LA GASTADERA SIGUE EN PIE

LA GASTADERA SIGUE EN PIE
Por Jorge Corrales Quesada

En estos días, el periódico La República brindó datos alarmantes acerca del crecimiento del gasto gubernamental de las entidades autónomas. En el marco de la discusión actual de la propuesta de aumentar los impuestos a la ciudadanía, vale la pena hacer referencia a los intentos anteriores de reducir ese gasto, en vez de centralizar el esfuerzo –si bien también muy deseable- en el gobierno central. Debe tenerse presente que el paquete tributario a punto de ser aprobado (sujeto a la revisión de constitucionalidad por parte de la Sala Cuarta, en cuanto a un procedimiento de aprobación muy cuestionado), implicará nuevos recursos únicamente para el Gobierno Central. Así, conceptualmente, se lograría reducir el déficit del Gobierno Central (digo conceptualmente, porque no creo que eso se dé y, si acaso sucediera, sería por poco tiempo), en tanto que los entes autónomos podrán mantener su gastadera continua de muchos años.

En febrero del 2011, el gobierno de doña Laura, en un afán de justificar el aumento de los tributos que proponía, a través de un énfasis en sus esfuerzos por reducir el gasto público, pidió que el de los entes descentralizados se recortara en un 20% de los gastos presupuestados. De los ¢ 106.000 millones que pretendía rebajar, tan sólo logró ofertas de reducción por ¢ 31.000; esto es, las entidades autónomas tan sólo prometieron hacerlo en una tercera parte de lo solicitado por doña Laura. Francamente, no sé si al menos se logró reducir el gasto en ese monto o nada del todo, pero lo cierto es que fracasó dicho intento de poner orden en el gasto de los entes descentralizados.

La tragicomedia vuelve a repetirse en setiembre del 2011, cuando la presidente de la República, doña Laura Chinchilla, emite una directriz, por medio del Ministerio de Hacienda, para que se recorten los gastos de las instituciones autónomas, sólo que

“La Presidencia exigió a las instituciones autónomas (cuyo presupuesto consume dos terceras partes del gasto público total) eliminar rubros suntuarios y reducir las erogaciones operativas, como viáticos, transporte, alimentos, bebidas, becas o actos protocolarios. También las instituciones deben procurar (¡qué gran directriz: dejar a la voluntad de los entes, que supuestamente son objeto de órdenes, que traten de decidir su derroche!) no comprar carros ni equipo de cómputo, sino adquirir contratos de leasing. Además, se pidió a las instituciones acogerse a un sistema de compras centralizado…(y para otros entes descentralizados) que ajusten las tarifas de manera que reduzcan o eliminen la dependencia del Presupuesto (del Gobierno Central).” [La Nación, “Ejecutivo exige tijera a presupuestos de entidades autónomas”, 7 de setiembre del 2011. Los paréntesis son míos].

Aún no tengo claro si estas nuevas directrices han sido acatadas en la conformación de los nuevos presupuestos para el 2012 (o sea, en los presupuestos vigentes supuestamente aprobados por la Contraloría General de la República). Tengo serias dudas de que lo hecho constituya algo significativo, que impacta positivamente en la estabilidad fiscal del país. Para sustento de esta impresión personal, acudo a lo señalado recientemente por el periódico La República:

“Para frenar el derroche (de los entes autónomos), la administración de Laura Chinchilla emitió, desde el año anterior, una restricción de un crecimiento presupuestario de solo un 3%. A las instituciones públicas fuera del Gobierno (Central) se les instaba del mismo modo a tomar medidas de ahorro. Sin embargo, la mayoría no lo cumplió. La dificultad es que no hay forma de limitar el uso de los recursos que utilizan al menos 190 instituciones públicas… La Contraloría y el Gobierno solo puede instarles a hacer un uso racional de los recursos, pero no obligarlas a gastar menos dinero, pese a que son entes públicos.” [La República, “Orgía autonómica”, 6 de marzo del 2012. Los paréntesis son míos].

Ante los señalamientos de ese periódico, me atrevo a aseverar que muy posiblemente tales entes no han hecho caso alguno a la petitoria (directriz) del Gobierno Central y el presupuesto para este año debe contener la misma holgura con que han sido diseñados en los anteriores: la gastadera sigue en pie.

Veamos algunas cifras de gasto de los entes autónomos expuestas por La República.

1. Los entes autónomos aumentaron en un 30% el pago de salarios para el 2012, en comparación con los dos años anteriores.
2. En ese mismo lapso hubo un aumento del 80% en las consultorías en esas entidades (la no muy novedosa movida para evitar que sean pagadas como retribución a empleados asalariados).
3. La inversión en obras destinadas a mejorar los servicios públicos descendió en más de un 20% en el período que se comenta. O sea, se deteriora la calidad de los servicios estatales.
4. La Universidad de Costa Rica de Costa Rica aumentó en un 5% el sueldo de sus empleados, en contraste con los ¢5.000 para el resto de empleados públicos. Ya antes en la universidad se habían practicado jugosos aumentos, que si bien poseen algún grado de lógica en el sector del profesorado, también se otorgaron a la burocracia que carcome esa entidad. Agreguen a estos los habidos en el Tribunal Supremo de Elecciones, la ARESEP, entre otros.

