión de los impuestos aún cuando la medida se tomó legalmente por medio de un cuerpo legislativo representativo. La gente puede considerar que va en contra de algo que en principio las personas consideraban no debería ser objeto de un gravamen. Por ejemplo, a caída del gobierno inglés de la señora Thatcher se debió, en opinión de algunos, a su decisión de que el Parlamento Británico aprobara el llamado “head tax”, cargado anualmente a todas las personas con independencia de sus condiciones o características. El Parlamento rechazó la propuesta de ese impuesto per cápita y el gobierno de la Thatcher cayó por el repudio a la idea original. La historia está llena de casos de impuestos aprobados por los gobernantes que los ciudadanos rechazaban del todo. Alguien aficionado a la lectura de la Biblia podrá leer en ella diversos episodios sucedidos de lo que modernamente alguien podría llamar “revuelta anti-impuestos”, como fue el caso de la Propuesta 14 en el estado de California hace poco más de una década.
Pero, normalmente, por lo general, en las sociedades se da algún grado de aceptación de la imposición y los ciudadanos esperan que todos lo que deben cumplir con el pago de los impuestos lo hagan. En consecuencia, moral y legalmente, por lo general se suele “condenar” la evasión en el pago de los impuestos.
Caso contrario sucede con la llamada “evitación”, porque los sistemas tributarios no siempre dan el mismo tratamiento tributario en todas las circunstancias, tanto a personas como a las formas en que se perciben los ingresos. Así, se les deja la opción a los contribuyentes de acogerse a lo que la ley dicta al respecto, que en este caso de evitación significa que paga menos impuestos que en la situación alternativa. Un ejemplo sencillo: Si usted se casa, tanto el ingreso suyo como el de su cónyuge se pueden juntar para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Si éste es progresivo -es decir, que conforme crecen los ingresos proporcionalmente crece más el pago de impuestos- sería mejor que cada uno de los dos generadores de ingreso en el hogar declaren por separado y con ello disminuyen la carga tributaria total. Esto es legalmente posible hacerlo y así se suele hacer. Esta es la razón, por ejemplo, de que muchas empresas hagan su declaración separadamente, en vez hacerlo como una sola entidad. Este fraccionamiento en diversas empresas declarantes es legalmente posible hacerlo, si bien los recaudadores de impuestos tratarán ingentemente de mostrar que se trata de una única firma, pero separada en varias tan sólo para efectos del pago de los tributos y eso, de acuerdo con la ley, no se vale.
Normalmente en todos los sistemas tributarios hay, además del criterio de equidad horizontal, otros principios que definen la imposición, lo cual lugar a lo que se ha denominado evitación. Esos diversos criterios son válidos y estarán sujetos siempre a interpretaciones acerca de su conveniencia frente a otros distintos.
Por todo lo expuesto, esas cifras que a veces se brindan literalmente en los medios, deben ser más rebuscadas y no repetidas como loros para tratar de señalar que algo está malo con el sistema tributario debido a lo que suelen llamar “evasión”. En síntesis, es posible que la sociedad no acepte la evasión (no siempre) del pago de impuestos, pero mayor posibilidad hay de que esté de acuerdo con su evitación.
En días recientes el Ministro de Hacienda confesó en un medio televisivo que en Costa Rica “era imposible acabar con la evasión” tributaria y que, en parte por ello, formulaba algunas propuestas que fomentaban el control cruzado (argumento usado para justificar el llamado Impuesto al Valor Agregado IVA), y también se quejó de que nadie en los tribunales había sido pasado a la cárcel por evadir impuestos (y la periodista de inmediato agregó “¡qué barbaridad!”). En realidad el Ministro no hizo propuesta alguna para reducir la evasión y, más bien, lo que al fin de cuentas señaló es la facilidad que hay para practicarla, además de que esa conducta no se sancionaba. En resumen: el Ministro reconoce que incentivo para la evasión es claro y contundente y confirma que nada va a pasar por la infracción si se le practica. Tal vez porque no se revisa plena y adecuadamente la información tributaria que, de diferentes fuentes, les llegan a las autoridades tributarias.
Tristemente el paquete tributario que propone el gobierno para llenar su hueco deficitario en gran parte se va a centrar en quienes no pueden “evadirlo” -¡es lo más fácil de cobrar!- posiblemente porque se les retiene el gravamen en la fuente. Quienes deberán pagar los mayores impuestos serán los mismos de siempre.
2011-02-08-UN ARROZ QUE SIGUE AMARGO
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UN ARROZ QUE SIGUE AMARGO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 08 de febrero del 2011.
El proteccionismo arrocero sigue siendo noticia en nuestro país. Ciertamente los protegidos conforman un gremio muy poderoso e influyente, pues tras muchos años de tratar de que ese crucial alimento de la mesa del costarricense no nos costara más que los que se pagaría con un mercado sin interferencias -esto es sin protección arancelaria- obtuvo un éxito reciente al lograr que una jueza contencioso-administrativa les diera la razón ante el intento del gobierno de bajar el precio del arroz en cien colones. Este fallo pone en evidencia que el problema debe enfrentarse de una vez por todas, a fin de acabar con la enorme transferencia de recursos que hacen los pobres consumidores hacia unos pocos productores protegidos, que se han enriquecido de más gracias a políticas gubernamentales consentidoras.
Ante la queja de muchos países ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que el gobierno costarricense terminara con su subsidio a la producción doméstica de arroz, la actual administración propuso que se elevara el rendimiento requerido de la producción de arroz nacional. Con ello se esperaba una reducción del precio fijado al consumidor costarricense cercana a los cien colones, disminuyendo así el subsidio del cual se quejaban aquellos otros países productores. Pero la jueza decidió que esa medida administrativa del Ministerio de Comercio no cumplía con la legalidad -según el fallo, casi que la medida era un abuso de parte del estado- lo que significa que ahora tan sólo se podrá reducir el precio al consumidor en cincuenta colones el kilo.
La Ministra de Comercio Exterior, doña Anabelle González, señaló la gravedad del problema y agravio que se le hace al consumidor costarricense, al señalar que en Costa Rica el precio del arroz era el sexto país más caro del mundo y que el abuso se reduciría parcialmente si, para efectos de la fijación del precio de sustentación, se obligaba a que el productor nacional fuera más eficiente.
En cierta manera esta es una vieja estrategia utilizada en el pasado para tratar de disminuir el impacto dañino que el proteccionismo tiene sobre el consumidor. Se puede considerar que, si se eleva la productividad doméstica, conceptualmente el país puede competir mejor ante la producción externa, al reflejarse en menores precios para el consumidor. Pero la realidad es que posiblemente aún con los nuevos requisitos de productividad propuestos, el consumidor nacional seguiría pagando precios más altos que los que podría obtener si se importara el arroz sin aranceles proteccionistas.
Aún cuando se dé una fijación de precios domésticos basada en cierta productividad “relativamente” baja, en tanto que haya otros productores que tienen una rentabilidad relativamente mayor, el proteccionismo arancelario significará que persista un subsidio hacia estos en detrimento de los consumidores nacionales. Tan es así ello que traigo a colación como en el pasado, en el caso de la fijación de precios de sustentación al productor de maíz (esto es, un precio mínimo garantizado), los grupos de presión se organizaban para que el estado costarricense, por medio del difunto Consejo Nacional de Producción, adquiriera cualquier producción al precio garantizado al productor, el cual se fijaba con base en la productividad (menor) de los más pequeños. El problema se evidenciaba al fijar el estado el precio de sustentación, pues los productores grandes relativamente más eficientes “apoyaban” de muy distintas maneras a los productores pequeños relativamente menos eficientes, para que fuera ésta la productividad que se tomara en cuenta para la fijación del precio de sustentación. Por supuesto, con ella los grandes -con mayor productividad que los pequeños- tendrían un mucho mayor margen de ganancias.
La solución que el gobierno pretendió poner en práctica en verdad contribuiría a mejorar el desorden actual. Incluso si se elevara la productividad usada para fijar el precio de venta al consumidor a un nivel lo suficientemente alto, podría, sin arancel, competirse ante la producción externa y acabar así de cuajo con el daño del proteccionismo. Pero esta idea se la trajo abajo una jueza -por las razones que sean- y ello asegura que el desorden y el perjuicio al consumidor se perpetúen. Pero hay una idea que ojalá el gobierno se atreviera a tomar (y que incluso sería ahora muy útil para disminuir la presión experimentada de la revaluación del tipo de cambio del colón ante el dólar): reducir radicalmente la protección arancelaria actual al arroz, que creo anda en alrededor de un 100%. Así cumplimos con nuestras obligaciones ante la OMC. Así reducimos los altos costos del arroz que afecta principalmente a los consumidores relativamente más pobres del país. Así no habría jueza que eche a perder las buenas pero tal vez ilegales intenciones de los funcionarios del gobierno.
2011-02-15-LA LUCHA POR LA LIBERTAD
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LA LUCHA POR LA LIBERTAD
Publicado en el sitio de ASOJOD el 15 de febrero del 2011.
Casi treinta años de gobierno sin interrupción de Hosni Moubarak en Egipto deberían dar indicios de la existencia de un gobierno dictatorial, si bien caracterizado por algún grado de tolerancia ante la libertad de los individuos. Con esto quiero señalar que, por ejemplo, a diferencia de Cuba o de Corea del Norte, el gobierno egipcio permitía un cierto ámbito para el ejercicio de las libertades individuales.
Al escribir este comentario los días del gobierno de Moubarak están terminados con su salida, aunque no se puede predecir si sus acólitos o asociados, principalmente en el ejército, continuarán en el poder. Lo cierto es que, una vez más, la dictadura va cediendo su paso a los impulsos liberales de los ciudadanos, quienes con toda justificación se han sublevado ante un poder casi totalitario. Por lo que he visto, al menos en los medios de comunicación, que a veces uno no sabe si expresan sus propios juicios más que los hechos, la revolución egipcia en proceso parece decantarse hacia una mayor libertad electoral de la cual a la fecha el país ha carecido, si bien en las proximidades aparecen fuerzas que, de consolidarse en el poder, oprimirán a los ciudadanos. Estas fuerzas o facciones son diferentes de la dictadura de hoy, pero acechan para tratar de gobernar amparadas al fundamentalismo islámico, pero que en última instancia harán que Egipto retorne a otra forma de dictadura, tal vez peor que la actual.
Es aquí donde tengo presentes las “Reflexiones acerca de la Revolución Francesa” de Edmund Burke, quien nos advirtió acerca de cómo las revoluciones violentas que ignoran las tradiciones y los derechos de los individuos, pueden conducir a abusos contra ellos de una magnitud mayor, más profunda, como lo fue la Revolución Francesa, la cual terminó por caer en manos de un totalitario Napoleón. Por ello, mi deseo, mi aspiración, es que la revolución egipcia conduzca no a un califato o a un Hamas, sino a una democracia de partidos y de respeto a la propiedad privada y a la tradición en las relaciones entre individuos, como sucede en las democracias maduras de Occidente.
¿Qué razones habrá para que en pocos meses haya caído una dictadura -con aires de blandura- en Túnez y ahora otra está a punto en Egipto y quién sabe en qué otros países vecinos? No hay duda que las razones deben ser muchas y muy diversas, pero que ni siquiera intentaré mencionar. Pero, ¿por qué dictaduras de mucha mayor antigüedad y voracidad, como Cuba, con 50 años de opresión, o Corea del Norte, dictadura heredada de abuelo a padre y ahora a nieto, como si nada más se tratara de un pedazo de tierra, continúan siéndolo en contraste con los países árabes que hemos venido citando?
En un precioso libro escrito por Milton Friedman, allá a principios de los sesentas, se lee lo siguiente: “los arreglos económicos juegan un papel dual en la promoción de una sociedad libre. Por una parte, la libertad para lograr acuerdos económicos como tal es un componente de la libertad ampliamente entendida, de manera que la libertad económica es un fin en sí misma. En segundo lugar, la libertad económica es también un medio indispensable hacia el logro de una libertad política.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1962, p. 8).
Los comentaristas en los medios acerca de la actual revolución egipcia han expuesto cómo se ha podido lograr gracias a que los ciudadanos se han podido organizar por medio de las redes de Tweeter y de Facebook y de teléfonos celulares y de computadoras. En Egipto (y Túnez) ha habido un cierto grado de libertad económica que, entre otras cosas, ha garantizado la propiedad privada, lo cual ha permitido que los individuos puedan disponer de medios (posibilidades) privadas para hacer una “revolución”, si así lo consideran. Por otra parte, en sociedades como Cuba y Corea (casualmente tiranías socialistas) las personas no pueden poseer propiedad en una amplitud tal que les permita adquirir libremente (y baratos) los celulares y las computadoras y tampoco pueden escoger el sitio o proveedor que les brinde el servicio del Tweeter o de Facebook. Yoany Sánchez en Cuba es el mejor ejemplo de ello: tiene un blog al cual se limita el acceso por las autoridades y en donde no posee la libertad para decir lo que le parezca sin incurrir en la ira de las autoridades totalitarias cubanas, lo cual es algo no sólo muy serio, sino fatal. Gracias a la mayor libertad económica es que la “revolución” puede llevarse a Cabo en Túnez o Egipto, en tanto que su ausencia posibilita el ejercicio del poder totalitario en Cuba, Corea del Norte o en Irán (y Venezuela va por el mismo camino).
Sólo deseo que los aires de libertad en el Egipto de hoy, no se vean luego entrampados por una dictadura más vil que la actual, convirtiéndolos en soplos malolientes de los miasmas dictatoriales. Deseo que su pueblo sea libre de escoger en lo político, tal como lo han hecho hasta cierto punto en lo económico. Construir un orden de libertad no es nada fácil y son muchos, muy poderosos e intolerantes los enemigos que acecharán ese esfuerzo de los hombres y mujeres libres por construir un orden mejor. Ciertamente la historia de la lucha por la libertad nunca ha sido fácil, e incluso es hasta difícil conservarla una vez lograda. Pero quiero formar parte de aquel viejo ideal que cree que los humanos siempre lucharán por lo mejor para ellos, lo cual pasa por tener libertad para escoger sus gobernantes y, más general, para lograr su propia felicidad.
Publicado en el sitio de ASOJOD el martes 15 de febrero del 2011.
2011-02-22-¡CÓMO QUE CASI NO HAY!
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¡CÓMO QUE CASI NO HAY!
Publicado en el sitio de ASOJOD el 22 de febrero del 2011.
Preguntado por el periodista de La Nación, si había una posibilidad de reducir los aranceles para enfrentar el aumento internacional de las materias primas, el vicepresidente Luis Liberman respondió: “casi no hay” materias que pagan aranceles. (Ver La Nación del lunes 21 de febrero del 2011, página 24A).
Por supuesto que no se debe contemplar sólo las materias primas que pagan aranceles a las importaciones, sino que también es necesario señalar que hay muchos bienes terminados que aún son objeto de una significativa protección arancelaria. El tema no debe circunscribirse a la circunstancia del momento de un fuerte aumento en los precios internacionales de las materias primas. También es hora de que el gobernante vicepresidente Liberman responda a los intereses de los consumidores. Estos, posiblemente producto de la voracidad fiscal del gobierno, son víctimas de su decisión de gravar incluso bienes vitales dentro de la dieta y el presupuesto de los hogares más pobres del país.
Pero también es importante destacar que ese proteccionismo permite que haya un tipo de cambio inferior en el mercado del que habría sin tales aranceles. Es decir, sin tales aranceles el tipo de cambio del colón con respecto al dólar reflejaría mejor su verdadero valor. Ello daría algún alivio para el sector exportador que ha encarado una fuerte revaluación del colón durante los últimos tiempos.
Como don Luis, quien uno asume es conocedor de la situación arancelaria del país -y, si no lo es, puede preguntarle a doña Anabel González, quien sí sabe de estas cosas- dice que son pocas las materias primas gravadas con aranceles, me voy a permitir hacer una pequeña y representativa lista de ellas, pues en verdad son muchas las materias primas hoy gravadas. Y, además, pensando en el interés de los consumidores, principalmente los de menores ingresos, me permito agregar a esa lista algunos pero muy importantes bienes finales que hoy pagan un arancel.
Al arroz terminado que se importa se debe pagar un arancel de cerca del 100%. Este arancel se usa para subsidiar a un grupo muy reducido de productores. El arroz junto con los frijoles equivale a un 30% del gasto familiar de los grupos de ingresos más bajos (¡Hablemos de justicia social!).
Si quiero importar leche, sólo en lo referente al arancel, tendría que pagar casi el mismo precio que pago por el bien. Es decir, ronda en alrededor de un 100%. Esto se hace para proteger un monopolio. La leche es un sector en que hay una muy clara falta de competencia que permita algún grado de ventaja para los consumidores, quienes hoy posiblemente pagan el doble de lo que podrían pagar si no existiera tal barrera arancelaria.
Pero también los quesos, la natilla en polvo y el yogurt, tanto para consumo final como para el industrial, pagan aranceles. En general, todos los derivados de lácteos están sujetos a un fuerte arancel. ¿Será que don Luis no se ha dado cuenta de esto?
Y del pollo qué podemos decir. También el impuesto que paga la carne de pollo importada se aproxima a un 100%. El consumidor así posiblemente tiene que pagar el doble por la carne de pollo en comparación con una situación en que pudiera importarlo sin pagar esos aranceles.
Algo parecido sucede con la carne de cerdo y de res y con todos los llamados derivados cárnicos. Si don Luis no me lo cree, puede preguntar en el Ministerio de Comercio Exterior, en donde con gusto creo que le suministrarán los datos exactos.
No debemos olvidar el precio del azúcar que pagamos los consumidores. Y de una vez les advierto acerca de lo que va a suceder ahora que está subiendo el precio internacional del azúcar. Pronto habrá presiones para aumentarle el costo al consumidor nacional. La razón para tal solicitud es que, si no aumenta el precio interno, habrá un gran contrabando hacia el exterior. Eso podría ser cierto, pero ¿por qué cuando el precio internacional era relativamente más bajo que aquí (incluso los es hoy en día), no se nos permite a los consumidores, tanto finales como industriales, conseguirlo a esos menores precios? Esta es una de las formas más amargas en que se daña el bienestar general por promover el interés de algunos. ¿Hará don Luis algo para lograr que la competencia beneficie a los ciudadanos costarricenses? Francamente, lo dudo…
El maíz blanco también paga aranceles cuando se le importa. También la zanahoria en polvo y en escamas, así como el puerro en polvo y en escamas; asimismo el sazonador, la pimienta, el perejil, el ajo en pasta y el apio en polvo, como los anteriores pagan aranceles de un 15%.
¿Quieren más? Verán que no “es que no hay” productos con aranceles, sino que no se quiere ver o se hacen los majes. El café en grano, las manzanas en cubos deshidratadas, las preparaciones con base en lácteos para usos en snacks, galletas, cereales, productos a base de huevo, edulcorantes, sales, especias, sopas, salsas, ensaladas, productos proteicos, formulas infantiles, bebidas de todo tipo, miga de pan, empanizadores, alcohol etílico y aguardiente desnaturalizados, de cualquier graduación, cebolla granulada, huevo congelado, pasta de cacao desgrasada y sin desgrasar, manteca, grasa y aceite de cacao, cacao en polvo sin azúcar, todos tienen aranceles. Y sigo: jamaica molida, pimienta blanca molida, paprika en polvo, pimienta blanca entera, pimienta negra triturada, chile picante en polvo, chile dulce rojo, pimentón dulce en polvo y la linaza, sufren gravámenes (aranceles) al importarlos.
Y no voy a dejar de lado a la papa: tanto la fresca para ser adquirida por los consumidores finales como para las empresas que la utilizan para industrializarla. Ya sabemos del proteccionismo que se le brinda
Me aburre seguir señalándole a don Luis Liberman que no es cierto lo que él dice que son pocos los bienes que pagan impuestos al importárseles. Más bien son muchos, pero muchos. Y gravan no sólo bienes que el consumidor final utiliza, encareciéndoselos en beneficio de unos pocos, sino también a materias primas que utiliza nuestra industria de transformación hacia bienes finales, que también el consumidor alternativamente podría adquirir más baratos. En síntesis: se trata de un gobierno que piensa en hacer plata a costas de los consumidores y de paso proteger a unos pocos para que puedan enriquecerse a costas de los consumidores, no por la eficiencia que se logra bajo competencia, sino por la protección monopolística que se les brinda. Todo muestra la insensibilidad del gobierno hacia el logro del bienestar de los ciudadanos.
2011-03-01-OTRO VIAJE INNECESARIO
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OTRO VIAJE INNECESARIO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 01 de marzo del 2011.
A propósito del nuevo paquete tributario que se nos pretende imponer y debido a la muy justificada reacción ciudadana en contra de un innecesario y excesivo gasto público, la reacción de los “gastones” no se ha hecho esperar: ahora nos prometen que esta vez sí cumplirán con su promesa, siempre oída pero incumplida, de reducir los gastos estatales.
Tal acto de contrición lo menos que puedo es calificarlo de falso, porque si el interés del gobernante fuera cumplir responsablemente con el ciudadano costarricense, lo que ya debería haber hecho desde hace buen tiempo -y no oportunistamente ahora- es reducir ese gasto innecesario y excesivo que paga toda la ciudadanía. Pero, bueno, seamos optimistas y pensemos que la hora del propósito de enmienda ha llegado y que el gobierno ha decido frenar el voluminoso gasto estatal (cuando hablo de gobierno, incluyo a las instituciones descentralizadas, que al respecto no han dicho “ni cuío”). Siendo positivo, espero que, antes de pensar en elevar las cargas sobre el trabajador, el consumidor, el ahorrante, el pulseador y demás seres comunes y corrientes de este país, el estado efectivamente va a reducir su gasto. El problema es que -y discúlpenme por mi escepticismo- me da la impresión de que lo que más bien está esperando el estado es la aprobación de más impuestos para proceder de inmediato a gastarlos. Como prueba de honor, de que lo que promete, lo cumple, el gobierno debería de reducir sustancialmente ya ese exceso de gasto, tal como lo ha indicado apropiadamente el grupo de diputados del Partido Unidad Social Cristiana con su propuesta para reducir el déficit fiscal (el que estén políticamente muy “rebajados” no quita que públicamente alguien les reconozca ese mérito).
Hoy comento un asunto que ilumina la conducta que ante el gasto público muestran las autoridades de gobierno. Ya se anunció que un equipo nutrido del Ministerio de Relaciones Exteriores viajará a Holanda para estar presente el 8 de marzo, en la sesión en que la Corte Internacional de la Haya brindará su veredicto ante la acusación costarricense de invasión a su territorio por el ejército nicaragüense. En ningún momento me opondría a que funcionarios de nuestra Cancillería viajaran allá, si eso fuera necesario, indispensable, para la toma de decisión de los jueces de dicha Corte, pero me parece que éste no es el caso, pues los jueces decidirán, no en función de la presencia de más funcionarios de nuestro país, sino de acuerdo con sus convicciones propias sobre el asunto.
En todo caso, si fuera necesaria tal presencia jurídica, para encargarse de ello están allá destacados abogados que representan a nuestro país, como lo han hecho desde su inicio los licenciados Edgar Ugalde y Jorge Urbina, costarricenses que nos honran con su labor, quienes me imagino están acompañados por abogados especialistas en derecho internacional contratados para darles asesoría, como son el británico James Crawford y el argentino Marcelo Cohen, al igual que, tal vez, por los abogados ticos Sergio Ugalde, Arnoldo Brenes, Ricardo Otárola, Christian Guillermet y el embajador Manuel Dengo. El viaje que el “equipo” de Cancillería haría desde Costa Rica para el día en que los jueces de la Haya den su fallo no agrega nada de valor, aunque deben haberse imaginado que les serviría para echarse encima lauros políticos, tal vez hasta inmerecidos por lo descuidados que fueron algunos en el momento oportuno.
La presencia de ese grupo ampliado de funcionarios de la Cancillería en tal ocasión es totalmente innecesaria, a menos que hayan pensado en que se tiene un alto grado de certeza de que el asunto ya está ganado y quieren, como buenos políticos que son, que las candilejas los iluminen allá en el momento de victoria gloriosa (¡Hay que saber adónde estar!). No dudo de que un triunfo de la tesis costarricense nos alegrará a todos y que apreciaremos la labor de los abogados que cité anteriormente. El resto de burócratas mejor que se quede aquí, celebrando con nosotros si es que triunfa la tesis nacional.