Tiene razón don Luis Fishman al aseverar en La República que “Es mucho dinero el que se está gastando. Creo que la única forma de frenar esto es a través de directrices de reducción del gasto a todas las instituciones públicas”, pero, lamentablemente, eso ya lo ha intentado en dos ocasiones recientes esta administración y ha fracasado en su empeño. Ello debido a que, de alguna manera, ningunean, menosprecian, la intención del Gobierno Central. Pero lo importante es que don Luis nos diga cómo lograr esa reducción buscada, dado que él ha mostrado, en la reciente discusión acerca del paquete impositivo propuesto, tener buenas ideas de control sobre el gasto estatal.

Igualmente, el consejo que brinda la Contralora, doña Rocío Aguilar, es muy apropiado, cuando señala en La República que “Se requiere frenar el crecimiento desordenado que ha experimentado el Estado, así como revisar el modelo de desconcentración de instituciones autónomas”. En mi opinión da en el clavo, al reiterar una tesis señalada desde hace años por el ente contralor. Lamentablemente parece que nadie, empezando por la misma Asamblea Legislativa, le “da pelota” a la idea y lo único que se les ocurre a los políticos es ver como se aumentan los impuestos o como “ajustan las tarifas” para que no tengan que ser mantenidas por el presupuesto del Gobierno Central. De paso, la Contraloría lleva años señalando la violación al principio constitucional de que los gastos corrientes sólo pueden ser financiados con ingresos corrientes (impuestos) y no acudiendo al endeudamiento. Una y otra vez, así se lo ha manifestado en los informes que por ley debe brindar al Congreso. Pero, hasta ahí… simplemente el Poder Legislativo no hace nada para remediar el incordio.

Una propuesta concreta y muy interesante es la que, en este artículo de La República, expresa el Ministro de Hacienda, don Fernando Herrero, quien dice que “debe existir un Estado unitario para mejorar las facultades de control del gasto, y en la supervisión presupuestaria en instituciones descentralizadas.” Me atrevo a señalar que, por el camino de eliminar la autonomía institucional (que asumo es lo que da a entender al proponer un “Estado unitario”) posiblemente no llegue a nada, partiendo de la enorme fortaleza de los intereses creados que giran alrededor de esas entidades, intereses no solo laborales y sindicales, sino también de proveedores, al igual que se han convertido en feudos para la acción de políticos, interesados en la obtención y conservación del poder. Tal vez una simple decisión legislativa, la cual conservaría cierto grado de autonomía de esos entes, mediante la cual sus presupuestos (al igual que como sucede hoy con el del Gobierno Central) serían aprobados por la Asamblea Legislativa y no por la Contraloría, podría lograr un mejor comportamiento en el uso de los recursos, por parte de dichos entes descentralizados. Ello resultaría en un escrutinio público mayor que el actual, con lo cual podría avanzarse hacia mejores controles y supervisión presupuestaria necesarios.

Reconozco que este paso no va a eliminar la influencia de los actores políticos. Tal vez podría ser hasta mayor que la actual. Pero un sistema que faculte detalladamente dar a conocer al público ciudadano la forma en que se gastan sus recursos, me parece que introduce una transparencia mucho mayor que la actual, además de que permitiría que el control fuera más allá de una simple instancia para que esos entes hagan “un uso racional de los recursos” y que, más bien, se vean obligadas a gastar menos dinero de los ciudadanos. Si el amigo lector quiere enterrarme en cajita blanca por esta idea, les concedo que tal vez tengan razón en su crítica, pero no se me ocurre otra forma distinta a que los fondos públicos deban ser aprobados por el cuerpo político más cercano al soberano popular, cual es el Congreso de la República.

Lo importante de este comentario es que parece que las cosas de la administración pública y, particularmente, los temas de las platas, están llegando, con toda razón, a que un pueblo, hastiado del camino fácil de financiar la gastadera únicamente mediante el incremento de los tributos, exija un mayor escrutinio sobre la utilización de los recursos públicos. Es más, lo peor que podría suceder, en el marco de una buena intención de lograr algún grado de orden en este desbarajuste de gasto público desmadejado, es que se apruebe el actual paquete de aumentos impositivos, porque una vez que el Estado agarra más plata, ¡mirala que se va a refrenar en su gastadera! Por el contrario, si se aprueba el paquete, tendrá mayores recursos para poder gastarlos. Y así podrá continuar el sainete.


Publicado en el sitio de ASOJOD el 13 de marzo del 2012.