De paso, el que no haya viajadera sería un gran ahorro de gasto público, pues dicho visitación no resultar nada barata. No hacerlo ayudaría en algo a paliar el enorme déficit gubernamental, pero eso parece no importar: lo verdaderamente apreciado es vivir gastando lo que tanto le cuesta producir a los ciudadanos. Ojalá que recapaciten desistan de ese nuevo viaje; que piensen por un momento en que no es necesario gastar esos dineros que los ciudadanos pagan con impuestos.
2011-03-08-SE VISLUMBRA AUMENTO EN LA INFLACIÓN
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¿SE VISLUMBRA AUMENTO EN LA INFLACIÓN?
Publicado en el sitio de ASOJOD el 08 de marzo del 2011.
Hay ciertas indicaciones de que posiblemente se está en presencia de un recrudecimiento de la inflación observada en nuestro país. Ya algunas encuestas a economistas señalan su impresión de que la inflación anticipada para este año será mayor que la del año pasado, pasando la expectativa inflacionaria de un promedio de cerca de un 7% a algo más de un 8%. Pero también hay otras señales del problema. Es cierto que fácilmente esos economistas podrían estar equivocados, como ha sucedido en otras ocasiones, pero hay algunos resultados recientemente publicados acerca del comportamiento de los precios en el país que también indican presiones inflacionarias en ciernes. A todo esto debemos agregar la mayor expectativa de crecimiento de los precios para este año anunciada recientemente por el mismo Banco Central. Pero deseo ser más enfático: es muy claro el comportamiento alcista tan fuerte que se está dando en los mercados internacionales, principalmente de las materias primas, pero también de diversos bienes terminados. Y no me refiero tan sólo al petróleo, sin duda impactado por los acontecimientos políticos del Medio Oriente, pues, aún cuando su incremento puede ser temporal, también hay alzas importantes de los precios de bienes claves como el azúcar, café, maíz, trigo, soya, además de otros artículos importados en un alto monto por nuestro país.
El panorama anterior no sólo se habrá de reflejar en la situación de nuestra balanza comercial, lo cual posiblemente también afectará el tipo de cambio, sino que las mediciones de la inflación medida internamente que estaremos observando se verán influidas por estas variaciones provenientes del exterior, en tanto haya una monetarización que permita trasladar su impacto. Traigo todo esto a colación porque ya empiezan a vislumbrarse explicaciones públicas de por qué en el país están aumentando los precios más rápidamente que antes y de cómo el comportamiento del sector externo es siempre un factor que aparece en la discusión. Hemos escuchado en otras ocasiones cómo, para justificar el recrudecimiento de la inflación, las autoridades indican que ésta se debe al alza internacional de ciertos precios “claves”, particularmente de granos básicos y del petróleo. El paso que luego sigue en la línea de justificaciones ad hoc que se suelen mencionar, es que la inflación es mayor ahora por causas externas a las políticas anti-inflacionarias que, alegan, ha proseguido el Banco Central. Con ello esperan que la gente diga que la inflación ya no es culpa de las políticas monetarias del Banco Central, sino de factores externos sobre los cuales no se puede hacer nada.
Esta última línea de justificaciones siempre me ha llamado la atención. Nada más formulo una pregunta: ¿por qué cuando los precios internacionales de esos bienes claves venían bajando, como sucedió en estos tres años recientes de recesión económica, no nos dijeron que la menor inflación medida observada se debía precisamente a esos factores externos a la baja y, en cambio, más bien nos comentaron que la reducción lograda se debía las políticas monetarias restrictivas que el Banco Central venía llevando a cabo? A mí me encantan las justificaciones asimétricas usadas para responder esta pregunta a que son tan dados los políticos.
Echarle los muertos a alguien por el aumento de la inflación doméstica es un cuento muy socorrido. El último cuento es que, si no se aprueba el paquete tributario, va a haber una mayor inflación. Ello será así siempre y cuando el Banco Central prosiga políticas monetarias expansionistas. Si escoge este camino para seguir financiando un excesivo y desaforado gasto público más allá de nuestras posibilidades tributarias -lo cual espero que no sea así, para bien de los ciudadanos del país- entonces sí veremos un recrudecimiento de la inflación. Si no lo hace, no tendríamos tales incrementos inflacionarios, aunque sí alzas en las tasas de interés, si es que se decide financiar el exceso de gasto gubernamental mediante un mayor endeudamiento.
Hace poco, ante una pregunta que un periodista le hizo al presidente del Banco Central, en la cual le solicita su opinión acerca de la sugerencia de grupos empresariales de que, antes que poner más impuestos se mejore la recaudación y se frene la evasión tributaria, además de reducir el gasto estatal como medio para allegar mayores recursos al fisco, respondió algo así como que esa propuesta era “ilusoria”.
A mí me preocupa -y ya he escuchado algo similar al Ministro y al Viceministro de Hacienda- que se diga que no se puede disminuir o controlar la evasión tributaria, porque si tal incapacidad es cierta, el incentivo a los evasores es muy claro: “sigan evadiendo, pues no podemos frenarlos”. En años de bonanza fiscal anteriores, cuando dijimos que ella en mucho se debía al crecimiento de la economía, oportunamente don Guillermo Zúñiga, entonces Ministro de Hacienda, enfatizó que la mejor recaudación se debía también a las mejoras sustanciales en la recaudación y al control de la evasión, lo cual parece indicarnos qué, entonces, “sí se puede”. Lo que pasa es que ahora parecen preferir el camino fácil de simplemente ponernos más y más impuestos para -dicen- reducir el déficit.
En todo caso, quiero enfatizar esa otra posibilidad de lograr la estabilidad fiscal, aunque no dudo que alguien tratará de descalificarla como “´ilusoria”. Se trata de reducir el gasto del estado, pero en serio. Y hago una propuesta (para empezar, pues tengo otras que me guardo bajo el tintero), copiando algo de lo que se ha hecho en Europa para enfrentar crisis de exceso de gasto, que, de paso, en mucho esos mismos gobiernos provocaron: ¿qué tal una reducción del 10% de los salarios de los funcionarios públicos (en todas las instituciones del estado) para quienes ganen más de, digamos, millón y medio al mes, extensible también a aquellos contratados bajo la figura de servicios profesionales?. Esta medida demostraría que no es cierto lo que creo, cual es que muchos de quienes nos proponen mayores impuestos lo que tienen en mente es obtener más recursos para seguir manteniendo sus altos salarios y remuneraciones.
He venido diciendo en diversos comentarios que, si se le da más dinero al fisco, será para gastarlo luego, con lo cual no se reducirá el déficit, como arguyen para proponer el paquetazo tributario. La última demostración de esa conducta dispendiosa engranada en el aparataje gubernamental es el proyecto del Poder Ejecutivo para traspasar a las municipalidades un monto significativo de los ingresos que tributariamente percibe. Uno podría alegar que nada pasará, pues se le quita la plata al gobierno central y se traslada a las municipalidades, con lo que el gasto total del estado hipotéticamente quedaría igual. Pero, ¡esto sí es “ilusorio”!: ¿creen ustedes que el gobierno central va a reducir su gasto, cerrando actividades, despidiendo su gente, parando sus proyectos? Mirala, como dice mi amigo campesino. El hecho es que el Poder Ejecutivo pretende aumentar la carga tributaria del país en un 2.5% del PIB con el paquetazo que impulsa y esa transferencia que está proponiendo en la Asamblea Legislativa se aproxima a un 1.5% de los ingresos ordinarios que percibe. Esto es, ya casi gastaron más de la mitad de lo que pretenden recaudar.
2011-03-15-BREVES COMENTARIOS SOBRE ELTRANSPORTE INTERNO
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BREVES COMENTARIOS SOBRE EL TRANSPORTE INTERNO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 15 de marzo del 2011.
1.- Los últimos arreglos en el puente de la General Cañas.
Después de meses de tortura, los costarricenses esperábamos ansiosamente que las últimas reparaciones a la platina del puente en la autopista General Cañas fueran a concluir definitivamente. A veces creo que debe haber algún tipo de maldición gitana que ha impedido su arreglo definitivo, pero otro lado más racional me hace pensar que todo se ha debido a la incapacidad gubernamental. La última restauración se creyó la definitiva, pero los acontecimientos señalan que seguiremos soportando la incapacidad del estado para resolver lo que presumiblemente es algo relativamente fácil de solucionar. No soy profesional de ingeniería y menos de puentes, pero honestamente creo que los profesionales de esas áreas le han quedado debiendo a la opinión pública. La última reparación costó más de 800 millones de colones y a los diez días de haberse terminado, presenta defectos que exigen su reparación… otra vez. Ciertas autoridades han dicho, como una justificación, que el concreto que se instaló no preveía un volumen tan elevado de vehículos transitando, pero tal escusa es totalmente inaceptable, pues lo que muestra es la incapacidad de los funcionarios para estimar algo para lo cual, se supone, están supuestamente capacitados. La empresa portuguesa encargada de las obras aceptó su responsabilidad y no cobrará por ellas (¿diay?, ¡por supuesto!), pero tendremos que esperar aún más para poder movilizarnos sin problemas. Hay sí un progreso: hemos evolucionado de un simple puente de la platina a un moderno puente del salpullido (o sarpullido, como decimos por aquí).
2. El puente Bailey en Cambronero.
Todos conocemos el relajo sucedido con el tránsito en la cuesta de Cambronero por la falta de un puente Bailey: una presa que dura horas, principalmente al regreso dominical de quienes viajan al Pacífico o a Guanacaste. Si fuera que de pronto, de la nada, inesperadamente, hubiera surgido el problema, se podría excusar la presa sucedida, pero lo cierto es que ella era perfectamente predecible. De haberse tenido funcionarios más eficientes en la toma de decisiones, tal relajo se habría evitado.
Desde hace mucho tiempo se sabía que la carretera llamada Autopista del Sol se tenía que cerrar para reparar toda un área dañada. No me voy a referir a esta otra tragedia de la Autopista del Sol: ya me venció el cansancio. Pero sí a que a finales de febrero se cerraría el paso para hacer las reparaciones, en un camino provisionalmente abierto gracias a un puente Bailey.
Era obvio que, al cerrase la Autopista del Sol, su flujo de vehículos en gran parte se trasladaría a la vieja ruta a Puntarenas (la alternativa por el Monte del Aguacate sabemos que es muy estrecha y no permite el paso de grandes camiones). El problema es que en la cuesta de Cambronero existía otro puente Bailey -¡qué haríamos sin la invención del señor Bailey, quien debe estar en la Gloria!- y que por ello el paso era en una sola vía. Por supuesto que, con el mayor flujo de tránsito, la ruta iba a colapsar, de manera que era necesario solucionar ese problema antes de que se cerrara a autopista del Sol para repararla. En lugar de hacerlo así, pudiendo haberse puesto otro puente Bailey paralelo, simplemente cerraron la Autopista del Sol y a ver qué pasaba. Sucedió lo esperado y miles de ciudadanos tuvieron que sufrir en carne propia el resultado de la incapacidad de las autoridades Ante el tortón, ahora corren, eso sí apurados, ha hacer lo que deberían haber hecho antes. En resumen: este es otro ejemplo que demuestra la incapacidad de las autoridades encargadas de nuestro sistema vial.
3.- La concesión portuaria en Moín.
Miro con buenos ojos, ante la intransigencia de los sindicalistas de JAPDEVA, la decisión de otorgar en concesión al sector privado el nuevo puerto de Moín. Ojalá, y nada más de paso, que las autoridades gubernamentales ya hayan aprendido a hacer bien las cosas después del relajo con la concesión de la Autopista del Sol. Así deseo que las cosas salgan bien y considero mi deber plantear un par de preguntas, para evitar críticas futuras -que no tardarán- de los opositores de siempre a cualquier cosa que signifique competencia y mejores posibilidades de hacer las cosas. Dado que para otorgar la concesión tan sólo se presentó un oferente y que una de la virtudes de los esquemas de concesión de obra pública es que se puede contar con diversos oferentes, entre los cuales es posible escoger la mejor, más económica y de forma transparente, ¿no hay ya posibilidad de buscar oferentes en un mayor número que uno sólo para otorgar esta concesión? Se suele decir que “no sólo hay que serlo, sino también parecerlo”, por lo cual me temo, y podría estar equivocado, que pronto los enemigos tradicionales de los esquemas de concesión se lanzarán contra ella por esta ausencia de oferentes competidores. Es más, dado que el costo anunciado por los servicios que se cobraría con la concesión es mayor que lo que actualmente JAPDEVA cobra, creo que pronto alguien argüirá que la concesión no es económicamente conveniente y que lo mejor podría ser tener otras opciones. Aquí dejo el tema, pero me siento satisfecho de opinar sobre lo que podría surgir, que espero no dé al traste con una apertura en competencia, impostergable y necesaria, de nuestro puerto en el Atlántico.
4.- Comparecencias ante la Asamblea Legislativa.
El pasado primero de marzo la ex Ministra de Obras Públicas y Transportes, señora González, acudió a la Asamblea para referirse a lo sucedido con la Autopista del Sol. Allí dijo lo siguiente, a manera de pregunta: “¿Es mejor esta carretera con muchas fallas que corregir, que no tener carretera del todo…? Definitivamente sí”. Me parece que la pregunta y la respuesta que brinda la ex Ministra no sólo dejan mucho que desear, sino que más bien suenan a una auto-justificación por la forma en que actuó en cuanto a su responsabilidad por vigilar todo lo sucedido con la Autopista del Sol, la cual no ha llegado a un buen final. Ante ello, me permito, replantear la pregunta en mención, esperando mostrar así la forma equivocada en que lo hizo con el propósito de desviar la atención al meollo del asunto: ¿Qué tal si nos dijera lo siguiente?: “¿Es mejor este trillo mal hecho con muchas fallas que no tener un camino del todo?” ¿Definitivamente sí? Me imagino que jamás pasó por la mente de los ciudadanos que esa autopista, a construir después de tantos años de indecisión y problemas, se hiciera con tantas fallas “por corregir“, como para aceptar la premisa de que con ella se estaba mejor que sin nada, como antes. El punto esencial es que los ciudadanos esperábamos, ni más sin menos, una carretera aceptable sin “defectos por corregir”, sino bien hecha. Lo que debemos pagar debe corresponder con la calidad del producto que hemos recibido. Y éste parece estar muy fallido, gracias en mucho a la irresponsabilidad de quienes tuvieron a cargo el proyecto. Este es el meollo del asunto y de la responsabilidad.
5.- La responsabilidad que debe asumirse.
Francamente el desfile de excusas por la ineficiente actuación de diversos funcionarios involucrados en la desafortunada concesión de la Autopista del Sol me ha mostrado, después de los descargos, las excusas, los remilgos y las quitadas de tiro, de toda índole, de los irresponsables, que hay alguien que puede ser responsabilizado por del desaguisado. Como nadie de los que se han presentado ante la Asamblea la ha aceptado, mencionaré a quien, en mi opinión, debería de responsabilizarse por la plata botada y cobrada a los ciudadanos con la Autopista Circo del Sol: FUE TETÉ.
2011-03-22-LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
Publicado en el sitio de ASOJOD el 22 de marzo del 2011.
El énfasis que siempre respiré de joven en mi familia acerca de la educación como un factor preponderante en el crecimiento individual, en mucho se debió a mis antepasados maestros: a mi padre Edwin, a mis abuelos Solón y Talía y a mi tío abuelo Buenaventura. La educación siempre fue vista en mi hogar como una oportunidad la cual no podía ser desperdiciada de manera alguna; que cualquier tipo de sacrificio debería de hacerse a fin de extraer el máximo que uno podía lograr en la escuela, el colegio y la universidad. Educarse no sólo evitaba la pobreza, sino también era fuente de enorme orgullo personal. Por ello en mi casa se dieron sacrificios económicos (principalmente de vanidades) con tal de que pudiera asistir y aprender en la escuela. Era la forma y medio en que uno podía mejorar en la vida; por ello tales sacrificios eran normalmente aceptados -sin quejarse, sin dolerse- en medio de muchas necesidades. Los hacíamos porque, con el paso del tiempo, podríamos percibir los buenos frutos que brindaba el árbol fecundo de la educación.
Escribo este pensamiento introductorio con algún grado de tristeza cuando observo cómo, en ciertas ocasiones, aparecen estudiantes, padres de familia, burócratas del MEP y periodistas, tal vez al analizar por qué un alumno deja de asistir a clases, señalando como excusa la falta de apoyo monetario gubernamental. En otras palabras, se esgrime como justificación para ese abandono el que deban trabajar para llevar plata a sus casas (si es que hay tal oportunidad y si es cierto que la llevan a sus hogares), pues el gobierno o el estado “no les dan dinero y comida para que asistan a la escuela“. Uno podría tener en mente que se trata de un caso extremo de necesidad y de miseria, en donde el niño para llenarse la boca debe trabajar. Pero francamente en muchas ocasiones no parece ser esa la razón: me da la impresión de que la queja se presenta en familias independientemente de sus niveles de ingresos. Me imagino que, en el caso de familias de ingresos relativamente más altos, no van a sacar un hijo de la escuela porque el estado no les da fondos, aunque posiblemente habrá algunos vivos que sí soliciten tales recursos para ver si la pegan. Lo que más me preocupa es si en las familias de menores ingresos, ante falta de ayuda, sí deciden cometer el atentado contra el futuro de su hijo dejándolos de mandar a clases.
¿Qué habrá pasado para que en los hogares costarricenses, en donde lo primero era asegurar la educación de los hijos, se trastocaran los valores para que, si nos les pagan por ello, ahora amenacen con retirarlos de las aulas? Incluso es lógico pensar que, en mi época de joven -hace ya muchos años-, los hogares costarricenses eran en promedio mucho más pobres que ahora, por lo cual uno pensaría que habría menores necesidades básicas que cubrir, además de la educación de los hijos. Al ser en promedio más ricos, menos necesidad se tendría de mandar a los hijos a ganar plata para traerla al hogar, en vez de que estudien en una escuela para luego poder ganar más (en idioma económico, hacer una inversión rentable).
Podría señalar la hipótesis de que hay un abandono gradual de aquel principio de tener confianza en sí mismo, pero realmente no lo sé. Lo único que puedo indicar es la mayor frecuencia con que padres, principalmente, apenas pueden reclaman en algún noticiero que el estado no les da plata para mandar a sus hijos a la escuela. Tal vez es que la educación de los hijos ya no se considera como una responsabilidad de los padres, sino del estado. Y de ser así, eso me entristece, porque es muestra de a lo que conduce el ideal socialista paternalista de Lord Beveridge, por el cual el ciudadano debería ser protegido por el estado “desde la cuna hasta la tumba”. Así, la educación ha pasado a ser vista como una responsabilidad estatal y no del padre, de la familia y de los hijos.
Esta visión paternalista erosiona la importancia que la educación tiene para el progreso del individuo. Lo “libera” de la responsabilidad de que cuesta educarse, a lo cual debe dedicarse buen tiempo y atención, si es que se quiere progresar. La responsabilidad propia de estudiar lentamente se va sustituyendo por la creencia de que el estado nos debe dar todo. Así, todo debe ser facilito para que aprender no implique un sacrificio de índole alguna. Ojalá el título o la carrera se otorguen simplemente por decreto. Cuando en un hogar la regla no es la necesidad de sacrificarse para que el hijo o la hija puedan ir a la escuela, sólo se debilitará el futuro de nuestros ciudadanos, porque desde jóvenes queda plantada en ellos la semilla de que en la vida se trata sólo de derechos y no de deberes. Que el sacrificio que hace un hogar para educarlos es sólo una pérdida de tiempo, pues sólo se trata de saber pedir: aprendida la lección de que hay un páter ajeno al hogar que debe encarar la responsabilidad por la educación de los hijos, abre las puertas a la miseria humana, pues de lo que se trata no es del mérito, del logro, sino de la existencia y la garantía de la manutención vital para que se siga la ley del mínimo esfuerzo.
Pero hay luces en este panorama tan oscuro: en días recientes he visto reportajes en Telenoticias del Canal Siete de cómo en Costa Rica hay escuelas en donde los alumnos asisten todo el día, en donde se ven obligados y estimulados a estudiar, en donde los maestros y padres son conscientes de que es mediante la educación como sus alumnos pueden progresar. Es cierto que son pocos establecimientos educativos, pero tal vez basten para que el contraste con el resto surja evidente y nos impulse a que, de nuevo, veamos a la educación como el camino que nos puede conducir por la senda del progreso y individual. Lo lamentable es que esos jóvenes que hoy han escogido progresar verán luego cargar sobre sus hombros a las sanguijuelas hoy protegidas con impuestos y redistribución estatal, que han dejado en manos del estado su responsabilidad o la de sus familias para educarse, prefiriendo vivir de los demás.
Quienes hoy aprovechan cualquier oportunidad para decir que “si no les dan plata no mandan a sus hijos a la escuela“, deben saber que es hora de que asuman sus responsabilidades como padres. En gran parte el culpable es el mismo estado que les ha hecho saber que hay dinero a cambio de que manden a sus chiquitos a las aulas. Era, por tanto, de esperarse que ahora los vivillos pidan primero la plata para mandar a los hijos. Debemos estimular a los padres para que piensen en sus responsabilidades y que se liberen del yugo a que los conduce el paternalismo estatal. Para aquellos padres pobres que del todo no tienen dinero y que no pueden en verdad mandar a sus hijos a clases, si el estado fuera consecuente, lo que haría es dar un préstamo que se invertiría en la educación de los muchachos, no un regalo que estimula a vividores que no los necesitan, cosa a que lamentablemente conduce el sistema actual.
Tal vez lo mejor es ni mencionar este tipo de cosas, pues el tabú intelectual tratará de aniquilar a quienes nos atrevemos a pensar en el deterioro a que conducirá este paternalismo.
2011-03-29-QUÉ HACER CON LOS CARROS PÚBLICOS DE USO EXCLUSIVO
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¿QUÉ HACER CON LOS CARROS PÚBLICOS DE USO EXCLUSIVO?
Publicado en el sitio de ASOJOD el 29 de marzo del 2011.
Algo podemos aprender de los ingleses y de los españoles en cuanto a poder reducir el desaforado gasto gubernamental que caracteriza tanto a esas economías como a la nuestra. Ellos están haciendo enormes esfuerzos para, en vez de trasladar el impacto del reajuste fiscal necesario sobre los hombros de unos ya hastiados contribuyentes, cortar en lo que se pueda el gasto estatal.
Hoy voy a proponer una reducción del gasto público que algún escéptico podría calificar, tal vez con razón, de iluso, pero que yo me atrevo a llamarlo “más que simbólico“. En Inglaterra a los funcionarios públicos se les quitó el privilegio de utilizar vehículos asignados para su uso exclusivo. En apariencia tan sólo el Primer Ministro y el Canciller inglés disponen de un vehículo gubernamental lujoso para su uso particular. El resto de funcionarios públicos tiene que utilizar, si es del caso en el desempeño de sus obligaciones, los vehículos que forman parte del parque de la dependencia estatal de que se trate. Esto es, ya no tienen carros “asignados” que pueden usar a su discreción -que significa en lo que le dé la gana- y si tienen que usar uno, pues lo piden, como cualquier otro empleado público para hacer su labor, entre los vehículos del ente gubernamental. Por supuesto, la medida gubernamental nueva trae aparejada un mayor control en el uso de vehículos que el previo.
Propongo que en Costa Rica se haga lo siguiente: con excepción del presidente de cada uno de los tres poderes de la República (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), ningún otro funcionario público, en cualquier dependencia del estado costarricense, tendrá asignado un vehículo para su uso exclusivo. Si tiene necesidad por razones de su cargo a utilizar algún vehículo gubernamental, lo podrá hacer tan sólo usando aquellos que forman parte de la flota de la entidad respectiva.
Asimismo, para efectos de impuestos, aquellos que usen vehículos asignados para su uso exclusivo deberán declarar como un ingreso en especie un alquiler imputado por el uso de ese vehículo, así como el gasto de gasolina correspondiente. El funcionario al cual se aplicaría esta regla puede optar por no disponer de un vehículo asignado a su uso exclusivo, pudiendo utilizar un vehículo estatal para cumplir sus funciones, tal como lo hace el resto de empleados públicos. Los vehículos de uso exclusivo no podrán ser renovados antes de tres años: no serán del año, pero sí lo bastante nuevos como para que los funcionarios se sientan orgullosos de circular en ellos.
Sé que el ahorro será importante, pero relativamente pequeño dentro del hueco fiscal en que se encuentra el gobierno por su propia voluntad y decisión. Lo importante es el aspecto simbólico de la medida, que esperamos sea extendida a otros privilegios estatales que los ciudadanos podrán ir apuntando. Porque si no se “apuntan” ahorita les apuntan los cañones tributarios para que paguen más impuestos que permitan seguir sufragando este tipo de privilegios para algunos.
La idea propuesta tiene otra vertiente gracias a la anunciada restricción al libre tránsito del Ministro de Energía, Teófilo de la Torre, quien con un matiz arrogante propio del estatista, dijo que si el precio internacional del petróleo subía de $120 el barril, restauraría la restricción vehicular que, gracias a Dios, se había venido moderando en los últimos meses. Anteriormente te señaló como argumento para tal restricción en San José, que las presas ocasionadas al reparar las vías internas exigía algún grado de restricción al tránsito. Ahora resucitan el argumento de que esa nueva restricción -incluso han dicho que considerarían duplicarla a dos días por semana- provocará un ahorro en el combustible, hecho que nunca han podido confirmar en episodios anteriores. Y más bien es posible que, con la operación de las nuevas plantas del ICE que usan combustible fósil, más bien este año aumentará el gasto total en el rubro de combustibles importados. Lo que el burócrata simplemente no entiende es que la gente que necesita su vehículo para laborar, utilizará para movilizarse rutas más largas que las disponibles sin restricción, con lo cual terminan gastando más tiempo y combustible. Claro, en su arrogancia fatal, los estatistas nunca toman en cuenta que los individuos buscarán alguna forma apropiada de transportarse, pagando más si es el caso, siempre que con ello sea una opción mejor que la que pretende imponer el burócrata.
El hecho es que nunca hemos visto a los altos funcionarios con vehículos discrecionales, quejarse de la limitación al transporte mediante placas un día a la semana. Les apuesto que se debe a que simplemente les dan otra forma de vehículo discrecional, suplido de la flotilla con que ya cuentan en sus dependencias. Siempre habrá unos menos iguales que otros.
2011-04-05-OJO CON LA VELOCIDAD
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OJO CON LA VELOCIDAD
Publicado en el sitio de ASOJOD el 05 de abril del 2011.
Si los ticos no nos hemos dado cuenta clara de que las multas tan altas más bien parecen ser instituciones destinadas a recoger impuestos sin tener que pasar por una aprobación tributaria, en vez de una penalización al conductor de un vehículo por conductas consideradas inapropiadas según reglas de tránsito previamente definidas, pues no estamos en nada. Es más, les apuesto que los “técnicos” no consideran esas multas como parte de la carga tributaria de una nación, cuando simplemente se han convertido en gravámenes disfrazados. Es por esa actitud “mporta’mi” que la Federación Nacional de Fútbol, la Asociación de Fútbol Argentina, los usuales políticos engolosinados, los intermediarios vivillos, los patrocinadores descuidados, etcétera, están muertos de risa y con los bolsillos llenos por la messiada que pudieron darnos. Pronto organizarán una nueva actividad en el estadio nacional con Messi, quien vendrá al país a modo de disculparse, pero por supuesto que cobrando una buena tajada. Ser más alertas como ciudadanos y como consumidores son dos caras de lo mismo: se trata de velar porque no nos agarren de tontos, de babosos, disponiendo de los recursos que tanto nos cuestan ganar.
En buena hora el estado ha procedido a instalar cámaras de vigilancia, para que aquellos conductores sorprendidos in fraganti rompiendo los límites de velocidad fijados -si bien respetando el principio básico de inocencia- se vean obligados a pagar multas que buscan refrenar la comisión de conductas a todas luces socialmente inconvenientes. Pero tampoco es conveniente permitir que el estado abuse del ciudadano contribuyente y conductor de vehículos a partir de su monopolio de coerción, utilizándolo para hacer cobros excesivos y hasta absurdos. Dejemos de lado en este comentario si estamos en presencia de cobros exagerados, razón válida para provocar que la nueva Ley de Tránsito esté varada en el Congreso (¡que vivan los diputados oponentes!). El principio aplicable debe ser tener multas adecuadas al tipo de “delito” y que no vayan más allá de infringir un dolor apropiado a los conductores multados sin llevarlos a la ruina. Pero centrémonos en el tema de las multas por velocidad al circular y de las cámaras ya instaladas en ciertas vías para controlarla.
El asunto es en estos momentos particularmente importante: ya las autoridades de turno -con frecuencia equivocadas al tratar de imponer sus apetencias fiscales por encima del comportamiento normalmente esperado de las personas en sociedad- nos anuncian nuevas restricciones al tránsito dicen que “a fin de proteger al consumidor” de los altos precios internacionales de los combustibles, como si fuéramos bebitos para no saber cómo actuar responsablemente según nuestras propias capacidades.
Ya hay voces en naciones como los Estados Unidos -la estulticia no conoce fronteras- para introducir un límite a la velocidad máxima a que se puede circular -creo que de 65 millas por hora- debido al alza en los precios de los combustibles y que serviría para que ese país ahorre recursos, lo cual es total y empíricamente falso. Equivale a que se me prohíba comer pan para ahorrar en el gasto nacional de la harina importada que está más cara. En Costa Rica los estatistas están reviviendo por aquella razón la propuesta de no circular durante uno o dos días a la semana (dicen que dos, para que, como majes que nos consideran, les aceptemos uno de ellos). Esta restricción se había venido abandonando en los últimos tiempos por no tener sentido alguno, excepto por razones de construcción de vías y ello en cierto grado de lógica.
Con el pronto inicio del cobro de (altas) multas por velocidad, utilizando cámaras electrónicas selectivamente ubicadas, es necesario que cuestionemos la definición de distintas velocidades máximas hoy empleadas por las autoridades en distintos tramos de vías públicas y que se supone constituyen la base legal para la imposición de esas multas. Por ejemplo, hay partes en que se tiene definido un risible límite máximo de 20 kilómetros por hora (no sólo frente a escuelas), que lo hace a uno pensar si las autoridades de tránsito tienen en mente que por nuestras vías circulen tan sólo carretas. En carreteras hay señaladas velocidades tan lentas que incluso constituyen un contrasentido a los propósitos revividos de ahorrar gasolina, pues es sumamente ineficiente para la naturaleza de las máquinas de los vehículos en circulación (tal vez debe excluirse de tal grupo al trencito con turistas que circula por el centro de San José, pero estoy seguro que ni esa es una velocidad óptima). Una velocidad de 40 o 60 kilómetros por hora en una “autopista” como la radial es risible, pues los accidentes no suelen ocurrir por la velocidad a que se circula sino por otras razones tales como proximidad entre vehículos, intersecciones mal diseñadas, carriles estrechos, entre muchos otros, inclusive por tránsito lento. Ello debe ser analizado debidamente y pensar en la existencia de ciertos flujos de velocidad que no causan problemas.
Déjenme señalar que uno de los problemas observados en lugares de los Estados Unidos en donde se aplica el control de velocidad por medio de cámaras para efectos de multas, es que no necesariamente las autoridades las aplican universalmente, sino que seleccionan a los de ciertos tamaños y marcas, posiblemente porque tienen en mente que, cuando manden el cobro de la multa por correo, el chofer o el dueño del vehículo, que no se dio cuenta de tal control, acudirá a pagarla por ser de recursos relativamente más altos.
Propongo que, al menos antes de proceder a cobrar por “exceso de velocidad”, y de que surja una reacción de malestar entendible por parte de los ciudadanos ante la nueva práctica, las autoridades de tránsito definan claramente las reglas de velocidad, dejando de lado algunos de los absurdos que todos conocemos. Lo que me preocupa es que esta revisión que propongo a la política de velocidad va en contra de los objetivos de recaudar plata mediante multas a como haya lugar, que en mi opinión se ha venido siguiendo en los últimos tiempos. Espero que no estemos condenados como siervos de la gleba a lo que algún burócrata entre risas nos dirá acerca de las multas que van a cobrar por “velocidad”. Ojalá me equivoque y se pueda lograr un orden mesurado y lógico que evite lo que podría degenerar en una odiosa aplicación selectiva de la ley.
2011-04-12-LECCIONES FISCALES DE LA INAUGURACIÓN DEL ESTADIO
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LECCIONES FISCALES DE LA INAUGURACIÓN DEL ESTADIO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 12 de abril del 2011.
No me referiré de nuevo al tema de si la inversión china en el estadio nacional era la mejor opción que había en el país en cuanto al mejor uso posible de los recursos.
Anteriormente mencioné que muy posiblemente había inversiones rentables en vez de un nuevo estadio y cité, como ejemplo, disponer de una carretera moderna y civilizada desde el Valle Central al cantón de San Carlos. Hablé de esa opción aunque pudiera haber citado muchas otras posibles, por el simple hecho de que esa carretera estaba a medio construir gracias a donaciones del gobierno de Taiwán. Me han comentado que el gobierno de esta última nación, incluso después de que el de Costa Rica decidió romper con ellos, dijo estar dispuesto a financiar la conclusión de tan vital vía. Ojalá esto fuera estudiado más profundamente a fin de disponer de un buen material para la historia política de este país.
Fue el poeta romano Juvenal quien en el siglo primero después de Cristo usó la expresión “Panem et Circenses“; es decir, pan y juegos de circo, para referirse a la práctica del gobierno de aquella época de ocultar los problemas y dificultades económicas de su nación, dándole al populacho, a fin de que se entretuviera y se olvidara, alimentos baratos y entretenimiento ordinario. Al lograr distraerlo de los problemas cotidianos, se lograba que se ensimismara en los placeres vulgares y no se interesara en los nobles de la política de altura. Esto es, para los líderes demagogos de esos momentos habría menos competencia de ciudadanos interesados en la res publica (los asuntos públicos). Tal vez ese populismo de antaño hoy se nos presenta, en vez de pan y circo, mediante algo así como “fútbol y bailongo” o “boxeo y reggaetón” o tal vez “berreada y birriada”, pero, en todo caso, logra igualmente distraer a la gente de los temas álgidos de interés ciudadano. Jamás me opondría a que las personas se diviertan; obviamente, no todo en la vida es sudor y sangre. Lo que me molesta es cuando los politiquillos usan el pan y el circo para embriagar a la ciudadanía, que me hace recordar el un opio de los pueblos.
En todo caso, si no se iba a desperdiciar la oferta de un regalo (por algo será) de parte de los gobernantes de China en representación de su pueblo al de Costa Rica, lo deseable es que hubiera sido un “obsequio” rentable y no una hipoteca o que requiriera de un gasto de manutención que difícilmente se puede generar sin tener que acudir a nuevos impuestos o al gasto estatal para mantenerlo adecuadamente. Es algo así como la historia de “tan jodidos que estábamos y todavía parió la agüela”, como dice el sufrido pueblo. Repito mi pregunta: ¿por qué no se le pidió a los chinitos que esos recursos se usaran en algo productivo para el país y así sacarle un rendimiento que después podía reinvertirse en bienes que fueran privada y socialmente deseables? La mala elección ya está hecha y quiero aprovecharla para resaltar una serie de prácticas alrededor de su inauguración, que nos brinda lecciones para una buena administración de los recursos públicos.
Algunas autoridades gubernamentales, apoyados, sin dudas y de inmediato, por algunos periodistas bien intencionados, han hecho la petición pública de que se cuiden las instalaciones del nuevo estadio, porque desde los primeros momentos aparecieron, entre sombras y oscuridad, las bestias encargadas de robarse el papel higiénico de los baños, de romper cerraduras de las puertas, de escribir algún horrendo apodo con algún malabar gráfico en las paredes del nuevo estadio, entre otras acciones vergonzosas que ponen al desnudo valores fundamentales que debían de ser aprendidos en nuestro sistema educativo.
Este llamado a la decencia que han hecho no es inoportuno, pero en mi opinión muestra una actitud como de que “de aquí en adelante el mundo debe cambiar“, pues han omitido lo sucedido con otra obra magnífica donada por los chinos, esta vez los de Taiwán, como es el puente sobre el Río Tempisque al inicio del Golfo de Nicoya. Este “obsequio” ha sido maltratado sin misericordia alguna por orgullosos hijos de esta patria e igual de grave es que el propio gobierno la ha mantenido casi en el abandono, sin mantenimiento y vigilancia, tal vez porque esos otros chinitos ya pasaron de moda. Si no me creen, les cuento que en su momento habían desaparecido las lámparas públicas y los rótulos con direcciones para el que por allí transitara, en donde se dejó de lado la vigilancia necesaria para cuidar la infraestructura. Se vio el maltrato a los tornillos que daban sostén al puente, así como la presencia de orín, la falta de pintura. Todo como si ese moderno e importante puente, que da un enorme apoyo al desarrollo económico y social de la Península de Nicoya, mereciera un trato igual al que se ha dado al próximo puente en hundirse en nuestro país: el de los Incurables, aquí en las proximidades de San José o a al tal vez terroríficamente folklórico casi abandonado Sanatorio Durán camino al Volcán Irazú. ¿Será que el abandono y el descuido están en los genes del tico? ¿Será que en el juego político sólo es importante anunciar que se debe cuidar lo muy nuevo y desechar en el olvido lo que ya no lo es tanto? O ¿será que el bello producto regalado por unos chinitos vale más que el bello producto también regalado por otros chinitos? Da mucho que pensar toda esta actitud de no conservar las cosas que tanto cuestan, aunque nos sean regaladas.
También la inauguración del estadio nos ha permitido resaltar el gran problema de la evasión del pago de gravámenes, que al fin de cuentas conduce a propuestas de políticos para que se grave aún más a los que siempre pagan y así reponer lo no cobrado. Es sabido que cuando hay eventos -como les llaman- con gente traída de fuera del país, quien localmente los organiza (como la Federación Nacional de Fútbol, por ejemplo) debe retener un 30% del pago acordado como un impuesto único sobre la renta. Esta recaudación, por ejemplo, la hace Tributación Directa cuando se traen grupos musicales del extranjero, en donde si el costo de un contrato se indica en, por ejemplo, un millón de dólares, una tercera parte deberá retenerse como pago del impuesto único sobre la renta Me imagino que en las actividades musicales de la inauguración del nuevo estadio, en el caso de contrataciones de extranjeros, los organizadores nacionales han cumplido (y cumplirán, pues cuando escribo esto sigue el circo) con sus obligaciones tributarias ya establecidas. Debe recordarse que hay la posibilidad de pedir de antemano que no se apliquen esos impuestos (que en mi opinión son muy altos), si la actividad es definida por las autoridades correspondientes como de interés público.
Aparentemente, tal es el caso con la contratación de la Selección Argentina para jugar con la Selección Nacional, actividad por la cual se le cobró bastante (y hasta agarrados de majes) a los costarricenses. A tiempo las autoridades fiscales le indicaron a la Federación de Futbol que tenía tal deuda con el fisco, pero la primera reacción de esta entidad fue negar que se hubiera incurrido en tal obligación (que podría ascender a medio millón de dólares) y a la fecha no han dicho ni cuío. Es más, no sé si también medió un contrato con la selección B de China, al igual que con la traída de cantantes, músicos y boxeadores del exterior, que los haga legalmente responsables de tales retenciones.
A mí no me interesa ser un chivato tributario, pues va en contra de lo que creo (que es obligación ejercer de las autoridades encargadas por ley del cobro de los gravámenes, el ejercer tal vigilancia y fue así como lo hicieron). Me molesta que en tanto algunos vivazo no pagan los impuestos que por ley deben cumplir, en la Asamblea Legislativa se nos quiere imponer nuevos y mayores gravámenes a quienes ya pagamos los impuestos establecidos por ley. Creo firmemente que este ejemplo que comento debe servir de base para que el estado costarricense, en vez de pedirnos más dinero a quienes ya pagamos, proceda a cobrar adecuadamente los gravámenes que tiene que cobrar. Si al vivazo no se le cobra el impuesto, es inmoral que se le cobre más a quienes ya los pagan, a fin de poder compensar lo que el fisco no han recaudado.
Públicamente un funcionario ligado al deporte -y creo que a la administración del nuevo estadio- salió diciendo en un medio que, para sufragar los gastos necesarios en la buena administración y mantenimiento del inmueble, tan sólo era necesario conseguir tres grandes patrocinadores y mencionó a una institución financiera, una empresa de telefonía y otra aseguradora. Como suelo ser mal pensado, trataré de incursionar en la mentalidad burocrática tan proclive a lo públicamente fácil y me atreveré a decir qué es lo que verdaderamente está detrás de tan ingeniosa propuesta: tratar de pasarle este nuevo y elevado gasto público a los ciudadanos. La idea no es tan descabellada, porque, ¿qué tal si la institución financiera fuera el Banco Nacional, y la compañía telefonía, el ICE y la aseguradora, el INS? Al ser estas tres empresas entidades estatales, cualquier gasto sería cubierto con fondos que son públicos. Igual podría tener en mente poner a que los clientes sean RECOPE o JAPDEVA o JUDESUR o cualquier otro ente estatal, que sufrague esos gastos que en última instancia involucra dineros de todos los costarricenses, que es a donde se termina por chupar para obtener los fondos para administrar el nuevo estadio.
Ojalá en mi sicoanálisis esté equivocado y se logre obtener recursos (la otra es que ya están pulseando más plata a los chinos, plata que podría utilizarse en cosas mejores) provenientes de una demanda de los servicios que pueden brindar a los ciudadanos esas instalaciones. Pero lo cierto es que acudirán al estado -esto es, a todos nosotros- para resolver el problema y así todos nosotros lo terminaremos pagando.
2011-04-19-LAS COSAS SE PODRÍAN HACER MEJOR
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LAS COSAS SE PODRÍAN HACER MEJOR
Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de abril del 2011.
En mi criterio la mejor lección que los costarricenses podemos derivar de la construcción del nuevo estadio nacional no es tanto la edificación en sí, pues había mejores opciones en cuanto a la utilización de los recursos donados, sino por la rapidez y eficiencia con que fueron construidas las obras.
Tal vez el mejor parangón de lo que suele suceder con Costa Rica es lo que nos ha costado arreglar la platina (incluida la “ayuda eficiente” de empresas extranjeras) o lo que duró y costó la construcción de las casas en Cinchona resultado del terremoto de hace un par de años. ¡Cuánto tiempo ha tomado llevar a cabo esos proyectos! Las excusas para esos retrasos han abundado, cuando lo cierto es que, en el caso del puente de la platina (rebautizado el puente de la rasquiña, por aquello del símil físico de la superficie del puente con la enfermedad de la piel), a la fecha aún no está arreglado, tal como se esperaría en un mundo llamado moderno. Y qué decir de las casas de Cinchona, las cuales, a pesar del enorme esfuerzo y vigilancia ejercida por donadores privados y patrocinadores institucionales, han requerido eones para poder verlas en pie. A la fecha aún no se sabe con exactitud el porqué del enorme aumento en los costos que se observó en dicho proyecto.
En medio de la tragedia del Japón -para quienes tienden a olvidarlo, no hay gestión humana que no tenga riesgos- pocos meses después de la devastación por el tsunami, gran cantidad de las casas destruidas ya están de nuevo en pie, producto de un esfuerzo enorme de diversos actores en ese país. Sorprende la rapidez con que las empresas, las personas, el gobierno, en general todo un pueblo, hace las cosas eficientemente.
En nuestro medio la discusión pública en torno al sistema de concesión de obra pública nos ha brindado muchas buenas lecciones, a algunas de las cuales me he referido en comentarios previos. En esta ocasión tan sólo comentaré dos nuevos matices del tema. Uno es la opinión de un “líder” de un sindicato del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y, otra, la de un “líder” que en este caso encabeza una de las agrupaciones de transportistas en el país. Ambos coinciden en su opinión de que es necesario redefinir la construcción de obra pública, principalmente carreteras, en vez del actual sistema de concesiones al sector privado.
En mucho no los critico, pues creo que están profundamente influenciados por el relajo que a todas luces ha sido la concesión a Autopistas del Sol. Incluso el desbarajuste puede estarse reflejando en los muy elevados peajes que, según lo denunció recientemente un noticiero de televisión, se cobran en comparación con proyectos similares en otros países. Pero ello está por verse y asumo que diligentemente la Contraloría General de la República está estudiando meticulosamente estas aseveraciones periodísticas. Sí creo que, sin duda, ambos ciudadanos creen a pie juntillas que sus propuestas son la mejor opción al sistema de concesión.
El “líder” sindical del MOPT propone que de nuevo sea esa entidad, con su personal, la responsable de construir las carreteras. Esto es, volver al viejo esquema de construcción de obra pública por medio del MOPT. Era de esperar que un dirigente sindical de esa entidad promoviera resucitar al antiguo MOPT, pero ciertamente el frío no está en las cobijas. El hecho es que no hay plata (presupuesto, financiamiento, para quienes gustan de hablar más técnicamente) para que el estado sea quien directamente construya las obras, excepto que se les ocurra aumentar el gasto público con la ingeniosa idea de ponerle más impuestos a la ciudadanía o a través de un mayor endeudamiento gubernamental. La realidad de las finanzas internacionales (y nacionales) es que no hay recursos para que el estado pueda llevar a cabo este tipo de actividades. Por ello lo siento para el “líder” sindical, pero parece que la única opción disponible para hacer infraestructura pública es a través de esquemas de concesión al sector privado, de forma que consiga los recursos, lleve a cabo la construcción de las obras y que luego cobre a quien la utilice. No quisiera aparecer como grosero con un trabajador del MOPT señalándole que esa entidad ha sido incapaz, por ejemplo, de dar un mantenimiento elemental a los puente nacionales, como lo prueba la tragicomedia sucedida con el puente sobre el Virilla, o la caída dolorosa y trágica del puente sobre el Río Tárcoles, que al menos yo recuerdo en este mundo del olvido a los tres días. Pongo estos ejemplos, pero podría citar muchas otras actividades en las cuales el MOPT le ha quedado debiendo a la ciudadanía, entre ellas el enorme rezago en carreteras que no han sido objeto de concesión y que hoy están muy destrozadas, amén de un sistema vial obsoleto y, en mi opinión, causal de muchos accidentes en el país. O, por ejemplo, el malfuncionamiento con el tránsito que depende de funcionarios de esa entidad. O el descuido con los nuevos semáforos inteligentes o la mala demarcación en muchos sitios del país. La lista puede ser muy extensa, como extenso es el número de funcionarios laborando para esa entidad.
El otro “líder”, el de los transportistas, fue objeto de una acuciosa pregunta en un programa matutino de comentarios. Se le pidió que, si no estaba de acuerdo con los esquemas de concesión, entonces, nos dijera cómo se aseguraría la provisión de obras de infraestructura. Su respuesta fue similarmente ilusa a la que tiene un amigo venezolano de que los Estados Unidos van a mandar tropas para derrocar a Chávez. Propone que sea el estado costarricense, por medio del MOPT y con fondos del Banco Mundial y del BID -dos entidades que mencionó- quien se encargue de construir las nuevas carreteras. Su propuesta es volver a la historia antigua, en donde todos los costarricenses somos quienes terminamos pagando la deuda (porque son préstamos y no regalos de esas entidades) mediante impuestos, en vez de ser amortizada mediante el pago de peajes por quienes efectivamente la utilizan. ¿Por qué habría de pagar por esa carretera alguien que nunca o poco la usa? Me parece que es elementalmente equitativo que quien la utiliza sea quien pague. Claro, qué rico es que yo -transportista de carga- use la carretera, pero el costo es cubierto por todos los costarricenses. El esquema de concesión se acerca a un principio tributario muy importante: qué se pague por el beneficio que se recibe. Obviamente, eso no le gusta a quien desearía que sean otros quienes paguen por él o ella.
2011-04-26-UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-PRIMERA PARTE
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UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-PRIMERA PARTE
Publicado en el sitio de ASOJOD el 01 de marzo del 2011.
Vuelve el perro arrepentido… nos decía Chespirito en alguno de sus episodios. Vuelve el Ministerio de Energía con las mismas propuestas de siempre al reanudarse otro episodio de aumento en los precios internacionales de petróleo por las razones que sea. La razón de ello me parece que se debe a que en los órganos estatales se suele sobreestimar su capacidad para resolver problemas acerca de los cuales es poco lo que puede hacer o nada o tal vez para aparentar que se hace algo al respecto.
Las medidas propuestas por el Ministerio de Energía, apenas se ve en apuros por los aumentos internacionales en el precio del petróleo, se dirigen más que todo a tratar de disminuir la demanda; esto es, afectando la voluntad de los consumidores y poco a lograr un aumento deseable de la oferta energética. Mi idea es brindar algunas ideas dirigidas hacia el incremento de la oferta de energía, las cuales, si bien ya se han expresado anteriormente, han pasado al baúl de los desprecios que en este gobierno (y algunos anteriores) se suele brindar a ideas alternativas a las producidas por los staffs oficiales. En todo son sugerencias que tal vez pudieran ser útiles para asegurar una mejor provisión de energía a las personas.
(1) Es hora de que Costa Rica reactive la exploración petrolera. Las dos razones principales esgrimidas contra tal prospecto es el posible daño ambiental que se puede provocar y la corrupción que suele acompañar a los gobiernos de países productores de petróleo. Otra razón esgrimida contra el desarrollo petrolero es que no resulte ser una operación rentable, pero el primer paso está en averiguar si en el territorio nacional se dispone de reservas de petróleo que podrían definir el inicio de una operación que sea potencialmente rentable.
(2) Acerca de este tema debo formular varias consideraciones. Primera, no es cierto que en sí la operación petrolera constituya un riesgo tan alto como para que la operación no se deba llevar a cabo. Hay infinidad de lugares en el mundo en donde se extrae petróleo y no ha dado lugar a problemas ambientales significativos. Cito ejemplos: en medio de la ciudad de Los Ángeles, California, en las cercanías de las ciudades de Tulsa, Oklahoma y de Houston, Texas, así como en las proximidades de Edmonton, en Alberta, Canadá, entre muchos otros sitios. Asimismo, la exploración petrolera offshore ha provocado muchas críticas ante posibles daños medioambientales graves, pero no es algo que suceda con frecuencia tal como para que se suspenda la prospección petrolera. En la vida no hay actividad humana que no implique algún grado de riesgos y, por tanto, lo apropiado es prepararse adecuadamente ante ellos. La extracción offshore es una actividad sujeta a riesgos y el hecho es que en el mundo hay una miríada de pozos petroleros de este tipo, diseminados por todo el orbe. Los daños al ambiente que se han sufrido han sido relativamente pocos, lo cual parece ser la mejor muestra de que los costos suelen ser superados por los beneficios incluyendo el costo potencial de daños medioambientales. No significa, por tanto, que no se deban tomar las medidas de seguridad apropiadas, lo cual suele ser una práctica común en las operaciones petroleras. Sólo que la solución posible no está en prohibir o no llevar a cabo la actividad correspondiente, sino asegurarse por los riesgos que pueda tener.
(3) La mayoría de los daños ambientales debido a la actividad petrolera suelen suceder en el trasiego de los combustibles, más que en el sitio de producción petrolera. El viaje de barcos trayendo petróleo a Costa Rica constituye posiblemente un riesgo mayor de daño ambiental que la producción petrolera en sí. Es más, la existencia de un oleoducto en Panamá, en donde barcos traen petróleo desde Alaska lo desembarcan en aquel país y lo reembarcan hacia la costa Este de los Estados Unidos (en donde suelen estar sus refinerías petroleras), constituyen un riesgo ambiental significativo para el país, pues los barcos pasan muy cerca de las costas costarricenses, tanto al desembarcar en Panamá como al partir de ese país hacia el este de los Estados Unidos. Se puede aseverar que, sin extracción petrolera en territorio nacional, ya corremos algún grado de riesgo medioambiental por el trasiego petrolero en Panamá. No se puede impedir que esa actividad extraterritorial se lleve a cabo, por lo cual se debe mantener una fuerte vigilancia y cuido de todo este trasiego, a fin de que eventuales responsabilidades sean cubiertas.
(4) Razones geopolíticas, enlazadas con aspectos económicos, parecen indicar que la decisión de no extraer petróleo en territorio nacional, principalmente en la zona del Atlántico norte del país, no es conveniente. El conflicto actual entre Costa Rica y Nicaragua sobre la Isla Calero tiene, entre otros elementos, importancia, tal como lo expuso un medio de prensa, en cuanto a definir el mar territorial de Costa Rica, en donde presuntamente se encuentran yacimientos petrolíferos. Nicaragua es sabido que tiene una política abierta para la exploración y explotación de petróleo. De hallarse petróleo en dichas zonas y de serlo en condiciones económicamente rentables, no hay más que un paso para que empresas empiecen a extraer y trasegar petróleo en Nicaragua, sacándolo desde ese país en un manto lo suficientemente amplio como para cubrir petróleo que se encuentra en territorio nacional, en especial nuestro mar, lo que no haría necesario, dado que el gobierno de Costa Rica no ha estado dispuesto permitir la extracción petrolera en su territorio, que las empresas se instalan físicamente en este país. Unos se la comen y a otros les duele la panza, pero sería por nuestra obcecación y decisión propia como país.
(5) Debe aumentarse la provisión energética proveniente de nuestros ríos. Esto podría lograrse con la aprobación de un proyecto de ley que presentó la administración anterior y que aún no es objeto de decisión por parte de la Asamblea Legislativa actual. Lo sorprendente es que esta nueva administración, siendo del mismo partido político que la anterior, decidió presentar un proyecto alternativo que conserva muchas de las restricciones anteriores que limitaban la provisión privada de energía y que mantiene el dirigismo y control estatal que tanto daño ocasionan a cualquier esfuerzo por aumentar la oferta privada de energía. La limitación vigente es tan absurda que se han dado casos de que empresas nacionales se han ido a Panamá a construir plantas productoras de energía al no dárseles permiso para hacerlo en el país. Pero, ¡qué sorpresa!, desde allá exportan electricidad a Costa Rica y a un costo mayor que el que se tendría si hubieran podido operar en el país. ¡Todo por nuestra decisión absurda de impedirles trabajar en Costa Rica! En Panamá las empresas privadas productoras de electricidad no tienen restricciones y limitaciones a lo que pueden producir, al contrario de lo que sucede en este país y que en mucho conserva el nuevo proyecto de ley presentado por este gobierno. Por tanto, la Asamblea Legislativa debe aprobar el proyecto de ley sobre generación eléctrica privada que se presentó durante la administración anterior,
(6) Debe abrirse campo para que cualquier persona o empresa privada pueda dedicarse a producir energía, siempre y cuando se respeten las leyes normalmente aceptadas, lo cual debe tomar en cuenta los impactos no compensados sobre el medio ambiente. Las llamadas nuevas fuentes de energía renovable deben ser incentivadas no impidiendo que puedan operar y no introduciendo limitaciones a lo que pueden hacer. Sin embargo, no debe dársele subsidios a la producción porque ello alteraría cualquier rentabilidad comparativa con otras fuentes energética. Muchas veces en las posiciones gubernamentales se deja de lado un principio económico muy sabido: el papel de los llamados costos comparativos. Esto quiere decir, aplicado a estos casos, que es físicamente posible producir cualquier forma de energía sí se le da un subsidio tal que la operación resulte ser privadamente más rentable que socialmente. Se podría dar un subsidio -y sólo como ejemplo- para producir costosos paneles solares que, al contrario de hoy, lo convierta en una actividad rentable en comparación con otras fuentes opcionales de energía. La diferencia está por los recursos que la sociedad a través del subsidio le ha dado al productor, pero el hecho es que los recursos empleados en producir energía por este medio darían un rendimiento mayor si fueran invertidos en alguna otra actividad alternativa.
Voy a dar un ejemplo de la idea que solía exponer a mis alumnos. Les decía que era posible producir un excelente café en Florida. Hubo quienes, para empezar, sabían de la mala calidad de tierras para producir café en Florida, poro cual murmuraban que su profesor había enloquecido. Pero todo lo que tuve que hacer fue empezar por aplicar subsidios para mostrar como sí era posible obtener físicamente una ventaja comparativa mas no una ventaja económicamente comparativa si se trataba de producir café en Florida.
¿Qué tal si por barco trasladábamos una buena tierra desde Los Santos y cubríamos la cal calcinada por el sol de Florida? Dicho y hecho, ¿pero quién la cultivaría que supiera de café? Muy sencillo: organizamos cuadrillas de buenos peones cafetaleros desde Naranjo (hoy día los podemos llevar desde Matagalpa) y los enviamos a Florida. ¿Qué mucho sol y mucha lluvia? Ponemos los sembradíos en viveros y con goteo. Lo que sea necesario para lograr una buena producción de café. Tan sólo se requiere que se tenga los recursos, plata para adquirirlos y ponerlos a producir tan buen café en Florida.
Un alumno inteligente entendió el problema al preguntarme, ¿Profesor, sí, pero a qué costo? Se sacó un diez. Se dio cuenta que era posible producir café en Florida, pero que era muy costoso en comparación con producirlo en Costa Rica.
Se puede obtener energía de muchas fuentes, pero ¿a qué costo? Esa es la pregunta clave. Si se da el subsidio adecuado, se puede reducir artificialmente ese costo para hacerlas competitivas con otras fuentes energéticas, asumamos que tradicionales. Esa no es la solución. Es discutible la conveniencia de dar subsidios a la investigación, por ejemplo, pero muy claro el efecto negativo de darlos directamente a la producción. Espero que de esta manera se abra una ventana para la discusión en torno a fuentes energéticas alternativas.
2011-05-03-UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-SEGUNDA PARTE
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UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-SEGUNDA PARTE
Publicado en el sitio de ASOJOD el 03 de mayo del 2011.
Continúo presentando una serie de consideraciones en torno a una propuesta para ampliar la dotación de energía en el país, en vez de insistir en la manipulación de la demanda, como parece ser la opción preponderante de las autoridades gubernamentales. La numeración en este comentario viene del anterior.
(7) La exploración y producción petrolera nacional deberá ser producto de la contratación competitiva y no de algún acuerdo especial directo con país alguno, tal como China, en donde se otorguen derechos especiales. Este principio es también aplicable para la eventual refinación de petróleo en el país.
(8) Un tema relacionado con el petróleo y que no deja de tener cierta fundamentación empírica, es la corrupción que se suele asociar entre la producción petrolera que se da en un país y los políticos domésticos. Al respecto se suele mencionar a Venezuela como país en el cual la abundancia de recursos derivados petroleros ha hecho que los políticos de esa nación hayan tomado decisiones de muy dudosa corrección en cuanto a su uso y sobre todo ha conducido a un gigantismo estatal totalmente inconveniente para la libertad ciudadana. Muchos políticos de países árabes también son citados por la corrupción entronizada en sus estados como resultado de su producción petrolera. El contraste a este mal e incorrecto uso de recursos públicos lo encontramos en países como Noruega y Canadá, que poseen un enorme sector petrolero, así como también Chile, si bien se trata de un mineral como es el cobre. En tales naciones el estado no ha cometido el error de dejar que su riqueza mineral quede sin explotar, pero han tenido la previsión de que los ingresos provenientes de ella no queden a la disposición inmediata e indiscriminada de los estados, sino que se administran por un fondo especial objeto de una rigurosa vigilancia. Este se ha instituido deliberadamente con el propósito de que el beneficio llegue a la ciudadanía a lo largo de los años, en especial una vez que tales recursos se hayan extinguido o bien se presente alguna situación catastrófica que requiera su utilización, particularmente como compensación a fluctuaciones de los precios de esos minerales. Propongo que en nuestro país, en caso de que se dé un desarrollo petrolero, la administración de los recursos provenientes de esa actividad se lleve de la mano con la asesoría de entidades tales como las de los gobiernos de Noruega, Canadá o Chile, los cuales, estoy casi seguro, nos brindarían la ayuda externa necesaria para el desarrollo institucional requerido. Así, la justa preocupación por “la maldición del petróleo” puede ser minimizada, en tanto que los recursos no se desperdician, al quedar sin uso bajo la tierra en donde no tienen valor económico alguno (o poco).
(9) Juzgo necesaria la apertura del monopolio de RECOPE (al igual que siempre he propuesto que se haga con cualquier otro monopolio instaurado por el estado). Tengo muy claro que las actuales autoridades gubernamentales no necesariamente están dispuestas a una apertura de dicho monopolio (además de algunos otros grupos políticos que también están a favor del monopolio). La competencia en el área de desempeño de RECOPE creo que eliminaría algunos de los problemas connaturales a cualquier tipo de monopolio, como son una oferta insuficiente, precios más elevados y sobre todo una conjunto de regulaciones que se introducen para que el monopolio efectivamente mantenga su posición de control sobre el consumidor y, sobre todo, de cualquiera que intente competir con aquel.
Sin embargo, me permito hacer algunas sugerencias en el caso de que RECOPE conserve sus condiciones de monopolio, de forma que podría ser posible promover el interés del consumidor mediante una regulación de su monopolio que llevaría cabo el propio estado (claro que no resolvemos el problema de que es el estado quien es el “dueño” de RECOPE, limitando por tanto el incentivo para la regulación).
(10) Una medida reciente que RECOPE nos anunció como parte de su “solución” al aumento en los precios internacionales del petróleo es la utilización de una mezcla de gasolina con alcohol, o gasohol, como se le conoce. Ya se ha tenido alguna experiencia (en Guanacaste y otras áreas del país) y parece indicar que su uso no daña los motores, al menos en vehículos “modernos”, pero si se requiere un gasto fuerte en la adecuación de las bombas distribuidoras para que el gasohol no dañe sus tanques. Si su utilización fuera mejor que el simple empleo de gasolina, es necesario que se den otra serie de condiciones que es necesario señalar.
En primer lugar, el argumento de que así se ahorran divisas (supuestamente porque el gasohol es de producción nacional o usa materia prima nacional) está equivocado, porque si el tipo de cambio se aproxima al de equilibrio (no hay ni subvaluación ni sobrevaluación), como parece ser el caso actual, da lo mismo, desde el punto de vista de la utilización de recursos, que se use gasolina totalmente importada o gasohol. La prueba esencial de la conveniencia del uso del gasohol es que tenga un menor precio al consumidor que la gasolina, sin que medie algún subsidio o impuesto distorsionador. Ello indicaría, al tipo de cambio de equilibrio y con libertad para importar, que el gasohol es mejor opción (todo lo demás constante) que emplear gasolina.
En segundo lugar, la operación de traer alcohol del exterior para mezclarlo con alcohol (lo cual señala problemas con el argumento de ahorro de divisas) requiere de instalaciones de almacenamiento, transporte y de desembarque que hoy no se poseen, por lo que dicho costo deberá tomarse en cuenta.
En tercer lugar, emplear tierras actualmente usadas en producir otros cultivos para producir caña de azúcar y convertirla en alcohol (se supone que las refinerías existen y son capaces de producir en el país) significa que se sacrifican otras actividades económicas posiblemente más rentables, lo cual daría lugar a una pérdida neta para la economía.
Además, el cultivo de caña de azúcar no suele ser muy ameno a la calidad de los suelos y eso deberá tomarse en cuenta.
Las reglas de oro al definir la conveniencia de mezclar alcohol con gasolina son dos: primero, que no haya subsidios de ninguna índole y, en segundo lugar, que el costo neto de recursos usados en el gasohol que se vende al consumidor final resulte ser menor que el costo de la gasolina importada.
(11) Es posible que en RECOPE se den ciertas prácticas que, ni más ni menos, significan la presencia de subsidios cruzados -esto es que, de alguna manera, se grava alguna actividad para a su vez favorecer otra dentro de la misma empresa. El caso del tratamiento que RECOPE da al gas licuado (LPG) podría evidenciar tal situación. De acuerdo con la ley del monopolio de RECOPE, este se aplica tan sólo a la importación de petróleo y sus derivados. Por lo tanto, cabe preguntarse si la importación monopólica de RECOPE al gas licuado se hace al amparo de dicha potestad, pues lo cierto es que es posible obtener LPG tanto como un derivado de petróleo o como un derivado del gas natural. Por ello, en el primer caso es posible pensar que el monopolio de RECOPE es aplicable, en tanto que no lo es en el segundo. Es decir, no hay impedimento legal alguno para que alguien diferente de RECOPE pueda importar gas licuado si se obtiene a partir de la derivación del gas natural. No hay duda que una política gubernamental que facilite la importación privada de gas LPG contribuiría enormemente al bienestar del consumidor.
Lo anteriormente expuesto cobra mayor importancia al tomar en consideración que RECOPE, a la hora de la fijación de precios por parte de la ARESEP de sus diferentes tipos de combustibles, suele cargar al costo sobre el cual fija se fija su margen de ganancias, diversos costos que son más bien propios y aplicables a otros combustibles, mas no al LPG.
De esta manera, por medio de un subsidio cruzado, RECOPE reduce el costo (precio) a que vende otros combustibles, en tanto que relativamente aumenta el precio a que vende el gas LPG.
Es deseable que se defina una política gubernamental para terminar con este subsidio cruzado, que impacta negativamente el consumo de gas licuado y aumenta el de otros combustibles. Lo más interesante es que uno de los principales grupos consumidores de gas licuado lo forman familias rurales de bajos ingresos; en concreto, en las provincias de Guanacaste, Limón y Puntarenas, principalmente. En ellas es a la vez más prolijo el consumo de leña obtenida de árboles como fuente de energía doméstica. Uno esperaría que si se abarata el gas licuado (tanto al permitir su libre importación privada, como si se acabaran esos subsidios cruzados de RECOPE) redundara en un efecto positivo en cuanto a la conservación de los árboles y más generalmente de los bosques, además de que los más importantes beneficiados serían las familias rurales de menores ingresos. Por supuesto que el beneficio también llegaría a otros consumidores de LPG en general. Tal rebaja de costos también podría traducirse en un uso más eficiente de la energía en el país, dado que la relación producción energética/ precio del LPG es más elevado que el de otros combustibles que vende RECOPE, así como posiblemente también en comparación con la electricidad.
A fin de que este comentario no sea muy extenso, en una tercera parte continuaré presentando sugerencias para ampliar la oferta de energía en el país y favorecer así la satisfacción de las necesidades de los consumidores.
2011-05-10-UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-TERCERA PARTE
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UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO-TERCERA Y ÚLTIMA PARTE
Publicado en el sitio de ASOJOD el 10 de mayo del 2011.
Termino mis consideraciones orientadas a ampliar la dotación energética del país, en vez de insistir en el control de la demanda, acción que parece ser la preferida por las autoridades gubernamentales, al menos en el corto plazo. La numeración en este comentario viene de los dos anteriores.
12.- La principal provisión doméstica de energía geotérmica parece ubicarse en zonas de parques nacionales, razón por la cual hay grupos contrarios a un mayor desarrollo. Sin embargo, para así pensar hay varias consideraciones que creo que deberían de tomarse en cuenta.
En primer lugar, no parece ser una actividad que cause fuertes alteraciones al medio ambiente. Sus efectos, aún en los parques nacionales, parecen ser de magnitud relativamente pequeña y, por tanto, manejable con una buena administración. Una propuesta para canjear zonas en parques en donde se ubicaría su producción por tierras que hoy no forman parte de ellos, podría ser una opción aceptable. Debemos ser capaces de administrar bien estos proyectos enclavados dentro de los parques nacionales, que brinden energía al país a la vez que se tenga un cuido especial sobre los efectos posibles en el medioambiente. No entiendo cómo no se tiene la capacidad de administrar bien este tipo de desarrollos, pues es frecuente que diversos proyectos energéticos en distintos países se ubiquen en zonas sensibles en cuanto a conservación medioambiental, sin problemas significativos.
En segundo lugar, el costo de este desarrollo energético parece ser relativamente barato, dependiendo de cada caso particular. Así, el proyecto debe tener de antemano una adecuada valoración de costo-beneficio, el cual debe incorporar las variables medioambientales.
En tercer lugar, disponer de una oferta relativamente diversificada y balanceada de fuentes energéticas, que no resulte de subsidios distorsionadores, es deseable, en especial ante fuertes fluctuaciones de precios de algunos de los componentes de esa oferta.
Finalmente, considero que debe permitirse y facilitarse la exploración de fuentes de energía geotérmica ubicadas en zonas fuera de los parques nacionales. En general los proyectos de energía geotérmica deberán estar abiertos al sector privado.
13.- El gas natural es otra fuente interesante de energía cuyo desarrollo podría facilitarse en el país. Hay regiones en donde parece haber fuentes cuyo desarrollo podría ser económicamente factible. Tal es la región del Golfo Dulce en el Pacífico Sur, así como en el Atlántico y en partes de la Zona Norte. Es conveniente incentivar a que la empresa privada pueda desarrollarla y venderla a los consumidores, pues el gas natural parece ser una fuente relativamente barata de energía (como es el caso de Estados Unidos y Europa). Una política de apertura del estado hacia la producción privada de esta actividad estimularía la inversión, el empleo y el crecimiento de la economía nacional y daría una señal clara de que el estado no está empeñado en monopolizar la producción energética del país.
14.- Por supuesto que la existencia de vehículos que utilicen combustibles diferentes a los derivados del petróleo es conveniente, pero que no se origine en subsidios artificiales o políticas de impuestos discriminatorios que hacen que alguna actividad o producto luzca rentable cuando lo es. No conviene manipular costos y precios por políticas estatales.
Por ejemplo, es posible que una disminución de los precios del LPG, tal como se sugirió en los comentarios previos, estimularía su uso en vehículos de transporte colectivo, comercial y privado, sin mediar subsidio alguno, sino una mejor ecuación precio/energía que beneficia al usuario.
15.- Similar recomendación hago en cuanto a la utilización del ferrocarril, tanto urbano como regional. Su uso debe surgir con fundamento en los resultados de análisis de costo-beneficio, no por la introducción de subsidios que alteran su verdadera rentabilidad. Debe considerarse la concesión de un ferrocarril interoceánico, en donde el estado facilite el uso de los actuales derechos de vía ferroviaria, así como de los que se requerirían bajo nuevas opciones. No deberá subsidiarse el costo de los pasajes de ferrocarril, sino dejar que compita directamente con otras formas de transporte masivo
16.- Debe permitirse la libre competencia en la distribución de gasolina, permitiendo que las empresas distribuidoras utilicen estrategias competitivas que favorezcan al consumidor, así como en lo referente a la propiedad de las gasolineras. La posibilidad de que las bombas de gasolina vendan a precios diferentes debe estimularse, pues la actual política estatal de control de precios y márgenes de los combustibles vendidos en las bombas de gasolina, que lleva a cabo la ARESEP, lo que hace es permitir la consolidación de un cartel que no beneficia a los consumidores. La eliminación del monopolio a la importación de combustibles de RECOPE, permitiría que las gasolineras puedan importarlos, con lo que la mayor concurrencia beneficiaría a los consumidores, pudiendo escoger en cuanto a precio, calidad, ubicación y servicio que recibe, cosas elementales de las cuales hoy no puede disfrutar.
17.- Un tema de candente actualidad, relacionada con la provisión energética del país a largo plazo, es la edificación del proyecto conocido como Diquís, el cual sería llevado a cabo por el ICE supuestamente con el financiamiento de instituciones multilaterales especializadas. Por su magnitud, si bien inferior en extensión a la represa de Arenal, será el proyecto hidroeléctrico más grande del país, con una generación estimada de 650 megavatios, que equivale a aproximadamente la mitad de la capacidad hoy instalada y a la cual también se uniría el proyecto llamado Reventazón, que generaría aproximadamente 300 megavatios adicionales. Diquís sería el proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica y su mercado, además de Costa Rica, sería el regional, al menos en los primeros años de operación.
Diquís reemplaza al antiguo proyecto Boruca, que si bien produciría más del doble del proyecto Diquís, fue sustituido por el inconveniente de exigir tanto una mayor movilización de personas (2.500 Boruca mientras que Diquís requeriría la de 1.100), como una mayor extensión (12.500 hectáreas Boruca en tanto que Diquís se extendería por 6.800 hectáreas). Se ha mencionado que el costo de la electricidad producida por la represa de Diquís será uno de los más bajos del ICE ($0.07 el kilowatt/hora), pero deben esperarse las cifras finales, en especial a la luz de proyectos alternativos (por ejemplo, compararlo con el costo equivalente de proyecto Boruca, entre otros). Esto significa que los estudios de factibilidad económica deberán estar debidamente listos y publicitados antes de iniciar su construcción. Enfatizo la trascendencia que tienen dichos costos, tanto para los consumidores nacionales de energía, los potenciales compradores internacionales, como para las finanzas del ICE y, en general, del país. Se ha mencionado que las obras se iniciarán en el 2012 y concluirán en el 2018, por lo cual es crucial que se hagan del conocimiento de la ciudadanía estos y otros aspectos del proyecto que deben formar parte de los estudios de costo-beneficio.
Llevar a cabo los primeros estudios en el sitio para el desarrollo de este proyecto ha dado lugar a conflictos en torno al desalojo de personas y la disposición de tierras que serían necesarios para poder realizarlo. Los afectados principales parecen ser miembros de grupos indígenas, quienes deberán ser debidamente compensados por los daños que el proyecto les podría ocasionar. Las negociaciones con los indígenas (y residentes del área, en general, que serían afectados) tendrán que contemplar el pleno respeto a los derechos humanos y a la propiedad de la cual hoy disfrutan, incluso derivada de una simple y respetable tradición.
Sin embargo, hay dos elementos derivados de la discusión de los problemas que me han preocupado y que, si no se tienen presentes, podrían afectar los acuerdos necesarios.
Uno es la petición que se suele hacer para que el proyecto pague una especie de “peaje”, al ubicarse en una zona específica del país para servir a todos los costarricenses.
Una compensación por los daños derivados del proyecto a las personas y propiedad de la región involucrada es condición sine que non el arreglo se ha de llevar a cabo, el cual debe considerar la reposición de los asentamientos en condiciones mejores que las actuales. Pero tal “impuesto a la exportación de energía” desde esa zona al resto del país es inaceptable, al partir de un principio básico de unidad territorial. ¿Se imaginan el desorden socio-económico que surgiría si, por ejemplo, Caldera exigiera el pago de un impuesto por dar entrada y salida a mercancías de todo el país? Asimismo, Moín podría requerir algo similar. Los vecinos de Alajuela podrían pedir una compensación por el uso que todos los costarricenses y extranjeros hacen del Aeropuerto Juan Santamaría. ¿Qué les parece si la ciudad de San José introduce un gravamen por cada documento que emitan sus oficinas allí ubicadas por cada transacción que solicitan los ciudadanos de fuera de la ciudad? ¿O que los vecinos de Montes de Oca exijamos un pago a cada costarricense no residente del cantón por hacer uso de la instalaciones de la UCR o simplemente cobrar una tarifa por circular entre San José y Cartago pasando por el cantón? La integridad territorial de la nación debe ser un principio a mantener, pues el país es uno y no diferentes naciones (ni siquiera una confederación de estados). El “chantaje” en estos casos es inaceptable desde su pretensión inicial. Una cosa es la compensación por eventuales perjuicios legítimos y otra imponer un gravamen que se cobra a toda la ciudadanía por hacer uso de un producto proveniente de la región citada. (Piense el desastre que sería si cada comunidad cobrara un impuesto por cada bien que se produce dentro de ella y que es “exportado” al resto del país).
Un segundo tema, que puede ser objeto de polémica, es el domicilio nacional de los miembros a quienes debe retribuirse por daños que les causaría el proyecto. Si son extranjeros con propiedades o residentes actuales de territorios afectados por el proyecto, su compensación es legítimamente posible, pero no lo debe ser si se trata de residentes en el extranjero quienes buscan lograr un resarcimiento en donde no lo hay. Por ello, las autoridades negociadoras deberán ser muy claras en cuanto a quienes serían las personas y grupos indígenas con quienes se forjarían los acuerdos necesarios, a fin de impedir que haya reclamaciones improcedentes por afectaciones inexistentes.
Finalmente, considero que el proyecto debe estar abierto a la participación activa del sector privado como propietario o inversionista. No se vale que el país se endeude por medio del ICE y que todos los costarricenses luego tengamos que pagar impuestos para cancelar dicha deuda. La fuente de recuperación de los recursos deberá ser en todo momento el resultado de la operación del proyecto, de manera que los pagos de la deuda estén incorporados en los costos de venta del producto (esto es, además de los costos de producir la energía, incorporar los derivados del endeudamiento), los cuales serían cobrados a todos los usuarios, tanto nacionales como extranjeros. Hay diversas formas por las cuales el sector privado nacional podría participar en este tipo de proyectos, sin que la única opción sea la de una producción eléctrica nacional monopolizada por una entidad estatal. A fin de señalar la importancia de la apertura al sector privado que debe darse en el país, vale la pena mencionar que a la fecha, tan sólo en la provincia de Chiriquí, Panamá, hay 37 plantas hidroeléctricas en proceso de construcción, en mucho para exportar energía a Costa Rica. Debemos quitar los obstáculos que faciliten el aporte empresarial privado nacional a la oferta de electricidad en el país.
18.- Para concluir esta serie de tres comentarios sobre asuntos energéticos, considero apropiado referirme a la medida reinstalada de limitar la circulación de vehículos por el centro de San José, la cual se realiza una vez a la semana, según horario y placa del vehículo. Las autoridades han dicho que es un esfuerzo para restringir la demanda de combustibles, ante el alza internacional de su precio. Pero este propósito públicamente afirmado también tiene visos de haberse convertido en una fuente apreciable de recursos para las autoridades gubernamentales, quienes los aprovechan para dirigirlos hacia sus propios objetivos institucionales, loables o no. Así, autoridades nacionales del tránsito y del transporte han indicado públicamente que es necesario que las cortes aceleren su fallo en cuanto a objeciones legales planteadas por ciudadanos acerca de la pertinencia del cobro de ciertas multas y, en especial, de los procedimientos aplicados y aplicables. Con dicha petición a las autoridades judiciales, las del tránsito esperan obtener recursos que usarían en actividades propias del interés de sus entes estatales. Pero esto, simple y llanamente, es sólo una forma de lograr plata por medio de multas, cuyo objetivo debería de ser la disuasión de conductas anti-sociales y no llegar a convertirse en una fuente de financiación de los presupuestos operativos gubernamentales.
En todo caso, la intención expresada públicamente por las autoridades con la medida bajo comentario es restringir la demanda y a ello paso a referirme, empezando por indicar que no es una forma razonable para lograr el objetivo anunciado y que mejor sería que el costo (el precio) mayor que tiene que pagar el ciudadano por el aumento internacional de los precios de los combustibles, sea el que defina su demanda. Procedo a indicar las razones de mi criterio.
En primer lugar, no es totalmente seguro que la restricción practicada dé lugar a una disminución del gasto en combustible, por varias razones. Ante la limitación para circular por el área central de San José, quien deba dirigirse de una parte de la ciudad a otra, atravesándola, ahora lo hará circulando alrededor del área restringida; esto es, movilizándose por calles aledañas. Si mis clases de geometría elemental no las he olvidado del todo, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta (permítanme darle flexibilidad al ejemplo: asumir que el área de circulación es plana y no curva como la tierra, lo cual es aceptable dadas las distancias relativamente cortas de las que estoy hablando), por lo cual el desvío obligado significa una distancia mayor que la previa y, todo lo demás constante, se refleja en un gasto mayor de combustible. Se me dirá que posiblemente eso sea cierto, pero que el ahorro está en el día en el cual el vehículo no puede circular, pero lo cierto es que circula, pero por una distancia mayor. En caso de que el usuario lo dejara guardado y tomara un taxi, me imagino que su gasto de combustible sería posiblemente igual a si circulara en su vehículo propio, además de que incurre en un costo por el servicio de transporte, el cual previamente no tenía que pagar. Esto es, no hay ahorro de gasolina y se tiene un costo mayor.
En segundo término, se ha señalado que también hay un ahorro en el tiempo de traslado por el centro de San José. Ello es cierto, pero también los vehículos que ahora circulan por las calles aledañas causan presas en esas zonas, que incluso probablemente no están diseñadas para un flujo de tránsito más elevado que el usual. Es decir, se usan caminos menos aptos para transitar, lo cual significa una mayor lentitud en la movilización. Por tanto, es dudoso que haya tal ahorro en el tiempo de movilización de quienes se trasladan.
En tercera instancia, la restricción tiene un efecto negativo sobre la producción. Alguien dirá que es pequeño, pero no deja de ser significativo, en especial en momentos de dificultades económicas como los actuales. En la actividad económica de un país (o de una ciudad) hay todo un orden que no es planificado por ningún ente centralizado, pues no es capaz de ello, como lo podría pretender algún burócrata, sino que resulta de la libre interacción de los individuos. Sin embargo, con medidas como las analizadas dicho orden espontáneo se ve alterado. La amplia actividad de intercambio comercial requiere de suministros adecuados continuos, tanto en para el ingreso de los insumos como para la salida de los productos. Todo esto es afectado por la medida limitante citada. Quienes se dirigen a sus trabajos, impedidos de atravesar ciudad y obligados que a desvíos, se ven afectados, lo cual encarece la prestación de sus servicios, así como su productividad. Esto no sucede tan sólo con obreros fabriles, como alguien podría pensar, sino también con todo tipo de profesionales, quienes se ven afectados al no poder prestar su labor al momento en que se les requiere, todo causa de las limitaciones impuestas en el tránsito. No voy a cansarlos con la muy diversa gama de actividades humanas que se ven alteradas con la restricción y el grave efecto que tiene sobre la producción, pero sí es importante destacar que tiene un impacto negativo en el empleo, al “encarecerse” la prestación de los servicios laborales.
En cuarto lugar, la propuesta restrictiva del tránsito parece ser una solución oportunista ante el mal sistema vial del centro de San José, el cual requiere ser mejorado Para opinar de esta manera me fundamento en que, cuando se objetó en el pasado que la restricción basada en el alza al precio internacional del petróleo era indebida, las autoridades usaron como un argumento adicional para aquella limitación, que en el centro de la ciudad se estaban realizando obras viales que creaban una gran congestión y que, por ende, la medida era oportuna y deseable. Esto último podría ser cierto, pero, entonces, la restricción vehicular debería de practicarse tan sólo en aquellos sectores en donde se llevaban a cabo obras viales y no en toda la ciudad capital.
Hay medidas, además de la mencionada acerca del ferrocarril interurbano, que podrían economizar efectivamente combustible, sin que implique restricciones a la libre circulación de los vehículos como la impuesta. Por ejemplo, proceder adecuada y correctamente a la renovación del transporte urbano de buses. Las llamadas interlíneas son una buena idea, pero en un primer intento de ponerlas en práctica en el pasado reciente, hubo fuertes razones legales para detener su inicio. Que las cosas se hagan bien y correctamente desde un principio es indispensable para que se restaure la confianza de los ciudadanos en sus autoridades de transporte. Asimismo, se requiere que dichas rutas nuevas estén sujetas, en lo máximo posible, a las fuerzas de la competencia. No hay razón para que los nuevos servicios públicos de transporte sean brindados por oferentes únicos sin tener frente a otros proveedores que les traigan competencia. Ello redundaría en beneficio de los usuarios, quienes escogerían al que mejor les sirva. ¿Qué es necesario algún grado de coordinación posiblemente gubernamental de dichas rutas? Podría ser, pero eso no requiere que haya un único dueño (incluso bajo la figura de consorcio que no es sino varios empresarios asociados para dicha empresa de una forma particular) el que opere en una ruta o sección particular, sino que el objetivo mayor sea brindar el marco más competitivo posible en la provisión de esos servicios.
Asimismo, una posibilidad, que podría traducirse en un ahorro de combustible y una menor congestión vial, es la de permitir que existan los llamados taxis colectivos, los cuales pueden recoger y descargar diversos clientes y no uno sólo a lo largo de algunas rutas preestablecidas. En muchas ciudades del mundo (recuerdo a la Ciudad de México) hay tal forma de servicio público. Esta es una forma en la que se puede traer mayor competencia a los proveedores de transporte colectivo. No entiendo las razones por las cuales dicha idea no puede llevarse a cabo, excepto que el interés verdadero de las autoridades políticas yace en mantener las posiciones monopólicas de los actuales proveedores de los servicios. Con tanto taxi con problemas de volumen de negocios, con tantas personas que desearían poner a trabajar un vehículo como taxi para así tener algún empleo remunerado y decente, con tanta desocupación como en la actualidad, ¿por qué no pensar en esta idea que en esencia significaría un beneficio tanto a aquellos como a los consumidores? Nada más piensen en quién se beneficia y a quién se le trae competencia…
En quinto término, creo que es necesario, dado la limitada estructura actual de nuestras calles del centro urbano de San José, que durante el día por ellas no circulen camiones pesados que se dedican a la carga y descarga de mercancías. En muchas ciudades grandes, con serios grados de dificultad física para que se pueda lograr un flujo expedito de vehículos, la circulación de tales camiones pesados se permite sólo en horas de la noche, cuando el flujo urbano se reduce de manera significativa. Mientras las calles de San José tengan la estrechez que hoy tienen, el costo social impuesto por vehículos dedicados a esa forma de transporte probablemente es muy elevado, al originar presas innecesarias que provocan un consumo excesivo de combustibles a terceras partes. No soy amigo de las restricciones y limitaciones a la libertad de las personas, pero esta medida me parece aceptable para la generalidad de quienes deben transitar por el centro de la ciudad de San José, incluso por quienes podrían verse afectados por ella, quienes a su vez son aquejados por terceros que circulan cargando y descargando mercancías durante el día.
En sexto y último lugar, deseo destacar mi creencia en que la decisión de restringir el libre tránsito en el área central de San José debido al alza en los precios internacionales del petróleo, como la han justificado las autoridades correspondientes, constituye un precedente a todas luces inconveniente. Con ella no sólo se restringe el derecho a la libre movilización que tiene el ciudadano, sino que también se afecta el derecho a la propiedad y al uso legal que puede hacer de ella, así como el derecho al trabajo, pues provoca un aumento en el costo de accesar a los sitios de trabajo. Pero sobre todo la juzgo inconveniente porque no parece ir acorde con la lógica. La base del argumento para la restricción es, repito, según las autoridades, el alza en el precio del petróleo y sus derivados, que son elementos importantes en el consumo de las personas y de la sociedad como un todo. Si tal es la justificación de las autoridades para limitar la libertad de las personas, entonces, ¿por qué no restringirles el consumo de pan si, por ejemplo, aumenta el precio del trigo en los mercados internacionales? Después de todo, también es un gasto importante en los hogares y en la economía nacional. O, por ejemplo, ¿por qué no limitar el consumo personal de medicinas si experimentaran un aumento en sus precios internacionales? ¿Restringiría la Caja el consumo de medicinas que les da a los asegurados? ¿Acaso los ejemplos citados no son similares al que fundamenta la restricción que se hace a la libre circulación de vehículos? Usted puede poner muchísimos ejemplos de bienes y servicios importados que conceptualmente podrían sufrir aumentos en los precios internacionales, y que podrían ser usados como base para justificar la limitación de la libertad para escoger, para consumir, para usar sus bienes en la forma en que le plazca sin que signifique que está causando un daño a terceros, caso en que sería responsablemente directo de tales daños. Por ello digo que el precedente expuesto es nefasto, al abrir puertas de todo tipo a posibles acciones de burócratas, quienes creen que limitando los derechos y libertades de las personas, es como los seres humanos podemos ser más felices, resolver nuestros problemas y mejorar nuestras vidas.
2011-05-17-APÉNDICE A UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO
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APÉNDICE A UN PLANTEAMIENTO ENERGÉTICO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 22 de marzo del 2011.
Espero que hayan tenido la oportunidad de leer mis tres comentarios previos con propuestas para elevar nuestro desarrollo energético durante los próximos años. No obstante, poco después de haber concluido dicha serie, surge la oportunidad de comentar la reciente propuesta del gobierno de la República ante la Asamblea Legislativa para, fundamentalmente, ampliar la participación del sector privado en la provisión de energía eléctrica, pues, de no lograrse, daría lugar a serios problemas de abastecimiento.
Antes de opinar al respecto, debo indicar que en la Asamblea Legislativa se habían presentado dos proyectos (llamados Ley General de Electricidad) que en mucho “organizaba” o “abría” el sector de producción eléctrica al sector privado, pero ambos han estado plagados de problemas que hacen poco viable su aprobación en el corto plazo. El primero, que en general me parece tiene grandes virtudes, fue presentado al curso legislativo durante la administración anterior y, el segundo, sorprendentemente, lo presentó la nueva sustituyendo al proyecto previo. Sabido es que ambas administraciones son del mismo partido político, por lo que esta última versión fue, a su vez, bloqueada por gran parte de esa misma fracción, que no podía ver con buenos ojos cómo sus mismos compañeros de partido echaban por la borda la versión original, sin que mediara una justificación válida para proponer una fuerte variación al curso inicialmente planteado sobre la política energética del país.
Por lo tanto, nada tenía que ver la existencia de un nuevo directorio legislativo integrado por diputados de la oposición, como un factor que obstaculizara un proyecto para asegurar una mayor provisión de electricidad. El problema venía políticamente “desde adentro” y, por tanto, es injusto adscribir la responsabilidad de no asegurar la electricidad necesaria al directorio de oposición, que ni siquiera existía cuando se presentaron ambos proyectos en la Asamblea. Por ello, abrigo la esperanza de que esta última versión -llamada de Contingencia Eléctrica- sea aprobada, con algunas mejoras a las que luego me referiré, con el apoyo de una mayoría importante de diputados del Congreso. Así no habrá excusa para que les “echen los muertos” al nuevo directorio legislativo por una presunta falta de no hacer bien las cosas necesarias para el país.
En un seminario que ANFE celebró en octubre del año pasado, el Ministro de Energía, Ingeniero Teófilo de la Torre, fue cuestionado por el nuevo proyecto (el segundo de ellos), al considerarse que reintroducía una serie de restricciones innecesarias, indeseables y costosas para la participación privada en dicha actividad, en comparación con el primero que presentó la administración previa. Don Teófilo reconoció que el cambio de visión se debía a una mejor adaptación del nuevo proyecto a las políticas participativas mayoritarias y casi monopólicas que el estado había mantenido en el pasado y que la administración anterior se propuso variar. Pero ahora, inteligentemente, don Teófilo cambia aquella posición y, si se me permite así decirlo, parece haber escuchado razones para variar posiciones que no conducían a nada más que a una inopia segura en la provisión eléctrica del país. Su proyecto de ley previo no iba a resolver el problema inminente de escasez de electricidad, en especial ante los atrasos con los proyectos de Reventazón y Diquís No muchos funcionarios públicos saben rectificar decisiones, al percibir que pueden estar equivocadas. Por ello, le reconozco el mérito de haber variado su actitud inicial.
Me agrada la última -tercera si se le quiere llamar- propuesta dirigida a asegurar el abastecimiento energético del país en el corto plazo, al abrir un espacio mayor a su provisión privada. Constituye un paso adelante y significativo en el esfuerzo por lograr un suministro adecuado de electricidad. Sin embargo, creo que no hay justificación para que ese paso hacia adelante siga siendo tan pequeño. La nueva propuesta no debe reprimir el desarrollo de un sector privado fuerte en el sector eléctrico, que esté preparado para competir eficientemente con otros oferentes de países vecinos y, sobre todo, que les permita lograr escalas de operación que hagan más rentables y seguras las inversiones que tengan que realizar. Así, no encuentro explicación lógica de por qué ampliar la capacidad instalada máxima por planta de 20 a tan sólo 30 mega watts. Por ejemplo, una capacidad máxima permitida de 50 mega watts no sólo es factible realizarla sin problemas significativos, sino que su tamaño podría hacer la operación más rentable, la inversión más manejable y, sobre todo, lograr suplir en el plazo más corto posible la electricidad requerida por el país.
En el mismo sentido no me explico por qué tan sólo aumenta de un 15 a un 25% la provisión privada (que incluye a cooperativas, entre otros) del total de energía eléctrica producida en el país. Parece que el intento de conservar ciertos privilegios es lo que está detrás de estos tímidos pasos de apertura al sector privado, como proveedor impostergable e indispensable de energía en el país.
Debe recordarse que el precio al cual se adquiriría la nueva electricidad producida por estas nuevas plantas privadas es fijado por la ARESEP, razón por la cual aprovecho la oportunidad de recalcar la importancia de que esa entidad haga las cosas bien y rápidamente. Debe comprender que si la tarifa no es adecuada, esa inversión privada no se llevará a cabo o, tal como ha sucedido hasta el momento, se vaya a Panamá a producir esa misma energía, para luego venderla a Costa Rica a precios más altos. La ARESEP debe saber que en la actualidad están en proceso de construcción, tan sólo en Chiriquí, Panamá, 32 plantas que eventualmente venderían a nuestro país la energía que produzcan. Si les preocupa un hipotético sobre-abastecimiento, deben tener presente que si existe un mercado dinámico y en crecimiento en cuanto a demanda de electricidad es el propio mercado panameño, por lo cual esas firmas fácilmente podrían variar el destino de su producción, si así fuera más rentable para ellas. Claro, todo está en los precios que los productores privados de electricidad, tanto nacionales como desde el exterior, puedan obtener y es aquí donde ARESEP debe tener “bien puestas las pilas“.
2011-05-24-REFLEXIONES MINÚSCULAS
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REFLEXIONES MINÚSCULAS
Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de abril del 2011.
Es posible que para algunos se trate tan sólo de “aspectos poco importantes” de la conducta gubernamental y con base en tal apreciación, desecharlos por su falta de relevancia. Opino diferente: aunque aparentemente se trata de actos minúsculos, desnudan la indiferencia con que el gobierno asume sus responsabilidades, cual es, por lo general, un descuido evidente de lo que tiene que hacer bien, una búsqueda casi exclusiva de obtener plata a cómo haya lugar, un desprecio del dolor (costo) que se le causa al ciudadano con la excusa esperada de que, después de tres días, ya nadie se acuerda de lo sucedido.
Tomemos, como ejemplo, la falta de provisión de hidrantes no sólo en San José sino también en otras áreas urbanas. Desde hace más o menos dos años los costarricenses pagamos rigurosamente un impuesto que se carga a nuestros recibos de agua. No hay quite: simplemente allí aparece. Ese es el producto de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa para dotar de fondos al SNAA y al Cuerpo de Bomberos para reponer hidrantes viejos, herrumbrados e inservibles, así como dotar de nuevos a muchas partes de la ciudad de San José y otras que hoy no tienen. Da pena escuchar a un agradable y fortachón caballero encargado de nuestros bomberos, cómo los incendios se extienden por la falta de agua en los hidrantes. Lo triste es que últimamente ese señor, al preguntársele por qué si los costarricenses ya han venido pagando por instalar nuevos hidrantes, estos no aparecen por ningún lado, nos dice que, si bien el SNAA ya tiene los fondos, no ha procedido –por diversas razones- a llevar a cabo el proyecto. Así, totalmente desarmado, nos lo dice el franco jefe de bomberos. Por supuesto, de inmediato viene la excusa burocrática del SNAA: que el atraso se debe a lo complejo de los trámites licitatorio, que la Contraloría exige muchos papeles, etcétera; mientras las llamas pueden, por la libre, hacer más daño. Este es un excelente ejemplo del desprecio con que las burocracias estatales tratan lo que son responsabilidades. Es más, como nunca nadie ha sido acusado y juzgado culpable de incumplimiento de deberes, el camino está servido para que las cosas no mejoren y menos que avancen.
¿Y qué hace el SNAA con todos esos fondos recaudados para construir hidrantes? Me imagino que allí están, en algún lado, intocados… Si así fuera, el SNAA estaría en la obligación de pagar intereses por esos fondos, que, aunque no los utiliza, los mantiene en su poder sin hacer nada, pudiendo colocarlos en un banco, usándolos para cubrir sus necesidades de caja. ¡Vaya Usted a saber! En todo caso, el incentivo es para que simplemente “allí estén”. Si el SNAA tuviera que pagar intereses por esos fondeos depositados allí por los costarricenses, entonces tendría un incentivo para apurar las cosas y no dejar que duerman el sueño de los justos. Después de todo, ¿acaso no es cierto que, apenas pasado un mes de atraso en el pago del recibo del agua, el SNAA procede a cobrarnos ágilmente intereses para que procedamos rápidamente a pagarlo? Es más, nos cortan el agua casi de inmediato y luego nos cobran un elevado costo por reinstalarla. No me opongo a estas medidas, pero, ¿por qué no le aplicamos lo mismo al SNAA con el dinero que allí hemos pagado y depositado para nuevos hidrantes y reparación de los viejos? Les apuesto que entonces sí se apurarán, aunque sea tan sólo un poquito más.
La Municipalidad de San José se había lerdeado en aumentar el costo de los parquímetros. Lo hace ahora con un súbito aumento del 35%. Bueno, a como se ha comportado la tasa de inflación del país, según cifras del Banco Central, ese ajuste de un 35%, si hipotéticamente se hubiera ajustado al aumento de la inflación, hubiera comprendido la sucedida en el período que va de, más o menos, febrero del 2007 a abril del 2011. Bien podría ser que no se haya aumentado el costo del estacionamiento público desde aquella fecha, pero podría estar equivocado. Si lo que intuyo es correcto, lo más posible es que la Municipalidad de San José, en esa euforia estatal de lograr aumentar los impuestos o recaudaciones a como haya lugar, se aprovecha para encarecer el costo de estacionarse por encima del crecimiento inflacionario, proporcionando otro golpecito al alicaído bolsillo de los josefinos. Si me equivoco, de antemano me excuso, pero la suspicacia y malicia indígena han probado serme útiles en muchos casos anteriores.
Y siguiendo con algunas de mis reflexiones minúsculas, debo mencionar el gasto del estado en torno a la liberación y tratamiento de los involucrados en un accidente de una avioneta cargada de cocaína sucedido hace algunos meses. Resulta que a dos de los imputados una jueza les otorgó la casa por cárcel, para lo cual debían de contar con un domicilio conocido, que no tardó en encontrarse (por supuesto que nunca en un domicilio cercano al de la jueza). Parte de lo lamentable con toda esta situación es que todos los que pagan impuestos deberán de enfrentar el costo de cuidar a los angelitos, que, según algunas estimaciones, superará los sesenta millones de colones al año. ¡Qué poco importó que esos costos los tuviéramos que pagar todos los ciudadanos! Podíamos habérnoslos ahorrado si en la cárcel en que estaban se les hubiera puesto a trabajar, para que con ello pagar el costo de un mantenimiento que le imponen a toda la sociedad, además de aquellos derivados del delito por el cual se les ha detenido.
Hay más: resulta que el piloto de la avioneta en mención quedó malherido. La Caja Costarricense de Seguro Social a la fecha ha incurrido en gastos por más de ciento veinte millones de colones para reparar al piloto. No creo que éste pagará la factura, pues el gasto no sólo ya ha sido incurrido por la Caja, sino que, también, de acuerdo con una visión que se ha venido aplicando en tiempos recientes por diversos jueces, incluso de la Sala Constitucional, la salud es un derecho en vez de ser algo que cada uno de nosotros deberá prever. Al ser un derecho –según algunos constitucionalmente garantizados- a servicios médicos que se brinda a cualquiera que los requiera sin tener que pagar por ellos, esos gastos los asume la Caja, que luego verá cómo hace para recuperarlos. Como se imaginan, esa factura está escrita en una marqueta de hielo.
Esa facilidad con que las cortes deciden sobre los gastos de salud social no es nueva. En cierto momento han exigido que a ciertos pacientes la Caja les brinde el tratamiento más caro y de moda que pueda existir en el mundo, pues así los pacientes lo solicitaron en juicios ante esas cortes y los cuales ganaron. En las decisiones de los jueces no median las limitaciones financieras de la Caja; esto es, no importa si se trata del dinero que pagamos todos los costarricenses para que la Caja los administre y de que es imposible gastar en salud fondos sin limitación alguna. (Además, alegan que eso fue lo que quisieron los diputados y así lo plasmaron en la constitución). De hecho, es una visión imposible que se sostenga en tanto los recursos sean limitados. El país no dispone de fondos para tener todos los hospitales que se podrían construir, dotados de los mejores médicos del mundo y con las mejores medicinas y tratamientos que tiene la humanidad. Si se trata de cumplir a plenitud con un derecho presuntamente garantizado por nuestra constitución, no hay recursos que alcancen. Sabemos que el costo de las cosas sí importa y subestimarlos sólo conduce a que el régimen de seguridad social sufra consecuencias tan graves como su bancarrota. Despreciar el principio de escasez que cubre toda la acción humana -principio fundamental en Economía- lo cual incluye la salud, es un error fatal…
No se me puede acusar de xenófobo, porque no creo serlo y así lo he demostrado, pero más de uno podría acudir a acusaciones de tal especie, con tal de demeritar mi argumentación. Creo en la inmigración, pues un pueblo se beneficia con la infusión de sangre de seres humanos que vienen al país y pueden aportar mucho al progresar en él, tal como lo hemos visto en muchas ocasiones a través de nuestra Historia. Sin embargo, deseo comentar que no es posible que la Caja se vea obligada a brindar salud a quienquiera que la solicite, con el prurito de respetar con ello los derechos humanos. Todo quien utilice sus servicios debe pagar por ellos, tal como sí lo tienen que hacer los ciudadanos afiliados a la Caja, a la cual deben pagar rigurosamente sus cuotas adosadas a los salarios que perciben. ¿Habrá alguien que esté dispuesto a ponerle el cascabel al gato o esperarán que nuestro sistema de salud entre en quiebra, entre otras razones -en mucho- por brindar a cualquiera atención médica de todo tipo y medicinas en la cantidad y calidad necesarias, con sólo presentarse enfermo y solicitar que se les trate el caso? Como no hay que pagar nada por ello, como nada cuesta, así hasta yo me vengo a vivir a Costa Rica…
2011-05-31-ESPAÑA-CAMINO SIN RUMBO
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ESPAÑA: CAMINO SIN RUMBO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 22 de marzo del 2011.
Escribo teniendo en mente a mi amigo Mario Quirós Lara, quien en un artículo en La Nación titulado “Política en bancarrota”, expresa algunas consideraciones en torno a lo sucedido recientemente en España, en donde miles de personas ocuparon plazas públicas para protestar contra los políticos, como lo indica don Mario, y también en contra del desempleo, como también se ha indicado. En mi opinión, dada la desarticulación de las protestas, muchos factores podrían estar jugando para explicar tal comportamiento, pero no comparto la apreciación de don Mario de que esos movimientos tienen gran similitud con lo que ha venido sucediendo en naciones del Medio Oriente.
Sabias fueron las palabras escritas por Hume en su ensayo de mediados del siglo XVIII “Sobre la Independencia del Parlamento”, contenido en su libro Ensayos Políticos (San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. p. 103-104). A lo expuesto por don Mario son hoy muy relevantes. Escribió Hume que “Los escritores políticos han establecido como máxima que, al concebir cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones de la constitución, debería considerarse a cada hombre como un pícaro (bellaco o bribón se usa indistintamente) que, en todas sus acciones no persiguiese otro fin que el interés particular. Mediante este interés debemos gobernarlo, y haciendo uso del mismo, obligarlo a cooperar para el bien público….
Por lo tanto es una máxima política justa la de que debemos suponer que todo hombre es un pícaro, aunque, al mismo tiempo, resulte un tanto extraño que una máxima falsa de hecho, haya de ser verdadera en la política. Pero, para convencernos a este respecto, podemos pensar en que los hombres, generalmente, son más honestos en su calidad de particulares que en su condición de personas públicas, y que se esforzarán más por servir a un partido que cuando no se trate más que de su propio interés privado.” (El paréntesis es mío).
La impresión de don Mario acerca del engaño que suelen llevar a cabo los políticos, que ofrecen Nirvanas y terminan dándoles Hades, bien puede ser cierto, como claramente lo expuso Hume y si fuera que en la realidad no son unos bellacos, pues tratémoslos como tales a la hora de crear instituciones destinadas a proteger nuestras libertades. Nos ofrecen Nirvanas; nos ofrecen estados sociales de derecho, pero a la hora de las cosas lo que nos dan es Hades; destruyen “el Estado, la sociedad y el derecho”, como dice don Mario.
Esa reacción esperada y deseable contra la bellaquería, como la llevada a cabo por españoles de todas las edades, no es el único motivo que impulsa esa conducta.
Ambicionan que se corrijan muchas cosas que juzgan como malas corregir y no hay dada impropio en eso. El problema es que no sólo algunos de esos señalamientos ad hominem son difusos y poco claros, sino que las soluciones que suelen proponer, si bien veladamente, más bien exacerbarían muchos de los males que señalan. Por ejemplo, ante un paro en la sociedad española que llega casi al 20%, es esperable que protesten contra la falta de oportunidades, pero, en vez de formular propuestas que restauren el empleo en su nación, culpan de él al capitalismo, al neoliberalismo, al egoísmo, a la falta de garantía de conquistas que llaman “sociales”; en síntesis, a la plena vigencia, como el amor, aún en tiempos de crisis, del estado de bienestar que les debería continuar proveyendo, con relativamente poco esfuerzo, con poco trabajo, vacaciones abundantes y garantizadas, salarios muy encima de la productividad media del español, días feriados por casi cualquier razón imaginable, una vivienda “digna”, barata, financiada, educación y salud de a gratis, etcétera, y muchos otros goces “desde la cuna hasta la tumba”. Cómo si las cosas no tuvieran un costo; cómo que si alguien más no tendrá que pagar por esos goces de Europa.
No sé por qué, pero en algo me recuerda los años sesentas, cuando en medio de una vida sexualmente muy placentera, en medio de humos precisamente no de madera, fueron muchos quienes llegaron a creer que con tan sólo algunas pocas mantras, como “all you need is love” o “power to the people”, el mundo sería totalmente diferente al que despreciaban, pero que ciertamente les brindaba recursos para poder vivir el infortunio de la vida hippie. Querían más derechos, pero menor esfuerzo, dedicación y trabajo.
Abogaban por eliminar el capitalismo, pero les encantaban las cosas que en última instancia les proveía satisfacciones y placeres bien sabrosones.
Este es parte del problema que hoy encara España. Es cierto que en mucho se debe a “los políticos”, pero también porque se han acostumbrado a la vida regalona de sólo exigir y tener derechos y no referirse a que para ello se requiere cumplir con ciertas obligaciones tal vez indispensables. ¡Si lo que España requiere para salir de su crisis es más capitalismo! ¿Acaso no pueden echar una miradita al lado y ver como la Alemania capitalista progresa y sale de la crisis, en tanto que España cada vez se hunde más? Si el villano de la película es el capitalismo, ¿por qué Alemania prospera y España se asoma al abismo? Me parece que hay una falta de aprecio ancestral por instituciones capitalistas, como la empresa, la creatividad, la frugalidad, el ahorro, el esfuerzo, la productividad, buscan una ilusa igualdad de hecho, mal entendida pero emotivamente apreciada y anhelada, en vez de una igualdad ante la ley. Esto último lo proclaman muchos de los manifestantes. Como solución ante tanta “injusticia”, quienes protestan en Madrid piden que haya mayores gastos y presupuestos gubernamentales, conserven regalías que se otorgan por cualquier motivo, que se mantengan jornadas laborales de privilegio, que haya salarios cada vez más altos, certeza en que al final de los años percibirán pensiones que nunca pagaron en su totalidad, mayores déficits estatales, que se aumenten los impuestos a quienes generan riqueza, para que tal vez así logran que estos se aburran de trabajar por otros y se vayan del país, creando a su vez mayor desempleo…en fin, después de nosotros, el diluvio.
No es apropiada la asimilación que don Mario hace de lo sucedido en España con lo que ha pasado recientemente en Egipto. España, con todos su defectos, con el peso de una tradición conservadora enemiga del progreso, de la creatividad, de la empresariedad, nunca podrá comprarse con el régimen hasta hace poco vigente en Egipto, corrupto hasta la médula, en donde los gobernantes precisamente no respetaban las voluntades democráticas de sus ciudadanos, lo cual impedía un cambio político pacífico de los gobiernos.
España, por el contario, nos ha dado en los últimos tiempos, con posterioridad al fascismo franquista, lecciones de cómo sustituir los malos gobernantes por otros en quienes -correcta o incorrectamente, eso no viene al caso- confiaban lo harían mejor, pero sin derramar gota alguna de sangre para lograrlo, sino por medio del voto, bondad que es propia del sistema democrático. Ojalá Egipto llegue a ser algún día tan democrático como España. Y que los ciudadanos de ambas naciones puedan progresar en el marco de instituciones democrático- liberales que lo promuevan, evitando que surja todo tipo de castas de rémoras que, a través de la mano visible del estado, quieran vivir y vivir muy bien, a costas del esfuerzo de los demás y no necesariamente del propio.
No sé cuanto avanzarán esos movimientos de España; tal vez se extiendan por tantos otros lugares en donde algunos quieren seguir pasándola bien rico sin tener que trabajar duro para salir de la mala situación en que se hayan sus economías. Es muy sabroso realizar hoy ágapes y reuniones públicas masivas para pedir más de todo lo bueno, que nos recuerdan los años floridos de los sesentas en el siglo pasado. Pero propongo que reconozcan que el esfuerzo y el trabajo son indispensables para progresar, para disponer de más bienes y servicios de toda índole, para que haya empleos dignos, libres, productivos, creadores, algo que tanto falta en España. Que lo logren sin desechar las virtudes de los sistemas democrático-liberales que han probado ser los que mayor progreso han permitido lograr a los ciudadanos, a través de muchos años de Historia.
Para concluir este comentario, deseo transcribir una cita de un texto que leía recientemente. Se trata de parte de la nota introductoria que Ronald Hamowy escribió para el libro de Friedrich A. Hayek, The Constitution of Liberty: The Definitve Edition (Chicago, Illinois: The University of Chicago Press, 2011), que permite entender por qué esos manifestantes madrileños abogan por un punto esencial en sus protestas, tal como también lo han hecho muchos otros en el pasado, cual es una igualdad efectiva de los ciudadanos, por eliminar cualquier desigualdad que haya entre las personas:
“Los socialistas, hace notar Hayek, siempre han objetado el principio de igualdad en el trato de las leyes, tanto como tratar igualmente a la gente que es inherentemente desigual, lo que terminará inevitablemente en desigualdad. Lo que los socialistas han buscado siempre desde la Revolución Francesa no es la igualdad ante la ley, sino la igualdad en los resultados. Su queja, señala Hayek, queda resumidamente encapsulada en la referencia de Anatole France a ‘la majestuosa igualdad de la ley, que prohíbe tanto a pobres como a ricos dormir debajo de los puentes, pedir limosna en las calles y robar pan’. Esta actitud penetra toda la teoría moderna de lo social y lo político y es una extensión lógica del punto de vista de que prueba suficiente de la injusticia de cualquier sociedad, es que los resultados que le suceden a los individuos que la conforman son desiguales.” (Página 9, Op. Cit.).
2011-06-07-TRES COMENTARIOS SOBRE TEMAS PÚBLICOS
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TRES COMENTARIOS SOBRE TEMAS PÚBLICOS
Publicado en el sitio de ASOJOD el 07 de junio del 2011.
En esta oportunidad deseo referirme brevemente a tres temas que tienen que ver con el interés público y que reflejan el comportamiento de gobiernos y políticos que a muchos ciudadanos no nos parece, aunque a esos políticos y gobernantes ello parezca importarles poco.
El primero tiene que ver con la contaminación que ha afectado la zona en que opera la refinería de RECOPE en Moín. Molesta no sólo el hecho de que por mucho tiempo el problema se le ocultó a la ciudadanía –los que no importan- así como a las propias entidades gubernamentales que tratan de asuntos de salud y medio ambiente. Si no hubiera sido porque empleados de RECOPE divulgaron el daño, estaríamos en penumbras y, sobre todo, continuado el derrame de combustibles en el sitio. También me molesta que, si ese descubrimiento se hubiera dado en una operación privada, tal como por ejemplo ha sucedido con bombas de gasolina en San Antonio de Belén y en la Zona Norte, de inmediato los celosos guardianes del buen medio ambiente, hubieran procedido a cerrar las operaciones para detener el daño en proceso. No es así en el caso de RECOPE, posiblemente por no tratarse de una empresa privada, sino de una propiedad del mismo estado que, en el caso de terceros, sí habría actuado de inmediato.
El segundo tema se refiere al informe presentado por los diputados de Liberación Nacional de la comisión legislativa que se encargó de investigar lo sucedido con la carretera a Caldera. Una frase célebre de ese informe merece ser rescatada del basurero de la politiquería: “la inauguración anticipada de la vía a Caldera fue un experimento para comprobar si esta tenía fallas.” Sólo se me ocurre pensar que tal cosa se habría dicho si fuera escrita por algún servil que debe obedecer los mandatos de su dueño y patrón, para justificar cualquier idiotez que a este se le hubiera ocurrido hacer. No lo puedo entender de otra manera, porque tengo entendido que los diputados gozan del uso de la razón, como para poder darse cuenta que los muertos, heridos y afectados a partir de la “inauguración” y puesta a funcionar de esa carretera aún sin terminar, fueran cobayas utilizadas en experimentos de laboratorio. Jamás se podría poner a operar un aeropuerto si la pista de aterrizaje no estuviera concluida y probada de que resiste el peso de un avión. Nunca se pondría en operación una cárcel si no se ha comprobado su seguridad. No es posible poner a funcionar una represa hidroeléctrica si no se le ha sometido a resistencia de la masa de agua que frena. Tal tontera está allí, en el informe de marras. Para proteger a algunos políticos que hicieron muy, pero muy, mal las cosas, no les ha importado señalar que los ciudadanos debemos ser tomados como conejillos de Indias a la hora de probar si una carretera funciona bien o no. El descaro exhibido por esos diputados “leales” y capaces de escribir lo que escribieron, cada vez más me obliga a pensar en la necesidad de terminar con esa práctica nefasta de elegir los diputados por listas, en vez de serlo por personas. Porque lo que se demuestra es que, detrás de algunos primeros buenos, les siguen unos segundones capaces de cualquier cosa.
Finalmente, como tercer tópico público de actualidad, deseo comentar lo sucedido con el viaje de un alto funcionario de una entidad estatal a otro país, presuntamente en compañía de una damita. El problema para mí de ninguna manera reside en la conducta privada de ambos funcionarios gubernamentales. No me interesan sus asuntos personales. Allá cada cual con lo que desea hacer, en tanto con ello no dañe a terceros con sus acciones. El problema está en si, para satisfacer sus pasiones privadas, utilizaron y manipularon recursos públicos. Aquí sí me interesa el asunto, pues como ciudadano pago los servicios que esa entidad estatal me brinda, dentro de cuyo precio obviamente se encuentran incluidos los salarios, viáticos, gastos de viaje, gastos de representación, pago de hoteles, y cualquier otra cosa asociada con esos periplos, entre otros. Por lo tanto, podría estarse en presencia de un uso indebido de recursos públicos, por lo que me imagino que, con la celeridad que la caracteriza, la Contraloría, encargada de investigar estas cosas, ha de haber recaudado ya toda la documentación necesaria y pruebas adicionales de ese viaje, incluyendo documentación públicamente expuesta en Internet que narra aspectos de la gira educativa. No debe permitirse que la conducta de algunos funcionarios empañe el buen deseo de doña Laura de impedir cualquier tipo de conducta incorrecta en su administración. Por ello, estoy seguro que pronto, en este mismo sentido, el gobierno actuará responsabilizando económica, civil y penalmente a todos los involucrados en el desmadre de la carretera a Caldera.
2011-06-14-DE NUEVO CON LA CURVA DE PHILLIPS
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DE NUEVO CON LA CURVA DE PHILLIPS
Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de junio del 2011.
Los economistas solemos referirnos a la Curva de Phillips para dar a conocer una supuesta relación inversa entre la inflación y el desempleo. Esto es, a la idea de que un desempleo alto se encuentra asociado con una inflación baja y que una inflación alta, lo está con una desocupación baja. Esa supuesta regularidad empírica es lo que se conoce como Curva de Phillips, nombrada así por un economista inglés de mediados del siglo pasado.
Por muchos años hubo economistas quienes, basados en la Curva de Phillips, señalaron que, ante un desempleo considerado alto por las autoridades económicas, se podría optar por inflar la economía (esto es, una mayor inflación) a fin de reducir la desocupación. Muchos de los encargados de definir las políticas económicas de los países si vieron enfrentados a escoger entre dos males: la inflación y el desempleo. La decisión usual fue preferir lo que consideraron como el menos malo (¡no me refiero a ningún candidato político!). Mucha de esa escogencia fue simplemente el resultado de un cálculo político: Los votantes desocupados suelen votar en contra del gobierno por no generar suficientes empleos, en tanto que la inflación muy a menudo es atribuida a cualquier cosa menos a la emisión excesiva de los bancos centrales de los países, con lo cual los gobiernos de turno se lavan las manos por su responsabilidad inflacionaria.
Con este panorama enfrente quedó servido el menú para los políticos y economistas. Debían escoger lo que consideraban era lo menos malo y, si elegían a la inflación como su preferida (supuestamente asociada con un desempleo más bajo) siempre podrían echarle los muertos de ese mal a algún otro personaje distintos de sus bancos centrales, personajes que han desfilado en distintos capítulos de la historia económica de diversos países, como es el caso de los árabes, los petroleros, el mal clima, las malas cosechas, la extinción de anchovetas en el Océano Pacífico peruano o lo que fuere.
Ejemplo de los problemas que se derivan de utilizar la Curva de Phillips para el manejo económico de los países, lo vivimos aquí cerquita: En la administración Carazo, en ocasión del discurso presidencial de don Rodrigo ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1982, nos dijo lo siguiente: Puesto “a escoger ante la ausencia de acción legislativa, entre la inflación y el desempleo, se escogió entre ambos males el menor, la inflación y la paz social se ha mantenido, esto indica que la decisión fue acertada”. Pero la verdad ¡tristemente! se evidenció luego. El país terminó en ese año con una inflación enorme y el mayor desempleo de los últimos tiempos. La decepción de los ciudadanos fue evidente: terminamos con mayor inflación y mayor desempleo; no era cierto que se podía escoger una mayor inflación para bajar el desempleo, como nos lo decían los
seguidores de la curva de Phillips.
Este panorama no sólo se presentó en Costa Rica. Algo similar sucedió con la administración Carter en Estados Unidos, país en el cual se tuvo simultáneamente una de la mayores tasas de desempleo (un 7%) con una de la más elevadas tasas de inflación (13.5%). Se concluyó con en una economía en que había una simultaneidad del desempleo y la inflación, cuando se aseveraba que se podía optar entre esos dos males.
Los políticos de entonces ya habían empezado a descubrir la verdad. James Callaghan, Primer Ministro inglés, en un discurso que pronunció en setiembre de 1976 en la conferencia de su Partido Laborista, dijo: “Solíamos pensar que se podía pagar la salida de un depresión e incrementar el desempleo, reduciendo los impuestos y aumentando el gasto público. Les digo con todo el candor que esa opción ya no existe y que si existió alguna vez, sólo trabajó inyectando una dosis mayor de inflación en la economía, seguida por un nivel más alto de desempleo. Esa es la historia de los últimos veinte años.” Se acabó así el cuento de que altas tasas de inflación estaban asociadas con bajas tasas de desempleo y que bajas tasas de inflación estaban ligadas con altas tasas de desempleo.
Un importante teórico monetario, Milton Friedman, en su discurso en ocasión de recibir el Premio Nobel en Economía, en Estocolmo, Suecia, el 13 de diciembre de 1976, le dio el golpe de gracia a los proponentes de la Curva de Phillips, cuando señaló que, “desafortunadamente para esta hipótesis, la evidencia adicional fracasó en conformarse con ellas (que existía una elección y una opción apropiada entre inflación y desempleo). Más importante, la tasa de inflación, que parecía ser consistente con un nivel específico de desempleo, no permaneció fija… tasas de inflación que previamente habían sido asociadas con bajos niveles de desempleo, fueron experimentadas junto con altos niveles de desempleo. El fenómeno de la simultaneidad de alta inflación y alto desempleo se impuso por él mismo en las noticias profesionales y públicas, recibiendo el triste nombre de ‘estanflación’.” (El paréntesis es mío)
Pero a veces parece que cuesta que las malas ideas mueran del todo. Esto es frecuente en la historia del pensamiento económico, en donde cosas que se han demostrado como incorrectas, renacen de pronto con renovado vigor, hasta que una vez más se muestre que están equivocadas. La vigencia de la llamada curva de Phillips y que se apele a ella para la prosecución de políticas monetarias expansionistas en Costa Rica son parte de esa resistencia a la desaparición de las malas ideas. Se ha vuelto a señalar que, ante las actuales circunstancias de la economía costarricense, “con metas de inflación flexibles… el Banco Central anda buscando dos cosas: una meta de inflación pero anda buscando también algo que tiene que ver con producción y empleo.”
El punto clave es si es posible para el Banco Central lograr como meta una reducción del desempleo (también definido como un estímulo para aumentar la producción) aunque para lograrlo tenga que sacrificar su objetivo de una tasa de inflación baja. La propuesta antes indicada lo que nos dice es que es posible que el Banco Central de Costa Rica sacrifique un poco su meta de una baja inflación para lograr con ello una meta de un mayor empleo y crecimiento económico, como si eso fuera posible.
Me atrevo a vaticinar que una “apertura de piernas” del Banco Central en cuanto a su meta de una baja inflación; esto es, que aumente la emisión monetaria, sólo dará campo para que le metan un “golazo entre-piernado”, porque de las cosas más difíciles de echar para atrás –lo pueden confirmar muchísimos banqueros centrales- es que, una vez que se abren las compuertas para la inflación, se puedan cerrar fácil e indoloramente.
Alguien podría tener en mente provocar que haya una “inflacioncita”, chiquitica, como para que con ella se estimule el crecimiento sin que crezcan mucho los precios –algo así como echarle una engañadita a los ticos- pero no creo que tal arte, más propio de taumaturgos, pueda tener éxito, porque los agentes económicos suelen incorporar en sus decisiones las expectativas inflacionarias originadas en las decisiones del Banco Central. Rápidamente los mercados detectarían el carácter inflacionario de las nuevas medidas del Banco Central y con base en ellas ajustarían sus expectativas ante el crecimiento futuro de los precios, abortando el esfuerzo del Banco por engañarlos con ilusiones monetarias.
Dado lo anterior, terminaremos con algo más de inflación (aunque sea chiquitica, que me imagino es lo que tiene en mente el proponente), pero sin que se dé por ello un aumento en la producción real de la economía (y una caída en la desocupación). Ciertamente podría ser que, por alguna otra razón, tal vez un fuerte incremento en la demanda externa de nuestra producción, se presente un alza en la actividad productiva doméstica, pero es por dicha razón que se logra ese objetivo deseable, pero no a causa de una expansión monetaria. De no ser por un factor positivo externo o algo similar a éste, se podría creer que algún sabio banquero central habría encontrado una especie de piedra filosofal económica: Que era posible expandir la producción simplemente emitiendo más dinero y eso, que yo sepa, no se ha visto en ningún lado hasta el momento. Puede verse, por ejemplo, lo que está sucediendo con la enorme expansión monetaria en los Estados Unidos, en donde el desempleo no disminuye, la producción crece muy, pero muy, lentamente y posiblemente en cierto momento el problema inflacionario se tornará presente.
2011-06-21-ACERCA DE POLÍTICOS PILLOS
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ACERCA DE POLÍTICOS PILLOS
Publicado en el sitio de ASOJOD el 21 de junio del 2011.
En una reciente columna periodística, se mencionó lo siguiente: “Está también el profesional del nihilismo político o del estigma de la política: ‘todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz’´”.
Esa oración podría haber sido escrita como justificación de cualquier acción del estado, con independencia de su bondad o conveniencia. Para ello se acude a un viejo truco, cual es quitarle legitimación a quienes se atrevan a formular críticas a los políticos, acudiendo a generalizaciones acerca de las razones que los puede motivar a hacerlas. Llamarlos profesionales del nihilismo o estigmatizadores de la política, sin parar en mientes acerca de si las críticas hechas a los políticos pueden tener fundamento, es tirar por la borda un gran principio que caracteriza a los órdenes democráticos, cual es la responsabilidad que ante la ciudadanía deben asumir los funcionarios públicos y los políticos por sus acciones y, por tanto, sujetarlos a las reglas de la crítica. Esa velada forma de censurar el pensamiento crítico, alegando que, quienes lo expresan, tienen su origen en infundios acerca de la moralidad de las personas, no puede conducir nada más que a promover el silencio ante el abuso posible del poder del estado.
La afirmación comentada falla, al generalizar un comportamiento que el columnista no necesariamente puede probar que subyacen las intenciones de quienes critica. Adscribe conductas que el comentarista de marras no puede confirmar con hechos concretos. Lo haría si tal vez tuviera la capacidad divina de hurgar el ámbito moral y la conciencia de quienes se atreven a criticar a políticos y a funcionarios públicos. No conozco en nuestro medio a persona alguna que, de manera absoluta y general, haya afirmado que “todo político es un pillo” o que “todo funcionario, un incapaz”, como dice el periodista cuya opinión comento.
Yo suelo formular críticas al comportamiento de políticos, no porque considere que “todos” son unos pillos, al igual que también lo hago acerca de las conductas de funcionarios públicos, sin que los considere a todos unos incapaces. Al contrario, ambos suelen ser muy capaces de hacer las cosas a su manera y según sus intereses propios.
Alguien me dirá: ¿Y usted por qué se da por aludido? y posiblemente a partir de ello lucubrar acerca de lo que puede transitar por mi magín. Lo que en verdad deseo es exponer una posición liberal respecto al político y al funcionario público, no porque acepte que soy un “profesional del nihilismo político o del estigma de la política” y que por ello debería aprovechar para encontrar alguna justificación de mi comportamiento como crítico de la conducta de políticos y funcionarios públicos. No creo que esté en la mente de un columnista que presta atención a mis anotaciones –ni soñar con esas alturas intelectuales de los dioses olímpicos- como para que sentir que se me endilgan directamente conductas maledicentes o de mala fe, pero, por si acaso, tomo a pecho el comentario inicial de marras. En la vida siempre hay que tener mucho cuidado con lo que escriben ciertas plumas, no vaya a ser que prefieran tan sólo hacer insinuaciones, en vez de señalar quien es el que directamente afirma que “todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz”. Por ello, lo mejor, creo, es dejar mis afanes muy claros.
A mediados del siglo XVIII un connotado pensador liberal, David Hume, escribió lo siguiente: “Los escritores políticos han establecido como máxima que, al concertar cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones de la constitución, debería considerarse a cada hombre como un pícaro que, en todas sus acciones, no persiguiese otro fin que el interés particular… Por lo tanto, es una máxima política justa la de que debemos suponer que todo hombre es un pícaro, aunque, al mismo tiempo, resulte un tanto extraño que una máxima falsa de hecho, haya de ser verdadera en la política. Pero, para convencernos a este respecto, podemos pensar en que los hombres, generalmente, son más honestos en su calidad de particulares que en su condición de personas públicas, y que se esforzarán más por servir a un partido que cuando no se trate más que de su propio interés privado.” (David Hume, Ensayos Políticos, San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. p. 103-4).
Como seres humanos que son, hay políticos honestos y deshonestos, al igual que hay funcionarios públicos capaces, en tanto que hay otros que son unos incapaces. Esa es la máxima verdadera de hecho a la que se refiere Hume. Lo que él, y muchos liberales después de él, enfatizan es la importancia de pensar que, a la hora del diseño de instituciones, como cuando se trata de “concertar cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones”, lo mejor es suponer que todo hombre es un pícaro, a fin de que puedan existir las mejores instituciones posibles –entre ellas el principio de la crítica- creadas por los seres humanos, que evidentemente nunca serán perfectas. La alternativa a esta precaución es la de pensar, como a menudo uno lo suele observar, que los políticos y los funcionarios públicos son unas criaturas especiales, a quienes no mueven intereses egoístas, sino sólo un altruismo en donde únicamente buscan el bienestar de la ciudadanía y no el propio. Hume nos advierte del error de creer que esos políticos y funcionarios públicos son ángeles a la hora de construir instituciones gubernamentales; en sencillo, en los asuntos públicos de gobierno.
Hume aconseja, además, que se tenga presente que esos hombres suelen ser más honestos en sus asuntos privados que en sus asuntos públicos, y que, en estos últimos afanes, el interés privado propio es siempre un gran motivador y empuje para su comportamiento observado. Esta idea no es extraña, sino más bien parte sustancial de la versión moderna de pensamiento político-económico conocida como la Teoría de la Elección Pública, la cual desmitifica la pretensión y creencia sostenida por algunos de que los políticos y los funcionarios públicos no son movidos por sus intereses propios. No hay nada malo en esto, excepto que se suele hacer un gran esfuerzo de parte de ellos para que se les vea como interesados en algún bien común etéreo, que nunca aparece definido, pues es imposible, y no de que actúan en el ámbito político y burocrático según los intereses propios que tienen en mente.
Lo cierto es que, tal como el individuo en el marco de los mercados al buscar su propio interés logra el beneficio de los demás, como nos lo explicaron Adam Ferguson y Adam Smith, en el caso de los políticos y los administradores públicos, si bien actúan también en función de sus intereses individuales, a veces se postula que en su actuar son movidos por un altruismo que en realidad se observa muy infrecuentemente. Tal como el individuo busca hacer máxima su satisfacción (en donde suele incluirse más allá del interés propio estrictamente hablando, y se suele incorporar el bienestar de su familia, de sus allegados y de sus asociados), al igual que en los mercados el empresario buscar hacer máximas sus ganancias, en el campo político y de la administración pública el objetivo de fondo puede ser la maximización del poder o de los votos, o de la riqueza personal obtenida gracias a su posición gubernamental.
Lo mejor es que, a la hora de los asuntos públicos, debemos seguir el consejo de Hume arriba mencionado y, agrega este servidor, más bien estimular la crítica constante al desempeño de los políticos y de los funcionarios públicos, que en última instancia son pagados por los dineros de todos los ciudadanos. No porque “todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz”, sino porque la crítica a sus actuaciones en el campo público puede servir de freno al abuso del poder y, tal vez, para que con espíritu Popperiano puedan mejorar o enmendar errores.
2011-06-28-IMPUESTOS Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
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IMPUESTOS Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Publicado en el sitio de ASOJOD el 28 de junio del 2011.
Poco después de que el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela expresó que la recaudación fiscal en los países del área centroamericana era demasiado baja y que Estados Unidos no estaba dispuesto a aumentar los desembolsos que efectúa para los programas de seguridad en Centro América, principalmente dirigidos al combate contra el narcotráfico, la propia Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, poco después propuso que los empresarios y las clases acomodadas de Centro América pagaran “su parte de los impuestos” para financiar la seguridad en Centro América; específicamente, para la lucha contra el crimen organizado, que sabemos se refiere fundamentalmente a la lucha contra el narcotráfico.
Debemos de irnos concientizando de que muy difícilmente se podrá tener éxito en la lucha contra el narcotráfico, tal como lo muestran los resultados habidos hasta el momento, en tanto los Estados Unidos (entre otros países desarrollados) continúen siendo el principal consumidor y su mercado sea “ilegal”, provocando que haya enormes, pero enormísimas, ganancias a los carteles de la droga que están dispuestos a incurrir en los costos que sean necesarios, con tal de poder operar en ese hoy tan lucrativo mercado ilegal.
Muy posiblemente la difícil situación fiscal de los Estados Unidos y los pocos prospectos que hay “de ganar esa lucha”, hayan hecho que esas autoridades de los Estados Unidos quieran ahora que los centroamericanos también compartan los enormes costos de ese programa de combate al narcotráfico proveniente del sur de aquella nación. No quiero ser dramático y alegar que, además de poner los muertos, como ahora sucede en México, también quieran que nuestros ciudadanos paguen su decisión de ilegalizar el consumo de drogas en los Estados Unidos, causa fundamental de las enormes ganancias del narcotráfico. Prefiero no proceder en esta línea para mi comentario y, más bien, en esta ocasión me referiré a la pretensión de que seamos los ciudadanos de Centro América quienes paguemos más impuestos en nuestros países, para coadyuvar a resolver las necesidades que tiene el gobierno de los Estados Unidos de solucionar sus problemas internos de consumo de drogas.
Esta nueva intención que se nos quiere imponer -albarda sobre aparejo- además de la que está en proceso en el país de parte de su gobierno para aumentar los impuestos sobre la ciudadanía, especialmente en momentos en que la actividad económica nacional no es nada boyante, resulta inaceptable.
Llama la atención lo que dijo el señor Valenzuela, refrendado luego por la señora Clinton, de que los empresarios y los ricos centroamericanos deberían pagar más impuestos, pues su carga tributaria, en palabras del señor Valenzuela, era demasiado baja.
Me atrevo a afirmar que, cuando dijo eso, posiblemente sí tenía en mente los enormes problemas fiscales de su país, ante lo cual pretende ahora tener acceso a una nueva base tributaria –Centro América- que le permita financiar los objetivos de su estado nacional, pero posiblemente no tuvo en mente que, al menos en Costa Rica, muchas empresas de su país se ubican en zonas francas en las cuales, y en contraste con el resto de las empresas ubicadas fuera de ellas -empresas tanto propiedad de nacionales como de extranjeros- no tienen que pagar el elevado impuesto sobre sus utilidades, que sí deben pagar rigurosamente las ubicadas fuera de la zonas francas.
El angurriento estado costarricense, al exonerar del impuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas, a perpetuidad por el momento, se le hace necesario y relativamente fácil redirigir sus ímpetus tributarios gravando aún más al resto de los costarricenses, mediante las más diversas formas imaginables. Esos recursos así obtenidos incluso los puede emplear en sus propósitos de gasto que muchas veces incluyen el suministro de servicios y recursos demandados -afortunadamente- por las empresas que se ubican en las zonas francas. El señor Valenzuela posiblemente sabe que esas empresas exentas ubicadas en zonas francas contribuyen a que él pueda afirmar que hay países de la región en los cuales la carga tributaria es demasiado baja, pero también no dudo que tiene presente que esas mismas empresas estadounidenses ubicadas en nuestras zonas francas, sí pagan los elevados impuestos que sobre las utilidades de las empresas se cobran en los Estados Unidos, una vez que repatrían sus ganancias hacia aquella nación.
Una solución financiera parecía haber surgido en el seno de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, en donde participaron diversos presidentes del área, quienes, como buenos políticos que son, rápidamente aprobaron aumentar los impuestos, pero algo les iluminó de pronto, como para que algunos afirmaran que veían poco viable el aumento de tributos allí propuesto. La solución no se hizo esperar: El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que además de otros entes similares, estuvieron dispuestos a abrir líneas de crédito multimillonarias para que los países de Centro América las utilizaran en la financiación de esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Claro que, al fin de cuentas, alguien tendrá que pagar esos préstamos –principal e intereses- y sabemos que recaerá en parte alícuota sobre los futuros paganinis costarricenses. Tendremos que pagar los préstamos que se usarán en resolver los problemas derivados de una lucha que el gobierno de los Estados Unidos parece tener perdida, dadas su políticas internas sobre los mercados de drogas.
2011-07-05-LO BUENO Y LO MALO EN ARESEP
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LO BUENO Y LO MALO EN ARESEP
Publicado en el sitio de ASOJOD el 05 de julio del 2011.
Las actuaciones recientes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) siguen dando de qué hablar. A ello me refiero en esta oportunidad, dado el papel protagónico de esa entidad estatal en diversos asuntos que no cesan de tener vigencia.
Lo mejor que puede haber hecho la ARESEP en tiempos recientes es ordenar un trámite interno para reducir, a finales de agosto, el precio de los combustibles. Si ello se hubiera debido a un descenso en su precio internacional, tal vez la noticia sería de simple rutina, pero en esta ocasión resulta de una denuncia pública de que el monopolio de RECOPE había sobrecargado los precios, en perjuicio de los consumidores. Esto es, que el monopolio presentaba excedentes al cerrar el año producidos por un exceso de las tarifas, que la misma ARESEP había autorizado, cobrar a los usuarios. Esta maniobra ya la había demostrado públicamente el acucioso ex regulador general, don Leonel Fonseca.
Afortunadamente, en esta ocasión la ARESEP se movió rápidamente y está dispuesta a pone en orden el desaguisado, ordenando restituir al consumidor el precio cobrado de más, con lo cual se espera que las gasolinas, el diesel, así como el gas licuado, se reducirán cada uno en alrededor de 63 colones.
Lo más interesante de la decisión de ARESEP es que dicha reducción se origina en que, del total que de excedentes de RECOPE por cerca de ¢65 mil millones, ¢35.5 miles de millones provienen del sobreprecio cobrado y los restantes ¢26.5 miles de millones se debe a impuestos que el Ministerio de Hacienda le retuvo a RECOPE, medida que, a juicio de ARESEP, es indebida porque RECOPE supuestamente no tiene fines de lucro. Esto último muestra varias cosas: Primero, la angurria del Ministerio de Hacienda por agarrar plata de donde sea (los ciudadanos estamos haciendo fila para el paquetazo), aún cuando sea ilegal, según nos lo dice ARESEP. En segundo lugar, que se diga RECOPE no tiene fines de lucro, me parece que desnuda una paradoja que ha mostrado a plenitud, pues precisamente lo que ha hecho es actuar como buen monopolista, extrayendo el excedente que pueda de parte de los consumidores. En tercer lugar, el día de mañana se podría utilizar este tipo de argumentación para que también a los bancos estatales y el INS se les considere como entidades sin fines de lucro y, por tanto, no deberían de pagar el impuesto sobre la renta. Puede que el señalamiento de ARSEP sea el correcto, ante lo cual habrá que esperar al día en que haya competencia privada en la importación y refinación -esto es, competencia privada para RECOPE- para que todos tengan que pagar el impuesto sobre la renta.
En todo caso, la actuación de la ARESEP, al poner orden en la política de precios de RECOPE y tratar de limitar su poder monopólico en justo beneficio de los consumidores, es una buena noticia.
Ahora lo malo. ARESEP alquiló un nuevo edificio, con un espacio utilizable similar al anterior, lo remodeló con el lujo usual, se alejó y aisló de la mayoría de los usuarios que acudían a sus anteriores instalaciones en las cercanías de La Sabana al trasladarse a Santa Ana (lugar de moda para entidades financieras, ¡qué caché!) y, sobre todo, ahora gasta una jugosa suma mensual por alquileres de, según me han dicho, alrededor de $125.000 (cerca de ¢62.5 millones) al mes. Como diciendo “esta mula es mi macho”, la ARESEP se trasladó e ignoraron numerosos cuestionamientos que, por tal decisión, distintos medios le hicieron. Tranquilos, ahora sólo tratan de que pase el tiempo y que los ticos “majes” pronto lo olviden. El hecho es que no explicaron claramente a la ciudadanía del por qué de tal decisión, aún cuando se trate del uso de fondos públicos.
Esa estrategia, de dejar que las cosas pasen, ha estado presente en la reciente decisión tomada por ARESEP, de aumentar los salarios de los “mal pagados” altos funcionarios de la entidad. Ese aumento, cercano a un 10%, probablemente eleve algunos salarios mensuales a 5 o 6 millones, lo cual servirá de acicate para que funcionarios equivalentes en otras entidades del estado se vean estimulados para pedir que se les pague lo mismo ¿o tal vez un poquito más? Ya vemos cómo en el INS se aprobaron recientemente otros aumentos salariales, que los acercan a lo que van ahora a ganar en la ARESEP.
Aunque doña Laura nos haya dicho que frenará el aumento en los gastos corrientes y principalmente en las remuneraciones de altos funcionarios en el sector público, en especial a la luz de la próxima ejecución tributaria que en la Asamblea Legislativa se planea contra la ciudadanía, por medio de un paquete tributario presentado ante ella por el Poder Ejecutivo, parece que a la Presidenta ciertos funcionarios gubernamentales no le quieren hacer caso, ¿o será que doña Laura dijo eso para salir del apuro, engañando a los ilusos quienes creímos que efectivamente frenaría en algo el excesivo gasto estatal?
Como reina el silencio acerca del aumento salarial de los altos jerarcas de la ARESEP, debo creer que todo está consumado, que el aumento a los “porecitos” burócratas va y que el esfuerzo firme para reducir el gasto público que nos había dicha Doña Laura, era simplemente pura paja.
2011-07-12-ACERCA DE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA CCSS
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ACERCA DE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de julio del 2011.
Antes de que alguien me coma vivo porque defiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al menos en la idea fundamental por la cual se le creó y en las dimensiones en que entonces se le pensó, como liberal quiero resaltar lo que en su momento señaló el fundador de ANFE y presidente de ella, el Dr. Fernando Trejos Escalante.
Su libro escrito en 1963, Libertad y Seguridad Social, tenía como propósito “demostrar que la seguridad social puede coexistir con un régimen de libertad económica”. En él señala que “la seguridad social, bien concebida, es el complemento indispensable para un régimen de libertad, cuando menos en los países subdesarrollados.” (Fernando Trejos Escalante, Libertad y Seguridad: Libertad económica y seguridad social, San José, Costa Rica: Asociación Nacional de Fomento Económico, 1963, p. 20).
Cecilia Valverde menciona la razón por la cual Fernando Trejos escribió esa obra: “Estoy escribiendo mi libro, ahora con mayor razón porque es necesario que todos sepan que seguridad social nada tiene en común con socialismo. Más aun, la seguridad social es una de las mejores formas de combatir los motivos que contribuyen al socialismo. Y deseo convencer, a quienes no han acatado esto, de que el socialismo no solo nada tiene que ver con la seguridad social, sino que ésta conviene intensamente como medio de frenar el avance de tal ideología. Todavía más: creo que la seguridad social es un fundamento indudable de la libertad económica.” (Cecilia Valverde Barrenechea, “Semblanza”, en Grettel López y Reinaldo Herrera, editores, Ensayos en honor a Fernando Trejos Escalante, San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica y Asociación Nacional de Fomento Económico, 2004, p. 13).
En este último libro, escribí que “…yo considero a Fernando Trejos como un claro exponente de una versión de liberalismo que no va en contra de sus cánones básicos. Es un liberal clásico para quien era necesario que se aseguraran las condiciones básicas que le permitieran al hombre libre poder vivir una vida buena, producto del desarrollo de su potencial que como tal le es propio hacerlo.” Jorge Corrales Quesada, Fernando Trejos Escalante: un liberal ante los problemas sociales, en Grettel López y Reinaldo Herrera, editores, Ibídem, p. 105.)
Dado mi aprecio hacia esa institución por la cual el Dr. Trejos Escalante luchó tanto, me permito formular, por el momento, algunas sugerencias en torno a la situación difícil que en estos días se ha señalado; principalmente acerca de la insuficiencia de recursos para atender los servicios de tratamiento y curación de enfermedades que brinda la CCSS.
Creo que, de esta manera, se podría ayudar a mitigar los actuales apuros, tanto presentes, como, sin duda, futuros.
De previo se debe recordar que la Caja tiene dos tareas claramente definidas: una, la atención a la Enfermedad y Maternidad (EyM), y es a lo que principalmente me refiero, y la otra, el sistema llamado de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual sólo toco incidentalmente.
Asimismo es importante tener presente que existe una proliferación de organizaciones sindicales dentro de la CCSS, que en mucho son parte de los problemas que hoy enfrenta, por lo cual quiero enfatizar algo acerca de la naturaleza de dichas organizaciones. Los sindicatos tienen un objetivo esencial, cual es la obtención de beneficios para sus asociados. A veces este propósito se intenta disfrazar, para lo cual alegan buscar el interés de los ciudadanos, lo cual puede ser así, pero debe entenderse que siempre está supeditado a aquel prioritario: el interés de sus asociados. Por lo tanto, no necesariamente es cierto que busquen el interés nacional y creo que aún menos el de los usuarios de la Caja, aunque suelen alegar tal motivación para sus acciones. Lo primordial para los sindicatos es que sus miembros obtengan favorecimientos; lo demás es simple justificación a las acciones que usualmente llevan a cabo en el logro de tales beneficios. En síntesis, no se trata de instituciones dedicadas al altruismo, a la beneficencia ni a la caridad, sino de entes que buscan maximizar el interés propio de sus asociados.
Lo primero que debemos de tener muy claro es la verdad acerca de la situación financiera de la Caja, tanto en la parte correspondiente a las pensiones (IVM) como en la de servicios de salud (EyM). Lo digo enfáticamente, pues uno suele escuchar diferentes versiones acerca de la situación de la Caja proveniente de diversas fuentes respetables, como lo son la misma institución, la Superintendencia de Pensiones o la Oficina Panamericana de Salud (OPS), entre otras. Es cierto que ello se puede deber a diferencias en las metodologías empleadas para el cálculo de sus estimaciones, pero ello de alguna manera tendrá que ser compatibilizado, a fin de que los verdaderamente afectados con los problemas –los usuarios cotizantes de la Caja- sepamos cuál es la verdad verdadera.
En segundo lugar se ha mencionado, pero luego rechazada, la posibilidad de que se aumente el porcentaje de la cotización actual hoy pagada por los trabajadores y los patronos. Por supuesto que ni pensar en aumentar la cuota a esa tercera parte del financiamiento tripartito vigente, cual es el Estado como Estado (ya que, como patrono, es otra cosa), pues creo que todos nos hemos dado cuenta de que, en esa condición, realmente se le podría considerar como el “moroso” más grande de las obligaciones con la Caja. Lo que ha venido haciendo a lo largo de los años es que, de vez en cuanto, como aseguro que lo hará pronto en estos días, cancela estas obligaciones entregándole bonos a la Caja, lo cual sabemos que es un artilugio financiero, pues sólo permite inyectar algo de liquidez a la Caja con los intereses que le paga por dichos bonos. Pero realmente se trata del acto de un estado irresponsable del momento, puesto que en el futuro le cargará esos pagos por los bonos a quienes hoy pagan impuestos; esto es, a los trabajadores y a las empresas, a fin de pagar esta creciente deuda pública entregada a la Caja. Claro que no hay que excluir la posibilidad de que, al llegar “ese futuro”, por la falta de plata –como ahora- el estado simplemente declare un default en el pago de esa deuda bonificada.
Eso sí hay un hecho crucial del que se habla de vez en cuando, pero no se encara, como debe ser, tal vez por una creencia de que, si se actúa de esa manera, el problema deja de existir. Los cotizantes al régimen de la Caja estamos viviendo muchos más años en comparación a cuando se instauraron y se definieron las cotizaciones con base en la esperanza de vida de aquel entonces. La realidad es que los costarricenses estamos viviendo, afortunadamente, cada vez más años. Por otra parte, no es cierto, como lo alegó un funcionario de la Caja, que, como no se actualizan las cuotas de la CCSS, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Lo cierto es que el porcentaje definido, al irse aplicando sobre un Producto Interno Bruto creciente, significa que aumenten también los ingresos de la Caja. Pero el menor crecimiento del PIB durante los últimos años, lo cual significa que la Caja tendría menores recaudaciones, es una buen razón para que se practiquen reducciones correspondientes, al menos temporalmente, de los gastos, lo cual parece que no se ha efectuado.
Me parece que más serio para las finanzas de la Caja es el envejecimiento paulatino de la población –que en mucho, creo, se puede adscribir al buen servicio médico que hay en el país- pues no sólo exige pagar pensiones por muchos años más de lo esperado según el diseño inicial, sino que también esa población más vieja suele demandar más servicios médicos, hospitalarios y medicinales de la Caja. Aquí la solución razonable es clara, en mi opinión: aumentar los años de cotización a la Caja y, por ende, para pensionarse, en vez de elevar los porcentajes que hoy se pagan como cotizaciones. Evidentemente este proceso tiene que irse practicando con sumo cuidado, pues dichos incremento en los años de cotización y de inicio de la pensión no puede hacerse en un solo momento, sino que debe ser algo gradual para que, quienes ya están relativamente cercanos a pensionarse, no sufran un impacto devastador.
Las experiencias hoy vividas en cierto países de Europa, como Grecia y Portugal, en donde gran parte del problema fiscal que sufren se deriva de regímenes de pensionas que no se han ajustado al envejecimiento que gradualmente ha ido experimentado su población cotizante, les ha obligado a tomar medidas draconianos que nadie desea. Por ello, lo mejor es actuar al respecto lo más pronto posible, cuando los ajustes se pueden asimilar con mayor facilidad, pero es necesario que no sigamos haciéndonos “los majes”, como si el envejecimiento gradual de la población cotizante a la Caja no fuera un problema real.
En tercer lugar, a fin de poner algún grado de orden en los gastos de la Caja es necesario que se cobre por los servicios que brinda a personas que no cotizan. Parte de la atracción de extranjeros hacia el país es posible explicarla porque, entre otras cosas, no tienen que pagar por las medicinas ni por la atención médica de su persona y sus familiares. Simplemente van a la Caja y ahí, sin costo, se les otorgan. No me opongo al ingreso de extranjeros honrados que vienen al país en búsqueda de una vida mejor, pero no me parece que debamos incentivar tal decisión disminuyendo los costos de ella, en especial cuando podría convertirse en un factor importante en cuanto crear problemas serios al financiamiento de un régimen solidario, el cual incluso puede llegar a estar en riesgo de quiebra. Un ejemplo de ello ha sido lo que se ha presentado en Canadá, en parte debido a la afluencia de estadounidenses que deben pagar muy caro por medicinas en su país, en tanto que las pueden obtener más baratas si viajan y las obtienen en el sistema de seguridad social de Canadá.
Ejemplo de la utilización de servicios de la Caja por personas que no cotizan al régimen es lo sucedido hace poco con un piloto herido en un accidente de aviación, supuestamente envuelto en el traslado de drogas. Se le dio una excelente atención en la Caja por muchos meses y mediando gastos enormes, pero que ahora no se sabe quién los va a pagar. Esos costos ya han sido incurridos por los costarricenses que solidariamente pagan a la Caja.
Otro ejemplo es la venta de medicinas de la Caja en Nicaragua, que fuera denunciada hace ya varios años y que parece aún proseguir. Es más, hay nicaragüenses que residen en Costa Rica y que pagan cuotas a la Caja, pero sus beneficios los reciben familiares que residen en Nicaragua y que vienen al país cada cierto tiempo o cuando es necesario para asistir a citas. Y no evado mencionar la gran cantidad de nicaragüenses y colombianos quienes viven en el país, pero, aunque trabajen, no cotizan a la Caja, pero acuden -y lo digo porque los he visto y me lo han comentado médicos que no tiene razón para mentirme- a recibir los servicios médicos que brinda la Caja. Es hora de que los cotizantes actuales de la Caja, por medio de los que se suponen los representan en los cuerpos de decisión política, redefinan la política de atención a extranjeros que no cotizan a la Caja, pudiendo variar desde la exclusión total o, al menos, a que se efectúen cobros que permitan cubrir, aunque sea parcialmente, los costos en que obligan a incurrir al régimen. Hay diversas maneras de entrarle a la solución del problema.
Un ejemplo más: se da el caso de extranjeros, incluso ya pensionados en sus países de origen, quienes llegan al país y aparecen laborando como trabajadores de sociedades en donde ganan poco, de forma que así logran cotizar algo, pero poco, a los regímenes de la Caja. Saben y aprecian los buenos servicios médicos de la Caja y la “gratuidad” de las medicinas que se les otorgan y por ello efectúan tales arreglos. Pero no me parece algo conveniente, en especial a la luz de principios básicos de igualdad ante la ley, si lo comparamos con la multitud de trabajadores nacionales que han cotizado toda una vida a los regímenes de la Caja, sin fingir que perciben salarios bajos que les aseguren el acceso a sus servicios.
Deseo recalcar que mis propuestas cobrar por los servicios que la Caja brinda a no cotizantes no se refiere exclusivamente al caso de extranjeros, sino que también, por supuesto, es aplicable a nacionales que no cotizan y que reciben servicio de la Caja.
Relacionado con todas estas últimas cosas que he tratado–y sé que me estoy metiendo a aguas procelosas- creo que es necesario que la Sala Constitucional revise su política de exigir a la CCSS a que brinde los servicios a personas que han solicitado su intervención para que se les otorguen. Muchas veces tales servicios solicitados requieren de sumas que parecen ser excesivas a las posibilidades del principal régimen solidario que han escogido los costarricenses. Los buenos principios de administración y economía no parecen contar para los ilustres magistrados, quienes creo que, si bien intencionados, no paran en mientes de que sus decisiones pueden ser muy onerosas para la posibilidades de un país, en donde las limitaciones naturales de recursos son mayores que las de otros más ricos. Lo primero que deberían de darse cuenta es que la medicina cuesta y que hay procedimientos cuyos costos no pueden ser cubiertos en países relativamente pobres como los nuestros. Por eso, no debe extrañarles que muchas veces hay ricos que salen del país para recibir tratamientos que en Costa Rica no pueden obtener, básicamente por ser muy costosos. Sé que es un difícil equilibrio el que se debe guardar, pero los señores magistrados deberían meditar sobre las consecuencias económicas que tienen sus decisiones, en especial para el caso de regímenes solidarios como la Caja de los costarricenses. No puede creerse en derechos sobre cosas con una independencia de sus costos.
Recientemente se han mencionado dos rubros de gasto importantes en salud que lleva a cabo la CCCSS, cuyas posibilidades de reforma han irritado a ciertos sindicatos de la institución. Ya han hecho llamados a huelga –poca otra cosa parece ocurrírseles- que dañarán principalmente a los cotizantes de la Caja y que en ese momento requieren de sus servicios, por los cuales ya han pagado. Antes de referirme a esos rubros, quiero enfatizar que la actitud de esos sindicatos de acudir a huelga por cualquier cosa, probablemente se origina en tres factores. El primero, que aunque la huelga sea declarada como ilegal, siempre llegan a un acuerdo con las autoridades de la CCSS mediante el cual se les paga lo que no debió de pagárseles por estar en huelga. Segundo, porque siempre aducen que no es el interés propio el que mueve a los huelguistas, sino que suelen incorporar otros elementos que sí se podrían considerar como que reflejan algún grado de aprecio por el interés de los cotizantes de la Caja. La realidad es que lo que más les interesa a esos sindicatos es el interés propio de sus agremiados y no el de terceros. En tercer lugar, porque los servicios de salud en nuestro medio son estratégicos y no hay gobierno que pueda mantenerse firme, asumiendo que es lo correcto, ante ciertas pretensiones sindicales. Los gobiernos no aguantan la presión pública que surge de la falta de servicios médicos y, por tanto, prefieren acceder a lo que le pidan los sindicatos. La ciudanía no siente de inmediato lo que está pagando de más por el desperdicio o bien no toma en cuenta de forma adecuada que esos mayores gastos tendrán que ser sufragados de alguna manera, llámese mediante mayores cuotas a la Caja o por una inflación más elevada o por un mayor endeudamiento, que sólo sirve para tirar la bola hacia adelante, pues serán las generaciones venideras las que tendrán que pagar el derroche.
El primero de esos dos rubros de gastos indebidos, sobre los cuales las autoridades están considerando tomar medidas que los corrijan, es el trato privilegiado, en comparación con el resto de los costarricenses que cotizamos para la Caja, otorgado a los empleados de esa entidad por el pago de incapacidades. En la Caja esos subsidios otorgados por incapacidad son considerados como salarios para efectos del treceavo mes, mientras que, para nosotros, el resto de mortales cotizantes de la Caja, dichos pagos son subsidios y no salarios para efectos del treceavo mes. Es hora de que los empleados trabajadores de la Caja tengan los mismos derechos y no más que los que dispone el resto de trabajadores del país. Recuerde que, si los empleados de la Caja tienen mayores derechos o privilegios, todos nosotros tendremos que pagárselos, de una u otra manera.
El segundo elemento de gasto desproporcionado en cuanto a los trabajadores de la Caja es la excesiva cantidad de incapacidades que logran. Las autoridades de la Caja han dado cifras contundentes de ello -contundentes aún si suponemos que trabajar en la Caja implica un riesgo mayor que todo el reto de las ocupaciones en Costa Rica. Asombra la cantidad de incapacidades que se dan a los empleados de la Caja en comparación con los trabajadores del sector privado y ello debe terminar. Si ese abuso se debe a que dichos trabajadores tienen un acceso privilegiado a quienes otorgan las incapacidades–sus mismos compañeros- pues tal conducta negativa aumenta en su dimensión, cuando más bien deberían de ser ellos quienes mayor atención pongan a que no se otorguen tales incapacidades indebidas, pues ello mina el esfuerzo solidario de la CCSS, institución para la cual laboran y se les paga por sus servicios.
Ojalá hagan huelgas para terminar con los privilegios y no para conservarlos y hasta aumentarlos.
2011-07-19-RUMBO A COSTA RICA DESDE GRECIA E ITALIA
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RUMBO A COSTA RICA DESDE GRECIA E ITALIA
Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de julio del 2011.
Empecemos con Grecia, la cual, para aspirar a salir de la crisis económica que espero es conocida por los amables lectores, se vio obligada a congelar las plazas en el sector público, además de reducir los salarios de sus actuales empleados en un 15% y que, de cada diez empleados del sector que se pensionen, sólo podrá reponerse a uno de ellos.
Esto es parte de un esfuerzo por lograr que los griegos trabajen.
Asimismo, reflejando la seria crisis en su sistema de pensiones, se vio obligada a aumentar la edad durante la cual los contribuyentes deberán cotizar al sistema a fin de poder pensionarse. Pero también tienen que reducir los gastos de la seguridad social en enfermedad, así como en seguridad pública.
Ante la fragrante evasión tributaria, los griegos deberán pagar más impuestos no sólo por los llamados vicios y lujos, sino también sobre la propiedad y un alza de 4 puntos al impuesto sobre las ventas, el cual así llega a una tasa del 23%. De igual manera, debido a la abundante cantidad de propiedad estatal, se ha decidido poner en marcha un fuerte programa para venderla, a fin de que se le traslade a la actividad privada para evitar que continúen siendo una fuente importante de los déficit del sector público.
Igualmente se introducirá una serie de medidas para poner coto al más variado conjunto de subsidios que la imaginación pueda concebir y que, como en todo lado, son fuente del déficit gubernamental del país. Ello es parte de un programa que Grecia tuvo que aceptar negociarlo con sus socios de la Comunidad Económica Europea, a fin de que ellos le brinden recursos que permitan aliviar el dolor del ajuste, pero, al fin y al cabo, para que Grecia efectúe lo que es un ajuste impostergable. Grecia llegó a una situación extrema por muy diversas razones, siendo la principal el exceso de gasto gubernamental superior a la recaudación de impuestos, lo cual se reflejó, a su vez, en un déficit en la cuenta corriente del sector externo. Pero también a causa de una clara dependencia de todos los sectores para obtener todo tipo de privilegios, lo cual implicó un acceso casi ilimitado a los fondos estatales que no eran infinitos. Así se llegó al grado de que no fue posible que se les mantuvieran por más tiempo. Como dicen: No había más cuero de donde salieran las correas.
Viendo y olfateando lo que se les venía, los italianos se anticiparon a tomar medidas tomando como referencia a los acuerdos que tuvo que negociar Grecia con la Comunidad Económica Europea, pues los problemas que estaba teniendo en su economía eran similares a los de Grecia y sus orígenes también parecidos. El gobierno italiano se decidió a actuar para evitar los costos tan elevados que hoy día experimenta Grecia, por lo cual dispuso asumirlos en algún grado significativo, pero tal vez sin llegar a los extremos en que hoy se encuentra Grecia. Para ello, por ejemplo, Italia privatizará una serie de empresas estatales, tan conocidas como ENI, entre muchas otras. Asimismo, a fin de evitar la quiebra de su sistema de seguridad social en cuanto a la atención de enfermedades, introduce el sistema de copago, mediante el cual los usuarios de consultas médicas de su Caja pagan un porcentaje del costo de ellas. Así se termina con la idea de que el costo del tratamiento de las enfermedades es gratuito; esto es, que la demanda sea infinitamente elástica; que los recursos así empleados no tienen un costo de oportunidad.
La edad para pensionarse se elevará, con lo cual aumentan los años durante los cuales se debe pagar cuotas para el régimen de pensiones. También los salarios de los empleados públicos se van a reducir, al igual que una serie de transferencias que el gobierno central efectúa hacia los gobiernos locales. Asimismo se introduce un impuesto progresivo a la renta en el caso de ingresos provenientes de bonos gubernamentales, que probablemente estaban exentos.
Básicamente con estas medidas el gobierno italiano, para lo cual contó con la aprobación en su Senado de los diputados de la oposición de izquierda, considera que podrá enrumbarse hacia un presupuesto equilibrado en unos tres años. Así se han anticipado a lo que ya antes señalaban los mercados, cual era una desconfianza enorme en el futuro económico italiano.
El rumbo que nos señalan Italia y Grecia debe ser objeto de nuestra meditación. Es cierto que la magnitud del problema de nuestro país, tanto en términos absolutos como relativos, en comparación con los dos primeros, es mucho menor, pero las causas parecen ser las mismas. Un enorme déficit fiscal, producto de un gasto mucho mayor que los ingresos tributarios que se perciben, gastos que han crecido enormemente principalmente en el rubro de las remuneraciones, tanto en sus montos –salarios- como en el número de empleados públicos, así como también por una debilidad creciente y eventual quiebra del régimen de enfermedad y maternidad de la Caja, así como de la parte correspondiente a pensiones. Pero no sólo dicho régimen está desfinanciado; hay algunos otros regímenes especiales de pensiones en el sector público que están plagados de gollerías, como es el caso del sistema del régimen judicial, entre otros.
También son factores importantes en la explicación del déficit en el sector público la evasión tributaria actual y también la evitación tributaria, mediante la cual, legalmente, importantes sectores de nuestra economía, que demandan fuertes gastos estatales, no contribuyen con ingresos al fisco para su financiamiento.
En todo caso, las lecciones de los sucedido en Grecia e Italia deben ser aprendidas y aprehendidas muy pronto, a fin de evitar la enorme magnitud de los ajustes que después se van a requerir. La solución no pasa por captar más fondos de las personas y las familias, sino porque el estado, en toda su amplitud, tome las medidas reductoras del gasto que permitan anticipar quiebras como las sufridas por aquellas naciones.
2011-07-26-UNA HUELGA TAN SÓLO SUSPENDIDA
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UNA HUELGA TAN SÓLO SUSPENDIDA
Publicado en el sitio de ASOJOD el 21 de junio del 2011.
Este sábado 23 de julio se llegó a un acuerdo entre las autoridades de la Caja y los huelguistas para suspender el paro sindical. Esto era previsible, dada la debilidad gradual que fue mostrando la huelga, por lo que ahora resulta ser interesante comentar si, con su terminación, acabarán los problemas con la Caja.
Por un asunto personal durante las últimas semanas he tenido que ojear diversas periódicos desde 1973 en adelante, día a día en lo posible, dada la limitación de la información que los medios han mantenido, en algunos casos con total ausencia de recopilación, en otros por sólo para algunos años y muchas veces en mal estado por fallas en su presentación. El mejor de los casos –y eso es mucho decir- es el periódico La Nación, aunque lamentablemente no tiene un sitio electrónico que almacene adecuadamente sus publicaciones, pues, por ejemplo, omite el período 1991-1994 incluidos y, el que sí mantiene, que va de los años 1946-1991, está lleno de vacíos; como por ejemplo meses para los que no conserva registro, al igual que para muchos días específicos, y todo en una presentación fotográfica que impide hacer un buen y apropiado uso de los documentos así guardados. Bueno, por supuesto que ese periódico no tiene la obligación de conservar bien su historia.
En todo caso, al desfilar por esa rica información, pude darme cuenta cómo cada cierto tiempo se presenta una huelga en la Caja y siempre por las mismas razones, aunque se difiera en los detalles. Los huelguistas siempre alegan defender la Caja , que el estado pague su parte correspondiente, que los médicos no son debidamente retribuidos y que por ello se debe acudir a arreglos especiales, como jornadas extraordinarias que tienen un elevado costo y, por supuesto, aparecen los sindicatos de ciertos grupos de empleados que se pueden definir como de soporte a los servicios médicos, tales como el de lavandería, el de auxiliares de cuanta cosa hay, el de quienes preparan la comida para los pacientes, el de guardas, que siempre alegan que no se tiene suficientes recursos, que en cristiano significa más plata para ellos..
Todas esas huelgas han concluido en arreglos, que siempre se han traducido en un gasto siempre creciente. Las pocas veces en que ha mejorado la situación financiera de la Caja es cuando el gobierno le ha trasladado plata de todos nosotros, bajo el cuento de que es parte de un “aporte” a que está obligado el gobierno o bien porque se ha terminado por aumentar las cuotas obrero-patronales.
Me pregunto. ¿Será esta vez más de lo mismo? ¿Se seguirá la práctica del “después se verá”, en cuanto a la necesidad de asegurar la supervivencia de la Caja a mediano plazo? ¿Se pondrá orden en ciertas cosas que es posible y necesario lograrlo pronto, en tanto que se definen políticas que requieren de amplio análisis acerca de su razonabilidad y viabilidad en un futuro no tan cercano, pero siempre relativamente pronto?
Es a esto a lo que quiero referirme. En primer lugar, la huelga nació débil y este langor fue creciendo conforme avanzaban los días. Por ello fue posible lograr que el no pago de los días no laborados fuera efectuado en dos partes. Creo que si el gobierno no hubiera sido firme en su posición de “no trabajo, no pago”, hubiera mandado una señal de mayor debilidad en su posición, alentando futuros movimientos que ya se gestan y que vendrán, tengan o no mayor justificación que este recién pasado.
En segundo lugar, hay algo de “después se verá” en lo acordado para que concluyera la huelga. Por ejemplo, debido a la limitación de la Caja para seguir pagando ese privilegio a sus trabajadores ante el pronunciamiento de la Procuraduría, por el cual ya no se puede considerar el pago de incapacidades como un salario, sino como un subsidio y, por tanto, no pueden formar parte ni del treceavo mes, la pensión, el salario escolar y las prestaciones, las partes acordaron buscar alternativas para las contribuciones al régimen de pensiones de los empleados de la Caja. Pero, como advirtió la presidenta ejecutiva de la institución, Dra. Balmaceda, sin que implicara costos extra para la Caja. Ni tampoco para el resto de los costarricenses, obreros y empresarios, agrego yo.
También en ese diletantismo se acordó crear una comisión que evaluara las obligaciones del estado y de los patronos. Por supuesto que quienes están obligados a pagar, como patronos y trabajadores, deben de pagar lo que deben. Ya el Ministerio Público dijo que investigaría la morosidad con la Caja, que estoy seguro traerá resultados positivos para las finanzas de la Caja y la legalidad de las cosas. Pero un hecho distinto es el de la obligación que el Estado mantiene con la Caja. La regla ha sido que el Estado le dé “papeles”; esto es, bonos que devengan intereses, para ir cubriendo su deuda con la Caja. Pero la verdad es que, primero los intereses, son fondos que deberán ser cubiertos con los impuestos y contribuciones que toda la ciudadanía le entrega al Estado, por lo que, en última instancia, seremos los ciudadanos físicos y legales (empresas) quienes terminaremos pagando esos intereses. Lo mismo con el principal del bono a su vencimiento: de nuevo la ciudadanía tendrá que entregar recursos al Estado para cubrir ese pago (a no ser que el Estado irresponsablemente, como siempre ha hecho, decida echar a la calle una nueva emisión de deuda para cubrir la a que va venciendo, pero que algún día, sin duda, tendrá que pagar, por supuesto que cargándosela a todos los ciudadanos). Casi que mejor olvidarse de esa deuda y que el Estado desaparezca de la Caja: que quede en manos de quienes la mantienen; esto es, los trabajadores y las empresas. (Nada más imagínense cuánto nos evitaríamos de políticos y de las políticas que suelen proponer).
Pero también hay muchas otras cosas que quedan en el aire y a las que nada más voy a referirme en términos de preguntas:
1.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el fenómeno del envejecimiento de la población asegurada, que percibirá servicios de salud y pensiones por muchos años más de los actuarialmente pagados en la situación actual?
2.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante “el desperdicio de medicamentos, poli consultas innecesarias, y el uso abusivo de emergencias”, como claramente lo señala el pronunciamiento del respetable Colegio de Médicos en su pronunciamiento del 24 de julio?
3.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el abuso en la demanda de los servicios que brinda la Caja por parte de personas, nacionales y extranjeras, que no cotizan a la Caja?
4.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante la actual práctica de turnos que no es uniforme para todos los profesionales, implicando en estos momentos mayores costos? Debe averiguarse si algunos grupos disfrutan de lo que se llama tiempo extraordinario a partir de las tres de la tarde…
5.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el exceso de gastos que le ha impuesto al Sala Constitucional con base en una concepción abusiva de los derechos de los ciudadanos? Pronto será que hay que dar casa a quien la solicite con base en un derecho a la vivienda, que la Caja tenga que brindar el más caro tratamiento médico del mundo, posiblemente sólo hallado en naciones muy ricas, que algún demandante considera se le “debe dar” o también, ¿por qué no?, que, en función de algún etéreo “derecho a la felicidad”, la Sala obligue a la Caja a dar pensión a todo mundo independientemente de sus aportes. Todo es posible en esta ingrata tarea judicial de repartir lo que no se tiene… ignorando el principio elemental de la escasez y limitaciones de recursos que existe en toda la humanidad.
6.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) con las incapacidad exageradas y fuera de proporción que se dan a los empleados de la Caja y que han sido afortunadamente expuestas ante el público por diversos medios de prensa?
Quiero terminar aquí con esta materia tan incómoda, con una advertencia. Si se quiere mantener un régimen de seguridad social con algún viso de solidaridad social, es necesario entrarle a estos problemas y no posponer soluciones. De seguir este último camino, no tengo dudas de que los mercados funcionarán y se tendrá algún régimen de salud y pensiones muy diferente al actual, al menos respecto a los principios bajo los cuales la Caja fue establecida.